Francisco Treviño Aguirre

En 2017, China sorprendió al mundo al revelar un plan ambicioso: convertirse en el líder mundial en inteligencia artificial (IA) para el año 2030. Sin embargo, tras el lanzamiento de ChatGPT por OpenAI en 2022, quedó claro que Estados Unidos llevaba la delantera. Mientras empresas chinas enfrentaban las secuelas de estrictas regulaciones gubernamentales, las políticas de exportación de semiconductores de la administración Biden buscaban limitar el acceso de China a componentes clave para el desarrollo de modelos de IA a gran escala. A pesar de los contratiempos, la competencia entre ambas potencias se ha intensificado. Empresas chinas como Alibaba y Tencent han presentado modelos avanzados que compiten directamente con los de gigantes estadounidenses, mostrando un progreso notable en algoritmos y eficiencia. Pero esta carrera va más allá de la tecnología; tiene profundas implicaciones económicas, militares y políticas.

El desarrollo de IA se basa en tres elementos clave: datos, algoritmos y poder de cómputo. Mientras que los datos y las innovaciones algorítmicas fluyen libremente a nivel mundial, el poder de cómputo depende de semiconductores avanzados cuya producción está dominada por Estados Unidos y sus aliados. Empresas como Nvidia y AMD lideran este mercado, y el proceso de fabricación se concentra en Taiwán y en el uso de tecnología holandesa. Las restricciones impuestas por Estados Unidos en 2022 buscaban frenar el acceso de China a chips de última generación. Sin embargo, estrategias como el almacenamiento previo de componentes, la adquisición mediante empresas fachada y el uso de proveedores de nubes en el extranjero han permitido a desarrolladores chinos sortear parcialmente estas limitaciones. Esto ha dado lugar a un debate sobre la efectividad de estas medidas a largo plazo.

El progreso reciente de empresas como DeepSeek, que presentó un modelo abierto a finales de 2024, demuestra que las restricciones no han detenido completamente el avance chino. Incluso con hardware menos avanzado, las compañías chinas han optimizado el rendimiento mediante innovaciones algorítmicas. Este logro resalta una verdad incómoda: las limitaciones en el acceso a chips pueden retrasar, pero no necesariamente impedir, el desarrollo de IA. Mientras tanto, expertos estadounidenses han comenzado a reevaluar la percepción de liderazgo de Estados Unidos en IA. A medida que la brecha se reduce, la presión para ajustar políticas y estrategias se intensifica.

El dominio de la inteligencia artificial no solo representa una ventaja tecnológica, sino también un instrumento de influencia geopolítica. Los sistemas de IA tienen el potencial de automatizar industrias enteras, redefinir economías y proporcionar ventajas militares decisivas. Esto convierte a la IA en un campo de batalla estratégico, donde cada avance puede inclinar la balanza del poder global. Además, los países en desarrollo se encuentran en una encrucijada: adoptar sistemas estadounidenses, chinos o desarrollar alternativas propias. La decisión de cada nación tendrá consecuencias duraderas en sus capacidades económicas y de defensa.

Las restricciones a la exportación de chips han sido una herramienta clave para mantener la ventaja estadounidense en IA, pero su efectividad a largo plazo está en duda. Las capacidades chinas para superar estas barreras mediante innovación y alianzas estratégicas subrayan la necesidad de un enfoque más integral. Algunos expertos argumentan que la verdadera amenaza no radica en los grandes modelos de lenguaje, sino en aplicaciones específicas como sistemas de armas autónomas o herramientas de ciberseguridad ofensiva. En este sentido, una política que solo se enfoque en limitar el acceso a hardware podría ser insuficiente.

Hoy por hoy, La carrera por la supremacía en inteligencia artificial está lejos de decidirse. Si bien Estados Unidos aún lidera en algunos aspectos clave, el progreso acelerado de China plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta ventaja. Más allá de las tensiones entre ambas potencias, el mundo debe reflexionar sobre las implicaciones éticas y de seguridad de estas tecnologías. La controversia radica en una pregunta fundamental: ¿Debe Estados Unidos colaborar con China para establecer reglas globales en el uso de la IA, o continuar una estrategia unilateral que podría escalar tensiones y fragmentar aún más el panorama tecnológico global? Quizás la verdadera solución no sea competir, sino encontrar un terreno común en un mundo cada vez más definido por la inteligencia artificial.

