Desde el inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una coordinación de seguridad con EE. UU. basada en el respeto a la soberanía mexicana, cooperación sin subordinación, y rechaza la injerencia militar extranjera o la instalación de plataformas operativas permanentes de agencias estadounidenses en México; la relación se enfoca en compartir inteligencia, combatir el fentanilo y la criminalidad, y se enfatiza la intervención exclusiva de fuerzas mexicanas en su territorio, manteniendo una colaboración institucional. 

Si tomamos en cuenta las últimas declaraciones de altos funcionarios de nuestro vecino país, las cosas van marchando bien en cuanto a esa coordinación. Por ejemplo, el senador estadounidense Marco Rubio elogió recientemente la cooperación en seguridad del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, afirmando que "México está haciendo más que nunca en su historia" en este tema. 

Durante una conferencia de prensa en Washington D.C., Rubio, quien funge como secretario de Estado de EE. UU. en la administración actual, destacó que la cooperación bilateral ha alcanzado un nivel "sin precedentes".

Señaló, además, que, si bien aún existen desafíos, la coordinación con México es constante y real, convirtiendo al país en una pieza clave de la agenda regional de seguridad. 

Declaraciones que marcan un giro notable respecto a sus críticas de años anteriores hacia la administración previa, resaltando una percepción de mayor colaboración por parte del gobierno de Sheinbaum en el combate al crimen organizado y el tráfico ilegal. 

Rubio contrastó la situación con Venezuela, indicando que ese país representa el caso opuesto, al no cooperar con Estados Unidos e incluso colaborar con elementos criminales. 

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo el viernes pasado que más de 2,5 millones de inmigrantes ilegales han abandonado Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo este año, citando una amplia ofensiva migratoria que, según dice, ha llevado a la "frontera más segura en la historia estadounidense".

En un informe de fin de año que destaca los logros de la agencia, el DHS afirmó que los cruces fronterizos ilegales se redujeron un 93 % interanual, el tráfico de fentanilo se redujo a la mitad y cientos de miles de inmigrantes ilegales delincuentes fueron arrestados o deportados, lo que representa un cambio drástico con respecto a la administración Biden.

"En menos de un año, el presidente Trump ha logrado algunos de los logros más históricos y trascendentales de la historia presidencial, y esta administración apenas está comenzando", declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, estamos haciendo que Estados Unidos vuelva a ser seguro y priorizando al pueblo estadounidense. En un tiempo récord, hemos asegurado la frontera, combatido a los cárteles y arrestado a miles y miles de inmigrantes ilegales delincuentes".

Si bien el primer año de Trump en el cargo fue "histórico", la administración "no descansará hasta que la tarea esté terminada", añadió Noem.

De los 2,5 millones de inmigrantes indocumentados que abandonaron el país desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero, se estima que 1,9 millones se autodeportaron y más de 622.000 fueron expulsados, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A finales del mes del pasado mes de marzo, tras una reunión de trabajo con la presidenta, Kristi Noem informó que la reunión con Sheinbaum había tenido la finalidad de “discutir el papel de México en la seguridad de la frontera entre Estados Unidos y México”.

“El despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera y la aceptación de vuelos de deportación es un paso positivo, pero aún queda mucho trabajo por hacer para detener el flujo de drogas e inmigrantes ilegales a nuestro país”, afirmó.

“Nuestra alianza ayudará a que Estados Unidos y la región centroamericana vuelvan a ser seguros”, añadió Noem.

En agosto pasado, 18 empresas y organizaciones de la región lagunera emitieron un desplegado en el que denunciaron extorsiones y cobros ilegales "a manos de operadores vinculados a la organización sindical CATEM y grupos del crimen organizado”. Tras este llamado de auxilio, la Fiscalía General (FGR) realizó en septiembre un operativo en el local sindical de la CATEM de Gómez Palacio, Durango.

La semana pasada la autoridad federal anunció la detención de quien encabezara un esquema de cobro de cuotas dirigido a ganaderos, comerciantes, transportistas y productores agropecuarios.

De acuerdo con lo indicado por el gobierno federal, las acciones, encabezadas por dependencias del Gabinete de Seguridad federal, forman parte de una ofensiva contra redes de extorsión, lavado de dinero y robo de hidrocarburos en la región Laguna. (sinembargo.mx)

Al referirse al tema, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la presidenta Claudia Sheinbaum, señaló; “uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país. Y por eso la modificación que hubo en la Constitución, en las leyes o la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en los estados.”

El argumento de la presidenta: “La extorsión estaba asociada a un delito estatal principalmente, y dependía de la denuncia de un ciudadano.

La modificación lo que hace es, primero, involucrarlo también como un delito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República con sus características, y hacerlo un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor.”

