El Tratado de Libre Comercio de América del Norte permitió incrementar de manera exponencial el intercambio de bienes y servicios en la región Norte del continente americano desde su entrada en vigor a mediados de la década de los noventa, pero los flujos migratorios desde México, documentados e indocumentados, a Estados Unidos aumentaron a pesar de la premisa de que el libre comercio evitaría la salida masiva de mexicanos. (revistas.unam.mx)

Pues bien, ahora México, Estados Unidos y Canadá se preparan para la revisión conjunta del T-MEC, programada para el 1 de julio de 2026.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, reemplazando al TLCAN en Estados Unidos, según la Ley de Implementación H.R. 5430/Ley Pública 116-113. 

El Acuerdo prevé una revisión conjunta obligatoria seis años después, el 1 de julio de 2026. En esa fecha, México, Estados Unidos y Canadá evaluarán su desempeño, formularán recomendaciones y decidirán si extienden su vigencia por 16 años más. 

Desde la perspectiva del gobierno estadounidense, la revisión del T-MEC evaluará si las reglas de origen, especialmente los requisitos de Valor de Contenido Laboral, cumplen sus objetivos. También podría permitir ajustes a las regulaciones que promuevan salarios más altos en la producción regional. 

Además, el Poder Ejecutivo estadounidense analizará el impacto del Tratado en los trabajadores, agricultores y empresas. Presentará recomendaciones al Congreso para garantizar un comercio justo y beneficioso para todos los sectores.

Una reciente Declaración Conjunta de México, Estados Unidos y Canadá reconoce que el T-MEC ha mejorado el bienestar económico en América del Norte.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, anticipa una revisión compleja del T-MEC en 2026, pero proyecta menos incertidumbre para las inversiones en México. Las negociaciones buscarán fortalecer la competitividad de América del Norte y la seguridad de la cadena de suministro.

Ebrard ha enfatizado que México y Estados Unidos consolidarán los factores estratégicos y estructurales del acuerdo. A pesar de los desafíos, espera mayor claridad durante 2026, lo que favorecerá la inversión privada y permitirá avanzar en las relaciones comerciales y la cooperación bilateral en diversos sectores.

Ante los últimos casos de corrupción en los que se han visto envueltos políticos y funcionarios pertenecientes al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado postura. Por ejemplo, en el evento conmemorativo a su primer año de gobierno expresó: “Eso se acabó, porque en este México nuevo, la honestidad no es la excepción, es la regla. Y quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia.”

 “El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en derechos, en Programas de Bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional.”

 Dicho lo anterior y ya encaminada la presidenta en la carrera de acabar con el fenómeno de la corrupción, y para que su empeño tenga posibilidades de éxito, el gobierno de la cuarta transformación tiene como tarea investigar, analizar y definir la naturaleza de la corrupción en México, y de ahí partir para definir la metodología para erradicarla, es decir, su estrategia.

Si la corrupción es un producto de la inmadurez político-administrativa del sistema; esto es, el sistema heredó muchas instituciones que vinieron a coadyuvar la permanencia de los mecanismos tradicionales de corrupción como son: la actitud de superioridad burocrática, el nepotismo e influyentismo, los intermediarios, los coyotes, la mordida, etcétera, entonces sus manifestaciones podrán controlarse por medio de reformas sectoriales a la estructura administrativa, que con un efecto multiplicador irán cambiándola, al mismo tiempo que aceleran el desarrollo integral del país. 

Si la corrupción es un elemento estructural del sistema, independientemente del estadio del desarrollo por el que se atraviesa, entonces el problema solo puede ser atacado mediante un cambio integral y radical del sistema y no a través de caminos sectoriales.

