Francisco Treviño Aguirre

México presume con frecuencia uno de los sistemas educativos más grandes de América Latina. Más de 24 millones de estudiantes transitan diariamente por las aulas de preescolar, primaria y secundaria, formando parte de una maquinaria monumental que consume recursos públicos, discursos políticos y promesas sexenales. Sin embargo, detrás de las cifras oficiales y de los informes optimistas de la Secretaría de Educación Pública, existe una realidad incómoda: el sistema educativo mexicano ha logrado meter casi a todos los niños a la escuela, pero no necesariamente enseñarles.

Durante décadas, el gran objetivo nacional fue ampliar la cobertura educativa. En ese sentido, México sí puede presumir un avance histórico. La educación primaria prácticamente alcanzó cobertura universal y el acceso a la escuela dejó de ser un privilegio reservado para unos cuantos. En términos estadísticos, el país ganó la batalla del acceso. Hoy, prácticamente cualquier niño mexicano tiene una escuela relativamente cercana. Pero ahí comienza el problema: tener un pupitre no garantiza tener educación. El debate educativo mexicano se quedó atrapado en una visión cuantitativa. Durante años se midió el éxito por el número de escuelas construidas, el número de libros repartidos o la matrícula registrada. Se celebró la expansión como si fuera sinónimo automático de progreso. Sin embargo, las evaluaciones internacionales comenzaron a exhibir una verdad incómoda: millones de estudiantes avanzaban de grado sin dominar competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas.

Los resultados de la prueba PISA de la OCDE se han convertido en un espejo brutal para México. Cada evaluación deja claro que una proporción alarmante de estudiantes mexicanos no alcanza siquiera los niveles mínimos para desenvolverse en una economía moderna. En lectura, matemáticas y ciencias, México suele ubicarse entre los últimos lugares de los países miembros de la OCDE. Y lo más preocupante no es únicamente la posición internacional, sino el significado profundo de esos números: millones de jóvenes terminan la secundaria sin comprender textos complejos, sin capacidad de razonamiento matemático elemental y con enormes limitaciones para competir en un mundo globalizado.

La tragedia educativa mexicana no ocurre únicamente en las estadísticas; ocurre en la vida cotidiana. Se refleja en jóvenes incapaces de llenar correctamente una solicitud de empleo, en universitarios que leen sin comprender, en profesionistas que memorizan, pero no analizan, y en empresas que batallan para encontrar talento técnico calificado mientras el país presume récords de nearshoring e inversión extranjera. Paradójicamente, México vive uno de los momentos más importantes de oportunidad económica de las últimas décadas gracias al fenómeno de relocalización industrial. Empresas de Asia, Europa y Estados Unidos buscan instalarse en territorio mexicano. Sin embargo, la pregunta incómoda es inevitable: ¿estamos formando el capital humano que demanda esta nueva economía? La respuesta parece ser preocupante.

Las estadísticas del INEGI y diversos organismos nacionales han documentado durante años que las escuelas indígenas y rurales operan en condiciones profundamente desiguales. Los hijos de familias con mayores ingresos tienen acceso a mejores docentes, tecnología, idiomas y redes de contacto; mientras tanto, los sectores más vulnerables reciben una educación limitada que difícilmente rompe el ciclo de marginación. Otro de los grandes focos rojos es la secundaria. Ahí comienzan las fracturas más visibles del sistema. Miles de adolescentes abandonan las aulas cada año debido a problemas económicos, violencia, desintegración familiar o simplemente porque dejan de encontrar sentido a la escuela. Muchos terminan incorporándose prematuramente al mercado laboral informal. Otros quedan atrapados en dinámicas de criminalidad o precariedad.

