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2024: Caminemos a la Armonía

Vivimos en una sociedad polarizada, se ha dicho y se ha dicho bien. Económicamente hablando, la mayoría de los mexicanos pertenecen a la clase baja o de menores ingresos, la clase media se ha mantenido y muy pocas personas pertenecen a la clase alta, es decir que tienen altos ingresos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los promedios nacionales, el 56.6% está en la clase baja, el 42.2% de los mexicanos estarían en la clase media y sólo el 1.2% en la clase alta.

A ese esquema de la distribución de la riqueza, factor central del conflicto social, se suman algunas otras diferencias en la sociedad: los sistemas de creencias, ideológicos, religiosos y, con ello, la manera que percibimos la solución a los problemas sociales que se derivan de nuestra convivencia.

¿En qué términos puede ser gobernada una comunidad de esas características, si, además,  tiene que incluir a una multitud de asociaciones que son todas, al menos en potencia, centros de poder?

En el supuesto liberal, el gobierno puede ser una cuestión de consulta continua, de discusión, de negociación, con la aceptación franca del hecho de que un Estado tiene que contentarse con objetivos limitados y el empleo de medios limitados.

Aunque una comunidad humana depende del acuerdo, una forma útil del acuerdo es simplemente el acuerdo de diferir. Pero si existe inteligencia y buena voluntad, puede llegarse a un consenso que aporte el acuerdo suficiente para apoyar la acción colectiva y que ésta pueda ser razonablemente eficaz sin ser de opresora.

La discusión abierta es, después de todo, la mejor comprobación de una idea y se tiene que aceptar la conclusión de que la política es intrínsecamente controvertible. Porque los intereses absolutamente legítimos entran frecuentemente en conflicto, aún en la sociedad más homogénea, se debe dejar que cada parte exprese su propia posición, aún al precio de torcer los juicios y de cierto grado de mendacidad, ésta es después de todo la mejor manera de llegar a la verdad o de alcanzar una decisión justa.

Desde este punto de vista liberal, un gobierno es antes que nada una serie de instituciones destinadas a reglamentar la reflexión y la discusión públicas y a pesar de las demandas contrarias con el fin de elaborar una política aplicable.

Un gobierno es, indudablemente, una organización del poder y la ley existe para hacer que la gente haga lo que no haría sin ella. Pero el poder ejercido tras una apreciación racional de las demandas es moralmente distinto de la fuerza desnuda y tiene muchas posibilidades de ser más inteligente. Porque la sabiduría humana consiste menos en la certidumbre que la posibilidad de corregir los errores.

Esto presupone, por parte del gobierno, el reconocimiento de que actúa sobre un consenso que casi nunca es total y que, al actuar por la voluntad de una mayoría, tiene que prestar la debida atención a las minorías que no representa. (George H. Sabine, Historia de la Teoría Política)

Este 2024 los mexicanos seremos convocados a las urnas para elegir a quien encabezará la Presidencia de la República, además de quienes conformarán las cámaras de senadores y diputados, es decir, decidiremos quiénes conformarán los poderes Ejecutivo y Legislativo y, con ello, el método de elección del poder Judicial.

Asumamos el compromiso ciudadano de participar en algo tan importante como es la elección del proyecto de nación que nos permitirá transitar los próximos años como mexicanos. Siempre pensando en que sea un proyecto justo y equilibrado que nos permita vivir cordialmente y en armonía, aún con nuestras diferencias y, que, sobre todo, haga que esta realidad polarizada se atenúe cerrando la brecha entre los que tienen mucho y los que casi nada tienen.

Mi deseo es que todos tengamos un gran año 2024, lleno de compasión, luz, armonía y mucha felicidad. Abrazo.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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La reforma del Poder Judicial también es un compromiso ciudadano

De acuerdo al Artículo 96 de la Constitución mexicana, para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. “La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”

La hipótesis se dio y una vez que fueron rechazadas en dos ocasiones las ternas enviadas por el presidente López Obrador, este eligió a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para cubrir la vacante que dejó el ministro Arturo Zaldívar tras su renuncia el 7 de noviembre.

En la primera votación en el Senado se registraron 29 votos a favor de Bertha Alcalde Luján, 33 a favor de Batres Guadarrama; 12 a favor de Eréndira Cruz Villegas Fuentes, uno nulo, y 46 en contra de la terna. En la segunda votación hubo 16 votos a favor de Alcalde Luján, 54 a favor de Batres Guadarrama, dos por Cruz Villegas Fuentes, tres nulos y 46 en contra.

De acuerdo a lo platicado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el se había reunido con Lenia Batres y Bertha Alcalde. “Les dije a las dos: ‘ayúdenme, cómo le hacemos, estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo, yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años’ (...) Y Bertha me dijo: ‘Presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo, yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea’. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla.”

