Rubén Aguilar Valenzuela 

En el gobierno del presidente Vicente Fox (2000-2006) se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), para investigar la verdad histórica sobre la Guerra Sucia y llevar ante la justicia a los perpetradores. Se nombró como fiscal a Ignacio Carrillo Prieto.

La FEMOSOPP publicó un informe final con el resultado de su investigación en 2006 elaborado por 27 especialistas. Los crímenes del Estado mexicano que se detallan fueron cometidos durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982).

De entre los 532 indiciados por estos crímenes al único que se le fincaron cargos y responsabilidades penales fue al presidente Echeverría, que fue exonerado en 2009. El documento, de 890 páginas, se puede ver, entre otros sitios, en:    https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/59071.

El gobierno del presidente López Obrador estableció la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México (COVEHJ). Con relación a la anterior en esta investigación se incorpora al gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y los dos primeros años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1990).

Un documento de 5000 páginas, con el resultado de esta investigación, fue dado a conocer el 16 de agosto. En una muy rápida revisión, se requieren muchos días para leer la totalidad del documento, veo que hay muchas coincidencias con el documento elaborado por la FEMOSOPP, aborda los mismos hechos, pero hay nueva información en particular del período que se añade, los años de 1982 a 1990. Es un avance con relación al informe anterior.

El documento, firmado por tres de los cuatro comisionados, Carlos Pérez Ricart, David Fernández y Abel Barrera, señala los nombres de 8593 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre ejecución, tortura, desaparición forzada y otros delitos del periodo que va de 1965 a 1990. Son 25 años.

La actual comisión, igual que la anterior, se enfrentó a la cerrazón del Ejército para entregar todos los archivos y en repetidas ocasiones, a lo largo de los años de investigación, sus integrantes denunciaron las trabas del Ejército para consultarlos todos.

De acuerdo a sus miembros la Secretaría de la Defensa pasó de la "colaboración pasiva" a una "obstrucción activa", impidiendo en muchos casos su consulta o negando la existencia de documentos. Denunciaron también la desaparición y quema de archivos en poder del Ejército.

Ahora toca a la Fiscalía General de la República (FGR) con los elementos de la investigación de la COVEHJ si procede penalmente contra los perpetradores o el informe se queda solo en eso, lo que no es menor, pero sin duda está lejos de las expectativas que despertó su constitución a inicio del actual gobierno.

En principio existe un plan de trabajo para que la FGR atraiga algunos casos. Los integrantes de la comisión en voz de Pérez Ricart señalan: "Lo que esperamos es que ellos tomen nota de lo que nosotros hicimos para que ellos continúen con la investigación jurídica de nuestro trabajo de esclarecimiento histórico". Habrá que ver. Al actual gobierno solo le quedan días.

Rubén Aguilar Valenzuela 

Días atrás hubo una reunión privada, que no trascendió a los medios, entre el alto mando del Ejército y el equipo que se hará cargo de la política de seguridad en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El grupo del Ejército estaba presidido por el secretario de la Defensa, general Cresencio Sandoval, y el de la presidenta electa a la cabeza del ya nombrado secretario de Seguridad, Omar García.

En la reunión los militares expusieron a los civiles, con presentaciones en PowerPoint, qué es el Ejército, cuál es su estructura y qué tareas desempeña ahora.

Las Fuerzas Armadas, por órdenes de su actual comandante en jefe, todavía el presidente López Obrador, ahora intervienen en la gestión de la administración pública más que en ningún otro sexenio desde que la presidencia de la República está en manos de civiles.

Al término de la presentación el general Sandoval, dirigiéndose a García, el próximo secretario de Seguridad, le dijo que hay amplios sectores de la sociedad mexicana que no están de acuerdo que el Ejército realice muchas de las tareas que ahora tiene encomendadas.

Y que debía quedar claro al nuevo gobierno que de inmediato el Ejército estaba en condiciones de entregar estas actividades la próxima administración, para que los civiles se hicieran responsables de ellas.

El general sabía que su intervención iba a provocar la reacción de los enviados de la presidenta en el sentido de que la próxima administración no contempla poner fin al proceso de militarización iniciado por López Obrador.

