Rubén Aguilar Valenzuela
En su artículo "Aduanas: Botín militar y delincuencia organizada con López Obrador" (Proceso, octubre 2025), Jorge Carrasco Aráizaga, afirma que al amparo del presidente López Obrador activos de la Marina y del Ejército, en su sexenio, "estructuraron un entramado para traficar combustibles, drogas y armas de la mano de prestanombres y cárteles de la droga" y que "pese a las denuncias, la anterior administración decidió no investigar".
En el sexenio anterior "jefes y mandos militares -entre soldados y marinos- al frente de funcionarios civiles y agentes aduanales, utilizaron 500 barcos para el contrabando de millones de litros de combustibles, tráfico de autos, armas y drogas junto con cárteles de la droga, una red de empresas transportistas y comercializadoras con derivaciones políticas y cientos de miles de millones de pesos en pérdidas para Pemex y el erario".
Carrasco afirma que Proceso tuvo acceso a información que indican que ahora "unos 200 elementos de la Marina y unos 150 del Ejército se encuentran bajo investigación. Pero el grupo compacto se cifra en 15 mandos militares de ambas Fuerzas Armadas que ocuparon las aduanas marítimas y terrestres durante la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador."
Por el momento las indagatorias se centran en los exmandos de las Fuerzas Armadas que se hicieron de las aduanas por mandato de López Obrador. La Sedena se quedó con 21 aduanas fronterizas y 12 interiores, es decir, 32 terrestres; mientras que la Semar se hizo cargo de las 17 aduanas marítimas, además de la de Pantaco, en la Ciudad de México.
El pasado 16 de septiembre el secretario de la Semar, el almirante Morales Ángeles, dijo que reconocer la corrupción en la institución "fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callar". Él se informó de los hechos a través del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien fue director de Recaudación en Aduanas, que el pasado ocho de noviembre de 2024 fue asesinado, al parecer por personas al interior de la institución, antes de que se reuniera con Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la Presidencia de la República, para entregarle evidencias de los hechos a la presidenta Sheinbaum Pardo.
En su investigación Carrasco tuvo información que señala que "de las operaciones ilegales, por lo menos, dos hombres cercanos a López Obrador y de primer nivel en el gabinete de Seguridad Nacional tuvieron conocimiento: el exsecretario de Marina, el almirante en retiro Ojeda, y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general en retiro Audomaro Martínez, cuyos entornos familiares aparecen directa e indirectamente en la trama".
A pesar de la información de la que disponían en el gobierno de López Obrador no se hizo nada por detener los operativos del huachicol fiscal. Una fuente de seguridad, dice Carrasco, afirma que en su momento el presidente López Obrador supo de "primera mano" lo que ocurría, pero decidió no actuar y que las cosas siguieran su curso. Reconocer los hechos era admitir que la corrupción no se había terminado y tampoco el huachicol como lo había dicho en repetidas ocasiones.
Es hasta la llegada de las nuevas autoridades en la Semar cuando inician las investigaciones a cargo de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la que se le pidió apoyo. Ahora las autoridades federales encargadas de la investigación identifican que se realizaron más de 6000 operaciones con 508 barcos que entraron a México con combustible, sin que se reportara como tal, pero también otras muchas cosas de contrabando.
