Rubén Aguilar Valenzuela

 En los últimos 17 años, de 2006 a 2033, solo entre el 2% y el 6% de las desapariciones forzadas en México se han judicializado, asegura Naciones Unidas en su Informe General del Examen Periódico Universal de México 2024.

 

Quiere decir que entre el 98% y el 94% de quienes realizan las desapariciones permanecen impunes, y nunca son llevados a la justicia. En México desaparecer a alguien no tiene ninguna consecuencia.

 

El informe, realizado de manera conjunta con 300 organizaciones no gubernamentales, ofrece una panorámica general del estado del respeto a los derechos humanos en nuestro país.

 

En independencia de las actuales estadísticas del gobierno, que ahora desaparecen a los desaparecidos, asumen la existencia de 110 000 desaparecidos de 2006 al día de hoy, de los cuales 40 000 ocurrieron en lo que va de este sexenio.

 

Hasta 2021 solo se habían emitido 36 sentencias por el caso de desapariciones forzadas a nivel nacional y ninguna de ellas contra un mando militar o un funcionario civil. En números totales quiere decir que por lo menos 110 964 siguen en libertad.

 

Naciones Unidas dice que las desapariciones crecieron exponencialmente en esta administración, las otras 70 000 ocurrieron a lo largo de 12 años, de 2006 a 2018. En el actual gobierno han tenido lugar un promedio de 8000 desapariciones al año. La más alta en la historia del país.

 

El mayor número de los casos de desaparición históricamente se ha concentrado en la población masculina de 15 a 40 años, pero en esa administración ha crecido de manera sugnificativa la población de adolescentes y mujeres a partir de los 12 años.

 

De acuerdo al informe las desapariciones están vinculadas en la mayoría de los casos con actividades de los grupos del crimen organizado con objeto de reclutar integrantes, la trata y la explotación sexual.

 

A la par del fenómeno de los desaparecidos, el informe señala la crisis forense que tiene el país con por lo menos 52 000 cuerpos de personas fallecidas sin identificar.

 

Naciones Unidas señala que los mecanismos implementados por el gobierno no son suficientes para hacer frente a una crisis de la dimensión que ahora tiene. Se requieren mecanismos extraordinarios que no se están operando, que implica más personal y recursos.

 

Y anota que hay serias deficiencias en la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas y el Programa Nacional de Exhumación.

 

El tema de los desaparecidos no ha sido una prioridad para el gobierno del presidente López Obrador, de manera sistemática se ha negado a reunirse con los colectivos de búsqueda de víctimas desaparecidas. No queda claro el por qué de la actitud del presidente.

 

Enfrentar el tema de las desapariciones, como uno de los graves problema en la vida del país, tendrá que ser asumido como una prioridad por quien asuma la presidencia el próximo 1 de octubre. De ella se espera también una mayor sensibilidad humana de la que tuvo el actual presidente.

 

 

 

@RubenAguilar

Rubén Aguilar Valenzuela 

El Plan Nacional de Seguridad Pública que aquí propongo surge a partir de la estrategia que implementó Rubén Moreira Valdez cuando fue gobernador de Coahuila de 2011 a 2017.  Cuando inició su mandato, su estado veía cuarenta homicidios por cada 100 000 habitantes; al término del mismo, la cifra equivalente era de ocho, lo que representa una reducción de 500% en seis años. Se trata de una cifra única en México, y posiblemente excepcional no sólo en América Latina sino en el mundo. La experiencia de Coahuila, entonces, ofrece un modelo que, con las adecuaciones del caso, debe aplicarse en los otros estados y también a nivel nacional.  

Ilustración: Patricio Betteo

 

 

En Jaque Mate al crimen organizado. Coahuila: una estrategia multidimensional, para la paz (Planeta, México, 2022), que escribí junto con Moreira Valdez, damos cuenta con detalle de los elementos que componen la estrategia, así como sus resultados y aprendizajes. Consta de dos grandes partes: "acuerdo estratégico", que contempla un Acuerdo Nacional y un Acuerdo de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica; y una "Estrategia multidimensional" dividida en tres áreas: prevención, lucha contra el crimen organizado y apoyos para la acción.

