Francisco Treviño Aguirre

 En el panorama actual de México, el emprendimiento se presenta con una combinación de dinamismo y retos estructurales que requieren de intervención estratégica para transformarse en una palanca de productividad y desarrollo. Según datos del INEGI, a mayo del 2025, el país contaba con 6,097,675 unidades económicas, de las cuales el 95%  aproximadamente, correspondían a micro empresas que emplean cerca del 41.5 % de la fuerza laboral. Este dato revela un ecosistema de negocios intensivo en micro-actividad, pero con un limitado impacto en escalamiento, productividad y competitividad global.

Por otro lado, la digitalización de estas unidades sigue siendo baja: apenas el 5.5% realiza ventas online. Esta brecha digital representa una oportunidad estratégica no sólo para los propios emprendedores, sino también para políticas públicas que permitan cerrar esta brecha y activar nuevos canales de crecimiento. La dinámica de nacimientos y cierres de negocios también arroja señales mixtas. Entre 2019 y 2023 se reportaron aproximadamente 1.7 millones de nuevos establecimientos frente a 1.4 millones de cierres, reflejando que la supervivencia continúa siendo un reto para muchos emprendedores. Además, el tamaño promedio de los nuevos negocios ha tendido a crecer (de 2.0 a 2.85 personas) lo que sugiere una entrada con mayor recurso humano, mas no necesariamente una mayor preparación o soporte institucional.

Otro factor relevante es el acceso al financiamiento. De acuerdo con el INEGI, el 46.6 % de las empresas ha solicitado crédito alguna vez y el 43.2 % lo consiguió. No obstante, los principales motivos de rechazo son la insuficiente capacidad de pago (19.7%) y la falta de historial crediticio (12.0%). Esto evidencia que el ecosistema se ve limitado no tanto por la oferta de financiamiento, sino por las barreras de entrada de nuevos negocios o microempresas sin respaldo formativo. En paralelo, los instrumentos de respaldo como las cadenas productivas del NAFIN representan una vía interesante para proveer factoraje y garantías, particularmente si se articulan con grandes anclas corporativas y gobierno.

En cuanto al segmento de innovación, crecimiento y capital de riesgo, México presenta un aumento de la tasa de actividad emprendedora temprana (TEA) cercana al 17% según el portal del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Aun así, persisten debilidades estructurales: alta informalidad, baja tasa de negocios establecidos y poca entrada a mercados de alto valor. En América Latina, los flujos de capital de riesgo ascendieron a aproximadamente US$ 4.5 mil millones en 2024 y la perspectiva para 2025 muestra mejora. En este contexto, la falta de vehículos locales de coinversión, líneas de crédito de capital semilla y salidas secundarias se convierten en limitantes para la expansión de empresas mexicanas con vocación global.

A la luz de estos datos, se vislumbran tres áreas de intervención clave. Primero, la digitalización de micro y pequeñas empresas se posiciona como “bajo colateral, alto retorno”, pues amplía canales de ventas y reduce dependencia del mercado local. Segundo, la formalización y crédito con datos alternativos son palancas de inclusión empresarial: mediante medida no tradicional, factoraje y alianzas con corporativos se pueden incorporar muchos negocios que hoy quedan fuera. Tercero, para que el ecosistema de startups cobre mayor relevancia global, es urgente construir un puente de crecimiento que vaya más allá del capital semilla, mediante coinversión público-privada, deuda consolidada y mecanismos de liquidez. Finalmente, el marco fiscal simplificado para personas físicas, como RESICO, ofrece una oportunidad para formalizar negocios con menores barreras administrativas, lo que puede incentivar la transición de la informalidad a la formalidad con beneficios.

