La Secretaría de Gobernación (SEGOB) aclaró que los recientes citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos.

“Tal y como lo hizo de nuestro conocimiento la Fiscalía General de la República, que es un órgano constitucional autónomo, cuyas actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tiene interés político.”

Pero ¿de qué tratan dichas acusaciones? Aquí va un resumen ejecutivo, acompáñenme, por favor.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya y a nueve exfuncionarios de colaborar con "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. La acusación de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York sostiene que la red protegió operaciones de fentanilo, usó recursos del estado para el crimen y permitió el secuestro de un informante de la DEA.

Cargos principales del gobierno estadounidense:

Narcotráfico y armas: Acusado de facilitar el tráfico masivo de fentanilo, cocaína y heroína, así como posesión de armamento de uso militar.

Intervención electoral: La versión de EE. UU. señala que en 2021 el Cártel de Sinaloa intervino secuestrando e intimidando a rivales políticos para asegurar la victoria de Rocha Moya, a cambio de protección y nombramientos clave.

Asesinato: Se acusa a mandos policiales sinaloenses bajo su administración de participar en el secuestro y muerte de Alexander Mesa León, una fuente confidencial de la DEA en 2023.

La situación actual y estatus legal es la siguiente:

Órdenes de aprehensión: La justicia estadounidense emitió una ficha roja a través de la Interpol para su localización.

Entregas voluntarias: Altos mandos financieros y de seguridad vinculados al gobernador con licencia ya se han entregado a las autoridades de EE. UU..

Respuesta en México: Tras dejar el cargo para enfrentar las investigaciones, la FGR citó a Rocha Moya a declarar en calidad de testigo mientras revisa las evidencias enviadas por el gobierno estadounidense

El el otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras revelarse operaciones de campo y la muerte de agentes de la CIA en un operativo conjunto en abril de 2026.

Aquí algunas versiones generadas, entre autoridades y medios:

Versión de EE. UU. y medios estadounidenses: Agentes de inteligencia estadounidenses filtraron a medios norteamericanos que el operativo contó con coordinación local. El periodista Luis Chaparro reveló que existen pruebas fotográficas y registros de un agente de la CIA reuniéndose directamente en el despacho de la gobernadora.

Postura de Maru Campos: La gobernadora reconoció la colaboración con agencias norteamericanas para combatir el narcotráfico, pero ha negado categóricamente haber autorizado o conocido de primera mano la presencia de agentes de la CIA en campo. Declaró que no fue informada por su entonces fiscal y enfatizó que la FGR no la ha citado oficialmente. 

Versión Federal y de Morena: El Gobierno mexicano argumenta que no tenía conocimiento previo de la intromisión de agentes en territorio nacional, violando la Ley de Seguridad Nacional. Políticos de Morena han escalado el caso señalando posible traición a la patria por permitir la intervención de inteligencia extranjera

En la reciente “Evaluación de Gobierno Federal Abril 2026”, realizada y publicada por “De Las Heras Demotecnia”, el rubro de Combate a la Corrupción es el peor evaluado. Cuarenta y seis por ciento de los encuestados consideraron que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha empeorado, incluso más que el tema de seguridad pública, al que treinta y nueve por ciento consideran peor que antes.

Ante el más reciente escándalo de corrupción la presidenta declaró: "Ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México".

Durante un evento en Yucatán, Claudia Sheinbaum afirmó que el movimiento de la Cuarta Transformación está conformado por personas honestas y reiteró que su gobierno no protegerá a nadie en caso de comprobarse actos ilícitos. 

Al respecto declaró: "Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo, y por eso, jamás voy a traicionar al pueblo de México”. 

Pero, por lo que dice la evaluación de De Las Heras, las declaraciones de la presidenta ya no tienen gran efecto en la percepción de la gente. Los casos de corrupción se están acumulando, y no reciben respuestas concretas que apoyen la narrativa oficial.

Existen más pendientes, además del caso Sinaloa, en el cual el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos nexos con el crimen organizado. 