 

El Acuerdo Nacional

 

En una República federal, la lucha contra el crimen organizado exige la participación de los órganos del Estado, los tres órdenes del Ejecutivo y la sociedad civil organizada. Esto requiere un Acuerdo Nacional que, a partir del tema de la seguridad, conduzca en el mediano plazo a un nuevo Pacto Federal, donde la solución de los grandes problemas se vea como una responsabilidad compartida.

 

El Pacto implica un nuevo sistema nacional de seguridad en el cual se discutan, aprueben y evalúen las estrategias, en un diálogo permanente entre la federación, los estados, los municipios y la sociedad. Esto exige un nuevo federalismo presupuestal en materia de seguridad, pues los estados y los municipios requieren recursos para mejorar sus instituciones para el combate al crimen. Para garantizar que este dinero se use de la mejor manera, es necesario diseñar un sistema de seguimiento y evaluación en materia de seguridad, donde la revisión de las políticas públicas de seguridad y sus resultados quedará en maños de mujeres y hombres intachables.

 

El Acuerdo Nacional debe tener, además, objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo, que conduzcan el trabajo común y se puedan evaluar. Para esto, contempla una serie de objetivos de gestión. Entre ellos están el rediseño del federalismo para que la seguridad comience en lo local; un nuevo modelo policial y de justicia; una manera de garantizar el financiamiento de la seguridad y justicia; la construcción de una Guardia Nacional civil; y el fortalecimiento de instituciones tales como policías, fiscalías, el sistema penitenciario y los poderes judiciales.

 

El Acuerdo contempla, también, una serie de objetivos de impacto: reducir violencia homicida; reducir delitos contra las empresas (cobro de piso, robo a transporte y fraude); reducir los delitos patrimoniales de las familias (robos, secuestros y extorsión); garantizar el Estado de derecho; reducir la impunidad y la violencia familiar y de género; y finalmente reconstruir el tejido social de las comunidades y zonas de violencia.

 

El Acuerdo de América del Norte, Centroamérica y Sudamérica

 

Una parte importante de la inseguridad y la violencia es producto de factores transnacionales, por lo que se exige la lucha integral contra el crimen organizado. Esto requiere un acuerdo con los países de América del Norte y también con los países de Centroamérica y Sudamérica. El acuerdo con cada país de estas regiones implica unificar las visiones políticas y conceptuales sobre el crimen organizado, el diagnóstico de la problemática del crimen organizado, establecer objetivos compartidos y diseñar e implementar acciones conjuntas. Implica, también, una intensa colaboración internacional en materia de datos, inteligencia, formación policial y búsqueda de criminales, así como promover alianzas internacionales para combatir y evitar el tráfico de armas.

 

Estrategia multidimensional

 

El fracaso evidente de la estrategia de seguridad del gobierno actual exige del próximo una postura clara y firme, sin ningún guiño a los delincuentes ni indiferencia con las víctimas. Ante la contundencia de los datos del diagnóstico de la inseguridad en el país, se requiere de una estrategia multidimensional para garantizar que vuelva la paz. Para ello, el enfoque multidimensional resulta indispensable; lo mismo que la voluntad política. Enfrentar al crimen organizado tiene muchas aristas, por lo que es necesario trabajar en todos los frentes a la vez, en una acción coordinada de las fuerzas del Estado mexicano que siga una misma estrategia e implemente programas que conduzcan la acción. La estrategia multidimensional se articula a partir de dieciséis elementos agrupados en tres grandes áreas: prevención, lucha contra el crimen organizado y apoyos para la acción.

 

En términos de la prevención, proponemos lo siguiente:

 

1. Generar nuevos y mejores empleos. Era necesario promover que más empresas nacionales y extranjeras se instalen en el país para establecer un círculo virtuoso entre seguridad e inversión al generar más y mejores empleos formales. Hay que promover agresivamente al país en el exterior y atraer inversión en áreas estratégicas.

 

2. Mejorar la calidad de la educación y ampliar la oferta educativa. Es necesario mejorar la calidad de la educación en los rubros que contempla la prueba PISA. Las nuevas ofertas educativas, en particular las de los bachilleratos, tecnológicos y de universidades, deben contemplar las regiones más apartadas y con menor desarrollo del país.

