Rubén Aguilar Valenzuela
La mariguana representa en términos económicos la mitad del negocio de las drogas ilegales en todo el mundo y el 70% del consumo de las mismas y México no es la excepción. En principio la legalización regulada tiene las siguientes ventajas: 

1. Ingresos del narco

• Se cortan los ingresos exorbitantes que ofrece la ilegalidad.
• Se formaliza y transparenta la actividad económica de este negocio.
• El gobierno se hace de recursos fiscales como en cualquier actividad económica.

1. Reducción de la violencia

•  Caen los índices de violencia generada por el combate frontal.
• Disminuye el poder de reclutamiento e influencia de los narcotraficantes.
• Tienden a desparecer las organizaciones intermedias financiadas y protegidas por los grandes carteles.

1. Reducción de los costos sociales

•  Se desincentivan los delitos de alto impacto.
• Se reducen los abusos y extorsión de las policías.
• Se desarticulan redes dedicadas a otros delitos.
• Caen los índices delictivos de bajo impacto.

1. Reducción de las condenas

•  Se reduce a la mitad la población carcelaria ahora integrada por delitos menores de posesión y consumo.   
• Pierden influencia las redes criminales al interior de las cárceles.
• Se descongestionan las cárceles y mejoran la atención de los reclusos.

1. Espacios de regeneración social

•  Se regeneran barrios marginales e inmuebles tomados por el narcomenudeo.
• Se generan ambientes sociales amigables en barrios dominados por el narcomenudeo.
• Se articulan actividades de integración social entre gobierno y sociedad civil.

1. Eficiencia del gasto público

•  Se ubica el problema en el campo de la salud pública y no de la seguridad nacional.
• Se liberan recursos públicos hoy dedicados a la estrategia prohibicionista y punitiva.
• Se incrementa la inversión pública en proyectos sociales, dedicados a la educción preventiva.
• Se obtienen mejores resultados en la salud y en el combate al consumo. 

1. Nueva estrategia en seguridad pública

•  La atención se enfoca en los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía (robo, extorción, secuestro...).
• Se concentra la actividad policial en las comunidades y barrios.
• Se diseñan mejores políticas públicas para responder a necesidades específicas de seguridad de cada realidad.

1. Calidad del producto

•  Se garantiza la calidad del producto como sucede con el tabaco y el alcohol.
• Los gobiernos establecen normas y estándares para la producción, distribución y comercialización.
• Las autoridades tienen la posibilidad de supervisar tanto al productor como al consumidor.

1. Política exterior

•  Disminuye la importancia del tema en la agenda bilateral con Estados Unidos y los países de Centroamérica.
• Se abre el espacio para homologar políticas relacionadas con la legalización regulada de la mariguana.

1. Trasparencia y rendición de cuentas

•  Se establecen mecanismos que transparenten las políticas en materia de la legalización regulada.
• Se evalúa el resultado de la política y hacen los ajustes pertinentes cada vez que sea necesario.
• Se establecen políticas claras del destino de los recursos fiscales obtenidos producto de la legalización regulada.

Una vez más por razones que no se sostienen el Congreso de México ha dejado pasar una gran oportunidad, para legalizar-regular de una vez por todas la producción, el almacenamiento, el procesamiento, la venta y el consumo de la mariguana recreativa. En el mundo son cada vez más los países que lo hace. El nuestro se resiste. ¿Hasta cuándo?

Rubén Aguilar Valenzuela 
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, han pasado 31 años, elementos del Ejército de El Salvador entraron a la casa de los jesuitas en el Universidad Centroamericana (UCA), para masacrarlos.

Las víctimas fueron los padres: Ignacio Ellacuría, español, rector; Ignacio Martín-Baró, español, vicerrector académico; Segundo Montes, español, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno, español, director de la biblioteca; Amando López, español; profesor de filosofía; Joaquín López, salvadoreño, fundador de la UCA; Elba Ramos, salvadoreña, que trabajaba en la casa, y Celina Ramos, salvadoreña, de 16 años, su hija.

Elementos del Batallón Atlacátl, entrenados por asesores militares de Estados Unidos, fueron quienes realizaron la masacre. Esa madrugada, después de su crimen, dejaron "pruebas" para hacer aparecer que la acción había sido cometida por fuerzas de la guerrilla del FMLN.

