Rubén Aguilar Valenzuela El cardenal José Francisco Robles Ortega (Mascota, Jalisco, 1949), desde 2011 arzobispo de Guadalajara, días atrás denunció que la delincuencia organizada ha tomado el control de las festividades religiosas en el estado.   Sostiene que en muchos municipios sus líderes son los jefes de plaza, y no los alcaldes electos por los ciudadanos, y son estos quienes deciden cómo, cuándo y bajo qué condiciones se deben y pueden celebrar las fiestas patronales.   Esto dice: "el jefe de la plaza el que le dice al párroco: 'Señor cura, ¿a qué hora quiere que quememos la pólvora, el castillo, el día de la fiesta? ¿A qué hora quiere que toque la banda musical? Ellos controlan, incluso, la colocación de puestos de bebidas alcohólicas y música estridente frente al atrio de la iglesia. Lo manejan como un negocio y nadie se puede oponer sin exponerse".   Y añade que ante los grupos del crimen organizado los sacerdotes y los ciudadanos se someten a las condiciones impuestas por los grupos delictivos, por un evidente temor a sufrir represalias. Ahora, la población de las comunidades vive bajo el temor, porque no ven que las autoridades apliquen la ley y por lo mismo asumen que nadie los protege.   Quien en 2007 fue nombrado cardenal por el papa Benedicto XVI asegura que "la gente se da cuenta, la gente sabe de las actividades de estos grupos, sabe de incluso quién es el desaparecido y quién se lo llevó, pero por temor a represalias o a que se repita la misma medida con un miembro de su familia, la gente prefiere callar".   El nuevo gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro (Guadalajara, 1969) coincide con el cardenal en que la ciudadanía no denuncia las actividades de los grupos del crimen organizado en las distintas regiones del estado por miedo.   Y pide a los sacerdotes y a la ciudadanía que haga uso de la denuncia anónima: "Sabemos que hay muchas personas que tienen miedo en denunciar formalmente, pero con la denuncia anónima nos pueden decir quién los ha extorsionado, quien les está pidiendo algún derecho de piso para poderlo solucionar de inmediato y que las fiestas patronales en todos los municipios se vivan en calma".   El cardenal se refiere de manera particular al control del territorio que los grupos del crimen organizado tienen en el estado de Jalisco, pero lo que dice vale para otras muchas regiones del país hoy en poder de los grupos del crimen organizado que diversos estudiosos del tema, también las autoridades militares de Estados Unidos, estiman que ahora equivale a un tercio del territorio nacional.   Semanas atrás, periodistas extranjeras que tuvieron oportunidad de estar en un estado de la costa en el territorio que controla un grupo del crimen organizado, me platicaban de cómo intervienen en las fiestas religiosas, pero también en todas las otras fiestas de la comunidad y de las escuelas, y son ellos quienes las financian.   Y cómo ellos "eligen" al presidente municipal y las autoridades que lo acompañan en su gestión, utilizando el membrete del partido con el que se arreglan. En los municipios en los que estuvieron el grupo del crimen organizado controla los rastros municipales y también los presupuestos de la obra pública. En el marco de un plan estratégico, el actual gobierno federal debe darse a la tarea de recuperar el control territorial que ha perdido.

Rubén Aguilar Valenzuela

Un completo desconocido (Estados Unidos, 2024) es una película dirigida por James Mangold, quien también escribe el guion junto con Jay Cocks, que se basa en el libro Dylan Goes Electric (2015) de Elijah Wald.

 

Se aborda la vida de Bob Dylan (Timothée Chalamet), desde 1961, cuando nadie lo conoce, tiene entonces 19 años, y empiezan su carrera con canciones con letra y música de él mismo, hasta el escándalo que provoca su transgresora actuación de rock eléctrico en el Newport Folk Festival de 1965.

