El diagnóstico que la economista María Manjarrez nos ha brindado recientemente arroja que la economía mexicana muestra señales preocupantes de enfriamiento.

De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), el crecimiento en octubre de 2025 fue 0%, lo que anticipa un estancamiento en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y, por extensión, en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional para el cierre del año.

El dato, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refleja que la economía mexicana no logra consolidar una tendencia positiva tras varios trimestres de debilidad. De hecho, el tercer trimestre de 2025 ya mostró una contracción, y los nuevos resultados sugieren que el país podría cerrar el año con una tasa de crecimiento anual cercana a cero, a pesar del contexto internacional favorable en materia de precios de exportación y demanda externa.

Para la también vicepresidenta organizacional del Colegio de Economistas de Sinaloa, el freno no se debe únicamente a factores externos. Entre los elementos internos destacan la incertidumbre jurídica derivada de la reforma al Poder Judicial, el enfriamiento de la inversión privada y la falta de dinamismo del gasto público productivo.

Además, el endurecimiento de las condiciones financieras y los efectos rezagados de las altas tasas de interés continúan limitando el crédito a empresas y consumidores.

Aunado a ello, el Banco de México ha advertido sobre un entorno de desaceleración generalizada en la demanda agregada y en la producción industrial. De manera paralela, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recortado sus expectativas de crecimiento para México a entre 1.3% y 1.5 % para 2025, muy por debajo del potencial estimado de 1.8%–2.8%.

Este ajuste refuerza la preocupación de que el país se mantenga atrapado en una fase de bajo crecimiento estructural, sin los incentivos necesarios para impulsar la productividad ni atraer inversión sostenida.

Como consecuencia, el estancamiento amenaza con debilitar el mercado laboral y frenar la generación de empleo formal, que en los últimos meses ya ha mostrado pérdida neta de plazas en sectores como servicios, comercio y manufactura ligera. Además, el riesgo país ha aumentado, reflejando una mayor percepción de incertidumbre política y regulatoria.

En ese contexto, es preocupante mantener esta tendencia, México podría entrar en una fase de crecimiento nulo o recesión técnica durante los primeros meses de 2026, justo cuando el nuevo gobierno busca implementar su plan de transformación estructural. La prioridad será restaurar la confianza de los inversionistas, garantizar la estabilidad institucional y reactivar los motores internos del crecimiento. (revistaespejo.com)

 “Ofrecí al Fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una Embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepte las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla.” Informó la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera del pasado 28 de noviembre.

 El Fiscal aceptó, y antes de irse, nombró a Ernestina Godoy en una de las áreas, la Fiscalía Especializada de Control Competencial, la que la Constitución y la Ley de la Fiscalía establece que se queda como encargada en ausencia del Fiscal General, hasta que exista un nuevo nombramiento.

La presidenta consideró que existen asignaturas pendientes que son prioritarias en esta área; como garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar, o no, de acuerdo con las pruebas, a órdenes de aprehensión sobre distintos temas “que nos van a ayudar a pacificar el país, a que haya menos violencia, de delincuencia organizada y también de delincuencia de cuello blanco.”

Aunque aclaró que dependerá de la fiscal o el fiscal que llegue definir cuáles son las prioridades y a revisar.

En su opinión personal, la Fiscalía requiere también de una Transformación para el bien de México, que sea más transparente.

“Creo que eso le va a corresponder al fiscal o a la fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar al Senado.”

Sin embargo, “hay temas que tenemos en el Gabinete de Seguridad que ya, en su momento, se irán presentando, que nos parece que son indispensables que se avance.”

Y en seguida enumeró: “Uno de ellos, en efecto, es el tema del contrabando de combustible. Es muy importante que continúen todas las investigaciones y que quien esté en las carpetas de investigación se lleve a la justicia.”

Y “otros temas tienen que ver con lo que hemos planteado como cero impunidad, en temas, repito, de delitos de alto impacto, de generadores de violencia y también de delitos de cuello blanco.”

“Otro tema que nos importa mucho, que todavía es un tema en el país: el de las factureras, o sea, la emisión de facturas falsas para evadir impuestos. Se ha avanzado, porque se ha avanzado, y ha avanzado mucho el SAT con muchas acciones administrativas que evitan que se creen y desaparezcan empresas en un día, en dos días.”

“Pero, de todas maneras, tiene que haber una investigación más profunda sobre ello, porque finalmente es un desfalco al pueblo de México.”

Y, además, planteó la presidenta, “el Poder Judicial está en una nueva etapa también. Entonces, una nueva tarea para quien llegue a la Fiscalía, será transformar la Fiscalía y, al mismo tiempo, dar resultados junto con el Poder Judicial.”