El gobierno de Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, financió al Ejército salvadoreño, para que hiciera frente a la guerrilla. Se calcula que durante los diez años de la guerra el apoyo fue de un millón de dólares diarios, 356 millones de dólares al año.

En los años de la guerra civil, de 1981 a 1992, las autoridades estadounidenses siempre negaron la violación de los derechos humanos por parte del Ejército salvadoreño y llegaron a decir que las denuncias eran "propaganda comunista".

La masacre de la UCA provocó una reacción internacional y puso en evidencia la brutalidad de la represión del Ejército salvadoreño. Otras masacres, como la de El Mozote, donde habían sido asesinadas mil personas, pasaron desapercibidas fuera de El Salvador.

Esta vez la estupidez y crueldad salvaje del Ejército salvadoreño no pudieron esconderse. El propio gobierno de Estados Unidos se vio obligado, a su pesar, a manifestarse y condenar el crimen.

La masacre de los jesuitas coincidió con la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El gobierno estadounidense ya no estaba dispuesto, ahora no lo veía necesario, seguir financiando una guerra a la que no se le vía fin.

Se crean, entonces, las condiciones para que se inicie el diálogo entre la guerrilla y el gobierno de El Salvador con la mediación de las Naciones Unidas. En enero de 1992, después de dos años de intensas negociaciones, se firma la paz en el Castillo de Chapultepec en México. La guerra había terminado.

La producción intelectual y la actividad educativa de esos jesuitas se vio truncada, de un día para otro, ante la decisión absurda e inexplicable, no había ninguna razón de carácter militar que la justificara, de militares embrutecidos cuyo único móvil era matar a los inocentes.

Rubén Aguilar Valenzuela

En 1942 se establecieron relaciones diplomáticas entre China y la Santa Sede. En 1946 se nombra al primer cardenal chino y ese mismo año se establece la nueva estructura de la iglesia. Cuando en 1949 el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek huye hacia Taiwán, la nunciatura se queda en la China continental.

Es cuando Mao Zedong toma el poder y funda la República Popular de China. En 1949, el Santo Oficio condena el comunismo en Europa, pero tiene efectos sobre el nuevo régimen chino. En enero de 1951, el nuevo gobierno establece la Oficina de Asuntos Religiosos. Entre ese año y el de 1954 se expulsa a los misioneros católicos extranjeros y al nuncio.

En 1957 se funda la Asociación Patriótica de Católicos Chinos, bajo el control del gobierno, y se llevan a cabo las primeras ordenaciones episcopales sin aprobación de Roma. En 1958 se ordenan 20 obispos. El Vaticano desconoce a la asociación y asume que los nombramientos son ilegítimos, pero válidos. No se habla de cisma.

Ya en el Concilio Vaticano II participan 60 obispos exiliados de China continental que incluye a 49 extranjeros. No se invita a los obispos nombrados por la asociación. En 1966, con la Revolución Cultural, se prohíbe toda actividad religiosa y se cierran todos los lugares de culto. En 1976 fallece Mao y se pone fin a este movimiento.

En 1979, con el gobierno de Deng Xiaoping, hay los primeros signos de apertura religiosa. En 1980 se reanuda la Oficina de Asuntos Religiosos. Las cinco Asociaciones Patrióticas Religiosas (budismo, el taoísmo, el islam, el protestantismo y catolicismo) celebran congresos nacionales. Se crea un colegio de obispos chinos, que Roma no acepta.

El Vaticano en 1981 reconoce a monseñor Deng Yiming como arzobispo de Cantón. En ese mismo año la Santa Sede autoriza a los obispos chinos fieles a la Santa Sede ordenar obispos sin autorización previa de Roma. Se agudiza la confrontación entre obispos "clandestinos" y "oficiales" o "patrióticos".

En 1982 el jesuita Aloysius Jin Luxian abre el seminario de Sheshan después de que, por tres décadas, la Iglesia se había quedado sin espacios de formación. Al final de los ochenta eran ya 200 los sacerdotes ordenados. El gobierno devuelve algunos bienes confiscados y permite se abran conventos de monjas, actividades caritativas y formativas.