 

Estamos al principio de la década de 1960 en Nueva York, que es el centro de la vida cultural de Estados Unidos y del mundo. Desde Minnesota, ahí llega Robert Allen Zimmerman (1941) que después va a ser conocido como Bob Dylan. En ese ambiente inicia su carrera artística.

 

En ese ambiente cultural y social se hacen presentes artistas con los que Dylan tiene estrecha relación como Joan Baez (Mónica Barbaro), con la que tuvo una intensa amistad, que va de la admiración mutua y las diferencias irreconciliables.

 

Y Pete Seeger (Edward Norton), del que Dylan, al inicio de su carrera, recibe un gran apoyo. En sus comienzos estuvo ligado al movimiento de la música folk, de la que Seeger era uno de sus más entusiastas promotores.

 

En la película Timothée Chalamet canta en directo las canciones de Dylan y en su actuación, como lo señala la crítica, recrea al personaje, no lo imita mecánicamente. Capta su esencia y desde ahí realiza su interpretación.

 

El director se propone ofrecer una mirada sobre lo que fue el movimiento musical de la década de 1960 en los Estados Unidos, que tuvo impacto en todo el mundo. Deja ver su nostalgia y admiración.

 

Hay un cuidado especial en recrear los conciertos, y presentar lo que ocurre en el escenario, pero también detrás de él. El director rinde homenajes a quienes los organizan y participan en ellos.

 

La banda sonora es uno de los grandes actores de la película con las canciones más célebres de Dylan interpretadas en directo por Timothée Chalamet.

 

James Mangold, elige solo tomar la etapa de la vida de Dylan de 1961 a 1965, tiempo en el que se da a conocer y que pasa del movimiento folk al de un rock distinto. Es el encuentro de su estilo propio, en el que habrá de seguir a lo largo de su carrera.

 

La crítica especializada reconoce el trabajo de Mangold, que realiza un retrato preciso de una época de la creación musical en Estados Unidos, y del trabajo que realiza Timothée Chalamet del que se dice es "asombrosos" y "brillante".

 

La película en todos los grandes festivales de cine ha estado nominada a diversos premios. Incluyendo mejor película, mejor actuación y mejor actor de reparto. Chalamet ganó el reconocimiento como mejor actor en los Premios del Sindicato de Actores.

Rubén Aguilar Valenzuela 

En 2022 se incrementó la guerra abierta por el control de la frontera México – Guatemala entre los grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel del Pacífico (CP).

 

La guerra contempla como objetivo central ampliar el espacio de su dominio territorial, para hacerse del control de las rutas comerciales, el control del trasiego de drogas que vienen desde Sudamérica y la extorsión a los migrantes, que caminan hacia Estados Unidos.

 

El frente de guerra se extiende en los 965 kilómetros que tiene la frontera entre México y Guatemala, pero esta se concentra en la frontera de Chiapas y los departamentos de Huehuetenango y San Marcos. En buena parte una zona selvática cruzada por grandes ríos. La disputa entre estos dos grupos criminales ocurre en ambos lados de la frontera.

 

Un alto mando en ese entonces en activo me dijo que a lo largo del sexenio del presidente López Obrador (2018-2024) tuvieron prohibido enfrentar a estos grupos criminales.

 

Y que la no actuación del Ejército incrementó la intensidad de la disputa entre el CJNG y CP y el consecuente avance en el control territorial. La guerra que inicia en 2022 continúa al día de hoy y ha surgido un nuevo competidor, el Cártel México – Guatemala (CMG). Ahora la guerra es entre tres.

 

Se sabe que el CJNG y el CP están asociados con grupos criminales locales que operen en Guatemala. Entre los estudiosos de esta realidad se afirma que cada uno cuenta con siete de estos aliados. Es una relación de ya muchos años, que se ha incrementado a partir de la disputa abierta por el control de la frontera.