Y mientras tanto, el debate político suele girar más alrededor de sindicatos, reformas ideológicas o disputas administrativas que sobre la verdadera calidad educativa. Cada sexenio promete “transformar” la educación, pero pocos se atreven a enfrentar el problema estructural: la falta de exigencia académica, la débil capacitación docente, la corrupción sindical, la politización del sistema y el abandono de la meritocracia educativa. México parece haber normalizado una peligrosa mediocridad académica. Nos acostumbramos a celebrar que los niños estén inscritos, aunque muchos no aprendan. Nos conformamos con inaugurar escuelas mientras ignoramos qué sucede dentro de las aulas. Y quizá lo más preocupante: como sociedad comenzamos a perder la capacidad de indignarnos frente al fracaso educativo.

Hoy por hoy, La educación básica mexicana vive una contradicción monumental. Nunca antes hubo tantos estudiantes inscritos, tantos programas sociales y tantos discursos oficiales sobre inclusión educativa. Pero tampoco había sido tan evidente la crisis de calidad y desigualdad que arrastra el sistema. México logró llenar las aulas, pero no necesariamente formar ciudadanos preparados para competir, innovar y transformar al país. Quizá la pregunta más incómoda no sea cuántos niños van a la escuela, sino cuántos salen verdaderamente educados de ella. Porque un país puede sobrevivir algunos años con carreteras deficientes o burocracia ineficiente. Lo que difícilmente sobrevive es una nación que gradualmente reemplaza el conocimiento por la simulación.

X: @pacotrevinoag

Francisco Treviño Aguirre

En 2023, México desbancó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos, con exportaciones que superaron los 475 mil millones de dólares. No fue casualidad: fue el resultado acumulado de la guerra comercial entre Washington y Beijing, la pandemia que expuso la fragilidad de las cadenas de suministro transoceánicas, y el T-MEC como ancla jurídica de certeza. Para 2025, el país había atraído ya 36 mil millones de dólares en inversión directa vinculada al nearshoring, y el horizonte apunta hacia una oportunidad acumulada de 79 mil millones de dólares hacia el periodo 2026-2030, según análisis del mercado financiero institucional.

Asimismo, el Reporte de Impacto de la Industria 2026, presentado en abril por la Confederación Mundial del Empleo (WEC), confirmó lo que muchos analistas sospechaban: México es el destino estratégico preferido para la relocalización industrial, pero su talento no avanza al mismo ritmo que sus ambiciones. La cifra más brutal del informe es esta: apenas uno de cada cuatro trabajadores mexicanos recibe capacitación formal orientada a la industria 4.0. Eso significa que el 75% de la fuerza laboral está compitiendo en un mundo de inteligencia artificial, automatización y manufactura avanzada con herramientas del siglo pasado.

La demanda de perfiles en automatización, ingeniería de datos, software industrial e inteligencia artificial supera con creces la oferta disponible. Países como India y Vietnam, que enfrentaron dilemas similares una generación atrás, respondieron con programas nacionales masivos de formación técnica. México, en cambio, ha optado históricamente por subsidiar el costo de la mano de obra barata en lugar de invertir en su transformación. Esa lógica comienza a ser insostenible.

Universidades, tecnológicos e instituciones de educación media superior enfrentan hoy una presión inédita: reformarse o volverse irrelevantes. Las universidades públicas, que atienden a la mayoría de los estudiantes del país, avanzan con lentitud en la actualización de sus planes de estudio. El problema estructural es que actualmente solo el 35% de los estudiantes mexicanos elige carreras relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), precisamente los perfiles que el nearshoring necesita con urgencia. Mientras tanto, sectores como manufactura avanzada, biotecnología y logística inteligente buscan talento que el sistema educativo aún no produce en la cantidad ni en la calidad requeridas.

El gobierno federal, por su parte, ha articulado incentivos fiscales concretos: deducciones adicionales del 25% sobre el aumento del gasto en capacitación de los trabajadores, extendidas hasta 2030 para empresas en sectores prioritarios. Una señal correcta, pero insuficiente si no viene acompañada de una arquitectura institucional que conecte a las empresas con los centros de formación técnica de manera sistemática y no solo oportunista.