La política de control religioso continua en la década de los noventa. Al fin de la Revolución Cultural obispos de la Asociación Patriótica, de manera clandestina, empiezan a pedir el reconocimiento de Roma y lo obtienen. En 2007 el Vaticano declara que en China "casi todos los obispos y sacerdotes están en comunión con Roma". A pesar de esa realidad continúan las ordenaciones sacerdotales y episcopales "ilegítimas". En ese mismo año Roma declara que espera se abra el diálogo con el gobierno.

En 2018, ya con el papa Francisco, el Vaticano y el gobierno chino firman un acuerdo histórico, para el nombramiento abierto de obispos por la Santa Sede. En la actualidad se estima en 12 millones el número de los católicos en es país. Días atrás las autoridades chinas confirmaron la extensión del acuerdo y que "seguirán hablando y haciendo avanzar el proceso para mejorar sus relaciones" con el Vaticano. El contenido de este acuerdo provisional se conserva en secreto.

El número de católicos se ha mantenido estable durante las últimas siete décadas, pero la creciente apertura del gobierno chino puede modificar esa situación. Lo que es un hecho es que crece el número de los evangélicos de distintas denominaciones. Para 2030, algunos especialistas consideran que China podría acoger la mayor comunidad cristiana del mundo con 250 millones de creyentes.

Rubén Aguilar Valenzuela  
El pasado 10 de noviembre tuvo lugar la primera Convención Nacional de Sí por México. Tema central fue el diálogo con los partidos (PAN, PRI, PRD y MC) que se sumaron a la propuesta de este movimiento ciudadano que tiene seis puntos.

1) Sí a una democracia plena. Queremos un país donde el poder no sea rehén del capricho y ambición de su presidente. Donde los gobernantes respetan el orden constitucional, la división de poderes y los derechos humanos. Donde la libertad de conciencia, de expresión, de asociación; donde la tolerancia y el respeto a las diferencias forman parte de las grandes conquistas alcanzadas por un pueblo que se niega perderlas y a convertirse en esclavo de proyectos políticos autoritarios.

2) Sí a la seguridad, el acceso a la justicia y el combate a la corrupción. Queremos un país donde sea posible salir a las calles sin miedo, un país donde nuestros hijos salgan a estudiar o trabajar y vuelvan a salvo. Un país donde la seguridad y la justicia no sean ni un lujo ni un privilegio. Debemos terminar con la condición de que hoy nos dice: la justicia es para quien puede pagar por ella.

3) Sí, a una economía inclusiva, que combata la pobreza y la desigualdad. La concentración del poder económico es tan aberrante como la del poder político. Buscamos que la pobreza no sea destino. Queremos un país que genere más riqueza y la distribuya de manera más equitativa. Para acabar con el clientelismo político de los programas sociales, proponemos un ingreso básico universal progresivo, que garantice lo mínimo para poder vivir con dignidad. Queremos acabar con la indignante brecha que existe entre quienes concentran todo, y quienes no tienen nada.

4) Sí a la educación y salud universal y de calidad. Queremos que el acceso a la salud y educación de calidad sea un derecho para todos y no privilegio de quienes pueden pagarlo. La ruta para acabar con la desigualdad es un sistema educativo que permita equilibrar la balanza entre quienes nacieron con todo y quienes no tienen nada. La pandemia ha dejado ver las deficiencias del sistema de salud que deja sin amparo a los más vulnerables. La mayoría de las muertes por Covid-19 y enfermedades curables ocurren en los sectores de alta marginación. La actuación del gobierno durante la pandemia ha sido criminal. Existen cálculos políticos que han costado vidas humanas.

5) Sí a la igualdad sustantiva y al combate a la violencia contra las mujeres. En marzo ochenta mil mujeres marchamos para protestar que por la pasividad del gobierno nos siguen matando. Urge atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Exigimos que el gobierno responda y dé soluciones contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios. Queremos que el gobierno deje de utilizar la paridad política para ocultar su verdadera visión patriarcal y machista. Que quede claro: los derechos de las mujeres no son una concepción ideológica sino un asunto de Estado y de elemental justicia.

6) Sí a un medio ambiente sano y sustentable. Queremos un gobierno que promueva el uso intensivo de las energías limpias y renovables. La economía del futuro va de la mano con la protección al medio ambiente. No queremos un país donde desaparecen bosques, selvas y especies endémicas. Queremos se terminen los asesinatos de los defensores del medio ambiente. Necesitamos volver a la adopción de las energías limpias que no contaminan.