Este fin de semana iniciaron los registros de precandidatas a la presidencia de la República, tanto de la alianza que encabeza el partido Morena, como del frente encabezado por el Partido Acción Nacional.

Debido a que existe un votante que decide su sufragio más allá de una identificación partidista del candidato, y que lo emite más bien convencido por las propuestas de campaña, vale la pena ir revisando estas cuestiones en disputa respecto a lo que el gobierno debe o no debe hacer.

En su registro, la precandidata Claudia Sheinbaum planteó como propuestas las que aquí enumero:

1. Mantener la austeridad republicana

2. No gasolinazo ni aumento tarifas de luz en términos reales

3. Mantener los programas sociales

4. Aumentar salario mínimo

5. Consolidación del Tren Maya y obras emblema del presidente López Obrador

6. Seguir con el decreto para trenes de pasajeros

7. Énfasis en educación pública

8. Continuidad del sistema público de salud: ISSSTE, Seguro Social, IMSS-Bienestar

9. Continuidad vivienda digna

10. Seguridad para pueblos indígenas

11. Vida digna para las mujeres

12. Aprovechar T-MEC para generar empleos

13. Desarrollo científico y tecnológico

14. Transición fuentes de energía

15. Recuperación de los recursos naturales

16. Derecho al agua

17. Soberanía alimentaria y apoyo al campo

18. Gobernabilidad, paz y seguridad

19. Plan C, “Reforma judicial y reformas pendientes”

En su discurso Sheinbaum señaló : “Hemos demostrado que el modelo republicano de austeridad y economía moral es viable, brinda resultados y tiene un alto sentido humanista”.

Por su parte, Xóchitl Gálvez Ruiz, presentó una iniciativa para adoptar en México el modelo de gobiernos de coalición, con la cual se busca terminar con el hiperpresidencialismo y garantizar un auténtico Estado de Derecho.

La aspirante del Frente Amplio por México señaló que el poder político en nuestro país se debe ejercer de manera transparente, democrática y horizontal, es decir, sin concentrarse en una sola persona.

El 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas sufragaron por primera vez en una elección federal, acudieron a las urnas a emitir su voto y elegir a los diputados federales de la XLIII Legislatura. Ese día es el Día de la Emisión del voto femenino.

La emisión del voto femenino requirió de una larga y contundente lucha, que tiene presencia desde 1884 y 1887 con la primera publicación de la revista femenina Violetas del Anáhuac.

Fue hasta 1952 que más de 20 mil mujeres protestaron en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, para reclamar lo que el presidente Adolfo Ruiz Cortines había prometido en su campaña presidencial: tener en la Constitución el derecho a votar y ser electas. Pasaron algunos meses para que el entonces presidente promulgara, el 17 de octubre de 1953, las reformas constitucionales al artículo 34 que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal.

Es importante mencionar que México fue de los últimos seis países en legislar el voto de las mujeres y gran parte se debió a la presión internacional de la ONU, quien en 1952 estableció que ningún país podía decirse democrático sino tenía la ciudadanía más de la mitad de su población. (inmujeres.gob.mx)

En los siguientes años continuó la lucha de las mujeres por obtener espacios de participación política, esfuerzo que ha llevado al establecimiento de las cuotas de género como un concepto fundamental para la vida política y democrática de nuestro país, ya que buscan la paridad política entre los géneros. Con estas cuotas se pretende producir un cambio cultural para evitar el predominio de un solo género en la esfera política. No obstante, para lograr esto se requiere un cambio actitudinal, tanto en la ciudadanía en general como en las instituciones, a todos los niveles.

Surgieron como una medida en el ámbito nacional e internacional para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones. En México, los avances en esta materia no pueden ser ignorados: para 1996 se fijó un límite de 70% de legisladores de un mismo género y en 2007 se estableció que las candidaturas para integrar el poder legislativo debían de integrarse, cuando menos, de un 40% por personas de un mismo sexo.

Durante el proceso electoral federal 2011-2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso a los partidos políticos y coaliciones el deber de nombrar como mínimo 120 y 26 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo para diputadas/os y senadoras/es respectivamente. Por su parte, el IFE emitió un acuerdo para establecer los criterios a los que los partidos políticos debían de apegarse para cumplir con el mandato del tribunal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial Federación (PJF) para que los 15,000 millones eliminados de sus 13 fideicomisos se destinen a los damnificados de Guerrero tras la devastación del impacto del huracán Otis.

“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15,000 millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”, planteó el pasado fin de octubre durante su conferencia matutina diaria.

“Yo pienso, una opinión, es que ese dinero que se tiene que regresar a la Federación, porque así es, se cancela el fideicomiso y los 15,000 millones vienen a la Tesorería de la Federación para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo”,

“Un acuerdo, que se destinen los 15,000 millones a los damnificados de Acapulco y que ellos firmen como parte del comité que va a vigilar los fondos, lo estoy ya dando a conocer”.

“Ellos pueden decidir, que la analicen (la propuesta), que lo piensen, además no estén escuchando el canto de las sirenas, que se pongan cera en los oídos porque hay gente que mal aconseja”.

“De todas maneras yo le digo a la gente de Acapulco y de Guerrero que no les va a faltar nada, nosotros tenemos recursos porque no se permite la corrupción y porque lo primero es atender al pueblo”

La respuesta de la Ministra Norma Piña llegó pronto. Mediante un oficio a nombre del PJF, la magistrada se manifestó a la espera de que el mandatario le indique los canales institucionales para establecer los términos del acuerdo para ayudar a la reconstrucción de Acapulco, Guerrero.

“La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida”.