La responsabilidad no es exclusiva del Estado. Las empresas que arriban a México atraídas por los costos y la proximidad geográfica tienen una deuda con el tejido social y productivo del país que pocas están dispuestas a reconocer públicamente. La tendencia predominante sigue siendo la de importar mandos medios y técnicos especializados desde sus países de origen, mientras los trabajadores locales ocupan los eslabones inferiores de la cadena de valor.

Existen excepciones notables. Algunas firmas del sector automotriz y electrónico han desarrollado programas internos de upskilling y reskilling que transforman operadores de línea en técnicos de automatización. Pero son islas de buenas prácticas en un océano de corto plazo. La colaboración real entre corporativos globales, gobierno estatal y universidades regionales sigue siendo la excepción, no  la regla, en la mayoría de los corredores industriales del norte del país.

Hoy por hoy, México tiene todo para liderar la nueva geografía industrial del siglo XXI. Tiene tratados, tiene frontera, tiene mano de obra joven, tiene una clase empresarial con décadas de experiencia exportadora. Lo que no tiene —o no ha querido construir— es el compromiso político y empresarial de transformar su capital humano a la velocidad que el momento exige. Y aquí viene la verdad incómoda que nadie dice en los foros de inversión: el nearshoring, tal como está siendo gestionado hoy, corre el riesgo de reproducir el modelo maquilador del siglo XX con mejor tecnología. Empleos de ensamble disfrazados de manufactura avanzada. Trabajadores que operan máquinas sofisticadas sin entender cómo funcionan. Parques industriales llenos de inversión extranjera sobre un suelo donde la riqueza no se queda. Si México no capacita, no transforma, no innova —si se limita a ser el patio trasero conveniente de la economía norteamericana— habrá desperdiciado la oportunidad más grande de su historia moderna. Y eso, a diferencia de los ciclos económicos, no tiene segunda vuelta.

Francisco Treviño Aguirre

Hay una narrativa cómoda —demasiado cómoda— que se repite en México cada vez que se habla de nearshoring: las empresas están saliendo de Asia y viniendo a nuestro país. Punto. Historia resuelta. Caso de éxito. El problema es que esa historia es incompleta… y en algunos casos, peligrosamente ingenua. Porque Asia no se está retirando. China no está perdiendo el juego. Lo está rediseñando. Frente a la presión comercial y tecnológica de Estados Unidos, lo que vemos no es una retirada, sino una estrategia más sofisticada: diversificación, triangulación y control indirecto de las cadenas de suministro.

El fenómeno conocido como “China+1”, documentado por organismos como la UNCTAD, ha impulsado a países como Vietnam e India a convertirse en nuevos polos manufactureros. Pero ese movimiento no significa que China haya perdido control. Significa que ahora opera en red. Y en esa red, México aparece como una pieza clave… aunque todavía no lo entienda del todo. Nuestro país tiene ventajas evidentes: cercanía con Estados Unidos, integración industrial y acceso preferencial gracias al T-MEC. No es casualidad que México se haya convertido en uno de los principales socios comerciales de la economía estadounidense. Pero tener una ventaja no es lo mismo que saber explotarla.

Hoy, México sigue apostando por el modelo tradicional: atraer inversión, construir infraestructura industrial y esperar a que las empresas operen. Es un modelo válido, pero insuficiente para el mundo que estamos viviendo. Porque el verdadero negocio ya no está únicamente en producir. Está en conectar. Mientras empresas asiáticas buscan entrar al mercado norteamericano sin exponerse directamente a riesgos políticos o arancelarios, y empresas estadounidenses buscan proveedores confiables y cercanos, existe un espacio enorme que México podría ocupar: el de intermediario estratégico. No hablamos de maquila. Hablamos de orquestación.

De coordinar proveedores, validar procesos, integrar cadenas logísticas y facilitar el acceso a mercados. De ser el punto donde convergen Asia y América del Norte. De capturar valor no solo en la producción, sino en la inteligencia comercial. Ese es el negocio que pocos están viendo. Y es, probablemente, el negocio más rentable de la próxima década.