El papel del gobierno, la academia, los grandes corporativos y los emprendedores se vuelve complementario: la tarea no es únicamente “iniciar” empresas, sino sostenerlas y escalarlas. En ese sentido, una estrategia pública-privada bien articulada que articule digitalización, financiamiento, formalización y crecimiento puede transformar el impulso emprendedor mexicano en un agente de desarrollo regional, innovación y competitividad internacional. En México hay energía emprendedora, pero aún falta alinear los recursos, la estructura institucional y el capital para convertirla en una realidad sostenible y escalable.

Hoy por hoy, El ecosistema emprendedor mexicano vive un momento de transición: de la mera proliferación de nuevos negocios hacia la maduración de empresas con impacto y escala. Los datos confirman que existen tanto condiciones favorables, como una tasa de emprendimiento temprana de 17% y un repunte del capital de riesgo en América Latina, como obstáculos persistentes: baja digitalización de microempresas, limitado acceso a crédito por falta de historial y un ecosistema de crecimiento que aún carece de infraestructura.

Para que el emprendimiento se traduzca en motor de desarrollo económico y social en México, se requiere una estrategia integral que articule digitalización masiva, acceso al crédito con nuevos modelos de riesgo, formalización simplificada y escalamiento de empresas mediante capital de riesgo sofisticado. Así, el país podrá transformar el “gran inicio” en negocios sólidos, productivos, globales y capaces de generar empleo de calidad. En síntesis: emprender en México no es solo comenzar, sino consolidar y crecer.

X:@pacotrevinoag

Francisco Treviño Aguirre

La política moderna dejó de ser una temporada de campañas para convertirse en un flujo permanente de comunicación estratégica. El juego global se resume en tres verbos: encuadrar, movilizar, sostener. Encuadrar es fijar el mensaje simple que organice todo lo demás; movilizar es convertir la atención en acción; sostener es gobernar comunicando con consistencia, incluso cuando no hay “noticias”. En ese triángulo se reconfiguran presupuestos, formatos y equipos. El marketing político exitoso, en cualquier latitud, opera como una orquesta: narrativa, datos y operación territorial sincronizados, con una métrica calendarizada.

Primero la narrativa, después el plan de medios. La era de los mensajes kilométricos terminó; mandar el mensaje breve, memorable y demostrable en clips de treinta segundos. La forma dejó de ser un detalle estético: el video vertical es la nueva plaza pública y el teléfono, la tribuna portátil. La estrategia efectiva define un arco argumental, origen, problema, solución, prueba, y lo desdobla en pequeñas historias que caben en la rutina diaria de la gente. El lenguaje es directo, la estética es nativa de plataforma, la cadencia es alta y la promesa es verificable. Sin esta arquitectura, cualquier presupuesto se evapora en impresiones frías y métricas vanidosas.

El segundo pilar es la capa de datos al servicio de la persuasión ética. No se trata de espiar; se trata de observar con disciplina. La segmentación que funciona no persigue rasgos sensibles, sino contextos: geografía, intereses declarados, momentos del día, conversaciones públicas, necesidades de cada territorio. La creatividad se prueba y se mejora como si fuera un producto tecnológico: se prueban titulares, ritmos, duraciones, llamadas a la acción. La compra de medios deja de ser una apuesta ciega y se convierte en un tablero de experimentos controlados. La métrica clave no son las vistas sino el incremento real en alcance, recuerdo, intención y asistencia. El objetivo final no es ganar la conversación, sino ganar la jornada electoral y luego sostener la gobernabilidad.

El tercer pilar es la operación. Las campañas profesionales montan un “cuarto de guerra” que opera 24/7: monitorea temas, corrige desviaciones, genera creatividad en horas, alimenta con argumentos y datos, y activa protocolos contra la desinformación. La velocidad importa, pero la coherencia importa más: responder no es reaccionar, es reafirmar el encuadre propio con hechos verificables y tono firme. La logística del territorio: formación de cuadros, calendarización de eventos, registro y contacto post evento, se gestiona como una cadena de suministro de atención: lo que empieza en un video acaba en una mano levantada, y lo que ocurre en una colonia regresa a la nube en forma de testimonio y prueba.

