Los procesos electorales recién vividos en nuestro país despertaron el interés de una parte importante de nuestra población. Personas que por años se mostraron apáticas a participar en temas políticos se introdujeron en ellos a través de discusiones en redes sociales, pláticas de café, reuniones de amigos o familiares, e incluso participando activamente, en manifestaciones y/o promoviendo el voto y asistiendo a las urnas a sufragar por sus candidatos favoritos. 

Aprovechando ese ánimo renovado por la política, les comparto en este envío un fragmento de la conferencia “La política como vocación”, dirigida  por el sociólogo alemán Max Weber a la Asociación Libre de Estudiantes, en Múnich. 

Por política entenderemos solamente la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política, es decir, en nuestro tiempo, de un Estado.

¿Pero, qué es, desde el punto de vista de la consideración sociológica, una asociación política? Tampoco es éste un concepto que pueda ser sociológicamente definido a partir del contenido de su actividad. 

Apenas existe una tarea que aquí o allá no haya sido acometida por una asociación política y, de otra parte, tampoco hay ninguna tarea de la que puede decirse que haya sido siempre competencia exclusiva de esas asociaciones políticas que hoy llamamos Estados o de las que fueron históricamente antecedentes del Estado moderno. 

Dicho Estado sólo es definible sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física. “Todo Estado está fundado en la violencia”, dijo Trotsky en Brest-Litowsk. 

Objetivamente esto es cierto. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia habría desaparecido el concepto de “Estado” y se habría instaurado lo que, en este sentido específico, llamaríamos “anarquía”. La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado se vale, pero sí es su medio específico. 

Hoy, precisamente, es especialmente íntima la relación del Estado con la violencia. En el pasado las más diversas asociaciones, comenzando por la asociación familiar, han utilizado la violencia como un medio enteramente normal. Hoy, por el contrario, tendremos que decir que Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es el elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física legítima. 

Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia. 

El diputado federal, y futuro senador por el partido Morena, Gerardo Fernández Noroña, una vez ocurrido el triunfo de la izquierda señaló:  “no hay engaño’’, porque se dijo que habrá reformas muy importantes al marco constitucional y que se necesitan, entre otras la reforma al Poder Judicial. 

Tiene razón Noroña, eso se dijo y ese es el mandato de la ciudadanía, si tomamos en cuenta los resultados de la pasada elección federal, que le dio la Presidencia de la República y la mayoría del Congreso de la Unión a la alianza encabezada por el partido Morena. 

En conferencia de prensa previa al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, con la participación de senadores y diputados federales morenistas, Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales morenistas, recordó que la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara Baja ya acordó que el paquete de reformas a la Constitución que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó de manera formal en febrero pasado está vigente por lo que la reforma judicial se podrá votar en cuanto se instale la nueva Legislatura, el próximo 1 de septiembre.

Por ser de interés nacional, enumero y recuerdo a ustedes las reformas de las que estamos hablando. 

1. Indígenas y afrodescendientes

El Gobierno propone modificar el artículo 2 de la Constitución para reconocer como sujetos de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Señala que el Gobierno federal, los estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México deben impulsar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas para mejorar su bienestar.

Propone garantizar la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones, fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe. Además de impulsar su economía y fomentar la agroecología, los cultivos tradicionales y el óptimo uso de la tierra.

A los integrantes de las comunidades afromexicanas se les da carácter de sujetos de derecho público y protege su identidad cultural, modos de vida, así como expresiones espirituales.

Se les incluirá en la producción de datos y estadísticas oficiales como censos y encuestas.

2. Pensión para adultos mayores y personas con discapacidad

La reforma en Materia de Bienestar busca convertir en derechos constitucionales varios programas sociales.

La iniciativa plantea que toda persona con discapacidad menor de 65 años reciba una pensión, además se deberá garantizar su rehabilitación, priorizando a los menores de 18 años.

Que el monto de los recursos de las pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y becas a estudiantes sean progresivas; es decir, que no disminuya su monto con los años. Estos recursos serán transferidos directamente a los beneficiarios.

Todo tiene su tiempo. Una vez pasada la elección en la que el pueblo de México eligió a quien ocupará el Poder Ejecutivo, lo que sigue es mirar hacia adelante y seguir construyendo el nuevo horizonte mexicano. 

De acuerdo al mandato de la mayoría del pueblo, la futura presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, deberá continuar con el proyecto del Humanismo mexicano.

De este criterio se desprende, por ejemplo, que el fundamento de la política económica es que el progreso sin justicia es retroceso. 

Entonces no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia. En la nueva política económica, moral y social desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales.

Considerar que lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo; es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miserias y temores.

Por otra parte, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de la mayoría del pueblo y de manera específica, en beneficio de los más pobres y marginados.

La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social deben descansar en respetar, atender y escuchar a todas y a todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados.  

Atender a los más pobres es también ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Que sea el pueblo el que defienda al gobierno democrático. 

Mientras que , por su parte, los partidos de oposición deberán reflexionar y hacer un ejercicio autocrítico muy severo. 

En la actualidad, a pesar de que los partidos políticos son esenciales para nuestra democracia, algunos elementos tales como su forma de organización interna, sus procedimientos de actuación y toma de decisiones y algunas suspicacias en cuanto a su financiamiento y trasparencia en el uso de los recursos han propiciado un alejamiento de los ciudadanos que los han dejado de ver como instrumentos esenciales de participación política, deteriorando la calidad de la democracia.

Ante este panorama y la fuerza que ha mostrado Morena, el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos partidos optaron por actuar aliados, en las más recientes elecciones, con malos resultados.

Dice Maurice Duverger que las alianzas entre partidos tienen formas y grados muy variables. Algunas son efímeras y desorganizadas: simples coaliciones provisionales, para beneficiarse de ventajas electorales, para echar abajo un gobierno o para sostenerlo ocasionalmente. Otras son duraderas y están bien provistas de una sólida armazón, que las hace parecerse a veces a un superpartido.

De acuerdo a la experiencia que hemos estado viviendo, para obtener mejores resultados, los partidos en alianza deberán en primer lugar definir qué tipo de alianza quieren formar y que clase de oposición quieren llegar a ser, inclusive ideológicamente.

Encaminar entonces sus pasos a democratizarse al interior, abriendo esos institutos políticos a la ciudadanía para generar una participación eficaz que de confianza a la participación de todos.

Articular así un amplio acuerdo social con compromisos concretos tales como la regulación de los derechos y deberes de los afiliados, la designación de los órganos internos de dirección, la construcción de las candidaturas a cargos públicos representativos y las garantías de los procesos internos y las fuentes de financiamiento, entre otras cosas.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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