Rubén Aguilar Valenzuela 
De diciembre de 2018 a julio de 2021, ya en tiempos de la administración del presidente López Obrador, han sido asesinados 68 activistas sociales, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación (Segob). Una investigación de El Universal (15.07.21) contabiliza 61 asesinatos y de ellos identifica que 42 eran indígenas y campesinos que luchaban por el agua, la tierra y el territorio de sus comunidades.

El informe Situación de la Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión de México, elaborado por el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, señala que en 2020 más de la mitad de los activistas asesinados reivindicaban la tierra y el territorio y que la mayoría eran indígenas.

Esta organización asegura que en los últimos años, los crímenes contra los activistas sociales se han mantenido en los mismos niveles, pero lo que sí ha cambiado es el discurso del presidente López Obrador que desacredita y estigmatiza la defensa de los derechos humanos con lo que se crea un ambiente hostil, para los activistas sociales.

El capítulo México de Amnistía Internacional (AI) afirma que "desde las autoridades se desacredita la labor de defensa, no se entiende que oponerse a un megaproyecto o a una obra no quiere decir que las personas están en contra de todo el gobierno, sino que es su derecho (...) descreditar a las personas defensoras puede contribuir a generar un clima de hostilidad y, de alguna manera, legitima los ataques, aún cuando no vienen de parte del gobierno".

De acuerdo a CEJIL las solicitudes de protección se han multiplicado por diez, pero el programa de mecanismos de protección continúa con el mismo presupuesto y recursos de hace diez años. Esto en un país donde los activistas sociales tienen que enfrentarse a grupos criminales que se disputan el territorio y los homicidios ocurren en regiones donde el Estado no está presente, es complaciente o tiene vínculos con esos grupos.

AI advierte que en la "investigación de los asesinatos de personas defensoras de tierra y territorio, los servicios de procuración de justicia son particularmente lentos y omisos. Se permanece muchos años sin tener verdad, justicia ni reparación para las familias de las víctimas", y plantea la necesidad de que el gobierno reconozca "la gravedad del problema y garanticen o doten de las herramientas y recursos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que puedan desarrollar su labor plenamente".

La investigación de El Universal establece que del total de los asesinatos de activistas sociales, 24 ocurrieron en Oaxaca, diez en Guerrero, seis en Chiapas, cinco en Chihuahua, tres en Sonora y dos, en cada uno, en Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí. Con un caso cada uno están Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz y Zacatecas. En 14 entidades federativas ha habido el asesinato de por lo menos un activista social.

CEJIL y AI, cada uno por su cuenta, están de acuerdo en manifestar la debilidad y las fallas del funcionamiento de los mecanismos de protección. Un porcentaje de defensores contaban con él cuando fueron asesinados. Es un hecho que "el Estado no ha logrado garantizar la seguridad y la vida de las personas defensoras en México y son casi cotidianas los ataques e incluso asesinatos". ¿Hasta cuándo?

Rubén Aguilar Valenzuela 
En los últimos siete años el gobierno y la oposición venezolana se han encontrado en cinco ocasiones para negociar una salida a la crisis política, económica y social que vive el país. Las cuatro anteriores han fracasado de manera rotunda.
 
La quinta, que inició en la Ciudad de México el viernes pasado, ha sido recibida con escepticismo por la sociedad venezolana. Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, plantea que sus investigaciones cualitativas se sintetizan en una frase: "Chavistas y opositores pónganse de acuerdo".
 
Y también que la gran mayoría de los venezolanos quiere "salidas pacíficas". La sociedad, añade, ve con buenos ojos el diálogo, pero "tiene claro que el Gobierno de Maduro es más fuerte y tiene ventaja. Esa desigualdad de condiciones fundamenta el pesimismo de muchas personas."
 
Por parte de la oposición participan los cuatro más importantes partidos: Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, lo que se conoce como el G4. Hay otras fuerzas políticas más pequeños, pero no están representadas.
 
La oposición está fragmentada. Es su más importante debilidad, aunque ahora se les ve más unidos que en otras ocasiones. Juan Guaidó, reconocido todavía como presidente interino por muchos países, ha dicho que en la oposición ahora "hay unidad para enfrentar los procesos que vienen en la negociación".
 
La mediación, por acuerdo de las partes, está en manos de Noruega, y participan como acompañantes Rusia y Holanda. Las posiciones de inicio son claras. El gobierno quiere se levanten las sanciones económicas internacionales y la oposición exige garantías, para que las elecciones sean realmente tales en las regionales del próximo noviembre y en las presidenciales de 2024.
 