“Gobernar comunicando” ya no es un eslogan; es un método. Las figuras que comprenden esto mantienen un ritual informativo constante: informes periódicos, testimonios ciudadanos, métricas de avance y ventanas de rendición de cuentas traducidas a formatos simples. En lugar de perseguir la coyuntura, crean la agenda con hitos predecibles: lunes de resultados, miércoles de obra pública, viernes de ferias de empleo. Esa gramática convierte el gobierno en una narrativa en marcha, reduce la dependencia de terceros para legitimar logros y protege el capital político ante crisis inevitables. La transparencia se vuelve un producto comunicable: corto, verificable, compartible.

Hay una verdad incómoda: la creatividad sin orden es ruido caro; la disciplina sin creatividad es silencio inútil. De ahí surge un marco operativo simple y exigente. Uno, mensajes y símbolos antes que pauta: si el mensaje no cabe en diez palabras, no está listo. Dos, producción modular y diaria: una sesión de cámara rinde para una semana si se planifica con guiones y videos cortos. Tres, distribución con objetivos precisos: alcance incremental donde falte reconocimiento, frecuencia donde haya intención tibia, conversión donde exista base movilizable. Cuatro, medición útil: minutos vistos, alcance neto, costo por asistencia, crecimiento de voluntariado activo, tiempo de respuesta a crisis, cumplimiento regulatorio. Cinco, mejora continua: se documenta lo que funciona, se replica lo que rinde.

Hoy por hoy, el marketing político que mira al futuro asume que toda comunicación es una promesa con auditoría. De ahí, que el verdadero diferenciador no es un truco creativo ni una táctica de moda, sino la combinación entre una narrativa clara, una ejecución obsesiva por la calidad y una gobernanza de datos y procesos que aguante la presión del día a día. No hay atajos: se siembra atención, se cultiva confianza y se cosecha legitimidad. Cuando el discurso se vuelve hábito informativo, la audiencia lo busca para enterarse qué sigue.

X:@pacotrevinoa

Francisco Treviño Aguirre

 Los bonos de carbono nacieron con una idea sencilla: si contaminar tiene un costo real para el planeta, entonces debe tener un precio claro para quienes emiten. Un bono equivale al derecho de liberar a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono o su equivalente en otros gases de efecto invernadero. Esa “tonelada con etiqueta” puede comprarse, venderse y usarse para compensar emisiones. En teoría, quien contamina paga; en la práctica, quien reduce antes y mejor puede vender sus excedentes. Es el lenguaje del mercado aplicado a un problema ambiental que no admite excusas.

Aunque suene técnico, el mecanismo puede explicarse sin enredos. El regulador, por lo general, el gobierno, fija un límite total de emisiones permitido para cierto conjunto de empresas o sectores. Ese límite baja con el tiempo. A cada actor se le asignan permisos o los compra en subastas. Si una empresa innova, ahorra energía, cambia de combustibles o reforesta, puede quedar por debajo de su cuota y vender el “sobrante” como bonos. Si otra no logra reducir a tiempo, debe comprar esos bonos para cumplir. Así, el precio del carbono incentiva a invertir en soluciones: eficiencia energética, energías renovables, manejo de suelos, forestación y tecnologías de captura. No es un castigo, es una señal económica para mover capital hacia lo que sí reduce emisiones.

Existen dos grandes tipos de mercados. Los de cumplimiento, con reglas obligatorias y auditoría, y los voluntarios, en los que empresas, ciudades, universidades o incluso personas compran créditos para compensar una parte de su huella. En los primeros, los permisos están sujetos a topes y a verificación estricta; en los segundos, la flexibilidad ha permitido innovar rápido, pero también ha abierto dudas cuando la calidad del bono no está bien demostrada. ¿La reducción ocurrió gracias al proyecto? ¿Se mide con rigor? ¿Es permanente o podría revertirse? ¿Se cuenta dos veces la misma reducción? Estas preguntas no son detalles: son la frontera entre la confianza y el escepticismo.