La virtud de esto es “que no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos.”

El director del CNI, cuando lo presentó en el Gabinete, decía: “Es que es asumir que la extorsión no es algo que afecta a una persona, sino que nos afecta a todos”.

Entonces, “este es el objetivo de las leyes que estamos planteando y de poder, en las propias Secretarías de Seguridad y en las Fiscalías estatales —que eso, pues ya le corresponde la coordinación a la fiscal General de la República— generar estas estrategias que nos permitan atender este delito, que afecta de manera distinta en cada estado: hay estados con mayor presencia de este delito, estados que prácticamente no lo tienen, pero que necesitamos intervenir todos de manera coordinada para poderlo atender.”

De acuerdo con la presidenta, este es el principal reto y, “desde mi perspectiva, es lo que nos está afectando en la percepción. Porque si uno ve la victimización en el delito, es lo que en distintos lugares la gente reporta, no como delito que se presenta en las Fiscalías, sino como denuncia ante el Inegi de un delito que afecta distintos niveles.” N.L.

En la misma reunión, el gobernador de Coahuila, Manolo Jimenez, a nombre de él y del gobernador de Durango, agradeció a la presidenta, “porque el día de ayer, trabajando coordinados, se dio bajo un operativo un golpe importante, muy significativo para La Laguna, tanto de Durango como de Torreón, donde se detuvo un presunto delincuente relacionado con los delitos de extorsión. Y esto era un tema que traíamos ahí, que era algo importante.”

De igual forma, agradeció al secretario de Seguridad Pública, a Omar García Harfuch, “porque ha habido una coordinación total con él y con todo su equipo.”

También al General secretario, al General Trevilla, “porque ahora sí que trabajamos como un solo equipo y andamos juntos para todos lados, así como también con el Almirante secretario y con la Marina.”

Y a la fiscal que, dijo Manolo, “debutó con broche de oro en Durango y en Coahuila con esta operación. ”

En su intervención, afirmó, además, que “nosotros también traemos un proyecto de fortalecimiento para la Fiscalía, desde el año pasado, en Coahuila. Y esto es importante porque casi siempre nos toca ser los primeros respondientes; entonces, hay que responder desde un inicio con toda la fuerza.

En cuanto a la parte de la Ley de Extorsión, “en estos días, tanto Durango como Coahuila estaremos homologados, es una cuestión que ya está en los Congresos  

El diagnóstico que la economista María Manjarrez nos ha brindado recientemente arroja que la economía mexicana muestra señales preocupantes de enfriamiento.

De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), el crecimiento en octubre de 2025 fue 0%, lo que anticipa un estancamiento en el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) y, por extensión, en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional para el cierre del año.

El dato, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refleja que la economía mexicana no logra consolidar una tendencia positiva tras varios trimestres de debilidad. De hecho, el tercer trimestre de 2025 ya mostró una contracción, y los nuevos resultados sugieren que el país podría cerrar el año con una tasa de crecimiento anual cercana a cero, a pesar del contexto internacional favorable en materia de precios de exportación y demanda externa.

Para la también vicepresidenta organizacional del Colegio de Economistas de Sinaloa, el freno no se debe únicamente a factores externos. Entre los elementos internos destacan la incertidumbre jurídica derivada de la reforma al Poder Judicial, el enfriamiento de la inversión privada y la falta de dinamismo del gasto público productivo.

Además, el endurecimiento de las condiciones financieras y los efectos rezagados de las altas tasas de interés continúan limitando el crédito a empresas y consumidores.

Aunado a ello, el Banco de México ha advertido sobre un entorno de desaceleración generalizada en la demanda agregada y en la producción industrial. De manera paralela, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han recortado sus expectativas de crecimiento para México a entre 1.3% y 1.5 % para 2025, muy por debajo del potencial estimado de 1.8%–2.8%.

Este ajuste refuerza la preocupación de que el país se mantenga atrapado en una fase de bajo crecimiento estructural, sin los incentivos necesarios para impulsar la productividad ni atraer inversión sostenida.

Como consecuencia, el estancamiento amenaza con debilitar el mercado laboral y frenar la generación de empleo formal, que en los últimos meses ya ha mostrado pérdida neta de plazas en sectores como servicios, comercio y manufactura ligera. Además, el riesgo país ha aumentado, reflejando una mayor percepción de incertidumbre política y regulatoria.

En ese contexto, es preocupante mantener esta tendencia, México podría entrar en una fase de crecimiento nulo o recesión técnica durante los primeros meses de 2026, justo cuando el nuevo gobierno busca implementar su plan de transformación estructural. La prioridad será restaurar la confianza de los inversionistas, garantizar la estabilidad institucional y reactivar los motores internos del crecimiento. (revistaespejo.com)