Francisco Treviño Aguirre

El 2025 comienza con una reforma que impactará significativamente el comercio electrónico en México. A partir del 1 de enero, entró en vigor un arancel del 19% para productos importados a través de plataformas en línea y servicios de paquetería de países con los que México no tiene tratados comerciales, como China. Esta medida, publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y tiene como objetivo equilibrar el mercado y promover una competencia justa para las empresas nacionales. La nueva normativa afecta especialmente a plataformas digitales extranjeras como Shein y Temu, populares entre los consumidores mexicanos, así como a servicios estadounidenses que, gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tendrán aranceles ligeramente menores. En el caso de productos importados desde Estados Unidos, el impuesto será del 17% para aquellos con un valor entre $50 y $117 dólares, mientras que los bienes con un costo menor a 50 dólares estarán sujetos al arancel completo del 19%.

Además de los aranceles, la reforma introduce nuevas obligaciones fiscales para las plataformas digitales y de servicios, como Airbnb, que deberán registrarse ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), emitir facturas y contar con firma electrónica. Estas exigencias buscan cerrar lagunas fiscales y regular de manera más estricta las operaciones de empresas extranjeras que anteriormente no pagaban derechos aduaneros, especialmente aquellas provenientes de países sin acuerdos comerciales con México. Según el gobierno, estas medidas buscan evitar prácticas comerciales desleales y fortalecer la posición de las empresas nacionales frente a la competencia internacional.

No obstante, el alcance de esta reforma no se limita a equilibrar el mercado interno. Existe un componente geopolítico en la decisión de México de implementar estos aranceles y requisitos fiscales. Durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump amenazó con imponer aranceles de hasta un 25% a los productos mexicanos si no se adoptaban medidas más estrictas para controlar la migración. Así, esta medida puede interpretarse como una estrategia para mejorar las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambos países, reduciendo tensiones y promoviendo el cumplimiento de compromisos bilaterales. Sin embargo, también podría percibirse como una decisión proteccionista que incrementa los costos para los consumidores mexicanos y complica la competitividad del país en la economía digital global.

Las plataformas digitales, principalmente aquellas de origen chino, serán las más afectadas debido a la ausencia de acuerdos comerciales entre China y México. Tiendas como Shein y Temu, conocidas por ofrecer productos a precios accesibles, podrían enfrentar una disminución en su competitividad dentro del mercado mexicano, dado que los nuevos costos probablemente se trasladarán a los consumidores. Por otro lado, los servicios estadounidenses, aunque también impactados, podrían beneficiarse del marco del T-MEC, que les otorga condiciones fiscales más favorables. La implementación de estos aranceles también afecta a los servicios de alojamiento y experiencias como Airbnb, que ahora deberán cumplir con las mismas obligaciones fiscales que las empresas mexicanas, asegurando así un piso parejo.

A pesar de los argumentos gubernamentales sobre la equidad y la necesidad de fortalecer el comercio nacional, esta reforma ha generado un debate sobre sus posibles efectos adversos. Por un lado, podría incentivar el consumo de productos y servicios locales, beneficiando a las empresas mexicanas que han luchado por competir con gigantes extranjeros. Por otro lado, los consumidores podrían enfrentar mayores costos en productos y servicios importados, limitando su acceso a opciones asequibles y de calidad. Además, las empresas extranjeras podrían considerar menos atractivo el mercado mexicano, lo que afectaría su disposición a invertir en el país.

La medida también refleja un esfuerzo por adaptarse a las tendencias globales de regulación del comercio electrónico, que busca combatir la evasión fiscal y garantizar que las empresas contribuyan equitativamente a las economías donde operan. Sin embargo, la implementación de estas políticas en un país con una economía tan interconectada como la de México puede ser un arma de doble filo. Si bien se promueve la justicia comercial, existe el riesgo de que los consumidores y pequeños comerciantes sean quienes sufran las consecuencias directas de los nuevos costos e impuestos.

Hoy por hoy, las nuevas obligaciones fiscales para plataformas digitales representan un cambio significativo en la regulación del comercio electrónico en México. Aunque estas medidas buscan fortalecer la economía local y garantizar una competencia más equitativa, también podrían tener consecuencias imprevistas para los consumidores y la posición de México en el mercado global. Este movimiento plantea preguntas sobre el balance entre la protección de los mercados internos y la apertura hacia la economía digital internacional. ¿Será esta reforma un paso hacia el fortalecimiento económico o un obstáculo para la globalización e innovación?