Para que un bono sea serio, hay un procedimiento que no se puede saltar. Primero se define una línea base: cuánto se habría emitido si el proyecto no existiera. Luego, se mide lo que realmente se emite con el proyecto. La diferencia, si es positiva, es la reducción. A esto se añaden tres candados: adicionalidad (que la reducción no hubiera ocurrido sin los ingresos del bono), permanencia (que el beneficio no se pierda con rapidez) y ausencia de doble conteo (que nadie más reclame esa misma reducción). Finalmente, una entidad independiente valida el diseño y otra verifica los resultados. Cada crédito nace de números comparables y de evidencia que se pueda revisar. Sin eso, el mercado pierde significado.

El origen político de este sistema se remonta a acuerdos como el Protocolo de Kioto y, más recientemente, al Acuerdo de París y los compromisos climáticos nacionales. No se trata de “buenas intenciones”, sino de una arquitectura global que pide a los países fijar metas y crear instrumentos para cumplirlas. En muchos lugares ya funciona: la Unión Europea opera el sistema más grande del mundo; Estados y provincias en Estados Unidos y Canadá han probado esquemas regionales; y en América Latina hay marcos legales que avanzan en la dirección correcta. México, por ejemplo, ha probado un sistema piloto y cuenta con bases legales para que el precio al carbono ayude a cumplir sus metas. No es un camino simple, pero hay una brújula clara: reglas sólidas, precios que reflejen el daño y transparencia total.

¿Qué hacer entonces, en concreto? Para empresas, la ruta empieza adentro: medir la huella con rigor, fijar metas basadas en ciencia y reducir en casa lo que sea posible técnica y financieramente. Solo después, y para la parte residual, comprar créditos de alta integridad, con documentación pública, metodologías sólidas y riesgos de reversión gestionados. Además, conviene publicar una política clara: qué porcentaje de la huella se compensa, con qué criterios y durante cuánto tiempo. Para gobiernos, la tarea es doble: reglas estables y ambiciosas, techos que bajen a ritmo creíble, y capacidades robustas de medición, reporte y verificación, apoyadas en tecnología. El dinero recaudado debe regresar a la transición: electrificación, transporte limpio, rehabilitación de ecosistemas, innovación industrial. No hay mejor defensa del sistema que mostrar resultados visibles.

Hoy por hoy es importante mencionar que lo que no se mide no se gestiona, y lo que no tiene precio no se prioriza. Ponerle precio al carbono es ordenar la casa: define incentivos, acelera la innovación y alinea agendas públicas y privadas. Si las reglas son firmes y la verificación es seria, los bonos de carbono serán el puente entre el objetivo climático y el flujo de capital que necesitamos. Si permitimos relajarlos, se convierten en coartada. La disyuntiva está sobre la mesa. Elegir bien no es una cuestión ideológica: es, sobre todo, una decisión de gobernanza, de datos y de responsabilidad con las generaciones que vienen.

X:@pacotrevinoag

Francisco Treviño Aguirre

M México entra a una curva decisiva. En 2026 tendrá lugar la primera gran revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) desde su entrada en vigor. El proceso ya comenzó: Estados Unidos abrió consultas, fijó recepción de comentarios y programó una audiencia pública para el 17 de noviembre de 2025; Canadá activó su propio calendario; y la Secretaría de Economía habilitó 60 días para recoger propuestas del sector productivo. No es un trámite menor: de esta revisión dependerá si el acuerdo se renueva por otros 16 años, y bajo qué reglas, o si se abre una fase de incertidumbre que enfríe la inversión justo cuando México compite por capturar la mayor ola de relocalización manufacturera en décadas.

