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El sistema de ambulancias de la Ciudad de México

Rubén Aguilar Valenzuela 
En la Ciudad de México, con nueve millones de habitantes, existe escasez de ambulancias oficiales y por eso desde hace décadas ha surgido un sistema informal paralelo, para cubrir la demanda.

Son paramédicos empíricos que tienen sus propias ambulancias escasamente equipadas y sin licencia que actúan en acuerdo con la policía y en contubernio con pequeños hospitales privados.

El documental Familia de medianoche (México-Estado Estados Unidos, 2019) del director Luke Lorentzen da cuenta de esta realidad al dar seguimiento al trabajo de la familia Ochoa que tiene su propia ambulancia y vive de ella.

Fernando Ochoa, cabeza de la familia, trabajó en la Cruz Roja antes de comenzar su propio negocio con sus hijos Fernando, Juan y su amigo Manuel Hernández. En ocasiones Josué, el hijo menor que es estudiante de primaria, los acompaña en sus travesías nocturnas.

La idea del documental surgió en 2015, cuando Lorentzen frente a su casa se encontró con la ambulancia de los Ochoa. Dice que en la primera noche con ellos "vi este submundo increíble, trágico, absurdo de ambulancias privadas que están llegando a accidentes que el gobierno no está llegando''.

De acuerdo al director el gobierno en la Ciudad de México cuenta con 45 ambulancias mientas que en Londres, con una población semejante, hay 1,100. Este déficit es el que explica el surgimiento del servicio paralelo.

La mayoría de los accidentes ocurren por la madrugada cuando muchos conductores borrachos intentan regresar a sus casas.

En tres años Lorentzen filmó 1,000 accidentes en las calles de la Ciudad de México.

Es cuando la familia Ochoa se traslada a donde han ocurrido estos hechos. A veces en competencia con otras ambulancias que también van al mismo lugar. En sus traslados tienen que lidiar con el intenso tráfico de la ciudad.

También se enfrentan a la policía que les pide sobornos, para poder seguir operando bajo la amenaza de multarlos o llevarlos al corralón. Es un gasto que está contemplado en sus presupuestos.

A los heridos los pueden trasladar a los hospitales públicos, pero siempre con el argumento de que están llenos los convencen de mejor conducirlos a uno privado. Aquí les dan una comisión por llevarles un cliente. Éste es su mayor ingreso.

Los Ochoa como otros que realizan el mismo trabajo en ocasiones tienen mucha dificultad, para cobrar sus servicios. Los heridos o sus familias se niegan a pagar. En estos casos tienen que prestar el servicio de manera gratuita.

El documental muestra la realidad y no ofrece juicios de valor. Los Ochoa viven de su trabajo, pero también son generosos y solidarios. Siempre atentos con las personas a las que recogen en los muy diversos tipos de accidentes.

Para el director el trabajo que realizan estas ambulancias cubre una necesidad que no atiende el gobierno. En el documental Juan Ochoa plantea que le gustaría una noche sin las ambulancias privadas, para mostrar la falta que hacen.

Lorentzen dice: "lo que quiero mostrar es qué pasa cuando pones una buena familia que quiere ayudar dentro de un sistema muy roto. El menú de decisiones que tienen es limitado y tienen que hacer cosas que en otra vida no harían''.

El documental se exhibió en festivales internacionales de cine. En el Festival de Cine de Guadalajara ganó el premio como Mejor largometraje mexicano y Mejor dirección (Lorentzen) y en el Festival Internacional de Cine Guanajuato como Mejor documental mexicano.    

Familia de medianoche
Título original: Familia de medianoche / Midnight Family
Producción: México - Estados Unidos, 2019

Dirección: Luke Lorentzen 
Guion: Luke Lorentzen 
Fotografía: Luke Lorentzen 
Música: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman, Alexis Ruiz y Andrés Sánchez.
Actuación: Los integrantes de la familia Ochoa que manejan la ambulancia. 
 
