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CAPITALES: Los riesgos de una integración regional en América Latina

Francisco Treviño Aguirre

La situación actual de América Latina se deriva de un complejo conjunto donde convergen crisis sociales, económicas y políticas interrelacionadas, que se han visto afectadas de gran manera por el advenimiento de la pandemia del coronavirus y una marea creciente de aislamiento y antiglobalización. Estas crisis van desde la polarización interna y las tribulaciones económicas hasta la divergencia ideológica, los desacuerdos entre los líderes de la región, y de igual manera afecta la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, y todas están obstaculizando la gobernanza regional e impactando negativamente las perspectivas de cooperación.

Los gobiernos latinoamericanos necesitan  activar un plan de trabajo conjunto de manera urgente para abordar los múltiples desafíos que enfrentan, ya que los acontecimientos de las últimas décadas han demostrado que, a menos que se puedan encontrar mejores mecanismos regionales, los desafíos nacionales y transnacionales, desde el crimen organizado, la degradación ambiental, la migración y el poco crecimiento económico, se vuelven aún más difíciles de abordar, con consecuencias negativas a largo plazo.

No obstante, a pesar de lo que está en juego, los mecanismos tradicionales de gobernanza regional parecen paralizados, careciendo incluso de la capacidad para discutir la insostenible situación actual, y mucho menos abordarla. La experiencia es que la cooperación regional en América Latina es prácticamente inexistente a pesar de los tratados comerciales que han derivado en diferencias ideológicas y las instituciones diplomáticas dominantes de la región no han cumplido con su propósito.

La gobernanza regional y la cooperación efectivas en América Latina son necesarias para una conversación más amplia sobre el papel de la región en un orden global que cambia rápidamente, moldeado por la transformación tecnológica y problemas genuinamente globales como el cambio climático, las presiones migratorias y las crecientes amenazas a la seguridad.

Sin embargo, lejos de estar de alguna manera al margen o exento de las corrientes geopolíticas crecientes de hoy, América Latina, para bien o para mal, se ve muy afectada por ellas. La gobernanza regional es un instrumento fundamental para ayudar a la región a superar sus numerosos desafíos. Incluso cuando las diferencias ideológicas dificultan la cooperación en el alto nivel político, es crucial encontrar vías de progreso en otros niveles y en formas informales o menos visibles.

La pandemia mundial ha acelerado nuevas ideas sobre políticas económicas. De hecho, la planificación ha vuelto y los responsables de la formulación de políticas públicas están reconsiderando un nuevo modo de capitalismo: el capitalismo de las partes interesadas. En este contexto, América Latina necesita encontrar el equilibrio adecuado entre mejorar el entorno en el que opera el comercio, la seguridad transfronteriza, la infraestructura, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el servicio de transporte, la conectividad y la calidad de los puertos.

Hoy por hoy las relaciones entre los países de América Latina deberá de ser más sólida, con mayor integración regional y aportando propuestas para impulsar de manera conjunta una agenda de trabajo que permita ir desarrollando la región hacía un esquema de mayor cohesión en los sectores que tanto nos afectan:  la seguridad, la economía, la salud y la relaciones interinstitucionales.

@pacotrevinoa

CAPITALES: La revolución global de los vehículos eléctricos

Francisco Treviño Aguirre

El exponencial aumento en la proyección para la producción de vehículos eléctricos sugiere que estos van a liderear el mercado automotriz mundial para la década de 2040. Sin duda, esto impulsará una caída significativa en el precio del petróleo con significativas consecuencias para los países que aún siguen apostándole a una industria que prácticamente está en su etapa final, en lo que se refiera a la producción de combustibles para el sector automotriz.

Hace cuatro años se preveía que el aumento de los vehículos eléctricos pondría de cabeza tanto a la industria automotriz como el mercado petrolero. Al igual que con el rápido desplazamiento de caballos por vehículos motorizados en los Estados Unidos hace un siglo. Desde entonces, la revolución del transporte solo se ha intensificado, superando constantemente la mayoría de las expectativas.  En 2020, se contabilizaron a nivel mundial más de 10 millones de vehículos eléctricos, después de crecer más del 40% en los últimos años. Esto está en línea con la adopción de vehículos de motor a principios del siglo XX, y si esta trayectoria continúa, los vehículos eléctricos representarán aproximadamente el 60 por ciento del mercado mundial de automóviles para 2040 y el 90 por ciento para 2050. Estas estimaciones superan las cifras de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que predice que habrá alrededor de 330 millones de vehículos eléctricos en 2040.

