Iniciemos con un breve diagnóstico. En 2025 el primer año del sexenio, de la presidenta Claudia Sheinbaum, la inversión pública se contrajo -28,4% real, lo que implicó la peor caída de gasto en obras tres décadas, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda.

En el sector público, los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que la inversión física cayó - 30,3% anual real en enero de 2026, lo que representó la peor contracción para un mes de enero desde 2016. En enero el sector energético resultó el más afectado por la reducción en la inversión, seguido del rubro de agua potable y alcantarillado.

La inversión fija bruta se contrajo -1,1% en enero respecto del mes inmediato anterior, una caída que ocurrió después de tres meses de variaciones positivas que habían dado esperanza sobre una recuperación de la inversión en el comienzo de año.

A tasa anual, la inversión fija bruta cayó -2,2% en el primer mes del año, por lo que sumó 16 meses al hilo en terreno negativo, de acuerdo con datos del INEGI. Al interior, resaltó que la inversión en maquinaria y equipo cayó -8% anual.

Pues bien, ante ese diagnóstico, tenemos que la presidenta Sheinbaum presentó a inicio de febrero el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, con la apuesta de invertir MXN$5,6 billones, principalmente en energía, durante su periodo presidencial, a través de diversos esquemas de financiamiento que permitan potenciar la inversión pública. 

Para 2026, el Presupuesto para inversión pública es de poco más de MXN$900.000 millones, pero con los esquemas de financiamiento que se implementarán, Sheinbaum estima que habrá una inversión adicional de MXN$722.000 millones, lo que representa un aumento equivalente a 2% del PIB.

Entre los instrumentos para hacer realidad esos nuevos esquemas de financiamiento e inversión, la semana pasada el Congreso de la Unión aprobó en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El nueve de abril, en su edición vespertina, el Diario Oficial de la Federación publicó la ley que es de orden público, y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica que contribuyan al desarrollo nacional, con bienestar del pueblo de México, a través de la participación del sector público, privado y social, que fortalezcan la Soberanía Nacional, bajo los principios de los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se sujetarán en todo momento a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas vigentes en materia de gasto público, presupuestaria, deuda, y demás que resulten conducentes.

Este instrumento jurídico pretende, entre otras cosas, detonar el crecimiento económico y la prosperidad compartida; reducir las brechas de desigualdad social; promover el acceso de la población a los servicios básicos; favorecer estrategias de desarrollo económico sostenible y regional, y cumplir y alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, y a los Programas que deriven del mismo, o en su caso sean prioritarios para la consecución de las metas fijadas por la Administración Pública Federal, sin que dicha alineación implique, por sí misma, autorización para el ejercicio de recursos públicos.

La ley da un giro en la concepción que se tenía en el sexenio anterior y busca adecuarse a la problemática que vive actualmente el país.

Este nuevo marco normativo busca regular y potenciar los mecanismos de inversión para proyectos de infraestructura pública estratégica mediante la participación de los sectores público, privado y social.

Su objetivo es regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos estratégicos bajo principios de eficiencia y transparencia.

El arquitecto e intelectual yucateco, Manuel Amábilis, en su libro "Mística de la Revolución Mexicana", señala: “La vida exige del individuo un esfuerzo propio y egoísta para adquirir los elementos constitutivos de su integridad armónica; pero este esfuerzo, está limitado por el medio”.

Y en ese medio que lo limita hoy vemos a la exclusión social. Este fenómeno que tiene un vínculo directo con el acceso precario o nulo a los derechos y condiciones que conforman la ciudadanía plena. Es decir, la última etapa del proceso de desincorporación social y económica.

La exclusión no deviene de una sola causa, más bien es un problema multidimensional, tanto en lo que se debe a sus causas: desempleo, discapacidad, bajos ingresos, drogadicción, enfermedad, desintegración familiar, etcétera, así como a las políticas públicas a establecer para su superación. Por tal motivo, partir de un buen diagnóstico es básico en el planteamiento de la solución del problema. 

El INEGI informó en agosto de 2025 que en México viven en pobreza multidimensional 38.5 millones de personas y 7 millones están en pobreza extrema. Si bien, estas cifras reflejan una disminución del 17.74% y del 23.08% respectivamente al compararlas con las de un periodo anterior (2022), significan una gran tarea para el Estado mexicano y su gobierno.

Dentro de los elementos que se consideran en esta medición se encuentran el nivel de ingreso; el rezago educativo; el acceso a servicios de salud; acceso a seguridad social; acceso alimentación; calidad y espacios de la vivienda y acceso a servicios básicos en la vivienda.

El Estado debe actuar en consecuencia, para ello, entre otras cosas, cuenta con la administración pública, el aparato burocrático del gobierno, que es un instrumento esencial para el desarrollo de la vida democrática y el aseguramiento del progreso individual y del conjunto de la sociedad.

Los servicios públicos son indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y para que éstas puedan ejercer plenamente los derechos y libertades reconocidas por nuestra constitución. 

Por tal razón la administración pública debe de actuar al servicio de toda la ciudadanía y está obligada a hacerlo funcionando con transparencia, eficacia y calidad, y con un compromiso con la calidad de los servicios públicos y convocando a la participación ciudadana en las decisiones públicas y en la definición de los intereses generales de la nación.