“O sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario, porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan, y por eso fue Lenia la propuesta. Y claro que nos va a seguir ayudando Bertha, y el tiempo que me queda, a lo mejor en otras cosas, donde me ayude más porque ya demostró con hechos que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene ideales, así fue y ya es ministra”, dijo el Presidente.

Finalmente apuntó que Lenia Batres sería incapaz de recibir “una consigna” o una “línea” de nadie: “Primero yo no lo haría y tampoco ellas aceptarían que yo les dijera: ‘votas así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción”.

De esa forma se siguieron los pasos y protocolos derivados de lo dictado en artículo 96 de nuestra Carta Magna, norma fundamental establecida para regir jurídicamente nuestro país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación: poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles diferenciados del gobierno (el federal, estatal y municipal), y entre todos aquellos y los ciudadanos.

A propósito del tema, vale la pena hacer mención que en agosto pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Poder Judicial necesita una renovación urgente que limpie los excesos y la corrupción; la mejor forma, dijo, es incorporarlo a la vida democrática, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, para que la ciudadanía elija en las urnas a jueces, magistrados y ministros.

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Seguridad pública: la asignatura pendiente

Una masacre ha manchado de sangre por enésima vez la Tierra Caliente del Estado de México. Al menos 14 personas han muerto, cuatro recibieron heridas de bala y dos permanecen desaparecidas este viernes tras un enfrentamiento a tiros entre un comando criminal y un grupo de civiles en el municipio de Texcaltitlán, según ha confirmado la Secretaría de Seguridad de la entidad en un comunicado. De los fallecidos, 11 pertenecían presuntamente a una célula de La Familia Michoacana; los otros tres eran vecinos de la comunidad.

La prensa local habla de un conflicto por el derecho de piso, una práctica habitual del crimen organizado, que extorsiona a los propietarios de negocios o tierras para que paguen una suerte de impuesto ilegal a cambio de poder realizar sus actividades. De acuerdo con los primeros indicios, el tiroteo se ha producido tras una negociación fallida, ya que el comando criminal trató de elevar los pagos y los trabajadores se revolvieron contra la subida.

Los vecinos se reunieron con los criminales el viernes en la mañana para tratar de resolver la situación, pero el encuentro derivó en un enfrentamiento a tiros y cuchilladas que se saldó con los 14 muertos. En un principio, la Secretaría de Seguridad informó de 11 víctimas. De acuerdo con el diario El Universal, los civiles eran agricultores extorsionados a pagar un impuesto por cada metro cuadrado de siembra. La policía del Estado ya se ha trasladado al lugar de los hechos para investigar la masacre, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército. (elpais.com)

Mientras eso pasaba en el Estado de México, en Coahuila el Gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezaba la primera Reunión de Coordinación Estatal por la Construcción de Paz y Seguridad de su administración, en la que reiteró su compromiso total con la seguridad y el orden de Coahuila.

"Tenemos el compromiso de trabajar en equipo entre instituciones de seguridad municipales, estatales y federales por un Coahuila más seguro y en orden. Por nuestras familias, en seguridad ni un paso atrás".

Manolo Jiménez recordó que dentro de su plan de trabajo para los primeros cien días de Gobierno están contempladas acciones en materia de seguridad. Anunció que en enero se estarán entregando 150 patrullas y vehículos tácticos a la Policía Estatal, además de equipo y uniformes a sus integrantes; cuarteles y arcos de seguridad en todo el estado.

“Estoy seguro que si seguimos trabajando en equipo vamos a continuar teniendo buenos resultados y mejorando la calidad de vida de nuestra gente”, subrayó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Gran noticia para los coahuilenses que el compromiso con la seguridad siga vigente ya que ha dado grandes resultados.

Del modelo Coahuila de seguridad pública, iniciado en el sexenio que gobernó Rubén Moreira Valdez, queda claro que los gobernadores deben tener la voluntad política y la determinación para combatir la inseguridad, ya que de otra forma los municipios no podrán hacerlo solos.

Es decir, se trata de un reto que debe enfrentarse de manera coordinada y, a su vez, tener claro que para entender al crimen y su lógica se requiere cercanía con la población y compromiso para generar acciones de gobierno.

En este afán, es fundamental realizar un análisis por cada municipio con el fin de identificar las particularidades sociales, económicas, culturales y geográficas, y la forma como influyen en la manera en que se manifiesta la inseguridad. Esto con el fin de establecer la estrategia adecuada para atacar las causas socioeconómicas y culturales del delito.

También es necesario entender la geografía del delito y además fortalecer la capacidad municipal en materia de seguridad. Lo que significa que no solo se tiene que invertir en proyectos de seguridad, sino en un plan que implique fortalecimiento de la estructura educativa, más escuelas y de fácil acceso en todos los niveles educativos, para lograr una mayor cobertura.

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