La reforma electoral, el INE y la Iglesia Católica

Rubén Aguilar Valenzuela
El pasado lunes, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer su posición con relación a una posible reforma electoral que contemple la iniciativa que mandó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados.

"Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos de instituciones de la sociedad civil - y de las mismas organizaciones políticas -, por una reforma constitucional en materia electoral, iniciativa del Ejecutivo Federal, que por orientación y motivos es claramente regresiva", afirma la CEM.

Y aseguran que la propuesta "constituye un agravio a la vida democrática, reforma destinada a afectar la representación y el equilibro de las minorías y las mayorías, llevando el control de estos comicios hacia el ámbito del Gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista".

La lectura política que hace la CEM sobre la propuesta electoral de López Obrador es acertada. Lo que pretende el presidente es precisamente lo que advierten los obispos. Y también tiene razón cuando señala que el presidente, que juró la Constitución, no puede hacer una propuesta que violenta la Carta Magna y "pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan".

Los obispos reunidos en la CEM apelan a "la prudencia legislativa y al compromiso del Gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidaristas o de protagonismo histórico" y añaden que "la defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática".

En el documento de la CEM, los obispos dicen que "exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuman su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones haciendo a un lado intereses ideológicos, particulares e inapropiados".

Estudiosos de las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno, como Roberto Blancarte del Colegio de México, plantean que el documento de la CEM es algo que no se veía por lo menos en los últimos 30 años.

Y señala que de parte de los obispos "hay una toma de distancia de las estrategias del Gobierno en general, al asumir posiciones más críticas, más abiertas, y está claro que la jerarquía católica no está de acuerdo con el rumbo que la 4T está tomando".

La CEM, añade, "no está de acuerdo en particular con este tema de los ataques al Instituto Nacional Electoral y a lo que significa todo el sistema electoral, que, como ellos mismos han escrito, se está construyendo desde hace décadas con muchos trabajos, con muchos esfuerzos y no hay que dar marcha atrás".

Los obispos en contra de las posiciones antidemocráticas y regresivas de López Obrador salen en defensa de la Constitución, de la democracia, del sistema electoral, de los pesos y contrapesos y del INE que el presidente quiere desaparecer. Los integrantes de la CEM saben bien lo que significa que el proceso electoral quede en manos del gobierno y no de un órgano autónomo imparcial.

El INE y la sociedad mexicana

Rubén Aguilar Valenzuela

En estos días en diversos foros, sobre todo la Cámara de Diputados, se discute con gran intensidad sobre el INE y una posible reforma electoral. Hay 107 iniciativas sobre el tema.

La posición de los dirigentes políticos, en particular de los diputados y senadores, es fundamental, pero para estos lo debería ser qué piensan sus representados y la sociedad.

El 76% aprueba el trabajo que el INE ha realizado organizando elecciones frente al 21 % que lo desaprueba. El 70 % confía mucho o algo en el INE y el 30 % poco o nada, según encuesta de Reforma (01.11.22).

Y el 71 % de la ciudadanía considera que la democracia en México estaría en peligro si desapareciera el INE contra 23 % que dice no lo estaría.

Una gran mayoría, el 88 % de la ciudadanía considera que es muy o algo importante que el INE sea autónomo del presidente frente al solo 12 % que esto le resulta poco o nada importante.

El INE tiene una mejor valoración que el presidente López Obrador, los senadores, los diputados y los partidos políticos.

Del INE, el 73 % tiene una imagen muy buena o buena, del presidente el 70 %, de los senadores el 33 %, de los diputados federales el 31 % y de los partidos políticos el 30 %.

Para el 16 % la imagen del INE es mala o muy mala, del presidente el 16 %, de los diputados federales el 37 %, de los senadores el 39 % y de los partidos políticos el 48 %.

El 79 % piensa que la prioridad de una reforma electoral debería ser garantizar elecciones limpias e imparciales y solo el 19 % para contar con un sistema electoral más barato.

Con relación a la actual discusión sobre una reforma electoral, el 65 % piensa que debería tener lugar después de la elección presidencial del 2024 y 31 % que conviene sea ahora.

Los políticos deben tener en cuenta que para el 70 % de la ciudadanía lo más importante de la democracia es que ellos sean honestos y busquen el bien del país. ¿Lo son? ¿Lo buscan?

La propuesta de reforma electoral que mandó el presidente a la Cámara de Diputados no será aprobada por la oposición y las demandas de esta no van a ser aceptadas por el presidente.

Lo altamente probable es que solo haya acuerdo entre la oposición y el presidente, Morena no decide por su cuenta, en modificaciones menores a la actual ley electoral.

Museo Casa de Sucre

Rubén Aguilar Valenzuela

Quito, Ecuador

Edificio

En esta casa vivió el mariscal Antonio José de Sucre (1795-1830) con su esposa. Es del siglo XVII-XVIII y perteneció a los marqueses de Solana. El patio central es muy bello y todavía se conserva la fuente que mandó construir Sucre.