3. La generación y promoción de los valores cívicos. Es necesario impulsar la celebración de las fiestas patrias y la demostración ciudadana de fuerza, para oponer los valores cívicos a la pseudocultura del narcotráfico y sus falsos valores.

 

4. Promover la cultura y el deporte. La cultura y el deporte son actividades estratégicas para la construcción de la paz. Es indispensable promover espacios públicos y actividades para la convivencia, la cultura y la práctica del deporte. Se deben incrementar como nunca antes en la historia los presupuestos destinados a la cultura y el deporte. Se considera como una inversión de muy alta rentabilidad.

 

5. Fortalecer el sistema de justicia. Es necesario promover un código penal nacional, donde los delitos más comunes tengan las mismas redacciones. Los estados podrán tener tipos penales que atiendan a las particularidades de cada uno. Debe resolverse el rezago de justicia en los primeros cuatro años del gobierno, así como ampliar el marco normativo para la debida protección a las víctimas e implementar acciones focalizadas para proteger a los más desfavorecidos, que son a quienes el crimen organizado más ataca y más perjudica.

 

Hay que duplicar el número de fiscales locales y federales y del personal que los auxilia, así como transferir fondos para modernizar las fiscalías locales y mejorar los sistemas que las evalúan. Es necesario, también, triplicar el número de jueces locales en el país. Se deben transferir recursos y pactar con los gobernadores para que mejorar la justicia sea su prioridad. Deben transformarse las procuradurías: no son monopolio de denuncia ni de investigación. Se requiere invertir en laboratorios forenses y de identificación de cuerpos. Y aumentar sustancialmente el número de peritos.

 

6. Respeto a los derechos humanos. Un eje transversal de la acción del gobierno es el respeto absoluto a los derechos humanos. Es necesario crear conciencia en todos los servidores públicos, no sólo en los elementos de seguridad. Se deben poner en marcha mecanismos que garanticen su cumplimiento y actuar de inmediato frente a las autoridades que no los respeten. Cero impunidad. Es urgente reconstruir y apoyar a las instituciones que garantizan la protección de los derechos humanos y atender todas las recomendaciones nacionales e internacionales en la materia. Debe instalarse un consejo para la escucha permanente de las organizaciones de la sociedad civil. No más confrontación con la ciudadanía. En forma periódica, el Ejecutivo de México se reunirá con las familias de personas desaparecidas. Y esa práctica debe extenderse a las entidades federativas. Es necesario retomar la participación de México en los organismos multilaterales, atender sus recomendaciones y promover el intercambio de ayuda.

 

7. Búsqueda de los desaparecidos. Es indispensable responder con acciones efectivas a las familias que, en medio de un profundo dolor, desde hace años buscan a sus seres queridos. También dejarle claro al crimen organizado que sus acciones no pasan desapercibidas y que los asesinatos y desapariciones serán castigados. El mensaje es: no es posible esconderse y pagarán por lo que han hecho.

 

8. Reforma del sistema penitenciario. Es indispensable la reforma del sistema penitenciario en los tres niveles de gobierno en el marco de un gran programa nacional. Exige la acción concertada de la federación con los estados y municipios. La reforma debe contemplar la mejora de las condiciones físicas de los centros penitenciarios, la profesionalización de los custodios y la mejora de sus condiciones de trabajo.

 

9. Construcción del tejido social sólido. Mantener los programas sociales y reforzar a través de ellos la disminución de personas en vulnerabilidad. Promover la solidaridad social en la solución de las necesidades y conflictos colectivos. Impulsar programas para disminuir adicciones y formar a las familias en la atención de problemas relacionados con ellas. Instrumentar, con el apoyo de la sociedad, un programa nacional permanente de desarme. Construir y operar una estrategia nacional de reconciliación social. No más polarización. Blindar a la juventud contra el crimen organizado, incrementando sus oportunidades de desarrollo. Trabajar para empoderar a las mujeres, así como para educar y proteger a niñas y adolescentes.

