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Siete meses de gobierno

Rubén Aguilar Valenzuela  
Hoy lunes 1 de julio, al cumplirse siete meses de gestión, el presidente López Obrador convoca a un mitin en el Zócalo, para rendir un informe de gobierno. El evento es un claro pretexto, para celebrar el primer aniversario de su victoria en 2018. En adelante todos los años seguramente se va a organizar esta celebración.

López Obrador una vez pasada la elección y ya en el cargo, no ha querido asumirse como presidente de todas las y los mexicanos. Se asume solo como el presidente del sector de la ciudadanía que votó por él y está de acuerdo con todo lo que dice y hace. A los otros los ve como enemigos.

En estos meses el presidente mantiene un discurso que polariza a la sociedad y no corresponde a su investidura como Jefe del Estado y del Gobierno, sino es el propio de la cabeza de una fracción por grande que sea. Esta actitud proyecta a un mandatario intolerante y autoritario. Para él solo existe la disyuntiva de estás conmigo o estás contra mí.

Es evidente que su proyecto es restaurar el viejo presidencialismo donde el Ejecutivo se ubica por encima de los otros Poderes del Estado y también de la soberanía de los estados. Es el regreso al México del muy viejo PRI donde nada se movía sin que el presidente lo decidiera todo. Él se formó en esa tradición y la asume como un valor.

En este afán se ha propuesto eliminar los órganos autónomos del Estado, que tanto trabajo han costado construir, y también programas sociales institucionales que han sido sustituidos por apoyos directos a la población, sin reglas de operación, con el propósito de construir una gigantesca base social que se convierta en una plataforma electoral cautiva.

El presidente en estos meses mantiene un ataque frontal contra medios, periodistas y comentaristas que no coinciden con lo que le dicen y evidencian sus mentiras de todos los días. Él habita en un mundo construido con "otros datos" mismos que contradicen los que ofrecen las estadísticas de su gobierno. Vive en la negación absoluta de la realidad.

La laicidad del Estado ha sido una y otra vez violentada por el presidente que mantiene una relación privilegiada con sectores de las iglesias evangélicas a las que ha prometido dar concesiones de radio y televisión para que difundan el mensaje de Cristo, al que con frecuencia hace mención en sus intervenciones de la mañana.

Este gobierno, como nunca antes, ha castigado el presupuesto destinado a la salud. Hay gente que ya ha muerto a consecuencia de esta nueva política. Y de la misma manera se han reducido los recursos públicos para el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y también para estudiar en el extranjero.

Muchas de las reformas que impulsa el actual gobierno, en particular la de educación con claro carácter clientelar apuntan a una regresión de carácter histórico. El país se ha militarizado y la seguridad pública ha pasado a manos de las Fuerzas Armadas. Los primeros siete meses del gobierno de López Obrador no han sido buenos para la democracia ni para México.


 

Militarización de las fronteras

Rubén Aguilar Valenzuela

El presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, decidió la militarización de la frontera norte y sur como elemento central de la estrategia, para impedir el paso de los migrantes centroamericanos por el territorio nacional y también, para que no ingresen a los Estados Unidos.

En total se han desplegado 23,500 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal ya que la Guardia Nacional todavía está en período de formación. Son 15,000 efectivos en la frontera norte y 8,500 en la frontera sur, de acuerdo al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González.

Los efectivos destinados a la frontera norte cubren desde Tijuana a Matamoros y los de la frontera sur están divididos en dos grupos: 2,000 distribuidos en la frontera con Guatemala y Belice y 6,500 en el área de Chetumal a Tapachula y en el Itsmo de Tehuantepec como segundo anillo de contención.

En versión del secretario de Defensa "estamos haciendo todo una cobertura en la frontera sur y ahí estamos coadyuvando con el esfuerzo del Instituto Nacional de Migración (INM), que tiene la facultad para hacer el aseguramiento de personas y los estamos apoyando para poder llevar esta actividad".

Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas detienen a los migrantes, incluyendo a los niños, y después se los entregan al INE, para que los lleve a una estación migratoria y luego los deporte. La prensa ha publicado imágenes que muestran que esto mismo están haciendo las Fuerzas Armadas en la frontera norte.