 

En 2024, el enfrentamiento se extendió a la frontera entre el estado de Chiapas y Tabasco, pasó obligado de la mercancía, las drogas y los migrantes. En algunos municipios de estos estados controlados por los grupos criminales todos los días hay toque de queda de las 19.00 a las 6.00 de la mañana del día siguiente.

 

Al día de hoy y de manera cotidiana, la fuerza de estos tres grupos criminales se ve como mejor organizada y con mayor poder que las fuerzas de las policías estatales y también federales. Altos mandos del Ejército me han dicho que la única posibilidad de recuperar el territorio, para que pase al real control del Estado Mexicano pasa por una acción de fuerza.

 

Y añaden que los grupos criminales bajo ninguna circunstancia van a entregar el territorio que han conquistado y sobre el cual mandan. La Iglesia católica local en repetidas ocasiones ha denunciado que los grupos criminales tienen bajo su control amplios territorios del estado de Chiapas. Al día de hoy de parte del gobierno estatal y federal no se ha dado a conocer si hay la voluntad política de recuperar el control del territorio. Por lo pronto está en menos de los grupos criminales.

Rubén Aguilar Valenzuela  En la reunión que el pasado 8 de abril sostuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con colectivos de familiares desaparecidos de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Puebla, Durango y Querétaro, estuvieron también representantes del Diálogo Nacional por la Paz.   Una iniciativa conjunta de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y la Provincia de la Compañía de Jesús en México. En su versión durante la reunión "se escuchó a las familias en su indignación por la indiferencia que han sentido en las instancias de gobierno, sus deseos de justicia ante la desaparición de sus hijos, hijas o bebés" y estos colectivos presentaron 12 peticiones para "avanzar en el drama de los desaparecidos en México": Revisar los perfiles de los funcionarios que están al frente de la atención a las familias de los desaparecidos: empatía, sensibilidad y colaboración con los colectivos de las familias. Fortalecer las fiscalías estatales para combatir la impunidad incrementar las capacidades de investigación y combatir la gobernanza criminal. Fortalecer los servicios forenses para identificar los 72 mil cuerpos que están en morgues o fosas comunes y poner en funciones los Centros de Identificación humana. Conformar mesas de trabajo federales y estatales para dar seguimiento a las demandas de las familias de los desaparecidos. Se necesita reconocer legalmente el trabajo de los colectivos de búsqueda y los esfuerzos que han hecho para avanzar en la localización de las personas desaparecidas. Aceptar la colaboración de organismos internacionales para atender el fenómeno de la búsqueda. La nueva ley tiene que garantizar la seguridad de los colectivos de búsqueda y sancionar penalmente a los funcionarios que obstaculicen la justicia en la búsqueda de los desaparecidos. Coordinación entre los distintos niveles de gobierno: subsecretaría de derechos humanos, fiscalía general, fiscalías estatales, comisión nacional de derechos humanos y comisiones de búsqueda. Fortalecer la investigación del Rancho Izaguirre y romper alianzas entre gobernantes y crimen organizado. Atender la niñez desaparecida, tener protocolos diferenciados, campañas de prevención de la desaparición y una educación para la paz. Llevar a cabo un registro nacional de fosas comunes. Fortalecer la seguridad ciudadana capaz de atender la micro criminalidad y estrategias federales para atender la macro criminalidad.   En la reunión la secretaria de Gobernación "pidió sensibilidad a los funcionarios que atienden a las familias de los desaparecidos, propuso mesas de diálogo entre autoridades y colectivos y hubo disposición de los asistentes a colaborar con estos espacios".   La Iglesia católica celebra "esta apertura al diálogo entre colectivos y autoridades, llamamos a poner los medios para atender las demandas y crear una cultura de escucha en las instituciones de gobierno, respuestas coordinadas y el trato digno a las familias buscadoras". Y recuerda que según la Segob de 1952 hasta el 11 de abril de 2025 se han registrado 127 047 personas desaparecidas y no localizadas en el país. La mitad de los casos ocurrieron en el gobierno del presidente López Obrador (2018-2024).