Por cierto, ante el proceso, figuras clave como Gerardo Mérida (exsecretario de Seguridad) y Enrique Alfonso Díaz Vega (exsecretario de Finanzas) se entregaron a las autoridades estadounidenses.

El próximo 7 de junio Coahuila tendrá proceso electoral, el estado será el único de México que tendrá elecciones este 2026 por lo que está considerado como un proceso “huérfano”. Será, además, la  elección preámbulo de las legislativas federales del próximo año.  

Los coahuilenses están llamados a votar para renovar 25 cargos del Congreso del Estado, de los cuales 16 corresponden a la modalidad de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

 “Además de estos 16 diputados de mayoría, hay nueve por el principio de representación proporcional, que se les conoce como diputados plurinominales, que son postulados por sus partidos políticos de acuerdo a listas proporcionadas al instituto electoral local. Una vez realizado el cómputo estatal, conforme el número de votos obtenidos, se asignan los diputados que corresponden a cada uno de los partidos políticos, hasta el total de los nueve diputados plurinominales”, establece la ley.

La normativa vigente establece que el Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años y que los diputados de mayoría relativa o de representación proporcional, “siendo todos representantes populares, tendrán los mismos derechos y obligaciones”. (milenio.com)

A partir del primer minuto del pasado 5 de mayo, comenzaron las campañas de las candidaturas a diputaciones locales en Coahuila, en un proceso en el que participan un total de 256 aspirantes que competirán por los 16 distritos del estado.

Los partidos políticos y sus candidatos iniciaron así su labor de persuasión intenso dirigido a los electores registrados en cada uno de los distritos.

Las campañas siempre comunican algo: sus temas y mensajes centrales, tratan de mostrar el mejor aspecto del candidato, distinguir lo de su competidor y, a la vez, señalar los puntos débiles de la oposición.

Ese debe ser el papel de los partidos y sus candidatos; pero el papel principal deberá recaer en el elector, el ciudadano que tendrá como derecho y obligación, votar y elegir a quien el quiera no que sea su representante.

Ya, en otras ocasiones, hemos señalado que la participación política comprende una gama de acciones diversas: atención a la información política en los medios masivos, discusión política dentro del seno familiar o en el centro de trabajo, proselitismo espontáneo sin intención, voto en las elecciones, acción comunitaria, asistencia a actos políticos, relaciones con políticos y funcionarios públicos, aportación de fondos a causas políticas, militancia partidista, trabajo de partido, realización de tareas de campaña, entre otras. 

Estas formas de acción política de los electores conducen, de algún modo, a orientar su voto.

La participación política está impulsada por el interés propio, el sentido del deber ciudadano, el impacto percibido del gobierno sobre la vida propia, el sentido de eficacia política de la acción personal, el conocimiento de las opciones políticas disponibles.  La gente vota, hace campaña, se manifiesta, hace huelga o mitines porque piensa que el gobierno puede solucionar algún problema individual o de grupo.

El modo como se llevan a cabo todas estas tareas también califica la participación política y puede variar de ser completamente racional, abierta, partidista, sistemática, activa y comprometida, a sólo ser fruto de las circunstancias y emociones del momento o de la manipulación; asimismo, puede dirigirse al mantenimiento del statu quo u orientarse al cambio. (inep.org)

El acto de votar constituye la forma mínima de participación política y es la que involucra el mayor número de individuos. Los electores efectivos son aquellos que estando registrados realmente acuden a las urnas para emitir su voto por algún candidato.

Entre más involucrada este una persona en la política más votará. Los ciudadanos con niveles de interés político más alto, con mayor preocupación por los resultados, de corto, mediano y largo plazo, de la elección y mayor sentimiento de efectividad para influir en cuestiones políticas, votarán más.

Partiendo de ese marco, vemos necesario que cada vez más la gente se involucre en los temas políticos, porque está claro que el cambio verdadero sólo se produce con la participación de todos, por que el verdadero cambio afecta a todos.

Sin la participación ciudadana no podremos revitalizar y oxigenar el sistema democrático.

Esa es nuestra tarea como ciudadanos.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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