Francisco Treviño Aguirre

“El Año de 12 Semanas” es una obra que presenta una estrategia revolucionaria para alcanzar metas y maximizar resultados en un tiempo significativamente menor al tradicional marco de planeación anual. Brian P. Moran, junto con Michael Lennington, introduce un enfoque basado en la premisa de que dividir el año en ciclos de 12 semanas permite mantener un alto nivel de enfoque, claridad y urgencia, eliminando las distracciones asociadas con los planes anuales de largo plazo.

El autor critica los sistemas tradicionales de planeación anual, argumentando que, aunque bien intencionados, suelen fomentar la procrastinación y la falta de urgencia. En este modelo, los objetivos parecen lejanos, y las personas tienden a relajarse en los primeros meses del año, lo que resulta en una carrera contra el tiempo al acercarse el cierre del periodo. Este ciclo perpetúa un bajo rendimiento y genera frustración al no cumplir con las expectativas propuestas. Moran propone una alternativa: en lugar de pensar en términos de un año completo, enfocar el tiempo y los esfuerzos en periodos de 12 semanas. Este cambio de paradigma transforma cómo las personas planean, ejecutan y evalúan su progreso, permitiéndoles alcanzar resultados significativos en menor tiempo.

El sistema del Año de 12 Semanas se basa en cuatro pilares fundamentales: 1) Visión y claridad. - La primera tarea para implementar este modelo es definir una visión clara y motivadora. Moran enfatiza que los objetivos deben alinearse con aspiraciones personales y profesionales profundas, lo que genera un compromiso más genuino con el logro de metas. 2) Planeación enfocada: En lugar de largos y complejos planes anuales, se desarrollan planes específicos para las próximas 12 semanas. Estos planes se dividen en objetivos concretos y tácticas que proporcionan un mapa claro hacia el éxito.

3) Medición y responsabilidad: El libro destaca la importancia de medir el progreso semanalmente. Moran introduce el concepto de “Puntaje de Ejecución,” que refleja la proporción de tácticas completadas dentro del plan. Este enfoque cuantitativo fomenta la disciplina y facilita los ajustes necesarios en tiempo real. 4) Gestión del tiempo: Una planeación eficaz requiere bloquear tiempo específico para tareas críticas. Moran sugiere crear “bloques estratégicos” para trabajo enfocado, “bloques tácticos” para operaciones diarias y “bloques de recarga” para descansar y evitar el agotamiento.

Uno de los mensajes principales es que el éxito no depende únicamente de un buen plan, sino de la capacidad de ejecutarlo de manera consistente. Moran enfatiza que la falta de resultados no es producto de una mala estrategia, sino de una ejecución deficiente. Para abordar este desafío, el autor propone el uso de sistemas de seguimiento, reuniones de evaluación y un enfoque constante en el cumplimiento de tácticas diarias y semanales.

Moran redefine el concepto de rendición de cuentas, alejándolo de una visión punitiva hacia un enfoque basado en el empoderamiento personal. Según el autor, la rendición de cuentas es un acto de asumir la responsabilidad total por las propias acciones y resultados, reconociendo que cada individuo tiene el poder de influir en su destino. Este principio fomenta un nivel de autonomía y compromiso necesario para mantener el ritmo en los periodos de 12 semanas. En este sentido, también se abordan los obstáculos comunes que enfrentan las personas al intentar implementar cambios significativos. Moran identifica el miedo al fracaso, las creencias limitantes y la resistencia al cambio como barreras principales. Ofrece herramientas prácticas, como la mentalidad de crecimiento, la visualización de logros y la creación de un entorno de apoyo, para superar estas limitaciones.

El Año de 12 Semanas no solo se aplica al ámbito profesional, sino que también transforma la forma en que las personas gestionan su tiempo personal. Al trabajar con un sentido de urgencia y propósito, los individuos pueden equilibrar sus prioridades y lograr una mayor satisfacción general. Moran enfatiza que este sistema no se trata únicamente de trabajar más duro, sino de trabajar de manera más inteligente y enfocada.

(sic) Thomas A. Edison decía que, si tan solo hiciéramos lo que somos capaces de hacer, literalmente, nos sorprenderíamos a nosotros mismos. ¡Tu puedes hacer grandes cosas, tienes todo lo que necesitas para ser grande ahora mismo! Deja de desear que las cosas estén bien y comienza donde estas. En muy poco tiempo te asombraran los cambios en tu manera de pensar, acciones y resultados. La mayoría de nosotros tenemos dos vidas: las que vivimos y las que tenemos la capacidad de vivir. ¡Nunca te conformes con menos de lo que puedes alcanzar!