Según algunas fuentes, el ex Fiscal Gertz Manero dejó 36 mil carpetas de investigación de alto nivel a Ernestina Godoy en la FGR, de ese tamaño será el trabajo de quien asuma oficialmente la Fiscalía.

Entre esos casos prioritarios o de alto nivel se encuentran, entre otros, el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), es hoy el que concentra la mayoría de denuncias, irregularidades documentadas

Otro es el caso del “huachicol fiscal” que consiste en importaciones ilegales / simuladas de combustibles, donde la gasolina o diésel entran al país declarados falsamente como “aceites”, “aditivos” u otros productos exentos o de menor gravamen, con el objetivo de evadir impuestos. Además del enorme daño al erario, Este fenómeno pone en evidencia la posibilidad de corrupción institucional: aduanas, autoridades militares, e incluso estructuras del Estado pueden estar implicadas.

Otro ejemplo es el de “La Barredora”, un grupo criminal originario del estado de Tabasco que evolucionó a una banda dedicada al narcotráfico, extorsión, secuestro, robo y tráfico de hidrocarburos (“huachicol”), entre otros delitos.

Según investigaciones periodísticas y de inteligencia, La Barredora no solo operaba como cártel: fungía con apoyo interno en instituciones de seguridad, lo que le permitió infiltrar funciones públicas en Tabasco y operar con gran impunidad.

Si el Estado es una unidad que actúa en la realidad histórico-social, no podemos esquivar el examen, siquiera somero, de la difícil cuestión referente al carácter de esta realidad social. El punto de partida ha de ser aquí la fundamental afirmación de que la realidad social es efectividad humana, es realidad efectuada por el hombre. (Heller, H., Teoría del Estado, F.C.E.)

El autor material del asesinato de Carlos Manzo, identificado como Víctor Manuel "N", alias "El Cuate" o "El Cuete", tenía 17 años al momento de cometer el crimen. 

¿Que lleva a un joven a sumarse a las filas de la delincuencia, en una labor tan deleznable y peligrosa como el sicariato? Una hipótesis: La exclusión social.

La exclusión social, se ha dicho, tiene un vínculo directo con el acceso precario o nulo a los derechos y condiciones que conforman la ciudadanía plena.

Es decir, es la última etapa del proceso de desincorporación social y económica.

La exclusión no deviene de una sola causa, más bien es un problema multidimensional, tanto en lo que se debe a sus causas: desempleo, discapacidad, bajos ingresos, drogadicción, enfermedad, desintegración familias, etcétera, así como a las políticas públicas a establecer para su superación. Por tal motivo, partir de un buen diagnóstico es básico en el planteamiento de la solución del problema. 

En la búsqueda de esa solución se deberá tener bien claro que la administración pública, el aparato burocrático del gobierno, es un instrumento esencial para el desarrollo de la democracia y el aseguramiento del progreso individual y del conjunto de la sociedad. Los servicios públicos son indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y para que éstas puedan ejercer plenamente los derechos y libertades reconocidas por nuestra constitución. 

Por tal razón la administración pública debe de actuar al servicio de toda la ciudadanía y está obligada a hacerlo funcionando con transparencia, eficacia y calidad, y con un compromiso con la calidad de los servicios públicos y convocando a la participación ciudadana en las decisiones públicas y en la definición de los intereses generales de la nación.

Garantizar la calidad de los servicios públicos y el derecho de todas las personas a acceder a ellos en condiciones de igualdad requieren un mejoramiento continuo en la gestión mediante la aplicación obligatoria de modelos de excelencia. Asimismo, crear nuevos servicios públicos de ayuda a las familias, a las personas dependientes, especialmente a los niños y jóvenes, y enfocarlos a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Para todo ello, es necesario incrementar de forma selectiva las inversiones públicas para subsanar los déficits de los servicios públicos de seguridad pública, educación, asistencia social y apoyo a las familias. 

Por otra parte, la administración pública debe convertirse en un factor que dinamice la economía, convirtiéndose en un agente más productivo. Para cumplir esto, deberá ofrecer más y mejores servicios públicos con los mismos recursos que actualmente emplea; reorientar sus actividades en función de los objetivos y resultados y aspirar a la máxima excelencia en la calidad de los servicios que presta. 

Todo ello sin dejar de lado que el gasto público deberá considerar también una orientación hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico y humano, en aras de buscar un funcionamiento eficiente y productivo de la economía y así garantizar un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo. 

En nuestra hipótesis, acabar con los altos niveles de exclusión social en el país, es una de las grandes tareas en la lucha contra el crimen. Sin desatender las otras acciones que ya hemos planteado en este mismo espacio, en el artículo “La seguridad pública como reto” (nuestrarevista.com.mx)

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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