El secretario de la Defensa señala que el INM no tiene los elementos necesarios para implementar la nueva estrategia de contención de los migrantes y que por eso las Fuerza Armadas se han visto en la necesidad de apoyarlos.

A lo largo del siglo XX y lo que va del XXI nunca se había adoptado como parte de la estrategia del gobierno, para hacer frente al tema de la migración, a la militarización de las dos fronteras para evitar el ingreso de los centroamericanos que huyen de sus países por la violencia y la pobreza.

En versión del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, la estrategia responde a que el gobierno "no puede ser ingenuo, en muchos casos los cruces y los flujos migratorios están vinculados a tratantes de personas y a crimen organizado, que ha hecho de la migración uno de los grandes negocios".

Tres preguntas: ¿Cuántos de los 400,000 o más migrantes centroamericanos que cada año cruzan el territorio nacional en busca de llegar a los Estados Unidos son llevados por polleros o como parte del negocio del crimen organizado? ¿Cuántos de estos criminales ya han sido arrestados? ¿En qué cárceles están?

La militarización de las dos fronteras forma parte de los compromisos que el presidente López Obrador asumió con el presidente Trump y que se sabe que todos los días supervisa el canciller Marcelo Ebrard, responsable general de la implementación de la estrategia. En días, Trump va a decidir si su implementación le resulta o no satisfactoria ¿Si no la ve bien, qué sigue?

Twitter: @RubenAguilar

Nueve cárteles y 33 grupos delictivos

Rubén Aguilar Valenzuela

Al inicio de su gestión el actual gobierno, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), reconoce la existencia de nueve cárteles y 33 grupos delictivos asociados a ellos.
 

Jalisco Nueva Generación. No se le conoce que opere con grupos asociados. Está presente en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guerrero, Morelos y Veracruz.

Caballeros Templarios. No se le conoce que opere con grupos asociados. Su actividad se concentra en Michoacán.

Cártel del Golfo. Opera con seis grupos asociados: Metros (Reynosa, Tamaulipas); Grupos Dragones (Tampico, Tamaulipas); Rojos (Matamoros, Tamaulipas); Los Fresitas (Tamaulipas); Los Pelones y Talibanes (Cancún, Quintana Roo). Su actividad se concentra en Tamaulipas y Quintana Roo.  

Los Zetas. Opera con tres grupos asociados: Grupo Operativo Los Zetas; Grupo Operativo Zetas y Fuerzas especiales Zetas. Su actividad se concentra en Tamaulipas.

Cártel de los Beltrán Leyva. Opera con siete grupos asociados: Cártel Independiente (Acapulco, Guerrero); Los Ardillos (Región de la montaña y centro en Guerrero); La Oficina (Aguascalientes y Baja California Sur); Los Rojos (Centro y norte de Guerrero y Morelos); Los Granados (Tierra Caliente en Guerrero); Los Panchillos Huevos o El 2000 (Guerrero) y Los Mazatlecos (Sinaloa y Baja California Sur). Está presente en Guerrero, Aguascalientes, Baja California Sur, Sinaloa y Morelos.         

Cártel de los Carrillo Fuentes. Opera con dos grupos asociados: La Línea (Chihuahua) y Los Azteca (Chihuahua). Su actividad se concentra en Chihuahua.

Familia Michoacana. Opera con dos grupos asociados: Guerreros Unidos o La Nueva Empresa (Morelos, Guerrero y Estado de México) y La Empresa (Morelos y Estado de México). Están presentes en Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México.

Cártel de los Arellano Félix. Opera con tres grupos asociados: El Chan (Baja California); El Joquera (Baja California) y El Kieto (Baja California). Su actividad se encuentra en Baja California.

Cártel del Pacífico. Opera con diez grupos asociados: Gente Nueva (Sinaloa y Chihuahua); Los Cabrera (Durango y Chihuahua); Cártel del Poniente o de La Laguna (Durango y Coahuila); El Aquiles (Baja California); El Tigre (Baja California); Del 28 (Baja California Sur); Los Artistas Asesinos (Chihuahua); Los Mexicles (Chihuahua); Los Salazar (Chihuahua) y Los Menos (Sonora). Está presente en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Baja California, Baja California Sur y Sonora.        