Francisco Treviño Aguirre

El año 2025 será clave para definir el rumbo del sector energético en México. Las decisiones y estrategias adoptadas marcarán no solo el resto de la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum, sino también el panorama energético nacional en las próximas décadas. Uno de los principales objetivos del gobierno es alcanzar un 50% de generación de energía limpia para 2030. Sin embargo, las cifras actuales reflejan que el país aún está lejos de esta meta. El gobierno ha reafirmado su intención de que el 54% de la generación de electricidad recaiga en manos del Estado, este desafío se complica por la necesidad de modernizar la red de transmisión eléctrica, la cual enfrenta importantes limitaciones para integrar fuentes de energía renovable. Esta infraestructura obsoleta, además de generar pérdidas de energía, dificulta la estabilidad del sistema eléctrico, lo que representa un obstáculo para la transición energética.

En paralelo, la administración ha planteado la transformación de Pemex hacia una empresa limpia. Sin embargo, esta meta parece difícil de alcanzar bajo las condiciones actuales, donde las actividades prioritarias de la compañía estatal continúan enfocándose en combustibles fósiles. Aunque México posee un enorme potencial para el desarrollo de energía eólica y solar, sigue dependiendo en gran medida de los hidrocarburos, lo que limita la adopción de fuentes renovables.

El próximo año también traerá consigo importantes cambios regulatorios con la aprobación de leyes secundarias relacionadas con la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28. Esta reforma busca eliminar la figura de empresas productivas del Estado, devolviendo a la CFE y Pemex a su papel como empresas públicas enfocadas en la planeación y control. En el caso de la CFE, se espera que retome funciones como el servicio público de electricidad, mientras que se limita la participación del sector privado en actividades clave como la construcción, modernización y mantenimiento de redes de transmisión y distribución. Estas modificaciones, que deberán concretarse antes del primer trimestre de 2025, plantean retos significativos para su implementación, especialmente si se consideran los precedentes, como la reforma energética de 2013, cuya aplicación total tomó más de tres años y medio.

Otro cambio importante será la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Esto implicará un proceso de reasignación de funciones, así como de recursos humanos y presupuestales, que será crucial para garantizar una transición ordenada en la regulación del sector. Estas modificaciones generan incertidumbre, especialmente para el sector privado, que sigue expectante ante la posibilidad de participar en proyectos energéticos en un entorno regulatorio estable.

A pesar de estas restricciones, el gobierno ha anunciado ciertos mecanismos de colaboración con la iniciativa privada, como esquemas de generación mixta, la entrega de energía a la CFE y la participación en el mercado eléctrico mayorista. Estas oportunidades, aunque limitadas, son vistas con moderado optimismo, ya que podrían sentar las bases para una transición energética más ordenada y responsable. Sin embargo, esto dependerá de la capacidad del gobierno para liderar estos esfuerzos con mayor eficacia administrativa, un enfoque pragmático y recursos suficientes para planear y regular el sector energético.

Uno de los mayores retos para México en 2025 será garantizar su seguridad energética. Actualmente, el país depende de Estados Unidos para más del 60% de su gas natural, lo que representa una vulnerabilidad significativa ante posibles tensiones comerciales o fluctuaciones en los mercados internacionales. Reducir esta dependencia requiere diversificar las fuentes de suministro, construir infraestructura de almacenamiento y aumentar la producción nacional de gas. Estas medidas no solo fortalecerían la seguridad energética, sino que también facilitarían una transición hacia fuentes renovables al reducir el uso de combustibles fósiles importados.

El contexto geopolítico y económico internacional también influirá en el panorama energético de México. Con la llegada nuevamente de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, se anticipa un entorno más inestable y menos predecible, lo que podría afectar el comercio bilateral y las inversiones. Además, la renegociación del T-MEC añadirá otro elemento de incertidumbre, especialmente en el marco del nearshoring, donde las empresas requieren un suministro energético confiable y competitivo.

Hoy por hoy, el 2025 representa la gran oportunidad para que México lidere una transición energética sostenible y ordenada. No obstante, lograr este objetivo dependerá de la capacidad del gobierno para construir un marco regulatorio claro que fomente la inversión privada, modernice la infraestructura eléctrica y reduzca la dependencia de combustibles fósiles. Asimismo, será crucial adoptar una visión pragmática y técnica en la toma de decisiones, priorizando la eficiencia y la sostenibilidad por encima de intereses ideológicos. Si se logra este equilibrio, México no solo podrá cumplir con sus compromisos internacionales, sino también aprovechar las oportunidades económicas que ofrece el nearshoring y consolidar su posición como un líder regional en energía limpia.