Back to Top

contacto@nuestrarevista.com.mx

headerfacebook headertwitter
 

El EZLN cambia su estructura organizativa

Rubén Aguilar Valenzuela

Este fin de año se van a cumplir 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que el pasado domingo 12 de noviembre anunció que cambia su estructura organizativa en los territorios que ocupa en Chiapas.

 

Es su respuesta a la crisis de inseguridad y violencia que enfrenta la región. En versión de las autoridades zapatistas Chiapas están en un completo caos y señalan que "las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos sicarios legales o crimen desorganizado".

 

En las principales ciudades "hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del Gobierno del Estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales", en clara referencia a las elecciones de 2024.

 

El Estado más pobre de México, dice Pablo Ferri, periodista de El País, que como nadie cubre lo que acontece con el movimiento zapatista, sufre el enfrentamiento entre organizaciones criminales en la parte fronteriza con Guatemala, en la selva Lacandona, en la región de los Altos y en la zona de Palenque.

 

Y añade que el tono de los mensajes del EZLN es de desesperación. Ellos sostienen, en tono alarmante, que el capitalismo, está como loco, robando y destruyendo. En el futuro "vienen muchas desgracias, guerras, inundaciones, sequías, enfermedades, y en medio del colapso tenemos que mirar lejos".

 

En su comunicado del pasado domingo, el EZLN informa a través del subcomandante Moisés, "la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno", conocidos como caracoles, las bases civiles del movimiento.

 

Y anuncia que la nueva organización del zapatismo en las comunidades se centra en lo local. La nueva estructura del movimiento se basa en Gobiernos Autónomos Locales (GAL). Se establece un GAL en cada comunidad donde habitan bases de apoyo zapatistas.

 

Los GAL, que son el núcleo de la autonomía, serán coordinados por los agentes y comisariados autónomos y están sujetos a la asamblea del pueblo, ranchería, comunidad, paraje, barrio, ejido, colonia, o como se autonombre cada población.

 

Es responsabilidad de los GAL "buscar la forma de cumplir con sus necesidades en Salud, Educación, Justicia, Alimentación y las que se presenten por emergencias ocasionadas por desastres naturales, pandemias, crímenes, invasiones, guerras, y las demás desgracias que depare el sistema capitalista", según el comunicado.

 

"Esta nueva etapa de la autonomía se hace para enfrentar lo peor de la Hidra, su bestialidad más infame y su locura destructiva. Sus guerras e invasiones empresariales y militares", señala el subcomandante Moisés en el comunicado. Habrá que dar seguimiento al impacto de esta nueva estructura organizativa.

 

 

@RubenAguilar

Los problemas de las familias para alimentarse

Rubén Aguilar Valenzuela 

El 41% de las familias del país, que representan 15 000 000, en 2022 tuvieron problemas para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares.

 

Es un número menor a las 16 000 000 de familias de 2018 y a las 18 600 000 de familias en 2021, pero sigue siendo un número todavía muy significativo.

 

El ingreso corriente promedio de los hogares aumentó en un 4.6% con relación a 2018 y en 11% respecto a 2020. El gasto general en alimentación creció en 9.3% y en 16% respectivamente.

 

La encuesta pone de manifiesto que en 13 600 000 de hogares hubo preocupación de que la comida se acabara, que es una reducción del 3.1% con relación a 2018 y de 18.3% con respecto a 2020.

 

Lo que las familias gastan del ingreso en alimentación es muy desigual según el nivel económico en el que se encuentran. Las de mayor ingreso solo gasta el 14% y las de menor ingreso el 56%. Una diferencia del 300%.

 

De los 15 000 000 de hogares con problemas para alimentarse, en 7 200 000 de estos, los adultos dijeron que comieron menos de lo que consideran debieron haber ingerido.

 

En 4 200 000 de hogares, los adultos afirmaron que dejaron de desayunar, comer o cenar. De manera particular en el caso de 3 700 000 de hogares los adultos no comieron.  

 

Es preocupante que en 966 000 hogares, por los problemas relacionados con la alimentación, los adultos tomaron decisiones que no hubieran querido.

 

En algunos casos pidieron limosna, mandaron a los niños a trabajar e incluso realizaron prácticas socialmente no admitidas como robar.

 

De acuerdo a la encuesta uno de cada cuatro hogares, el 25%, dijo que su alimentación no fue sana y tampoco variada. Habla de niveles de desnutrición que no registra la encuesta.

Los estados que están por arriba de la media nacional con problemas de alimentación son: Guerrero (62.6%); Oaxaca (60.2%); Tabasco (57.6%); Chiapas (55.8%); Puebla (52.5%) y Veracruz (51.9%).

