El 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.
El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República para la evaluación de dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
El mismo miércoles 29 de abril al mediodía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentran: el gobernador en funciones de Sinaloa, el senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán.
Me cuidaré de no cometer ninguna infidencia en mi relato, acompáñenme, por favor.
En las primeras horas de la madrugada del 30 de abril, recibí una llamada, por lo extraña de la hora, revisé en el identificador del teléfono su procedencia: Presidencia de la República. Me decidí a contestar.
Una voz femenina, amablemente, me avisó que la presidenta Claudia Sheinbaum deseaba hablar conmigo; de inmediato le dije que desde luego, estaba a sus órdenes.
Segundos después, al teléfono la presidenta, después de los saludos de cortesía, me preguntó mi opinión sobre el asunto en cuestión.
Para tomar aire e incorporarme completamente, le pedí a la presidenta que mejor fuera ella la que me indicara su postura, dígamelo de corrido presidenta para, después de analizarla, plantearle mi enfoque y sugerencias. Le solicité.
Aceptó y en seguida señaló lo siguiente:
Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes.
Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional.
México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador.
México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo.
Como Presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana tiene como objetivo obtener información que permita realizar estimaciones en áreas urbanas (ciudades) de interés acerca de la percepción de la población sobre la seguridad pública en su ciudad.
Indudablemente que en este mundo cada vez más globalizado y abierto se encuentra enfrentado a retos que afectan al conjunto de la comunidad internacional y que requieren por lo mismo una respuesta global. Esa es la pertinencia de las reuniones de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y la necesaria presencia de nuestro país en ellas. 
