Ruben Aguilar Valenzuela
El INE no hizo la Ley Federal de Revocación de Mandato que para su aprobación contó con los votos de los diputados y senadores de Morena.
Al INE lo que le toca es señalar cuando alguien la viola y con los elementos que le otorga la misma ley hacer todos los esfuerzos, para que esta se cumpla.
Si el INE no hiciera eso se convertiría en cómplice de quienes violan la Constitución y la ley. Y el mismo sería objeto de señalamientos jurídicos por parte de los órganos correspondientes.
La Ley de Revocación de Mandato, que en esa materia reglamenta la Constitución, señala que: el INE "será la única instancia a cargo de la difusión" de ese ejercicio. No se presta a ninguna duda e interpretación.
El presidente López Obrador en el proceso electoral de 2021 violó la Constitución y la Ley Electoral en 89 de los 90 días que duró la campaña, como en su momento lo señalaron el INE y el TEPJF.
En la veda electoral, en las mañaneras y en giras, en contra de lo que señala la Constitución, intervino con diversas declaraciones en la elección e hizo propaganda de las acciones del gobierno. Ambas cosas prohibidas.
En el proceso de revocación de mandato también existe veda electoral, que el presidente la ha violado de manera consciente y sistemática. Y ahora también ha ordenado a los suyos que lo hagan.
La jefe de Gobierno de la Ciudad de México destaca en el cumplimiento de lo que le pide haga. Ella también de manera permanente se dedica a violar la ley.
En una decisión golpista, el presidente ordenó a sus diputados y senadores modificar la ley para permitir que los funcionarios realicen propaganda sobre el ejercicio de revocación de mandato.
La oposición se opuso, pero la mayoría morenista se impuso. Es un decreto sin validez jurídica. Lo sabe el presidente y los dirigentes de morena. Esa modificación requiere se cambia la Constitución. No tienen los votos, para hacerlo.
Su ley, que solo ellos reconocen, es una patente de corso, para justificar su trabajo de propaganda. Es una acción ilegal con visos golpistas. Es violentar conscientemente el Estado de Derecho.
El INE, es su obligación, ha dicho que seguirá aplicando la ley. El presidente continuará violando la Constitución y la ley reglamentaria. También lo seguirán haciendo los funcionarios del gobierno y los congresistas de Morena y sus aliados.
En la visión ideal del presidente, el INE debería dejar de ser un órgano autónomo, para pasar al control de la Secretaría de Gobernación. Su molestia es que no lo puede manejar a su antojo. Piensa como los viejos priistas. Es uno de ellos.
La preocupación del presidente y los suyos, no es que pueda ganar la revocación de mandato. Las encuestas indican que el 74 por ciento de los electores dice que el presidente debe terminar su periodo.
Lo que los tiene desesperados, desencajados, es que participen pocas personas en el gran ejercicio de propaganda política en el que han convertido el evento del próximo 10 de abril. Requieren gente.
El padrón electoral tiene 93 millones 466 mil votantes. En su imaginario fantasioso, conocen los números reales, si solo votan diez o menos millones, implicaría que solo el 10 por ciento de la población se manifestó.
Daría al traste con la idea ilusoria de que decenas de millones de mexicanos y mexicanas salieron a la calle a pedir que el presidente permanezca en su cargo. Eso, ellos lo saben, no va a suceder. Los frustra. Buscan desde ya culpables de su fracaso.
El ejercicio va a transcurrir sin más. Los que se presenten a votar, que será en un número muy lejano de los 30 millones que lo eligieron mandatario en 2018, dirán que se quede.
El presidente, a pesar de la baja participación, en la mañanera del día siguiente dirá que el "pueblo de México le pide que permanezca en el cargo". El guion del discurso está hecho hace muchos meses.
Rubén Aguilar
Rubén Aguilar Valenzuela