En los estados donde hubo un mayor incremento en el problema de la alimentación son: Durango (19.6%); Aguascalientes (12.8%); Puebla (11.2%); Guanajuato (10.3%): Querétaro (8.0%); Sonora (4.7%); Nuevo León (3.4%) y Michoacán (1.8%).

Los datos de la encuesta en materia de alimentación señalan una mejora significativa de 2020, año de la pandemia, a 2022 y en menor proporción con relación a 2018.

A los especialistas preocupa que estos buenos datos pudieran haber sufrido un claro retroceso en 2023, por la elevada inflación, que fue mayor en el rubro de los alimentos.

 

Si la inflación general alcanzó el 8.0% en los alimentos básicos subió al 12.0% y hasta el 14.0%. Esto implica necesariamente una reducción en el poder de compra y en la ingesta de alimentos.

 

Habrá que ver los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del 2024, para saber cómo la inflación pegó al gasto de los hogares y a su alimentación.

 

@RubenAguilar

Museo de la Minería Estado de México (El Oro, Estado de México)

Rubén Aguilar Valenzuela

image001.jpg

Historia

El museo se funda en septiembre de 1975 y se aloja en las instalaciones de la mina de “La Providencia”, que inició su explotación al inicio del siglo XX y cerró en 1960. En 2023 hubo obras profundas de mantenimiento de los edificios y la exhibición.   

Edificio

El museo se aloja en tres áreas del conjunto de la instalaciones de la mina. Son edificios de lámina con techos de dos aguas.

 

Colección

El acervo del museo consta de 200 piezas entre objetos, herramientas, maquinaria, fotografías, planos y también una muestras de 250 minerales.

- Espacio 1

image002.png

 Sala de la derecha

 

En una gran sala dividida en tres secciones donde se expone la minería en la época prehispánica y colonial. Hay objetos prehispánicos y monedas coloniales.  

image003.png

image004.pngimage005.png

- Espacio dos

La sala se divide en dos secciones. Se expone la época de gloria de la minería en el siglo XIX y principios del siglo XX. Hay referencia particular a El Oro. Se exhiben minerales.

image006.png

image007.png

image008.png

La Casa de Moneda de Tlalpan, la del Estado de México operó de febrero de 1828 a julio de 1830. La marca de la ceca fue: RoMo. 

- Espacio tres

image009.png

Es el sitio donde estuvieron las oficinas de la mina y el lugar de pago a los trabajadores. Aquí también se encontraban los laboratorios.

image010.png

image011.png

- Polvorín

image012.png

image013.png

 

Comentario

image014.png

Los tres espacios del museo, en medio de jardines y plazas, lucen muy bien. La museografía es buena y las fichas técnicas y las mamparas están bien hechas.

Hay objetos, maquinaria, documentos, fotografías y muestra de minerales. El conjunto es muy agradable. El mantenimiento es bueno. Es un sitio que vale la pena visitar. Se conoce poco.

@RubenAguilar

 

 

¿Votar o no votar?

Rubén Aguilar Valenzuela 

En México votar en las elecciones es un derecho y no una obligación. Cada ciudadano decide si lo hace valer o no. En algunos países del mundo votar es una obligación y no hacerlo se penaliza.

 

El no votar como protesta ante los partidos y sus candidatos en nuestro país no tiene ninguna repercusión. Eso votos se suman, pero no cuentan en el resultado. Es solo una estadística.

 

La abstención en cualquier país, el nuestro no es la excepción, tiene a beneficiar al partido oficial, que cuenta con un voto duro que le es fiel. No ir a votar no es, se quiera o no, ponerse del lado del oficialismo.

 

Así, en los hechos, no ir votar como protesta, anular el voto o abstenerse no es darle a otros el poder de la decisión. No hay de otra.

 

Los gobiernos con un sólido voto duro, de manera burda o sutil, siempre realizan acciones que pretenden desanimar la participación de los electores, para evitar estos neutralicen la ventaja que le dan sus simpatizantes, que se sabe sí irán a votar.

 

En una sociedad democrática siempre la elección es entre dos proyectos: la continuidad o el cambio. El partido en el gobierno representa la continuidad y la oposición el cambio.

 

Así, los votantes en la elección de 2024, por la presidencia y los integrantes del Congreso, tienen solo esas dos opciones; el cambio o la continuidad. No hay más.

 

La continuidad la representa el oficialísimo, pero puede haber distintas fuerzas opositoras que se proponen como el cambio. Los electores son, entonces, quienes deben de optar por unos y otros.

 

El elector que quiere la continuidad, por las razones que sea, solo tiene la opción de votar por el partido en el poder. No hay más.

 

Quien opta por el cambio puede tener varias posibilidades. En la elección de 2024, todo indica, que habrá dos opciones, la que representa la alianza PRI-PAN-PRD y la del MC.