 

Cristina Fernández, la populista argentina

Rubén Aguilar Valenzuela
Cristina Fernández (1953) fue presidenta de Argentina de 2007 a 2015. Diputada provincial entre 1989 y 1995, diputada y senadora nacional en los periodos 1995-2007 y 2017-2019 respectivamente. Estuvo casada con el presidente Néstor Kirchner (1950-2010), quien gobernó entre 2003 y 2007. Desde 2019 es vicepresidenta. Acompaña al presidente Alberto Fernández (1950) en una gestión que dura hasta 2023.

Ella a lo largo de su carrera política siempre ha estado en el centro del conflicto y ha sido acusada de corrupción y abuso de poder. Con una extraordinaria habilidad ha podido sortear todos los problemas y ha logrado estar en la primera línea de la actividad política. Su personalidad no admite matices; se le acepta o se le rechaza.

Ha militado en diversas tendencias del populismo peronista y con quien fuera su esposo creó una de éstas. Es el modelo conocido como "kirchnerismo" (2003-2015) elaboración conjunta de Kirchner y Fernández en los tres periodos que estuvieron en la presidencia. Uno él y dos ella. Esta última es quien da forma más acabada a esta variante política.

El suyo no es un populismo teórico o pragmático sino lo que algunos especialistas llaman "devenir populista" que toma forma frente a las coyunturas y circunstancias políticas de manera particular en las crisis. Los valores propios de la democracia no son relevantes e incluso estorban al proyecto. Se les acepta como mal menor, porque es algo que no pueden evitar.

Como en otros populismos un componente fundamental es la mediatización de la política. El líder tiene una presencia central en los medios. El "activismo mediático" es clave en la estrategia no solo de comunicación sino del conjunto del proyecto. Esto implica: Interpelar de manera permanente a las audiencias; utilizar instrumentos de comunicación directa y la promoción de los medios propios del gobierno y, en la medida de lo posible, la minimización de los privados.

En los dos periodos de gobierno de Fernández, para la mediatización del discurso presidencial, hizo uso sistemático de la Cadena Nacional de Radiodifusión. Fueron más de un centenar de veces. Antes ningún político en Argentina había hecho algo semejante. Su medio predilecto fue la televisión. Ahí siempre se sintió bien. Como parte del modelo la comunicación directa, sin mediarse por los medios, es esencial.

La construcción de escenas y escenarios donde participaba el pueblo es otro de los elementos constitutivos del modelo. La reunión de los grandes contingentes tiene el propósito de "producir" identidad entre los excluidos, los que no han sido beneficiados por el desarrollo injusto y desigual. Es lo que Fernández (2017) llamó "ceremonia partisana", que se caracteriza por que los eventos se televisen. Se articula, entonces, el público movilizado y el liderazgo personal de la figura carismática.

El discurso político se construye a partir de la polarización entre el pueblo, representado por el líder, y los que detentan el poder. Para algunos los neoliberales y conservadores. Es la confrontación entre buenos y malos. Entre amigos y enemigos. Entre nosotros y los otros. No somos iguales. Por eso mismo se buscan adversarios, para denostarlos. Los medios independientes son blanco constante del ataque.

Otro elemento indispensable, para la construcción del discurso es la elaboración y comunicación de una realidad alterna. Lo que ocurre en los hechos de todos los días es irrelevante y se niega si éstos no se inscriben en el "país virtual o mediático" que anuncia el líder. Ese es el único que existe. Es una inversión de todos los días. Es el que sus seguidores quieren que anuncie. La realidad incomoda. Es mejor vivir en la ilusión de que ahora el mundo es distinto. Así se ha decretado.

La vicepresidenta Fernández no es la vocera del gobierno populista del presidente Fernández. Entre ellos hay algunas diferencias y variantes. La voz cantante la lleva el primer mandatario. Ella, que ha vuelto a la conducción del país desde una nueva posición, es, no puede dejarse de lado, la creadora de una tendencia del peronismo y de un modelo de comunicación gubernamental. Está ahí y en cualquier momento se puede hacer presente.

Por el Covid, 4.7 millones dejaron de ser clase media en América Latina

Rubén Aguilar Valenzuela
 
La clase media en América Latina decrece en 4.7 millones de personas por la crisis económica producto de la pandemia, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial (BM).
 
