El próximo 7 de junio Coahuila tendrá proceso electoral, el estado será el único de México que tendrá elecciones este 2026 por lo que está considerado como un proceso “huérfano”. Será, además, la  elección preámbulo de las legislativas federales del próximo año.

Los coahuilenses están llamados a votar para renovar 25 cargos del Congreso del Estado, de los cuales 16 corresponden a la modalidad de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

 “Además de estos 16 diputados de mayoría, hay nueve por el principio de representación proporcional, que se les conoce como diputados plurinominales, que son postulados por sus partidos políticos de acuerdo a listas proporcionadas al instituto electoral local. Una vez realizado el cómputo estatal, conforme el número de votos obtenidos, se asignan los diputados que corresponden a cada uno de los partidos políticos, hasta el total de los nueve diputados plurinominales”, establece la ley.

 La normativa vigente establece que el Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada tres años y que los diputados de mayoría relativa o de representación proporcional, “siendo todos representantes populares, tendrán los mismos derechos y obligaciones”. (milenio.com)

Esta información mueve a la reflexión, hagámoslo juntos por favor.

Partamos de la premisa que sostiene que la participación política está impulsada por el interés propio, el sentido del deber ciudadano, el impacto percibido del gobierno sobre la vida propia, el sentido de eficacia política de la acción personal, el conocimiento de las opciones políticas disponibles.

La gente vota, hace campaña, se manifiesta, hace huelga o mitines porque piensa que el gobierno puede solucionar algún problema individual o de grupo.

En el caso de Coahuila, como ya se mencionó, este año solo se llevarán a cabo elecciones legislativas locales. Aquí hay que destacar que la campaña política en la elección de legisladores siempre es más compleja de desarrollar, porque hay que articular un discurso que muestre a los electores los beneficios concretos de las propuestas legislativas que se abanderan. 

A diferencia de las elecciones a alcaldes, que por su naturaleza, atienden a necesidades que tienen que ver con el día a día que viven los ciudadanos: la calidad de los servicios públicos primarios, agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado público, limpieza, parques y jardines, etcétera; y el derecho de todas las personas a acceder a ellos en condiciones de igualdad. 

Otra característica de estas elecciones intermedias en el estado es que suelen ser una especie de referéndum, que ratifica el poder en el Congreso al gobernador y a su partido para  consolidar su proyecto político.

Por ello la imagen del gobernador y sus resultados inmediatos, juegan un papel importante tanto en el desarrollo de las campañas políticas como en sus resultados.  

En ese sentido tenemos que, según los rankings publicados por diversas casas encuestadoras nacionales, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, cerró 2025 como uno de los mejor evaluados entre los gobernadores y gobernadoras del país. (milenio.com) 

La democracia social es un modelo que extiende los principios democráticos más allá de lo político (votar y elegir representantes), sino que va también hacia lo económico y social, buscando la igualdad, justicia social y bienestar para todos los ciudadanos dentro de un sistema capitalista, mediante la intervención estatal para redistribuir la riqueza, asegurar servicios públicos universales (salud, educación) y proteger derechos laborales, combinando eficiencia de mercado con equidad. 

El Estado debe de responder a la necesidad de intervenir en ámbitos de la vida pública que han permanecido al margen de la lógica mercantil y subsanar y mitigar, en algo, los daños sociales que conlleva la economía de mercado.

Por ello, la administración pública, el aparato burocrático del gobierno, es un instrumento esencial para el desarrollo de esa democracia social y el aseguramiento del progreso individual y del conjunto de la sociedad.

Los servicios públicos son indispensables para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas y para que éstas puedan ejercer plenamente los derechos y libertades reconocidas por nuestra constitución. 

Por tal razón la administración pública debe de actuar al servicio de toda la ciudadanía y está obligada a hacerlo funcionando con transparencia, eficacia y calidad, y con un compromiso con la calidad de los servicios públicos y convocando a la participación ciudadana en las decisiones públicas y en la definición de los intereses generales de la nación.

Garantizar la calidad de los servicios públicos y el derecho de todas las personas a acceder a ellos en condiciones de igualdad requieren un mejoramiento continuo en la gestión mediante la aplicación obligatoria de modelos de excelencia. Asimismo, crear nuevos servicios públicos de ayuda a las familias, a las personas dependientes, especialmente a los mayores, y enfocados a la conciliación de la vida familiar y laboral. 