El nearshoring ya no se define sólo por costos laborales, logística o reglas de origen. El nuevo centro de gravedad es la seguridad energética integral: contar con energía suficiente, predecible y medible, respaldada por permisos claros y tiempos de respuesta que puedan incorporarse a los cronogramas financieros de las empresas. En términos operativos, la gerencia de una armadora, un centro de datos o una planta de electrónica debe poder modelar su inversión sin que la variable “energía” sea una caja negra. Si México llega a la mesa de 2026 con una oferta verificable en permisos, transmisión, interconexión, almacenamiento y cumplimiento operativo, podrá blindar cadenas automotrices y de electromovilidad y atraer electrónica de mayor valor, data centers y manufactura avanzada. Si no lo hace, es previsible una mayor fiscalización ambiental y laboral por parte de Estados Unidos y un acceso más condicionado al mercado; la inversión seguirá en Norteamérica, pero buscará otras rutas.

Construir seguridad energética integral implica articular tres pilares. Primero, permisos previsibles y vinculantes con calendarios públicos y exigibles para generación, transmisión, distribución, importación y proyectos de abasto aislado o detrás del medidor. No se trata de abrir indiscriminadamente, sino de dar certidumbre técnica al “sí” y al “no” con plazos adecuados. Segundo, capacidad de transmisión donde hoy duelen los cuellos de botella: inversión en los corredores de mayor crecimiento del nearshoring y tiempos de interconexión compatibles con los planes de obra de la industria. Tercero, cumplimiento operativo medible: aplicación efectiva del Código de Red, despliegue de medición inteligente, programas de respuesta a la demanda y funcionamiento de mercados de servicios conexos que permitan al almacenamiento con baterías monetizar la flexibilidad que aporta.

El otro eje es la trazabilidad y el contenido regional. En una región que acelera la reindustrialización eléctrica, las cadenas de valor se reorganizan alrededor de energía confiable con menor huella de carbono. No se requiere sobre-regular, pero sí estandarizar metodologías que hoy generan fricción: cómo medir la intensidad de carbono del kilowatt-hora consumido por una planta; cómo certificar que un proveedor cumple con el Código de Red; cómo verificar los programas de respuesta a la demanda. Son preguntas técnicas con implicaciones comerciales. Si México ofrece un sistema simple para demostrar cumplimiento, auditorías profesionales y plataformas de medición digital con trazabilidad, los fabricantes podrán elevar contenido regional sin choques regulatorios ni litigios transfronterizos.

Llegar con ventaja a 2026 exige transformar la fecha en un hito de entrega, no de incertidumbre. Eso se traduce en proyectos ejecutivos de transmisión listos para licitación y construcción; normas de interconexión actualizadas y alineadas con mejores prácticas internacionales; mercados de servicios conexos que reconozcan y remuneren el almacenamiento de energía; y plataformas de medición en marcha que permitan reportar, auditar y comparar. Todo ello debe acompañarse de un compromiso público con plazos de resolución de permisos:120, 180 o 270 días que sustituyan cronologías indefinidas por calendarios exigibles.

La discusión energética no puede aislarse de la agenda de contenido regional. Cadenas automotrices, de electro-movilidad, electrónica avanzada y servicios digitales están elevando sus requerimientos de intensidad de carbono y resiliencia de suministro. Si México alinea su marco técnico, medición de emisiones por kWh, cumplimiento de Código de Red, respuesta a la demanda, con un sistema de certificación accesible y verificable, facilitará que sus proveedores acrediten valor regional sin fricciones y, con ello, que escale el contenido mexicano en productos finales de alto valor agregado.

Hoy por hoy, la oportunidad es clara: el nearshoring se decide en subestaciones, gabinetes de control y cronogramas ejecutados puntualmente, no en comunicados de prensa. El Estado debe facilitar reglas; el sector privado debe ejecutar y coinvertir donde corresponda; los reguladores deben medir y verificar con independencia. Esta distribución de roles reduce la incertidumbre, acelera proyectos y convierte a la energía en ventaja competitiva, no en restricción.

X:@pacotrevinoa