 

En lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado, proponemos lo siguiente:

 

10. Combate frontal a la violencia generada por los grupos del crimen organizado. Hay que enfrentar con toda la fuerza del Estado a los grupos del crimen organizado y desmantelar su operación abierta en distintas actividades económicas y sociales. Existe la conciencia de que, en el corto plazo, ese enfrentamiento puede incrementar la violencia y generar altos costos políticos. Es necesario sacar de calles y carreteras a los convoyes de delincuentes armados, así como impedir los ataques a restaurantes y bares, eliminar las casas de seguridad y las destinadas al secuestro, así como terminar con el narcomenudeo.

 

11. Cortar las fuentes de recursos. Es indispensable cortar las fuentes de recursos de las que se alimenta el crimen organizado, que siempre van más allá del comercio de estupefacientes. En cada entidad federativa hay que ubicar cuáles son sus negocios más rentables e impedir que los operen. Se deben cerrar.  

 

12. Contar con una policía altamente capacitada y honesta. Es necesario la existencia de una policía nacional civil. El Ejército recuperará sus antiguas funciones; en la etapa de transición participará en el proceso de paz, y en el futuro se aprovecharán sus capacidades en materia de tecnología, inteligencia y entrenamiento. Sin policías municipales y estatales fuertes nunca habrá paz. Presupuesto, tecnología y equipo serán transferidos a los gobiernos estatales y municipales. Debe crearse la Universidad Nacional para la Seguridad. Todos los policías, en un término de seis años, tendrán una formación homologada. Es necesario duplicar el número de policías en los estados y municipios de alto riesgo; el proceso partirá de elementos certificados y con una formación homologada. Un salario profesional para policías; un escalafón nacional único y evaluable; seguridad social y sistema pensionario homologado. Deben constituirse treinta y dos equipos policiales especiales y de reacción. La fuerza de los criminales ya no será mayor a la de las autoridades. Con los mayores avances en materia de tecnología, se complementan las tareas de las fuerzas del orden en su lucha contra el crimen. Existen herramientas para localizar las columnas armadas que asolan a municipios y comunidades. Se debe aprovechar y reforzar la capacidad instalada para convertir a la inteligencia en un elemento que apoye el éxito en la búsqueda de la paz. Implementar el Plan de Transparencia, Rendición de Cuentas y Anticorrupción, en las instituciones de seguridad.

13. Los grandes delincuentes deben ir a la cárcel. Es indispensable que los criminales -que en los barrios generan simpatía y admiración- vayan a la cárcel para pagar sus delitos. La sociedad debe cambiar su percepción y entender que "el que la hace, la paga". Se va a elaborar una lista de los delincuentes más peligrosos y generadores de violencia y llevarlos a la cárcel en los primeros dos años de gobierno. Y pedir la extradición a México de todos los delincuentes que cometieron delitos en el país y están libres en otras naciones, inclusive, los que tienen esa libertad por beneficios otorgados por juzgadores extranjeros.

 

14. Establecer altos niveles de coordinación con las autoridades estatales y municipales. En el marco del Acuerdo Nacional hay que crear las estructuras institucionales que permitan una coordinación operativa ágil, eficiente y efectiva entre la federación, los estados y municipios.

 

En cuanto a apoyos a la acción, proponemos:

 

15. Estadísticas e información sólida. Es indispensable fortalecer el sistema estadístico nacional, para que tenga la más alta confiabilidad. Se van a establecer nuevos y rigurosos criterios para registrar los eventos. Lo anterior, sobre la premisa de contabilizar todo, porque lo que no se cuenta no existe.

 

16. Prensa libre e independiente. La ciudadanía debe enterarse de lo que hace el gobierno, a quién arrestó y qué proceso se le sigue. Los medios de comunicación, libres e independientes, son los que informan a la sociedad la acción del gobierno. Con los comunicadores y los dueños de las empresas del ramo, se deben construir las políticas públicas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, ahora amenazada por el crimen. El país debe proponerse contar con el mejor sistema de protección de periodistas del mundo.

 

Este texto no es sino un esbozo de estas propuestas. Ojalá que la discusión pública las considere. México lo necesita.