En 2018 la clase media, tras décadas de crecimiento, se convirtió por primera vez en el grupo predominante de la región.
 
Así, en 2019 el 38% de la población, 230 millones de personas, tenía ingresos de entre 13 y 70 dólares al día por la Paridad de Poder de Compra.
 
Esto frente al 37% de población vulnerable, con ingresos de entre 5.50 y 13 dólares, y a un 22% de pobres, indica el informe.
 
Desde el 2000, la pobreza se redujo a casi la mitad y el ingreso medio de los hogares pasó de 13.9 dólares en 2008 a 17.1 en 2018.
 
En 2020, la pandemia ha hecho que la clase media se contrajera al 37% de la población, mientras que las personas vulnerables aumentaron al 38.5%.
 
Los programas de estímulo no bastaron para compensar la abrupta caída del 6.5 % en el PIB regional, en Mexico 8.5  %, a raíz del confinamiento.
 
Las escasas transferencias se han concentrado en los más pobres y han dejado de lado a las clases medias, menos necesitadas, pero también vulnerables, de acuerdo al BM.
 
En el caso de los pobres cualquier pérdida es muy dañina, pero en términos relativos la clase media ha sido la que ha sufrido más y tenido que hacer un mayor esfuerzo.
 
La situación pudo ser peor, pero las transferencias en Brasil, de donde viene el 41% de la clase media de la región, mitigaron el impacto.
 
Si se deja fuera a este país la caída de la clase media y el aumento de los pobres en la región hubiera sido todavía mayor.

Los "nuevos pobres", como llaman los especialistas a los expulsados de la clase media, conservan ciertas ventajas sobre los que ya vivían en condiciones de pobreza.
 
Tienen mejores niveles de educación y un mayor acceso a servicios. Este grupo es el mejor posicionados para beneficiarse de cualquier recuperación del empleo.
 
El BM recomienda a los gobiernos diseñar políticas focalizadas, para ayudar a los hogares que ya eran pobres y ahora están en peor condición.
 
Deben también apoyar a los "nuevos pobres", que antes no estaban contemplados en los programas sociales, para que en el menor tiempo vuelvan a su anterior condición.
 
La iglesia debe preguntarse cómo en las diferentes regiones del país puede aportar a las familias que ahora han ingresado en los niveles de pobreza y las que han radicalizado su condición.

Consulta y propaganda política

Rubén Aguilar Valenzuela
El 1º de agosto se realiza una consulta popular que no consulta nada y no vincula a nada. Es la primera que tiene lugar con la nueva ley que norma este tipo de ejercicios. El presidente López Obrador al inicio de su gobierno, de manera espontánea y a mano alzada, organizó consultas, para "legitimar" decisiones que ya tenía.

En esas ocasiones participaron muy pocas personas y la única regla fue la voluntad del presidente. Nunca se hizo pública la metodología y los resultados no fueron transparentes. Se hizo lo que éste quiso. La SCJN pudo evitar la próxima farsa, pero concedió, sin conceder, la consulta que el presidente quería como un ejercicio de propaganda política.

El presidente proponía llevar a consulta si se juzgaba o no a cinco expresidentes. La pregunta era: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso, sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, durante y después de sus respectivas gestiones?"

La SCJN le enmendó la plana y la pregunta quedó así: "¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"

Es evidente que si hay un delito que perseguir las autoridades en cualquier caso lo deben hacer. Es su obligación. No hay excepciones. Así lo señala la ley. La aplicación de la justicia no está y no puede estar a consulta popular. En un Estado de derecho no ha lugar a los juicios a mano alzada en la plaza pública.

El propósito del presidente era, lo sigue siendo, un acto de propaganda política. La idea original era colocar una pira en el quemadero de la inquisición donde serían ejecutados cinco expresidentes. Para eso era indispensable que en la pregunta estuvieran sus nombres. Ya no están. El espectáculo pierde interés. No convoca.

De todos modos un tema central de las próximas mañaneras del presidente será invitar a sus simpatizantes a que voten si se juzga o no a los expresidentes aunque la pregunta ya no sea esta. Habrá que ver su capacidad, para convencer a los suyos de que vayan a votar en un ejercicio de autoengaño.