El problema es que seguimos midiendo el éxito con indicadores del pasado: número de plantas instaladas, metros cuadrados construidos, empleos generados. Todo eso importa, sí. Pero no define el poder económico en un mundo interconectado. Hoy, el poder está en quien controla el flujo, y controlar el flujo implica algo más complejo que ofrecer incentivos fiscales o mano de obra competitiva. Implica entender cómo se mueven las cadenas globales de valor, anticipar riesgos, reducir fricciones y construir plataformas que conecten oferta y demanda de manera eficiente.

México tiene los elementos para hacerlo. Tiene empresarios con experiencia internacional, tiene ubicación privilegiada y tiene un tratado comercial que le abre la puerta al mercado más grande del mundo, pero también tiene limitaciones que no se pueden ignorar. La más evidente es la infraestructura energética. En varias regiones del norte del país, la disponibilidad de electricidad se ha convertido en un cuello de botella. Proyectos industriales se retrasan o se cancelan porque simplemente no hay capacidad suficiente en la red. Y sin energía, no hay integración posible.

Este no es un detalle técnico. Es un tema estructural que puede definir si México consolida su papel en el comercio global o si se queda en un rol secundario. Mientras tanto, otros países avanzan. Vietnam fortalece su base manufacturera. Polonia se posiciona como hub en Europa. Incluso dentro de Estados Unidos, algunos estados, como Texas, están captando inversiones que antes habrían llegado a México; el mundo no se detiene a esperar.

La gran pregunta no es si México tiene oportunidades. Las tiene, y muchas. La pregunta es si está dispuesto a cambiar su forma de pensar, porque si seguimos viendo el nearshoring como una competencia por atraer fábricas, estaremos jugando un juego limitado, pero si entendemos que el verdadero valor está en la conexión —en ser el puente entre Asia y América del Norte— entonces el escenario cambia radicalmente. México puede convertirse en el nodo que articula una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Puede capturar valor en logística, en servicios, en comercio y en tecnología. Puede dejar de ser un destino… para convertirse en una plataforma. Pero para eso, necesita ambición. Necesita dejar de celebrar cada inversión como si fuera un fin en sí mismo, y empezar a construir una estrategia de largo plazo que integre sectores, regiones y actores.

Hoy por hoy, la verdad incómoda es que México no está compitiendo con Asia, está siendo utilizado por Asia como parte de su estrategia global. La diferencia entre una cosa y la otra es enorme. En el primer caso, México es protagonista. En el segundo, es un eslabón más, y en la economía global, los eslabones se reemplazan. Los nodos, en cambio, se vuelven indispensables. La pregunta es simple: ¿Queremos ser indispensables… o fácilmente sustituibles?

Francisco Treviño Aguirre

Hay decisiones que no se anuncian con estruendo político, sino con un lenguaje técnico, casi quirúrgico. Así ha sido el reciente mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al gas shale en México: no se trata, dice el discurso, de fracking, sino de “gas no convencional con nuevas tecnologías”. Pero en el fondo, la semántica es lo de menos. El mensaje es claro: México está reconsiderando lo que durante años fue un tabú político. Y no es casualidad. Hoy el país importa cerca del 75% del gas natural que consume, principalmente desde Texas. Esa cifra no es solo un dato técnico: es una vulnerabilidad estratégica. Una tormenta en Houston, una disrupción logística o una tensión geopolítica pueden traducirse en apagones industriales en el norte de México. Ya ocurrió en 2021, y puede volver a ocurrir. Frente a ese escenario, el mensaje presidencial no es ideológico: es profundamente pragmático.