El punto final del proceso de negociación es cómo restaurar el orden institucional democrático. En la Venezuela de hoy no hay ninguna institución elegida por esta vía. Aquí está la base de la actual crisis. Si esto no se logra, la situación seguirá siendo la misma. Quien sufre el estado de cosas es la población. En los últimos diez años han salido del país cuatro millones de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida.
 
En el Museo de Antropología, el viernes por la tarde, el gobierno y la oposición acordaron la agenda y las reglas del juego. El diálogo se rige bajo el principio de que "nada está acordado hasta que todo lo esté", pero "las partes podrán celebrar acuerdos parciales si consideran que el o los temas sobre los que versen han sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente, necesaria o, al menos, verificable antes del término de la negociación".
 
El memorándum, firmado por las partes, fija siete prioridades: "Derechos políticos para todos; garantías electorales para todos y cronograma electoral para elecciones observables; levantamiento de sanciones y restauración de derecho a activos; respeto al Estado Constitucional de Derecho; convivencia política y social, renuncia a la violencia y reparación de las víctimas de la violencia; protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano; garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado".
 
Quien actúa como mediador del proceso, el diplomático noruego Dag Nylander, subrayó al final del primer encuentro, que "la crisis en Venezuela solo puede ser resuelta por los propios actores políticos venezolanos" y que "el resultado dependerá de estos actores políticos, nadie más". La sociedad venezolana y la comunidad internacional están atentos a lo que pueda resultar de este proceso. La crisis política, económica, pero sobre todo social de Venezuela, exige que las partes se pongan de acuerdo, para sacar al país de la situación en la que ahora se encuentra.

Rubén Aguilar Valenzuela
La amenaza de muerte que el pasado 9 de agosto difundió el Cártel Jalisco nueva Generación en contra de la periodista Azucena Uresti y la agresión al trabajo de El Universal, Televisa y Milenio advierte, una vez más que ejercer el periodismo en México es una actividad del más alto riesgo.
 
La violencia contra el ejercicio de la prensa libre es un fenómeno que viene desde hace 20 años, pero es la primera vez que ocurre una amenaza de este carácter en la Ciudad de México. Antes siempre se había dado en los estados. Habla de una escalada.
 
Nadie, menos el gobierno Federal y es de la Ciudad de México, pueden ignorar esta realidad. El crimen organizado ha decidido amenazar a los periodistas y a los medios en la capital de la República. Ocurre en un sitio donde antes no lo había hecho. Ahora sabe que lo puede hacer. No es un dato menor.
 
De 1994 a lo que va de 2021 han sido asesinados 129 informadores a consecuencia del ejercicio de su actividad profesional, según el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). En lo que va del sexenio del presidente López Obrador no ha hecho lo que le corresponde, para encarar el problema cuanto éste es todavía más grave que en los gobiernos anteriores. Y señalan que los criminales saben que gozan de total impunidad.
 
Advierten que en este creciente ambiente de violencia contra el periodismo, el presidente contribuye a su construcción con su permanente crítica y descalificación a informadores y medios en sus comparecencias mañaneras. Para estos organismos la posición del presidente violenta la libertad de expresión, pero él dice que se acoge a ella, para manifestarse contra la prensa.
 
Plantean también que los mecanismos de protección a los periodistas son muy débiles y que con frecuencia han fallado y los informadores, a pesar de contar con ellos, han sido asesinados. Solicitan al gobierno un cambio de paradigma, para garantizar la vida de los comunicadores y el ejercicio pleno de una prensa libre, que no se deje condicionar por las amenazas del crimen organizado.
 
A propósito de la recuente amenaza, En defensa de la libertad de expresión (10.08.21), documento suscrito por 22 de los medios más importantes del país, se plantea la posición de los periodistas y los medios ante la situación: "Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos con esta expresiones delincuenciales y exhortamos a echar a andar, con carácter de urgente, los mecanismos de protección que ampara la ley de tal manera que se proteja a cada uno de ellos".
 
Y también que, "esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprehendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos que la transformación que se quiere dar en el país, no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada". El presidente ha manifestado su solidaridad con Azucena Uresti y ha reprobado el hecho, pero no lo ha condenado a nombre del Estado mexicano.
 
El documento termina poniendo de manifiesto una trágica realidad: "México s uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estad Mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatización". Es un claro mensaje del presidente López Obrador. Todavía no se pronuncia ante esta demanda. ¿Lo hará?