Rubén Aguilar Valenzuela Después de años de litigio, en abril 2021, ya en este gobierno, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un laudo, que ya no puede ser impugnado, que ordena al senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia (1944) pagar 55 millones de dólares, más los intereses, que robó a 226 trabajadores mineros siendo su dirigente sindical.
El senador, que nunca fue minero, heredó de su padre Napoleón Gómez Sada, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana. Hay quien lo acusa de ser responsable de la tragedia de Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 66 mineros.
En 2005, me tocó estar presente en una reunión en Los Pinos cuando al presidente Fox, la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), le presentaron con detalle como Gómez Urrutia había transferido el dinero robado a cuentas personales. En aquella ocasión se le aconsejó al presidente que por razones que podrían afectar la confianza en el secreto bancario y las posibles repercusiones que pudiera tener en el sistema financiero nacional, la PGR no actuara en contra del dirigente sindical.
Es hasta 2007, ya en el gobierno del presidente Calderón, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y UIF hacen pública la investigación y mostraron los documentos que daban cuenta a detalle del desvío de los 55 millones de dólares y los mecanismos que utilizó, para apropiarse de ellos. La PGR ordena su captura y es cuando huye del país hacia Canadá, para evitar la acción de la justicia.
A pesar de la evidencia contundente del robo, que ahora una vez más ha quedado demostrado, consiguió el apoyo de algunos sindicatos mineros de Estados Unidos y Canadá, con los cuales compartía intereses, y en 2014 obtiene la nacionalidad canadiense a la que no ha renunciado a pesar de ser senador de la República. En 2018 regresa a México, protegido por el presidente López Obrador quien lo coloca en la lista plurinominal de senadores de Morena en una posición donde le aseguraba el cargo.
Además de esta sentencia el senador enfrenta una serie de acusaciones por una larga lista de delitos que incluye: extorsión a empresas mineras, para no emplazarlas a huelga; fraude fiscal; procedencia de recursos inexplicables; lavado de dinero; creación de empresas fantasmas; triangulaciones inmobiliarias y relación con el narcotráfico. A esto se añade la documentada vida de lujo y despilfarro de él y su familia.
El padre del ahora senador de Morena, Napoleón Gómez Sada, dirigió el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) por 40 años de 1961 a 2001. En ese mismo año su hijo, solo por eso y sin tener ningún mérito, hereda la conducción del sindicato.
Gómez Urrutia, el delincuente que debería estar en la cárcel ahora legisla y pontifica sobre la honradez. Eso es surrealismo puro que solo puede pasar en México. El paradigma del viejo charrismo sindical, se atreve a decir que el sindicato que dirige va a ayudar a "la transformación de México hacia la democracia, la libertad y la defensa de los derechos humanos". Cinismo absoluto. ¿Hasta cuándo tendrá la protección del presidente?