Durante años, el fracking fue presentado como el villano ambiental por excelencia. Alto consumo de agua, riesgo de contaminación de acuíferos, impacto sísmico. Los políticos lo usaban como el ejemplo perfecto de una economía que solo busca explotar recursos sin cuidado. Sin embargo, hoy esa narrativa comienza a matizarse. La presidenta ha planteado la creación de un comité científico que evalúe tecnologías más eficientes: uso de agua salada, químicos biodegradables y procesos de reciclaje hídrico. La narrativa cambia de la prohibición absoluta hacia una evaluación técnica más flexible. Pero aquí surge una paradoja incómoda: México ha rechazado el fracking en casa mientras importa gas producido con esa misma técnica desde Estados Unidos. En otras palabras, el país no ha evitado el fracking; simplemente lo ha externalizado. Esta contradicción desnuda una realidad que durante años se evitó discutir con seriedad.

México no parte de cero en este tema. Según estimaciones internacionales, posee una de las mayores reservas de gas shale del mundo. A nivel interno, Petróleos Mexicanos reconoce un potencial significativo en yacimientos no convencionales. La apuesta es clara: incrementar la producción nacional, reducir importaciones y fortalecer la llamada “soberanía energética”. Incluso se proyecta duplicar o triplicar la producción en las próximas décadas. Sin embargo, la realidad es más compleja que el discurso. El primer gran reto es técnico. El éxito del shale en Estados Unidos no fue únicamente geológico, sino industrial. Se trató de convertir la perforación en un proceso eficiente, repetible, casi como una línea de ensamblaje. México, en cambio, no cuenta aún con esa cadena de valor completamente desarrollada. Pemex enfrenta limitaciones operativas y financieras que complican replicar ese modelo a gran escala.

El segundo reto es financiero. Desarrollar shale no es barato. Requiere inversiones multimillonarias durante años, en un contexto donde las finanzas públicas y la situación de Pemex están presionadas. La pregunta no es si hay gas en el subsuelo, sino quién va a financiar su extracción y bajo qué esquema. ¿Será un modelo estatal puro? ¿Habrá apertura a capital privado? ¿Se diseñarán esquemas híbridos que, en los hechos, reintroduzcan inversión externa sin llamarla así? El tercer reto, quizá el más sensible, es el ambiental. El argumento oficial apunta a nuevas tecnologías más limpias, pero el escepticismo persiste. El fracking tradicional consume grandes volúmenes de agua y puede generar impactos ambientales relevantes. Y esto es especialmente crítico en el norte del país, donde muchas de las zonas con potencial enfrentan estrés hídrico.

A esto se suma un reto social y político. El giro hacia el shale implica contradecir años de narrativa pública y enfrentar resistencias de grupos ambientalistas, comunidades locales e incluso sectores del propio gobierno. La legitimidad del proyecto dependerá tanto de su viabilidad técnica como de su aceptación social. En el fondo, el debate sobre el shale en México no es técnico, es estratégico. El país enfrenta una decisión que definirá su futuro energético: seguir dependiendo del gas estadounidense: barato, abundante pero externo, o apostar por desarrollar sus propios recursos, asumiendo costos, riesgos y contradicciones. Mientras tanto, la demanda de gas natural continúa creciendo impulsada por la industria, la generación eléctrica y el fenómeno del nearshoring.

Hoy por hoy, México ya cruzó la línea hacia el fracking, pero lo hace con un discurso cuidadosamente maquillado. Se habla de innovación, de ciencia, de “gas no convencional”, como si cambiarle el nombre cambiara la realidad. No lo hace. En el fondo, el país está reconociendo, aunque sin decirlo de frente, que no puede seguir ignorando el potencial del shale. Porque sin explotarlo, la llamada soberanía energética no pasa de ser un buen eslogan… vacío. La verdadera discusión nunca ha sido ambiental ni técnica; esas han sido, en muchos casos, cortinas de humo convenientes. El conflicto es político, y más aún, de voluntad. Porque la pregunta incómoda sigue en el aire: ¿México está listo para pagar el precio de su independencia energética o prefiere seguir dependiendo del gas que viene del norte, cómodo pero vulnerable?