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Rubén Aguilar Valenzuela
En el momento que ocurría el mayor saqueo de huachicol fiscal en la historia del país, en una operación organizada desde el gobierno de la República, el presidente López Obrador, para cubrir lo que sucedía, por decreto en una mañanera determinó que se había acabado el huachicol.
Se estima que el daño al patrimonio público por el operativo, que a todas luces él no solo permitió sino ordenó, entre otras cosas para financiar las campañas electorales de Morena, asciende a los 700 mil millones de pesos, el mayor robo en la historia de México. No hay nada en la historia del país con lo que se puede comparar.
En el gobierno de López Obrador, el huachicol fiscal alcanza su nivel histórico a partir de que esa práctica fue operada desde el gobierno, y al parecer esta ha realmente disminuido en el actual gobierno que preside la presidenta Sheinbaum Pardo.
No así, el huachicol que se concentra en el robo de combustible a Pemex, que no solo permanece, sino que se ha agravado en este gobierno según la propia información oficial.
Los datos indican que, en el segundo semestre de 2026, Pemex perdió 9 mil 180 millones de pesos por el huachicol de gasolina y diésel, que se atribuyen a fallos a la seguridad y la segura participación de empleados de la propia empresa.
Si se compara esta información con la del primer trimestre del primer año de López Obrador (2019), cuando Pemex dijo haber perdido mil 215 millones de pesos, la pérdida registrada este semestre es seis veces mayor y la de 2026 equivale a 665 % más que en 2019.
Expertos en el tema consideran que este saqueo a Pemex, persiste, no solo por la perforación de los ductos en distintos tramos, en los que participan grupos del crimen organizado, sino por la actividad de personal de la empresa, que implica a funcionaros y a sindicalizados.
Y sostiene que el personal de Pemex Logística es quien tiene el control de los cambios de presión del envío de combustible que circula en los ductos, y son ellos los que pueden "avisar sobre las bajas de presión para realizar los piquetes a ductos sin que haya explosiones".
Es evidente, aseguran, que "hay personal coludido, que va desde mandos medios hasta altos niveles e incluso sindicalizados, que son quienes operan estos sistemas día a día" y consideran, que en este gobierno es alarmante el aumento del huachicol.
Plantean que el mayor número de las perforaciones y tomas clandestinas se concentran en los ductos que bajan de Tuxpan y Minatitlán, Veracruz, hacia los estados de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.
En su visión, las actuales autoridades federales han concentrado su esfuerzo en combatir el huachicol fiscal, que persiste, aunque en menor dimensión, y han dejado de lado el combate a las otras modalidades de huachicol.
Y también sigue ausente el diseño y operación de una estrategia eficaz, la actual no funciona, de seguridad en Pemex, que evite o reduzca de forma dramática el huachicol, que se obtiene con la perforación de ductos.
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Rubén Aguilar Valenzuela
Nadie puede estar en desacuerdo en que se proteja a las audiencias, pero tampoco nadie puede estar de acuerdo que se censure la libertad de expresión, y la propuesta de ley que ha enviado la presidenta Sheinbaum Pardo, con el pretexto de protección a las audiencias, es una clara ley de censura.
La iniciativa propone que los medios hagan público su Código de Ética, y nombren a un defensor de las audiencias, que es algo plausible, y debería ser una realidad, como ocurre en muchos países democráticos, que son los propios medios, a partir de su código, quienes defienden a las audiencias.
En la propuesta de ley enviada por la presidenta al Congreso, una dependencia de su gobierno se haría cargo de defender a las audiencias, y es quien va a decidir de lo que publican los medios qué es verdad o mentira, lo que abiertamente es una práctica de censura, a la que se quiere legalizar con la emisión de una ley.
Esta instancia sería la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), cuyos integrantes nombró la presidenta, son funcionarios públicos de un gobierno en lo particular, y es parte de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), que es una dependencia del Ejecutivo Federal.
En su versión actual, esta iniciativa de ley se propone regular la programación y los contenidos de las transmisiones de la radio y televisión. Es una ley que se propone dar a las audiencias solo la información y contenidos que lleven el aval del gobierno, lo que violenta la libertad de expresión de los medios y los comunicadores.
Esto lo convierte un claro instrumento de censura, la comisión, que como parte del gobierno tiene intereses muy claros, es juez y parte, y cualquiera de sus decisiones será un claro ejercicio de censura. Así, esta instancia se convierte en el Ministerio de la Verdad, de un régimen autoritario, con rasgos dictatoriales, que claramente violenta el derecho a la libertad de expresión.
Si la mayoría del Congreso, en poder de Morena, pasa tal como está la propuesta de ley enviada por la presidenta, la CRT se convertiría en la policía, que garantiza, a partir de criterios del mismo gobierno, no de la sociedad y de ciudadanos libres, qué es verdad y qué es mentira, como ocurre en las dictaduras.
Un dato que no es menor es que quien dirige la ATDT es José Merino Peña, conocido como Pepe Merino, que es uno de los funcionarios del gobierno más leales y cercanos a la presidenta, un personaje opaco, que se ha negado, con el aval presidencial, al presentarse ante el Senado y la Cámara de Diputados para rendir cuentas.
En la redacción de la actual ley, que esperamos no pase por el bien de la democracia, de la libertad de expresión y del país, la censura estaría en manos de la propia presidenta, y su operador, muy cercano a ella, sería Merino, quien es el titular de la ATDT, de la que depende la CIRT, que sería el instrumento operativo y visible para ejercer la censura.