 

Para el elector que quiere el cambio abre necesariamente un espacio de reflexión antes de emitir su voto, que quiere sea eficaz y no solo testimonial.

 

Si quiere el cambio tiene que elegir a la opción que tiene más posibilidades, de las dos alternativas que se le presentan, y para eso tiene que decidirse por el "voto útil". Es decir, dar su voto al opositor que puede ganar.

 

Lo anterior en independencia si es o no la alternativa con lo que más se identifica. Se trata de que su voto realmente influya en la decisión y no solo sea expresión de una simpatía.

 

Todo indica que la elección presidencial y por el Congreso en 2024 estará polarizada entre la alianza Morena-PT-PVEM y la alianza PRI-PAN-PRD.

 

Estas y no otras son las reales fuerzas políticas que pueden ganar, una representa la continuidad y la otra el cambio a lo que ahora está. Es decisión de cada uno de los electores.

 

@RubenAguilar

El Ejército en la polarización de la sociedad

Rubén Aguilar Valenzuela 

En noviembre de 2022, El Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica, en colaboración con la encuestadora Altica, realizó un estudio a nivel nacional sobre lo que piensa la ciudadanía sobre lo que hoy debe o no hacer el Ejército y los militares.

 

El instituto es una consultora en campañas electorales y comunicación estratégica, constituida hace más de 20 años, que entre otras actividades ha realizado catorce campañas electorales presidenciales en México y otros países de América Latina, entre ellos Ecuador, Panamá, Chile y Guatemala.

 

La consultora me autorizó a publicar los datos de la investigación privada que parte de 5000 entrevistas con levantamiento digital en las 32 entidades federativas. Se utilizó un cuestionario estructurado y programado en la plataforma propia de Altica. El índice de confianza estadística es del 95 %.

 

El estudio se hizo para ubicar la percepción ciudadana sobre el Ejército de cara a las campañas electorales. La encuesta registra las respuestas en relación a la simpatía que el encuestado tiene con la 4T y la Alianza; también contempla a los indecisos.

Ilustración: Estelí Meza

  

A nivel general, el resultado de las preguntas sobre si el Ejército debe participar en distintas actividades, el resultado es el siguiente:

 

  1. El 93 % dice que debe atender casos de desastres.

  2. El 91 %, intervenir en la defensa del país en caso de una invasión militar.

  3. El 90 % debe combatir al narcotráfico y al crimen organizado.

  4. El 53 % está de acuerdo que intervenga para combatir al crimen común

  5. El 33 % se opone; el 22 % está de acuerdo con que lo haga en excepciones.

  6. El 38 % aprueba que intervenga para mantener el orden público en casos de protesta social; el 33 % se opone y el 22 % estaría de acuerdo en casos excepcionales.

  7. El 46 % no aprueba que construya infraestructura pública como el Tren Maya; el 42 % sí lo apruebe y  9 % solo en casos excepcionales.

  8. El 53 % no aprueba que administre empresas del gobierno como aerolíneas, la CFE o Pemex; 29 % sí lo aprueba y 15 % en casos excepcionales.

  9. El 52 % no aprueba que sean servidores públicos en áreas económicas o políticas; el 25 % sí lo aprueba y el 19 % en casos excepcionales.

  10. El 65 % rechaza sean candidatos a diputados y senadores; el 15 % sí lo acepta y el 14 % en casos excepcionales.

  11. El 61 % rechaza sean candidatos a gobernador o alcalde, el 15 % si lo aprueba y el 15 % en casos excepcionales.

  12. El 64 % no acepta que sean candidatos a la presidencia de la República; el 14 % sí lo acepta y el 13 % en casos excepcionales.

 

El estudio dividió en cinco sectores a la población encuestada: duros de la 4T; blandos de la 4T; indecisos; duros de la Alianza y blandos de la Alianza. En las tres primeras preguntas no hay diferencias en las respuestas de los cinco grupos. Todos, por una gran mayoría, aprueban que el Ejército intervenga en casos de desastre, frente a una intervención militar extranjera y para combatir al crimen organizado. En los siguientes ocho temas sí influye de manera decisiva la militancia que se tenga en la respuesta:

 

  1. Que el Ejército intervenga para mantener el orden público, lo aprueba el 51.8 % de los duros de la 4T y el 57.2 % de los blandos; no lo aprueba el 60.1 % de los duros de la Alianza y el 53.8 % de los blandos; y el 42.2 % de lo indecisos lo aprueba.

  2. Sobre si debe combatir el crimen común, está de acuerdo el 84.8 % de los duros de la 4T y el 77.5 % de los blandos; no lo aprueba el 43.6 % de los duros de la Alianza y el 41.8 % de los blandos; el 56.6 % de los indecisos lo aprueba.