Para todo ello, es necesario incrementar de forma selectiva las inversiones públicas para subsanar los déficits de los servicios públicos de seguridad pública, educación, asistencia social y apoyo a las familias. 

Por otra parte, la administración pública debe convertirse en un factor que dinamice la economía, convirtiéndose en un agente más productivo. Para cumplir esto, deberá ofrecer más y mejores servicios públicos con los mismos recursos que actualmente emplea; reorientar sus actividades en función de los objetivos y resultados y aspirar a la máxima excelencia en la calidad de los servicios que presta. 

Todo ello sin dejar de lado que el gasto público deberá considerar también una orientación hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico y humano, en aras de buscar un funcionamiento eficiente y productivo de la economía y así garantizar un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo. 

José Vega Bautista 

@Pepevegasicilia

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Para el inicio de este 2026 deseo enviarles mi agradecimiento a todas y todos quienes nos leen y nos siguen, así como a quienes colaboran solidariamente con Nuestra Revista. Mi humilde regalo de Año Nuevo es un mensaje de optimismo a todos los mexicanos.

Que se sepa que tenemos un gran país y un gran futuro y, si por ahí se encuentran gente pesimista que diga que nuestra nación atraviesa por graves problemas y que claman por una intervención extranjera, nárrenle el siguiente episodio de nuestra historia:

En diciembre de 1854 estalló la revolución liberal que combatió la dictadura de Antonio López de Santana. El 4 de octubre de 1855 triunfa la revolución de Ayutla y se elige a Juan Álvarez como presidente.

Durante su primera administración, el ministro de justicia, Benito Juárez, promovió una ley que limitaba los fueros eclesiásticos y militares, que no obstante fueron defendidos por Manuel Doblado, gobernador de Guanajuato, y por Tomás Mejía.

Ante tal conflicto, el liberal moderado Ignacio Comonfort asumió la presidencia el 11 de diciembre de 1855 y se propuso ejercer con prudencia las reformas liberales. En febrero de 1856 se inauguró en la capital el soberano congreso constituyente, que daría al país una nueva constitución.

Tanto la ley Juárez como la ley Lerdo, promulgada en 1856 y que pretendía las desamortizaciones de los bienes inmuebles, fueron atacadas con violencia por los conservadores. El grupo liberal se había ya fragmentado en moderados y radicales. 

El 15 de febrero de 1857 fue proclamada una nueva constitución. Ignacio Comonfort se convirtió en presidente el 1 de diciembre. Sin embargo, por ser liberal moderado y no soportar las presiones conservadoras, rechazó la constitución liberal y se adhirió al plan de Tacubaya.

El 11 de diciembre disolvió el congreso. En otras palabras, apoyó el golpe de estado promovido por el conservador Félix Zuluaga. El 17 de diciembre desconoció la constitución que se había aprobado y a la que la había jurado fidelidad. A inicios de 1858 repudiado por los liberales y olvidado por los conservadores, salió del país, aunque regresaría en 1863 para combatir contra las tropas francesas y sería muerto en combate.

Los pronunciados nombraron presidente interino a Zuluaga, a quien Altamirano llamaría maniquí del alto clero. Una guerra civil, la Guerra de Tres Años, estalló a inicios de marzo. Los dos bandos en pugna fueron, por una parte, los liberales con el reformista y cabeza de la suprema corte Benito Juárez y con el apoyo popular en la periferia de la nación; y por otra los conservadores Félix Zuluaga y Miguel Miramón, respaldados por el clero católico, el principal incitador de la guerra en el centro del país. México quedó dividido durante tres años.

El 11 de abril de 1859 tuvo lugar la matanza de Tacubaya en la que fueron fusilados los escritores Juan Díaz Covarrubias y Manuel Mateos. Durante la Guerra de los Tres Años cada bando tuvo a su propio presidente. Miguel Miramón fue el siguiente gobernante conservador, mientras el presidente Juárez continuaba amparándose en la constitución liberal. El 22 de diciembre de 1859 en Calpulalpan, obtuvo la victoria el liberalismo, cuando el general Jesús González Ortega vence a Miramón.