En función de lo anterior, lo que hemos visto recientemente en China debería poner fin a la suposición de que la adopción de vehículos eléctricos en las economías emergentes y en desarrollo se retrasará décadas con respecto a la de los países avanzados, retrasando un colapso en la demanda mundial de petróleo. De hecho, la AIE y otros organismos pronostican un aumento de la demanda de petróleo en la mayoría de los mercados emergentes, lo que compensaría con creces su declive en las economías avanzadas. De hecho, Europa superó a China solo en 2020 en términos de nuevos vehículos eléctricos en circulación, mientras que el país asiático se ha mantenido como el mayor mercado global de vehículos eléctricos con 4.5 millones. Aunque la pandemia de COVID-19 redujo drásticamente la demanda de automóviles, el mercado de vehículos eléctricos ha seguido creciendo rápidamente en muchos países, incluidas las economías en desarrollo.

Los mercados emergentes han demostrado que también pueden ser pioneros en la industria de los vehículos eléctricos. La industria china de vehículos eléctricos ha reducido aún más los costos, ya que muchas marcas compiten por el dominio del mercado. En virtud de esta situación, más de 400 compañías han ingresado al negocio de los vehículos eléctricos en China, lo que recuerda a los primeros días de la industria automotriz en los Estados Unidos, cuando cientos de empresas compitieron antes de que surgieran gigantes como Chrysler y Ford.

En este sentido, El costo de poseer un vehículo eléctrico ha disminuido constantemente, a medida que caen los costos de la batería, y ya es comparable al de los vehículos de motor. El vehículo eléctrico más barato del mercado, fabricado por SAIC Motor de China, ya está vendiendo más que el Modelo 3 de Tesla. Más importante aún, a un costo de solo unos pocos miles de dólares, el modelo SAIC hace que los vehículos eléctricos sean asequibles en muchos países en desarrollo, tal y como el Beetle de Volkswagen y otros modelos se popularizaron por primera vez.

La vitalidad de la industria automotriz recuerda su apogeo hace un siglo. La feroz competencia por el mercado de vehículos eléctricos reducirá aún más los costos, aumentará la calidad y avanzará en la tecnología, no solo beneficiando a los consumidores, sino también acelerando la transición energética. Se están resolviendo las principales barreras para la adopción, como la infraestructura, la generación de electricidad y la autonomía de las baterías. En este sentido, ya estamos viendo más estaciones de carga, el aumento en la generación de energía a través de fuentes renovables, un mejor rendimiento de las baterías y una innovación continua.

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CAPITALES: El almacenamiento de energía como soporte al sistema eléctrico nacional

Francisco Treviño Aguirre

El papel del almacenamiento de energía para facilitar su incursión en la integración de la energía renovable en los sistemas eléctricos es muy sensible al nivel de penetración de las renovables. Por ejemplo: El estado de California en EUA, está experimentando días durante los cuales la demanda es demasiado baja para liberar toda la energía solar disponible al mediodía. Esta reducción de las energías renovables relacionada con la sobre generación puede verse agravada por los generadores térmicos que tienen una flexibilidad limitada en la rapidez con que pueden ajustar su producción o en lo bajo que pueden llegar sus niveles de producción.

En el caso de México, es necesario crear la infraestructura necesaria para añadir flexibilidad al sistema eléctrico. Esta flexibilidad es la capacidad de un sistema de energía para reaccionar a los cambios en la demanda y generación de energía. Los sistemas de energía tradicionales garantizan la flexibilidad a través de una cartera diversa de plantas de energía que, en conjunto, pueden satisfacer la demanda de energía en cualquier momento. Por lo general, las demandas diarias y estacionales se predicen utilizando tendencias históricas y, cuando la generación de electricidad es insuficiente, se instalan centrales eléctricas de pico para cubrir el déficit. Sin embargo, la integración de fuentes afecta la estabilidad de los sistemas de energía ya que su salida puede ser variable e incierta. Por tanto, cuanto mayor sea la proporción de energía renovable variable en una red, mayor será la necesidad de añadir flexibilidad.

Una de las soluciones que ha surgido en las últimas décadas es el almacenamiento de energía. Las tecnologías de almacenamiento de energía pueden mejorar la eficiencia, la fiabilidad y la seguridad de los sistemas eléctricos actuando como un amortiguador para compensar la variabilidad de la energía renovable. Durante períodos de baja demanda de energía, la tecnología de almacenamiento permite que las plantas de generación funcionen de manera eficiente almacenando cualquier excedente de energía y, en períodos de alta demanda, la energía almacenada se puede utilizar en lugar de las centrales eléctricas de pico basadas en combustibles fósiles. Por lo tanto, el almacenamiento de energía puede convertirse en un instrumento esencial no solo para garantizar la flexibilidad de la red, sino también para reducir las emisiones globales de efecto invernadero del sector eléctrico y alcanzar los compromisos contraídos respecto a la mitigación de las consecuencias del cambio climático.

