En el invierno de 1985, el Maestro Gastón García Cantú nos dijo: “La situación de la frontera con los Estados Unidos es un problema nacional. Históricamente siempre ha sido. La frontera con ese país ha sido causa de nuestros mayores conflictos. La colonización autorizada por Iturbide a Moisés Austin terminó en pretexto político, primero, para la supuesta independencia de Texas, después, en la anexión que terminó en guerra de conquista. Las condiciones de hoy son, estrictamente, diferentes: el propósito de avanzar sobre México es el mismo, sólo han cambiado los signos de los tiempos y un hecho relevante: las masas norteamericanas en lo que fueran campos desolados, y las masas mexicanas: una parte, en los propios Estados Unidos; otros, tendidos en las ciudades de la frontera, asimilándose lengua, modos, semicultura, prejuicios, políticos y un pragmatismo de aventureros que tiene en el dólar el brillo que tuviera el peso mexicano ante los ojos de Adams.”

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el presente invierno, luego de una reunión en Palacio Nacional con el secretario de Estado, Antony Blinken; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas y la asesora presidencial de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, señaló que “ahora más que nunca es indispensable una política de buena vecindad con Estados Unidos porque ya son muchos los paisanos mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, 40 millones, también es muy amplia nuestra frontera, más de 3 mil kilómetros”.

Además, ante la inédita llegada de inversión a México, puntualizó que la relación bilateral es fundamental y debe cuidarse.

La crisis migratoria y la gestión de la frontera fue el gran motivo de la reunión binacional. Como ejemplo del nivel del problema, “la media de ‘encuentros’ eufemismo que esconde el número de detenciones de inmigrantes de los agentes de la Patrulla Fronteriza, alcanzó los 9,600 de media semanal a principios de diciembre.

El año fiscal de 2023 (que va hasta septiembre, desde el octubre anterior) ha dejado más de 3.2 millones de ‘encuentros’ cifra que ha pulverizado todos los registros; también el de 2022, que rompió el anterior récord con 2.7 millones de aprehensiones.” (elpais.com)

López Obrador indicó que integrantes del Gobierno de México presentaron en el encuentro los avances de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, dos programas creados por el Gobierno de la Cuarta Transformación aplicados en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba.

En tanto, dijo, Estados Unidos mantiene el mecanismo legal en materia de movilidad a través de la entrega de visas de trabajo, permisos humanitarios y de reunificación familiar.

Para el presidente, “a veces se rebasa el procedimiento que se tiene establecido; han permitido el ingreso en promedio de 30 mil migrantes por mes, sin embargo, son rebasados porque también hay muchas necesidades en los países de América Latina y el Caribe; hay pobreza y la gente busca mejores condiciones de vida y de trabajo con la migración”.

Vivimos en una sociedad polarizada, se ha dicho y se ha dicho bien. Económicamente hablando, la mayoría de los mexicanos pertenecen a la clase baja o de menores ingresos, la clase media se ha mantenido y muy pocas personas pertenecen a la clase alta, es decir que tienen altos ingresos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los promedios nacionales, el 56.6% está en la clase baja, el 42.2% de los mexicanos estarían en la clase media y sólo el 1.2% en la clase alta.

A ese esquema de la distribución de la riqueza, factor central del conflicto social, se suman algunas otras diferencias en la sociedad: los sistemas de creencias, ideológicos, religiosos y, con ello, la manera que percibimos la solución a los problemas sociales que se derivan de nuestra convivencia.

¿En qué términos puede ser gobernada una comunidad de esas características, si, además,  tiene que incluir a una multitud de asociaciones que son todas, al menos en potencia, centros de poder?

En el supuesto liberal, el gobierno puede ser una cuestión de consulta continua, de discusión, de negociación, con la aceptación franca del hecho de que un Estado tiene que contentarse con objetivos limitados y el empleo de medios limitados.

Aunque una comunidad humana depende del acuerdo, una forma útil del acuerdo es simplemente el acuerdo de diferir. Pero si existe inteligencia y buena voluntad, puede llegarse a un consenso que aporte el acuerdo suficiente para apoyar la acción colectiva y que ésta pueda ser razonablemente eficaz sin ser de opresora.

La discusión abierta es, después de todo, la mejor comprobación de una idea y se tiene que aceptar la conclusión de que la política es intrínsecamente controvertible. Porque los intereses absolutamente legítimos entran frecuentemente en conflicto, aún en la sociedad más homogénea, se debe dejar que cada parte exprese su propia posición, aún al precio de torcer los juicios y de cierto grado de mendacidad, ésta es después de todo la mejor manera de llegar a la verdad o de alcanzar una decisión justa.