  3. Sobre si el Ejército debe de intervenir o no en la construcción de infraestructura pública como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, lo aprueba el 92.4 % de los duros de la 4T y el 77.2 % de los blandos; no lo aprueba el 95.9 % de los duros de la Alianza y el 86.6 % de los blandos; el 55.5 % de los indecisos no lo aprueba.

  4. Respecto a si el Ejército debe administrar o no empresas del gobierno como aerolíneas, CFE o Pemex, está de acuerdo el 92.4 % de los duros de la 4T y el 77.2 % de los blandos; no lo aprueban el 95.9 % de los duros de la Alianza y el 87.6 % de los blandos; el 50.5 % de los indecisos no lo aprueba.

  5. Sobre si un militar puede ser servidor público en áreas económicas y políticas, el 41.4  % de los duros de la 4T sí lo acepta y el 43.8 % de los blandos; no lo acepta el 87.9 % de los duros de la Alianza y el 82 % de los blandos; el 44.4 % de los indecisos está en contra.

  6. A la pregunta si un militar puede ser candidato en una elección para diputado o senador, no lo acepta el 39.8 % de los duros de la 4T y el 42.8 % de los blandos; sí lo acepta el 24.9 % y el 25.9 % respectivamente. No lo acepta el 94.3 % de los duros de la Alianza y el 86.2 % de los blandos. El 68.1 % de los indecisos tampoco lo acepta.

  7. Si un militar se postula para gobernador o alcalde, el 41.5 % de los duros de la 4T no lo acepta y el 38.4 % de los blandos; sí lo acepta el 28.6 % y el 24.7 % respectivamente. No lo acepta el 94 % de los duros de la Alianza y el 81.6 % de los blandos. El 60.2 % de los indecisos no lo acepta.

  8. Si un militar se postula para la presidencia de la República, el 46.3 % de los duros de la 4T no lo acepta y el 42.7 % de los blandos; sí lo acepta el 22.65 % y el 26.95 % respectivamente. No lo acepta el 93.6 % de los duros de la Alianza y el 85.5 % de los blandos. El 58 % de los indecisos no lo acepta.  

 

El estudio muestra con claridad que en la sociedad mexicana hay consenso, sin importar las simpatías políticas, en que el Ejército actúe en casos de desastres, de una intervención extranjera y en contra del crimen organizado. Tareas que a lo largo de décadas han sido las propias del Ejército. Son parte de su identidad, que se ha construido a partir de estas responsabilidades reconocidas por la sociedad en general.

 

López Obrador al asumir su cargo como presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ha dado nuevas tareas al Ejército en el ámbito de la administración pública y también lo ha convertido en propietario de bienes como aeropuertos, líneas aéreas, líneas férreas, trenes y otras actividades empresariales. La encuesta revela que los simpatizantes de la 4T están de acuerdo,  en un alto porcentaje, en que esto sea así. La oposición, en cambio, también en un alto porcentaje desaprueba radicalmente estas nuevas responsabilidades del Ejército.

 

Sobre la participación de los militares por cargos de elección popular en su mayoría los simpatizantes de la 4T y de la oposición están en desacuerdo, aunque en porcentaje muy distinto. Los duros que simpatizan con la oposición lo rechazan por arriba del 90 % y los blandos por arriba del 80 %. Y los duros y los blandos de la 4T lo rechazan por arriba del 40 % y lo aceptan por arriba del 20 %.

 

Es evidente que no hay consenso en la sociedad mexicana sobre la participación del Ejército como propietario y en la administración pública, su aceptación o no pasa por las simpatías políticas. Hay consenso en la sociedad mexicana de que los militares no deben participar por puestos de elección popular. De acuerdo a las simpatías políticas cambia el porcentaje del rechazo.

 

En las sociedades democráticas, los ejércitos tienen altos niveles de aprobación y México no es la excepción. A partir del actual gobierno por decisión de su comandante en jefe, el  Ejército ha asumido responsabilidades en la administración pública que antes no tenía y también se ha hecho propietario de bienes que gestiona como una empresa privada. Hay un sector muy significativo de la sociedad que no está de acuerdo con esto.

 

Ahora el Ejército, por lo mismo, está bajo la mirada de un sector de la sociedad que no admite lo que ahora hace. Es muy probable que quien no esté de acuerdo empiece a valorar al  Ejército de manera más crítica y que, entonces, se vea afectada la imagen positiva que ha tenido en las últimas décadas. Habrá que ver. Un dato que apunta en esta dirección es su intervención ante los efectos del huracán Otis en Guerrero, donde han aparecido críticas que antes no se daban de la actuación del Ejército en este tipo de eventos.

Página 74 de 212