A pesar de sus ventajas, el concepto de las tecnologías para el almacenamiento de energía no se ha difundido ampliamente en el mercado mundial, debido al alto costo que esto implicaba. Aunque algunas tecnologías ecológicamente racionales todavía enfrentan altos costos e incertidumbre tecnológica, es ampliamente aceptado que las principales barreras para el despliegue del almacenamiento de energía en todo el mundo son marcos regulatorios inadecuados y falta de apoyo político. Por lo tanto, identificar qué tipos de regulaciones y políticas pueden incentivar con éxito el despliegue de tecnologías ecológicamente racionales es un primer paso esencial para la creación y el fortalecimiento de los mercados de almacenamiento de energía.

En este sentido, la principal prioridad para quienes tienen la responsabilidad de formular las políticas en México debería ser la de proporcionar una definición legal de almacenamiento de energía y diseñar un marco regulatorio claro para la operación de los sistemas de almacenamiento en el Mercado Eléctrico Mayorista. Aún y cuando nuestro país va en retroceso en la industria del sector energético, esto podría ser de importante beneficio al aprovechar el conocimiento e innovación que se han desarrollado en otros países, y realizar tiros precisos y con menos incertidumbre tecnológica donde se desarrollen proyectos que demuestren como el almacenamiento de energía podría operar bajo las condiciones de la red eléctrica nacional, a pesar del precario presupuesto para la investigación y desarrollo con el que cuenta el país.

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CAPITALES: PEMEX: de un pasado dorado a un futuro incierto

Francisco Treviño Aguirre

Considerada en su momento una de empresas petroleras más grande de América Latina y las más importante de México, misma que por años fue la que fiscalmente más contribuía a las arcas nacionales y que ha estado vinculada al progreso y crecimiento del país desde que se llevó a cabo la expropiación petrolera en 1938, hoy atraviesa por un futuro incierto. Aunque México ha obtenido innumerables beneficios del crecimiento de su industria petrolera totalmente integrada, ahora está sufriendo consecuencias devastadoras causadas por una crisis de deuda en curso y en aumento. Precisamente por esta deuda cada vez más insostenible, que ahora asciende a más de $110 mil millones de dólares.

Es justo mencionar que el crecimiento de la economía mexicana detonó con el desarrollo de Petróleos Mexicanos, principalmente a partir de la década de los 70s. Habiendo representado el 50 por ciento del presupuesto en su momento, históricamente el gobierno federal ha tenido una fuerte dependencia de las utilidades de Pemex. Un problema que se originó por esta fuerte dependencia de las ventas de petróleo fue la falta de estímulo hacia la investigación y el desarrollo.

Otro problema fue que la economía mexicana en su conjunto se volvió demasiado dependiente de la industria petrolera, pero el éxito en la industria era innegable. El   yacimiento Cantarell ubicado en las costas de Campeche, fue en un momento el segundo campo petrolero más grande del mundo, solo detrás de complejo Ghawar en Arabia Saudita. La producción se estaba disparando y fue a través del crecimiento continuo de Pemex que el presupuesto federal siguió creciendo, lo que permitió una mayor inversión pública. El gobierno mexicano, con la ayuda de Pemex, logró crear algo parecido a un milagro económico. Desafortunadamente, esto no estaba destinado a durar.

En los últimos años, Pemex ha perdido un interés considerable por parte de los inversionistas debido a la rápida disminución de las ganancias, causada por la disminución de la producción y la caída de los precios del crudo. De 2004 a 2016, sus ganancias habían caído más del 30%, y esto sacudió la confianza a nivel internacional. Tan complicada era la situación financiera de la empresa en este punto que cuando se endeudó aún más, los mercados internacionales y las agencias de calificación se sorprendieron y sospecharon que comenzaba a manifestarse un grave problema a largo plazo.

Al entrar en vigor la Reforma energética proclamada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, PEMEX dispondría de un esquema de subastas donde el sector privado realizaría inversiones en exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas, disminuyendo de manera considerable la carga fiscal para la empresa del gobierno, obteniendo importantes beneficios económicos al trasladar parte de esas inversiones a los privados.

Al llegar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, promete rescatar a Pemex y devolver a México la “soberanía energética”, que, a decir de él, se había entregado a las empresas internacionales que operan en el País. Desafortunadamente, los resultados de tales promesas son prácticamente nulos. Financieramente, la deuda a largo plazo solo ha crecido más para Pemex, de $65 mil millones de dólares a unos estratosféricos $110 mil millones, casi el doble en tan solo 3 años. Políticamente, la empresa parece estar otorgando una responsabilidad cada vez mayor hacia el gobierno, como es el hecho de que los pagos de los préstamos sean asumidos directamente por el gobierno y no por la propia paraestatal, cuyas consecuencias pueden significar sin duda una cosa: un déficit fiscal más amplio.