Desde este punto de vista liberal, un gobierno es antes que nada una serie de instituciones destinadas a reglamentar la reflexión y la discusión públicas y a pesar de las demandas contrarias con el fin de elaborar una política aplicable.

Un gobierno es, indudablemente, una organización del poder y la ley existe para hacer que la gente haga lo que no haría sin ella. Pero el poder ejercido tras una apreciación racional de las demandas es moralmente distinto de la fuerza desnuda y tiene muchas posibilidades de ser más inteligente. Porque la sabiduría humana consiste menos en la certidumbre que la posibilidad de corregir los errores.

Esto presupone, por parte del gobierno, el reconocimiento de que actúa sobre un consenso que casi nunca es total y que, al actuar por la voluntad de una mayoría, tiene que prestar la debida atención a las minorías que no representa. (George H. Sabine, Historia de la Teoría Política)

Este 2024 los mexicanos seremos convocados a las urnas para elegir a quien encabezará la Presidencia de la República, además de quienes conformarán las cámaras de senadores y diputados, es decir, decidiremos quiénes conformarán los poderes Ejecutivo y Legislativo y, con ello, el método de elección del poder Judicial.

Asumamos el compromiso ciudadano de participar en algo tan importante como es la elección del proyecto de nación que nos permitirá transitar los próximos años como mexicanos. Siempre pensando en que sea un proyecto justo y equilibrado que nos permita vivir cordialmente y en armonía, aún con nuestras diferencias y, que, sobre todo, haga que esta realidad polarizada se atenúe cerrando la brecha entre los que tienen mucho y los que casi nada tienen.

Mi deseo es que todos tengamos un gran año 2024, lleno de compasión, luz, armonía y mucha felicidad. Abrazo.

José Vega Bautista

@Pepevegasicilia

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De acuerdo al Artículo 96 de la Constitución mexicana, para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. “La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”

La hipótesis se dio y una vez que fueron rechazadas en dos ocasiones las ternas enviadas por el presidente López Obrador, este eligió a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para cubrir la vacante que dejó el ministro Arturo Zaldívar tras su renuncia el 7 de noviembre.

En la primera votación en el Senado se registraron 29 votos a favor de Bertha Alcalde Luján, 33 a favor de Batres Guadarrama; 12 a favor de Eréndira Cruz Villegas Fuentes, uno nulo, y 46 en contra de la terna. En la segunda votación hubo 16 votos a favor de Alcalde Luján, 54 a favor de Batres Guadarrama, dos por Cruz Villegas Fuentes, tres nulos y 46 en contra.

De acuerdo a lo platicado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el se había reunido con Lenia Batres y Bertha Alcalde. “Les dije a las dos: ‘ayúdenme, cómo le hacemos, estamos hablando de 15 años asegurados de trabajo, yo espero que les vamos a ganar y que vamos a bajar los sueldos, pero son 15 años’ (...) Y Bertha me dijo: ‘Presidente, yo gané la primera votación, pero después Lenia ganó las últimas dos, sacó más votos que yo, yo no tengo ningún problema, yo puedo ayudar en otra tarea’. No lo hice, pero tenía ganas de pararme a abrazarla.”

“O sea, un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario, porque hay quienes por un cargo menor se desgreñan, se rasguñan, y por eso fue Lenia la propuesta. Y claro que nos va a seguir ayudando Bertha, y el tiempo que me queda, a lo mejor en otras cosas, donde me ayude más porque ya demostró con hechos que tiene convicciones, que tiene principios, que tiene ideales, así fue y ya es ministra”, dijo el Presidente.

Finalmente apuntó que Lenia Batres sería incapaz de recibir “una consigna” o una “línea” de nadie: “Primero yo no lo haría y tampoco ellas aceptarían que yo les dijera: ‘votas así, tratándose de una injusticia o para proteger un acto de corrupción”.

De esa forma se siguieron los pasos y protocolos derivados de lo dictado en artículo 96 de nuestra Carta Magna, norma fundamental establecida para regir jurídicamente nuestro país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la federación: poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres niveles diferenciados del gobierno (el federal, estatal y municipal), y entre todos aquellos y los ciudadanos.

A propósito del tema, vale la pena hacer mención que en agosto pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Poder Judicial necesita una renovación urgente que limpie los excesos y la corrupción; la mejor forma, dijo, es incorporarlo a la vida democrática, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, para que la ciudadanía elija en las urnas a jueces, magistrados y ministros.