Para ésta y próximas consultas ahora hay reglas. La organiza el INE, que ha dicho no tener presupuesto, para llevarla a cabo, pero que de todos modos la sacará adelante con la capacidad manifiesta que la institución tiene. Para que sea válida y obligue a las autoridades se requiere que participe el 40 % del padrón electoral.

En la pasada elección de junio, la más grande de la historia, participó el 52 %. Es muy difícil, casi imposible, que ahora salga a votar el número que exige la ley. Para el presidente ese sería el ideal, pero lo importante no es el ejercicio. Lo que es relevante es el pretexto, para articular su discurso de juicio al "pasado" que se ha propuesto destruir.

La consulta nada tiene que ver con la justicia es solo propaganda política. Al presidente se le da. Es lo mejor que sabe hacer. Lo disfruta. Y a los suyos les gusta consumir lo que éste les ofrece. Los alimenta y los hace parte de una causa, la de su líder y mesías, que los invita a juntos hacer historia. Lo creen, aunque cada vez son menos. 

El narco y las elecciones

Rubén Aguilar Valenzuela
 
En la mañanera del lunes 7 de junio el presidente López Obrador comentó la jornada electoral del día anterior y entre otras cosas dijo que el narco se había "portado bien".
 
La afirmación llama la atención. Se puede tomar solo como una frase desafortunada o como prueba de que realmente hubo algún tipo de acuerdo con el narcotráfico de parte del gobierno.
 
Hay evidencias claras de la intervención del crimen organizado en el asesinato de candidatos, más de 30, y también en el miedo que provocaron en ciertas regiones del país, para que no se registraran personas que no querían.
 
En los días pasados dirigentes políticos se han manifestado y académicos y analistas han escrito decenas de artículos que apuntan a una acción evidente y amplia del narco en el pasado proceso electoral, que ciertamente resulta difícil documentar.
 
Rubén Moreira, que fue gobernador de Coahuila y ahora será el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, asegura en el noticiero de Ciro Gómez Leyva que en muchas partes del país hubo acciones del narcotráfico, para intervenir en la elección.
 
En el caso concreto de su partido en Sinaloa integrantes del Comité Ejecutivo Estatal fueron privados de la libertad. Nadie quiso firmar la impugnación de la elección. No lo hicieron porque su vida está en riesgo.
 
Ante esto el Ejecutivo Nacional mandó a una persona, que no salió del aeropuerto, para hacerlo. Al día siguiente el Comité Ejecutivo del PRI en Sinaloa desconoció la impugnación. Lo hicieron por miedo al narco y en protección de su vida.
 
Y añadió que en distintas regiones del país los electores no pudieron ejercer libremente su derecho al voto y que se impidió la participación de ciertos candidatos. Dijo estar también preocupado porque en algunos municipios del país hubo candidatos únicos a presidente municipal.
 
Llama la atención, dice, que Morena no esté preocupada por estos hechos y que no se pronuncie. Y finalizó su intervención afirmando que es necesario garantizar que la delincuencia organizada no intervenga en los procesos electorales. De no hacerlo vamos a una situación terrible.
 
De otro lado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acusa abiertamente al presidente López Obrador de permitir la supuesta operación del crimen organizado para la coacción del voto en favor de candidatos de Morena en su entidad durante la jornada del 6 de junio.
 
Insiste en que en su estado se debe anular la elección a gobernador por las anomalías, las incidencias y la clara injerencia del crimen organizado en la inducción del voto a favor de Morena.
 
Se presentaron 90 pruebas ante las instancias correspondientes que demuestran cómo el crimen organizado obligó a marcar las boletas a favor de Morena, en determinados distritos electorales, asegura el gobernador.
 
Y ha hecho público que frente a esta situación su gobierno acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para denunciar lo que ha ocurrido.
 
A pesar del silencio del presidente y de Morena desde distintas regiones del país surgen denuncias de la intervención del narcotráfico en la pasada elección. Toca a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar las investigaciones. ¿Lo hará? Hay pruebas de que investiga todo lo que el presidente le pide. ¿Éste lo hará?

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