Además, se espera que este déficit fiscal crezca aún más, debido a la incapacidad de Pemex de recaudar suficiente deuda por sí misma en los mercados internacionales para hacer frente a las deficiencias financieras, dejando al gobierno federal como su último recurso. De esta manera, Pemex no parece ser de mucha ayuda para el gobierno, ya que cada vez se otorgan más exenciones fiscales e inyecciones de capital para mantenerlo en funcionamiento. La ayuda del gobierno, sin embargo, no impide que la compañía pierda inmensas cantidades de dinero, habiendo reportado una pérdida de $23 mil millones en 2020, un aumento de casi un 40% con respecto a la de 2019. El problema de fondo prevalece, ahora más fuerte que antes, frente a un presidente, cuyas estrategias no parecen estar dando ningún resultado.

Tanto Pemex como el gobierno federal enfrentan lo que es casi con certeza la situación más difícil de toda su historia. Los mexicanos nos preguntamos cuándo el gobierno dirá que ya es suficiente. Haber invertido miles de millones de dólares en el ineficiente gigante petrolero durante años y haber obtenido pocos o ningún resultado genera una incertidumbre alarmante con justa razón.

 Twitter: @pacotrevinoa

CAPITALES: Los retos del hidrógeno como combustible

Francisco Treviño Aguirre

El hidrógeno limpio está experimentando un impulso sin precedentes a medida que aumenta la confianza en su capacidad para acelerar los esfuerzos de descarbonización en múltiples sectores. Alrededor del mundo existen nuevos proyectos sobre este sector, y la tendencia es que se replicará en muchos países. Tan solo la empresa Intercontinental Energy planea construir una planta en Omán que producirá casi 2 millones de toneladas de hidrógeno limpio. En este sentido, se desarrollan nuevos proyectos a gran escala, así como otros más pequeños ya se encuentran en la etapa de planificación. Del mismo modo, por el lado de la demanda, el hidrógeno está ganando terreno por parte de los clientes. Compradores destacados como las grandes petroleras y las empresas acereras líderes en el mundo están trabajando para hacer realidad una economía de hidrógeno limpio.

A pesar del optimismo que rodea al hidrógeno limpio, sigue existiendo mucha incertidumbre. Uno de los atractivos del hidrógeno es que puede proporcionar energía libre de carbono en múltiples sectores: transporte, calefacción, industria y generación de electricidad. Pero esta ventaja también crea incertidumbres. La infraestructura necesaria en una economía en la que el hidrógeno se utiliza principalmente como combustible de transporte es muy diferente de una en la que su valor principal es como combustible para un sistema de calefacción

Hoy en día no existen grandes redes de oleoductos de hidrógeno y no hay barcos de hidrógeno licuado en operación comercial. Existe un verdadero problema, parecido a la analogía del huevo y la gallina. Si no hay infraestructura para mover hidrógeno, ¿las inversiones en oferta y demanda se realizarán al ritmo necesario para cumplir los objetivos nacionales de descarbonización? Este desafío plantea una pregunta aún más urgente: ¿cuáles deberían ser las funciones respectivas de los sectores público y privado en el despliegue de la infraestructura?

Si bien la economía de mercado debe ser la fuerza que impulse las decisiones de producción y demanda, los incentivos y planes regulatorios desempeñarán un papel fundamental tanto en la configuración como en el despliegue de la infraestructura habilitadora. Hacer realidad todo el potencial del hidrógeno requerirá una cuidadosa consideración de las políticas públicas para abordar las necesidades del mercado. Es fundamental planear el futuro ahora, ya que los efectos de las decisiones políticas que se tomen hoy se verán reflejados en las próximas décadas. Por ejemplo, construir una red de ductos para entregar hidrógeno a los propietarios que aún no han instalado estufas y sistemas de calefacción alimentados con hidrógeno sería financieramente incosteable. Por lo tanto, sincronizar las inversiones en infraestructura con el crecimiento de la oferta y la demanda será esencial, pero al mismo tiempo, un gran desafío.

Si bien es cierto que el uso de infraestructura de gas natural existente podría reducir significativamente el costo total de transporte de hidrógeno, tanto en términos de reducción de la inversión en infraestructura de tuberías como de inversión evitada en la expansión de la red eléctrica. Aun así, se necesita una cuidadosa evaluación caso por caso para determinar la viabilidad técnica y económica de las opciones junto con las implicaciones generales de las cadenas de valor de una transición del gas natural al hidrógeno.

Para estimular las inversiones necesarias del sector privado, los legisladores y los reguladores deberán crear un consenso nivelado con estructuras de mercado y regulaciones claras, reconociendo los pros y los contras de todas las alternativas y un esfuerzo concertado para sincronizar las inversiones en oferta, demanda e infraestructura. Solo de esta manera podremos evitar replicar las ineficiencias de los sistemas que caracterizaron los enfoques regionales para el despliegue de nueva infraestructura energética.

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