La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana tiene como objetivo obtener información que permita realizar estimaciones en áreas urbanas (ciudades) de interés acerca de la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad.

Se busca proporcionar información al público en general y proveer elementos para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

El pasado 4 de abril de 2026, se publicaron los resultados más recientes, entre los que destacan:

En marzo de 2026, de la población de 18 años y más residente en 91 áreas urbanas (ciudades) de interés, 61.5 % consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje que se registró en diciembre de 2025 (63.8), pero no en comparación con marzo de 2025.

Al desagregar por áreas urbanas de interés, en esta edición de la ENSU, 21 presentaron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2025: 15 con reducciones y seis con incrementos.

En marzo de 2026, 67.2 % de las mujeres y 54.6 % de los hombres consideraron que vivir en

su ciudad era inseguro.

Las áreas urbanas de interés con mayor incremento entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 fueron: Puerto Vallarta, que pasó de 32.0 a 59.9 %; Tepic, de 37.9 a 53.9 %, y Zapopan, de

54.7 a 70.8 por ciento. En contraste, las áreas urbanas con mayor reducción fueron: San Pedro Garza García, al pasar de 8.7 a 4.4 %; Saltillo, de 28.1 a 16.7 %, y Torreón, de 29.5 a 20.3 %, en los periodos de referencia.

De acuerdo a la encuesta referida, Coahuila se mantiene como un Estado seguro para vivir, al ubicar dicho documento a las tres ciudades coahuilenses que mide dentro del Top 6 nacional.

La estrategia de seguridad de la sociedad coahuilense, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha colocado a Piedras Negras como el segundo municipio con mayor percepción de seguridad en el país, y la frontera más segura de México.

Saltillo se mantiene como la capital más segura y cuarta ciudad con mayor percepción de seguridad.

Además, Torreón, que se encontraba en el séptimo lugar, logró avanzar un lugar colocándose en el sexto lugar nacional con mejor percepción de seguridad.

Con estos resultados Coahuila se consolida como el estado más seguro de México, ya que ninguna de las ciudades que la ENSU evalúa de Yucatán y Baja California Sur (entidades con las que Coahuila disputa el pódium de Estados más seguros del país) están mejor calificadas que las tres ciudades de Coahuila.

En Coahuila se sigue trabajando en equipo y coordinación entre las diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno que actúan en nuestro territorio, dando a la ciudadanía certeza de seguridad.

Indudablemente que en este mundo cada vez más globalizado y abierto se encuentra enfrentado a retos que afectan al conjunto de la comunidad internacional y que requieren por lo mismo una respuesta global. Esa es la pertinencia de las reuniones de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y la necesaria presencia de nuestro país en ellas.

El pasado 16 y 17 de abril en Barcelona se llevó a cabo la IV Cumbre en Defensa de la Democracia. En ese marco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participó y dio un mensaje. Por lo general se dice que los discursos de los mandatarios en esas cumbres tienen como principal objetivo las audiencias de sus respectivos países, es decir, que son para consumo interno.

Pero esta vez, desde mi punto de vista, el mensaje de Sheinbaum va a escuchas más lejanos, y, por ello, aquí les comparto algunas de sus líneas:

 "Vengo a la Cumbre por la Democracia, para felicitar a mis colegas Presidentes que luchan todos los días por ella.

Vengo a contarles lo que México tiene como principios constitucionales surgidos de la historia, en materia de principios democráticos en política exterior y que hoy resuenan fuerte y claro, y están más vivos que nunca en el escenario mundial:

El respeto a la autodeterminación de los pueblos.

La no intervención.

La solución pacífica de controversias.

El rechazo al uso de la fuerza.

La igualdad jurídica de los Estados.

La necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo.

El respeto a los derechos humanos.

La lucha permanente por la paz.

Porque en un mundo herido por la guerra, por la desigualdad, estos principios democráticos siguen siendo un aporte de México a los pueblos del mundo como un símbolo de esperanza.

Los principios democráticos también significan libertad.

Pero vale la pena preguntarnos: “¿cuál libertad?”.

¿La libertad que defiende el conservadurismo?

¿La libertad de someterse a intereses externos?

¿La libertad de convertir a las naciones en Colonias modernas?

¿O la libertad del mercado sin Estado, que convierte a muchos en nada y a pocos en mucho?

No.

Creemos que la democracia implica libertad, pero la libertad es palabra vacía si no la acompaña la justicia social, la soberanía y la dignidad de los pueblos.

Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo.

No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución.

No de la imposición, sino de la participación.

No de la guerra, sino de la paz.

No de la indiferencia y de la exclusión, sino de la cooperación y la inclusión.

Iniciemos con un breve diagnóstico. En 2025 el primer año del sexenio, de la presidenta Claudia Sheinbaum, la inversión pública se contrajo -28,4% real, lo que implicó la peor caída de gasto en obras tres décadas, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda.

En el sector público, los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que la inversión física cayó - 30,3% anual real en enero de 2026, lo que representó la peor contracción para un mes de enero desde 2016. En enero el sector energético resultó el más afectado por la reducción en la inversión, seguido del rubro de agua potable y alcantarillado.

La inversión fija bruta se contrajo -1,1% en enero respecto del mes inmediato anterior, una caída que ocurrió después de tres meses de variaciones positivas que habían dado esperanza sobre una recuperación de la inversión en el comienzo de año.

A tasa anual, la inversión fija bruta cayó -2,2% en el primer mes del año, por lo que sumó 16 meses al hilo en terreno negativo, de acuerdo con datos del INEGI. Al interior, resaltó que la inversión en maquinaria y equipo cayó -8% anual.

Pues bien, ante ese diagnóstico, tenemos que la presidenta Sheinbaum presentó a inicio de febrero el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, con la apuesta de invertir MXN$5,6 billones, principalmente en energía, durante su periodo presidencial, a través de diversos esquemas de financiamiento que permitan potenciar la inversión pública. 

Para 2026, el Presupuesto para inversión pública es de poco más de MXN$900.000 millones, pero con los esquemas de financiamiento que se implementarán, Sheinbaum estima que habrá una inversión adicional de MXN$722.000 millones, lo que representa un aumento equivalente a 2% del PIB.

Entre los instrumentos para hacer realidad esos nuevos esquemas de financiamiento e inversión, la semana pasada el Congreso de la Unión aprobó en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El nueve de abril, en su edición vespertina, el Diario Oficial de la Federación publicó la ley que es de orden público, y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuyan al desarrollo nacional, con bienestar del pueblo de México, a través de la participación del sector público, privado y social, que fortalezcan la Soberanía Nacional, bajo los principios de los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se sujetarán en todo momento a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas vigentes en materia de gasto público, presupuestaria, deuda, y demás que resulten conducentes.

Este instrumento jurídico pretende, entre otras cosas, detonar el crecimiento económico y la prosperidad compartida; reducir las brechas de desigualdad social; promover el acceso de la población a los servicios básicos; favorecer estrategias de desarrollo económico sostenible y regional, y cumplir y alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, y a los Programas que deriven del mismo, o en su caso sean prioritarios para la consecución de las metas fijadas por la Administración Pública Federal, sin que dicha alineación implique, por sí misma, autorización para el ejercicio de recursos públicos.

La ley da un giro en la concepción que se tenía en el sexenio anterior y busca adecuarse a la problemática que vive actualmente el país.

Este nuevo marco normativo busca regular y potenciar los mecanismos de inversión para proyectos de infraestructura pública estratégica mediante la participación de los sectores público, privado y social.

Su objetivo es regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos estratégicos bajo principios de eficiencia y transparencia.