 
De acuerdo a la FGR, los cárteles tienen presencia en 17 estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Estado de México, Morelos, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo.

En el documento no se hace mención al Cártel de Santa Rosa en Guanajuato y tampoco a la presencia de los cárteles en la Ciudad de México.

El informe es un primer mapa que ofrece este gobierno sobre la presencia de los cárteles y los grupos asociados a estos. Es muy semejante o igual a la información de la que disponía la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno del presidente Peña Nieto.

Está por verse si con la supuesta nueva estrategia para combatir al crimen organizado, que tiene como eje central a la Guardia Nacional, se logra reducir la actividad de los cárteles y sus grupos asociados.

En los primeros siete meses de la nueva administración se ha incrementado la violencia y los indicadores señalan que, en el arranque, es el sexenio más violento desde 1997 cuando se tiene registro de cifras precisas.

@RubenAguilar

Historia de un crimen: Colosio

Rubén Aguilar Valenzuela

A 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio (Jorge A. Jiménez) Netflix (2019) lanza una serie de ocho capítulos que pretende responder a preguntas de lo que sucedió el 23 de marzo de 1994 y sobre quienes fueron los responsables. En esta versión el desarrollo de la trama no se centra en el candidato asesinado sino en su esposa Diana Laura Riojas (Isle Salas) y el jefe de la policía de Tijuana José Federico Benítez (Alberto Guerra). El enfoque es distinto y resulta original.

La serie empieza por el asesinato de Colosio en manos de Mario Aburto Martínez (Jorge Antonio Guerrero), que es la versión oficial, para después, en los siguientes siete capítulos, tratar de responder a dos preguntas centrales: ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mandó matar? Y está también presente la tragedia de Diana Laura y su lucha contra el cáncer.

Los guionistas tienen acceso a los expedientes desclasificados el año pasado que plantean nuevas dudas en versión de quienes ya se han acercado a ellos. En la serie están todos los hombres que, de una u otra manera, tuvieron que ver con los hechos: Carlos Salinas de Gortari (Ari Brikman), Raúl Salinas de Gortari (Martín Altomaro), Manuel Camacho Solis (Enrique Arreola), José María Córdoba Montoya (Pedro de Tavira), Ernesto Zedillo Ponce de León (Herán del Riego),  Manlio Fabio Beltrones (Juan Carlos Medellín), Líebano Sáenz (Everardo Arzate), José Francisco Ruiz Massieu (Omar Medina) y Miguel Montes (Marco Treviño) entre otros.

En el desarrollo de la trama en ningún caso se culpa a nadie en lo particular, pero se plantean dudas razonables, a partir de datos objetivos, sobre cuál pudo ser el papel del presidente Salinas, Beltrones, Camacho, Córdoba Montoya y Zedillo. Siempre vistos desde la óptica de Diana Laura que duda de las versiones oficiales y de las conclusiones del fiscal que ella misma eligió, para aclarar lo que había sucedido.

La dirección de Hiromi Kamata y Natalia Beristáin es buena y también el trabajo de todos los actores en especial el de Ilse Salas en el papel de Diana Laura. A amigos periodistas extranjeros que vieron la serie les pareció muy interesante e incluso apasionante. Pienso que está bien construida y teje una historia que resulta interesante y tiene un ritmo que la hace entretenida.

Es muy difícil aportar algo nuevo a la historia del asesinato de Colosio a 25 años de haber ocurrido, de un archivo de más de 10 mil fojas que tiene el caso, de cuatro fiscales especiales que se hicieron cargo de la investigación, de la duda de la sociedad sobre lo que desde un principio planteó el gobierno y de las muy distintas versiones que existen sobre los sucesos que van desde la existencia de varios Aburtos y dos distintos asesinos.

Una buena parte de los personajes que han sido relacionados con el caso siguen con vida. Los creadores y responsables de la serie mantienen la versión de los hechos en un espacio donde se plantean dudas e hipótesis, pero no se va más allá. Cada uno de los televidentes mexicanos tiene una versión de los hechos y en su gran mayoría no acepta la que desde un principio dio el gobierno del presidente Salinas.

