Jaime Cleofas Martínez Veloz
En Chiapas, donde los ríos cantan y la selva respira, se guarda el 30% del agua de todo México. Es un caudal que atraviesa montañas, valles y comunidades indígenas, un recurso que debería ser vida y dignidad para quienes lo custodian. Sin embargo, el Gobierno Federal ha decidido que esa riqueza no pertenece a los pueblos, sino a las leyes que redacta desde arriba, a los decretos que imponen desde los escritorios de la burocracia, a la maquinaria de la CONAGUA que hoy pretende apropiarse de lo que no le pertenece.

La historia no empieza aquí. La traición tiene nombre y fecha: los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996, donde el Estado mexicano se comprometió a reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con voz y decisión sobre sus territorios y recursos. Esa palabra empeñada fue rota. El Congreso nunca cumplió, los gobiernos se sucedieron y el reconocimiento quedó enterrado bajo discursos vacíos. Hoy, la misma traición se repite, pero con el agua como botín.

El agua de Chiapas no es un número en una estadística. Es el río Grijalva que alimenta presas hidroeléctricas, es el Usumacinta que cruza fronteras, es la lluvia que fecunda la milpa y el café. Es también el líquido que no llega a las casas de las comunidades indígenas: menos del 35% de la población chiapaneca tiene acceso efectivo al agua potable. ¿Cómo puede ser que el estado más rico en agua sea también uno de los más pobres en acceso? La respuesta es clara: porque el gobierno nunca construyó la infraestructura para que ese caudal llegara a las viviendas de los pueblos. Porque la abundancia se convirtió en negocio y la carencia en castigo.

Hoy, con las reformas a la Ley Nacional de Aguas, el gobierno pretende legalizar el despojo. Bajo el disfraz de regulación, se esconde la intención de apropiarse del 30% del agua nacional que fluye por Chiapas, arrebatándola a quienes la han cuidado por siglos. Es un robo disfrazado de ley, una expropiación disfrazada de modernidad. Y ese robo se comete en los territorios donde viven las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pueblos que han resistido con dignidad, que han levantado su voz contra el olvido y la mentira.

El agua, como la tierra, no es mercancía. Es vida. Y cuando el gobierno la convierte en propiedad del Estado para entregarla a empresas, concesiones y proyectos extractivos, está repitiendo la misma lógica colonial que negó a los pueblos indígenas su derecho a decidir. Es la misma traición que se firmó en San Andrés y que nunca se cumplió. Es la continuidad de un despojo histórico que hoy se viste de tecnocracia y de leyes federales.

Los votos de la traición

La aprobación de la Ley General de Aguas en diciembre de 2025 fue un espectáculo de imposición. En la Cámara de Diputados, tras más de 24 horas de debate, se registraron 324 votos a favor, 118 en contra y una abstención.

¿Y cómo votaron los legisladores de Chiapas?

• Diputados de Morena, PT y PVEM por Chiapas: votaron a favor, alineados con la mayoría oficialista.
• Diputados opositores chiapanecos (PAN, PRI, MC): votaron en contra, denunciando que la ley concentra el control del agua en la CONAGUA y margina a los pueblos indígenas.
• Senadores chiapanecos de Morena y aliados: avalaron la minuta sin cambios, obedeciendo la línea presidencial.
• Senadores opositores chiapanecos: se manifestaron en contra, advirtiendo que la ley se aprobó sin consulta real a pueblos indígenas ni campesinos.

La paradoja es brutal: los representantes de Chiapas en el Congreso votaron mayoritariamente a favor de entregar al gobierno federal el control del agua de su propio pueblo. Es la traición institucionalizada, el despojo firmado con nombre y apellido.

La paradoja del agua

De los 124 municipios de Chiapas, apenas 41 tienen plantas de tratamiento, y solo 5 funcionan adecuadamente. El resto descarga aguas negras en los mismos ríos que después se privatizan. Mientras tanto, las presas hidroeléctricas de Malpaso, Chicoasén y La Angostura generan electricidad para el país, pero las comunidades que las rodean siguen sin agua potable.

El gobierno federal quiere apropiarse de lo que no le pertenece, y en ese acto repite la traición a los Acuerdos de San Andrés. Porque negar el derecho de los pueblos a decidir sobre su agua es negar su condición de sujetos de derecho público. Es negar su existencia política. Es negar su dignidad.

El silencio institucional: la COCOPA ausente

La traición no se limita a los votos. También se expresa en el silencio institucional: la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), contemplada en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, sigue sin ser conformada por la actual legislatura ni por el Gobierno Federal. Esa omisión no es casual. Al negar la existencia de la COCOPA, se niega el cumplimiento de la ley vigente y se bloquea deliberadamente que temas como el agua entren en la agenda nacional. El vacío institucional abre la puerta al despojo: sin mecanismos de conciliación ni voz para los pueblos, el gran caudal de Chiapas queda bajo el control exclusivo de la burocracia federal y de la CONAGUA. Es la misma traición de San Andrés, repetida ahora con el agua como botín. Es la continuidad de un despojo histórico que se disfraza de legalidad, pero que en realidad busca apropiarse del volumen inmenso de agua que los pueblos han cuidado por siglos.

El EZLN lo dijo hace décadas: "Aquí estamos, somos los mismos de siempre, los olvidados de siempre, los que no se rinden." Hoy, el agua es el nuevo campo de batalla. El robo del agua es el robo de la vida. Y frente a esa traición, los pueblos de Chiapas levantan la voz: el agua no se vende, el agua no se roba, el agua se defiende.