Colección

Se exponen objetos, mobiliario y vestuario que pertenecieron a Sucre y a la familia de su esposa. La colección es modesta.

Comentario

Lo que vale del museo es la casa colonial del siglo XVII y XVIII, que es un buen ejemplo de la arquitectura quiteña de esa época y también el significado histórico como vivienda del mariscal Sucre.

Twitter: @RubenAguilar

Estado de Derecho sigue a la baja

Rubén Aguilar Valenzuela
En el Índice Global de Estado de Derecho, que se publicó el pasado miércoles, México ocupa el lugar 115 de los 140 países evaluados.

Desde 2019 el país cada año pierde puntos: En 2019 obtuvo 0.45; en 2020, 0.44 y en 2022, 0.42, según la medición de la organización de la sociedad civil World Justice Proyect (WJP).

El índice otorga una calificación del 0 al 1, donde cero implica ausencia total de Estado de Derecho y uno el máximo nivel que se puede alcanzar.

Con relación a los países de América Latina y el Caribe, México también está mal calificado y ocupa la posición 27 de 32 países que contempla el estudio.

La baja calificación de México se explica, según WJP por: La inseguridad, el deterioro del sistema de justicia civil y el debilitamiento del sistema de contrapesos al poder.

Y también por el estancamiento en el combate a la corrupción, el incumplimiento regulatorio y la falta de límites al poder gubernamental.

El indicador en el que México sale mejor evaluado es el de gobierno abierto (0.59) por contar con buenas leyes sobre la materia.

A nivel mundial los países mejor evaluados son Dinamarca (0.90), Noruega (0.89) y Finlandia (0.87) y los peores Venezuela (0.26), Camboya (0.31) y Afganistán (0.33).

En América Latina y el Caribe los mejor evaluados son Uruguay (0.71), Costa Rica (0.68) y Chile (0.66) y los peores Venezuela (0.26), Haití (0.35) y Nicaragua (0.36).

El índice de WJP, organización de la sociedad civil sin fines de lucro, es la más importante fuente mundial independiente sobre el Estado de Derecho en el mundo.

En los primeros cuatro años de gobierno el presidente y su gobierno han dado muestras palpables de su falta de
respeto al Estado de Derecho.

No hay nada en el horizonte que diga que esa actitud va a cambiar y se puede adelantar que en las valoraciones de 2023 y 2024, el índice seguirá a la baja.

Monreal: Morena viola la Constitución, realiza espionaje y va camino a la ruptura

Rubén Aguilar Valenzuela
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusa a su compañero de partido, el senador Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Senadores, de corrupción y de traicionar la causa.

Ante estos ataques, que tienen días y no paran incluso ante la petición de que termine del presidente López Obrador y de Mario Delgado, presidente de Morena, Monreal, en una entrevista banquetera fija su posición.

Su declaración es la primera gran revelación pública sobre las graves y violentas tensiones al interior de Morena, que pueden incluso llevar a la fractura.

Y también la primera denuncia, desde el interior del partido, de las violaciones que Morena hace a la Constitución y de las leyes electorales en el proceso por la candidatura a la presidencia de la República que abrió López Obrador.

El senador también acusa que en Morena o políticos de Morena en el poder realizan espionaje a los militantes, con los que tienen desacuerdos.

Monreal sostiene que la campaña adelantada en Morena "que inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos, el hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia, que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno (...)".

Y añade que "(...) yo siempre consideré que el anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba a generar este tipo de desencuentros y este tipo de confrontación que puede ser el inicio de la ruptura del Movimiento y poner en riesgo el triunfo en el 2024".

Ante la información que Sansores ha dado a conocer a los medios afirma que "en el pasado en casi toda mi vida como opositor fui espiado ilegalmente, y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN, pero nunca mi propio partido, es inaceptable, inverosímil, que nos estemos destruyendo al interior (...)".

Y agrega que esto "(...) es parte de esta campaña anticipada, nosotros vamos a resistir ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar, y todo espionaje ilegal lo vamos a denunciar con firmeza y contundencia yo espero que la prudencia prevalezca, porque si no es así, se va a iniciar un proceso de ruptura al interior y los únicos responsables, son quienes están impulsando esta campaña sucia de desprestigio y de descalificación contra un aspirante".

Monreal asegura que "(...) yo voy a luchar por un país mejor, sin odio y sin rencor, un país que necesita al que le urge la reconciliación nacional y al interior de Morena voy a luchar por suceder al presidente López Obrador a pesar de que el piso esté tan disparejo (...)".

"A pesar, prosigue en su declaración, de que se estén gastando cantidades millonarias en bots, en redes, en espectaculares, en lonas, en mantas que ya de por sí están violando la Constitución y la ley con campañas anticipadas y difusión de programas con fines personalísimos (...)"

Y esto, continua, a pesar de "que la Constitución y la ley lo prohíben y pueden poner en riesgo sus registros a los que aspiren, entonces, estamos muy tranquilos. Dios nos va a ayudar a salir adelante y a continuar, pero ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar, ¡ánimo!".

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