En crímenes como los de Colosio siempre queda la pregunta si es posible llegar a saber lo que realmente sucedió. La serie cuestiona la versión oficial y abre el espacio de la duda, pero no se compromete con una versión nueva y distinta. Se mantiene en el margen de lo prudente y políticamente correcto.

La serie de Netflix cumple con creces su propósito de ofrecer un producto bien hecho, interesante y que entretenga a audiencias muy grandes y en muy distintos países. No se le puede pedir más. Es un trabajo profesional serio. Su propósito no es ofrecer una nueva versión del asesinato, pero sí plantear dudas razonables que hacen de la serie un producto que vale y se vende.

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Historia de un crimen: Colosio
Título original: Crime Diaries: The Candidate
Producción: Netflix, 2019

Dirección: Hiromi Kamata y Natalia Beristáin
Guión: Andrés Burgos; Alejandro Gerber Bicecci; Itzel Lara y Rodrigo Santos
Música: Pascual Reyes
Fotografía: Alberto Anaya Adalid
Con: Ilse Salas, Jorge A Jiménez, Alberto Guerra, Gustavo Sánchez Parra, Jorge Antonio Guerrero, Martín Altomaro, Lisa Owen, Ari Brickman, Hernán del Riego, Enrique Arreola y muchos más.

 @RubenAguilar

Proyecto Futuro 21

Rubén Aguilar Valenzuela 

El pasado domingo un grupo de organizaciones políticas y sociales y también de ciudadanos preocupados por retroceso de la vida democrática que hoy se vive en México dieron a conocer el inicio de un nuevo esfuerzo político ciudadano, Proyecto Futuro 21.

Los convocantes aceptan el ofrecimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que pone a su disposición el registro en el Instituto Nacional Electoral (INE), para conformar una nueva alternativa política ciudadana que participe en las elecciones del 2021.

Esta fuerza surge del acuerdo de un grupo inicial, abierto a quien se quiera integrar, que impulsa un proyecto de carácter socialdemócrata y liberal. El objetivo de mediano plazo es constituir una nueva organización política formada por una ciudadanía crítica, libre, abierta a la sociedad civil, flexible, descentralizada y ajena a prácticas corporativas y clientelares.

El grupo convocante está convencido que el país vive una regresión democrática en la que están en peligro las libertades individuales, la autonomía de los poderes de la unión, el federalismo republicano, los organismos autónomos, la pluralidad política, la libertada de expresión, la libre organización de la sociedad civil y también una política exterior soberana.

Y por eso esta nueva alternativa se propone defender y garantizar las instituciones republicanas, el pacto federal, el equilibrio entre los poderes, la pluralidad, la libertad de expresión y la democracia ante el embate manifiesto de un gobierno que da pasos para instaurar un régimen presidencial centralista, unipersonal y autoritario.

El grupo rechaza y condena el discurso de polarización, descalificación, insulto, resentimiento y rencor que promueve el presidente de la República y hace un llamado al debate abierto y democrático, al respeto a todas las ideas, a la tolerancia y a la unidad que el país requiere, para avanzar en la solución de sus grandes retos.

Ahora quienes suscriben el Proyecto Futuro 21 han comenzado a discutir la plataforma programática y las formas de organización de esta nueva alternativa política. La idea es que en el mediano plazo constituya una fuerza política que realmente represente a los millones de mexicanos que desean vivir en un país democrático, justo, libre, incluyente, seguro, próspero y sustentable.

La nueva alternativa espera, en unión con otras fuerzas en un gran frente, pueda contribuir a conformar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados en 2021, para que el Poder Legislativo recupere su independencia y ya no dependa del Poder Ejecutivo y se avance en la posibilidad de ganar en las elecciones por la presidencia en 2024.

Los que convocan a esta construcción reconocen que la tarea no es fácil y que se van a enfrentar a la maquinaria del actual gobierno, pero anuncian que seguirán en el esfuerzo de construir una nueva fuerza política de amplio espectro que aglutine a socialdemócratas y liberales comprometidos con la democracia y la justicia, para enfrentar la regresión autoritaria que impulsa este gobierno.
 
 @RubenAguilar

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