Para tal efecto, deberá iniciar resolviendo algunos cuestionamientos tales como: hay en la burocracia una incapacidad adiestrada por lo tanto incapaz de responder a situaciones especiales, o la inadaptación es intencional y obedece a otros factores?; es la corrupción un elemento estructural del sistema, o es producto de la inmadurez del mismo?; siempre ha tenido las mismas características o va cambiando, atenuándose cada vez más? ; es la corrupción producto de una mala administración y por lo tanto, puede erradicarse conforme se mejoran los sistemas, procedimientos y métodos administrativos, o es un elemento estructural y se erradicará solamente con la desaparición de la estructura actual? ; y cuál es el factor determinante de la corrupción, el que se refiere a los sistemas administrativos, relacionado con interacción social burocracia-público?; cómo puede atacar el problema de la manera más efectiva, con una estrategia basada en cambios sectoriales, o con un cambio radical y total del sistema? .

Una vez resueltos estos cuestionamientos, de ahí partir y no errar en el intento.

El tema del combate a la corrupción es un asunto grave del país, es una cuestión de supervivencia y extinción, una cuestión qué hay que reflexionar detenidamente para hacerla tarea exitosa por el bien de México.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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En el evento encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se conmemoró el primer año de su gobierno, se habló de intenciones y logros. Esta semana me gustaría recordar también algunos pendientes. Acompáñenme por favor.

La encuesta mensual sobre aprobación presidencial realizada por MITOFSKY para El Economista revela que, al cumplir un año en el desempeño del cargo, la principal preocupación de los mexicanos es la seguridad (55%), seguida de salud (16.2%) y economía (11.7%).

Con respecto a la percepción de corrupción, 74.9% de los 62,403 ciudadanos encuestados respondió que es “mucha/regular” y 21.1% que es “poca/nada”. (mitofsky.mx)

En cuanto a la principal preocupación de la población, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, señaló que en junio de 2025, 63.2% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas (ciudades) de interés consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo en comparación con marzo (61.9 %) de 2025 y junio (59.4 %) de 2024.

En esta edición, 16 áreas urbanas de interés presentaron cambios estadísticamente significativos frente a marzo de 2025: 6 con reducciones y 10 con incrementos.

En junio de 2025, 68.5 % de las mujeres y 56.7% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro.

Las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron: Culiacán Rosales, con 90.8; Ecatepec de Morelos, con 90.7; Uruapan, con 89.5; Tapachula, con 88.1 y Ciudad Obregón, con 88.0 por ciento.

En contraste, las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García con 11.0; Piedras Negras, con 16.9; Benito Juárez, con 22.0; Saltillo, con 23.5 y Puerto Vallarta, con 27.3 %.

En cuanto a la expectativa social sobre seguridad pública, en junio de 2025, de la población de 18 años y más residente en las áreas urbanas de interés, 32.5 % consideró que, en los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal.

Además, 25.4 % de la ciudadanía refirió que la situación empeorará en los próximos 12 meses. Lo anterior representa un aumento estadísticamente significativo de 7.3 puntos porcentuales en relación con junio de 2024 cuando se reportó 18.1 %; y de 2.5 puntos porcentuales en relación con marzo de 2025, cuando fue de 22.9%.

En contraste, 16.1 % de la población de 18 años y más respondió que la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de bien y 25.1% manifestó que mejorará.

En lo referente a la percepción del desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad pública o la defensa nacional en la prevención y combate de la delincuencia, en junio de 2025, los porcentajes de la población de 18 años y más que identificó a las diversas autoridades de seguridad pública y que percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: Marina, con 87.5; Fuerza Aérea Mexicana, con 84.0; Ejército, con 83.1; Guardia Nacional, con 72.5; policía estatal, con 52.4, y policía preventiva municipal, con 46.4%. (inegi.org.mx)

Pero para no quedarme solo en el planteamiento del problema, propongo un camino. En mi hipótesis, la solución a esa grave situación debe venir desde lo local, acompañada con una gran coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y, por supuesto, con el concierto de los otros poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial.

Reitero, la solución del grave problema de inseguridad pública en el país debe partir de una política transexenal surgida desde lo local. Es decir, hoy más que nunca los gobernadores deben tener la voluntad política y la determinación para combatir la inseguridad con mucha claridad, para lograr soluciones y, además, estar libres de sospecha.

Es decir, se trata de un reto que debe enfrentarse de manera coordinada y, a su vez, tener claro que para entender al crimen y su lógica se requiere cercanía con la población y compromiso para generar acciones de gobierno.