Garantizar la calidad de los servicios públicos y el derecho de todas las personas a acceder a ellos en condiciones de igualdad requieren un mejoramiento continuo en la gestión mediante la aplicación obligatoria de modelos de excelencia. Asimismo, crear nuevos servicios públicos de ayuda a las familias, a las personas dependientes, especialmente a los mayores, y enfocados a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Para todo ello, es necesario incrementar de forma selectiva las inversiones públicas para subsanar los déficits de los servicios públicos de seguridad pública, educación, asistencia social y apoyo a las familias. 

Por otra parte, la administración pública debe convertirse en un factor que dinamice la economía, convirtiéndose en un agente más productivo. Para cumplir esto, deberá ofrecer más y mejores servicios públicos con los mismos recursos que actualmente emplea; reorientar sus actividades en función de los objetivos y resultados y aspirar a la máxima excelencia en la calidad de los servicios que presta. 

Todo ello sin dejar de lado que el gasto público deberá considerar también una orientación hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico y humano, en aras de buscar un funcionamiento eficiente y productivo de la economía y así garantizar un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo. 

Además, hoy más que nunca, es urgente que en nuestra sociedad germine el fruto de la solidaridad nacional que nos aproxime los unos a los otros.

José Vega Bautista 

@Pepevegasicilia

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Con frecuencia se dice que la mayoría de los ciudadanos no se interesan en los temas políticos porque tienen necesidades básicas que atender.  

Si revisamos el concepto tenemos que las necesidades básicas de la población son los requisitos mínimos indispensables para la supervivencia y el desarrollo integral, incluyendo alimentación, agua potable, salud, vivienda digna, educación, vestimenta, empleo y seguridad.

Su satisfacción simultánea es fundamental para la calidad de vida y se caracteriza por ser complementaria e inalienable. Y su satisfacción tiene mucho que ver con la política, en tanto en cuanto se relaciona con las funciones que debe cumplir el Estado y su administración pública.

Por ello no se debe dejar de lado por el conjunto de la población su participación responsable en su resolución. Tomando en cuenta que el pueblo es el elemento humano del Estado y como tal tiene un gran compromiso.

La satisfacción de las necesidades básicas no está separada de la política. Al contrario, depende en gran medida de las decisiones públicas. Por eso, la participación ciudadana no es opcional: es esencial para mejorar la calidad de vida de todos.

Pero ¿qué debemos hacer como ciudadanos? El Maestro Roberto Salcedo explica que la participación política comprende una gama de acciones diversas: atención a la información política en los medios masivos, discusión política dentro del seno familiar o en el centro de trabajo, proselitismo espontáneo, voto en las elecciones, acción comunitaria, asistencia a actos políticos, relaciones con políticos y funcionarios públicos, aportación de fondos a causas políticas, militancia partidista, trabajo de partido, realización de tareas de campaña, entre otras.  

Estas formas de acción política de los electores conducen, de algún modo, a orientar la acción del gobierno.

La participación política está impulsada por el interés propio, el sentido del deber ciudadano, el impacto percibido del gobierno sobre la vida propia, el sentido de eficacia política de la acción personal, el conocimiento de las opciones políticas disponibles. 

La gente vota, hace campaña, se manifiesta, hace huelga o mítines porque piensa que el gobierno puede solucionar algún problema individual o de grupo. 

El modo como se llevan a cabo todas estas tareas también califica la participación política y puede variar de ser completamente racional, abierta, partidista, sistemática, activa y comprometida, a sólo ser fruto de las circunstancias y emociones del momento; asimismo, puede dirigirse al mantenimiento del statu quo u orientarse al cambio. (manual.inep.org)

Partiendo de ese marco, es muy importante que cada vez seamos más gente la interesada en los temas políticos, ya que está claro que el cambio verdadero sólo se produce con la participación de todos, porque el verdadero cambio afecta a todos.

Sin la participación ciudadana no podremos revitalizar y oxigenar el sistema democrático. México necesita hoy en día un sistema democrático renovado, que cuente,  entre sus ingredientes, con la aceptación del pluralismo y de la diversidad; tolerancia y diálogo; autonomía de la política, respeto y responsabilidad institucional. 

Por ello es importante que la participación ciudadana trascienda a las formas de acción política de los electores que conducen, de algún modo, a orientar su voto. 

Es decir, que vayan más allá de la coyuntura electoral y que se vuelva una exigencia permanente de instrumentos y motivación para participar. Solo abriendo las instituciones se puede generar una participación eficaz. Nada más así se conseguirá que la ciudadanía confíe en la acción de gobierno y colabore con ella . 

Los ciudadanos con su acción cotidiana y permanente deberán exigir que se revise y se reforme el actuar de los poderes públicos y sus instituciones autónomas, para fortalecerlas y lograr que cumplan cabalmente sus funciones. 

Todo lo anterior para lograr, entre otras cosas, un gobierno autónomo frente a los poderes e intereses que no están legitimados por la voluntad popular; que garantice la provisión de los bienes públicos esenciales; que respete a la oposición y preserve los equilibrios institucionales y la autonomía de los poderes del Estado y de los organismos autónomos y sea un leal dialogante con las autoridades locales; que favorezca la trasparencia y responda ante los ciudadanos, rinda cuenta de su gestión, asuma sus responsabilidades y de la cara y resultados en los momentos de crisis, en una palabra que genere las condiciones para que el pueblo goce de los requisitos mínimos indispensables para la supervivencia y el desarrollo integral, incluyendo alimentación, agua potable, salud, vivienda digna, educación, vestimenta, empleo y seguridad.

José Vega Bautista 

@Pepevegasicilia

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