Y también que la misma provocaba la necesidad de que la presidenta electa sea quien solicite, una vez que nombre a los secretarios de la Sedena y de la Semar, que los militares y marinos sigan a cargo de tareas antes responsabilidad de los civiles. Ella es quien debe garantizar que la militarización continúe.

López Obrador justificó el proceso de militarización diciendo que al llegar al gobierno las únicas estructuras de la administración pública que no se habían corrompido eran la Sedena y la Semar y que por lo mismo las necesitaba para sacar adelante su proyecto de transformación.

En estos seis últimos años, por decisión del comandante en jefe, el Ejército y la Marina se han imbricado de tal manera en la gestión de la administración pública, no solo en tareas de seguridad, que no se puede de un día para otro prescindir de sus servicios. Cosa, por otro lado, que no está contemplada en el proyecto de gobierno de Sheinbaum.

Altos mandos en activo me han dicho que si la comandanta en jefa, como presidenta electa, quisiera iniciar el proceso de desmilitarización de la administración pública, que es algo absolutamente posible, comienza con el nombramiento del secretario de la Sedena. Debe elegir a alguien de los que consideran que en el actual gobierno se ha distorsionado la tarea del Ejército y violentado la Constitución. Los hay.

Rubén Aguilar Valenzuela 

La Guardia Nacional (GN) como estructura militar, nunca civil, fue creada en 2019 con 74 437 efectivos. Desde un inicio quedó como una estructura propia del Ejército con mandos militares.

Claudia Sheinbaum, presidenta electa, ha dicho que a partir del 1 de octubre, cuando asuma su mandato, la GN quedará oficialmente bajo el mando del Ejército. En los hechos lo ha sido desde su creación.

En el V Informe de la GN y la Militarización en México, elaborado por la organización de la sociedad civil Causa en Común, se ofrece una panorámica del despliegue y la acción de esta estructura de la Sedena.

El aumento de los efectivos de GN ha sido constante a lo largo del sexenio: 74 437 (2019); 98 282 (2020); 99 946 (2021), 128 233 (2022); 127 438 (2023) y 132 612 (2024). En seis años el número de los efectivos ha crecido en casi el 100%.

En el estudio se ofrece una fotografía del despliegue táctico de la GN en el territorio a diciembre de 2023 con información de la propia Sedena.

El análisis de Causa en Común muestra que la distribución de los efectivos de la GN en el territorio no se corresponde con la presencia del crimen organizado y la violencia que impera en las distintas regiones del país.

La organización pone como ejemplo tres estados donde hay una gran presencia del crimen organizado y altos niveles de violencia y pocos efectivos de la GN. En Zacatecas hay 1533 efectivos; en Morelos 1827 efectivos y en Colima solo 546 efectivos.

Y en cambio hay estados con poca violencia donde hay muchos efectivos de la GN. Es el caso de Coahuila con 2889 efectivos; Tlaxcala con 2383 efectivos y Yucatán con 1408.

A diciembre de 2023, la GN se distribuía así: Estado de México, 8913; Jalisco, 7120; Oaxaca, 7080; Guanajuato, 5635; Chiapas, 5630; Guerrero, 5313; Ciudad de México, 5123; Michoacán, 4680; Veracruz, 4652 y Sinaloa, 4453.

Le siguen Chihuahua, 3421; Nuevo León 3347; Puebla, 3039; Quintana Roo, 2960; Sonora, 2603; Tamaulipas, 2548; Baja California, 2248; Hidalgo, 2213; Tabasco, 2136; Durango, 1717; Campeche, 1323; San Luis Potosí, 163; Querétaro, 1174; Nayarit, 997; Aguascalientes, 757 y Baja California Sur, 739.

Los especialistas en el tema de seguridad consideran que hay un error en el despliegue táctico de la GN y que la estrategia de seguridad a su cargo ha demostrado su fracaso ante los altos niveles de violencia, asesinatos y desparecidos que continúan en el país.

En el gobierno que inicia el 1 de octubre no está claro cuál será el papel de la Secretaría de Seguridad en la implementación de la estrategia de seguridad. En este sexenio su única función fue, de vez en vez, presentar estadísticas de dudosa credibilidad en la mañanera del presidente.

Y tampoco cuál será el nivel de coordinación entre el Ejército, del que depende la GN, y la Secretaría de Seguridad que no tiene efectivos a su mando para operar, en el diseño y operación en la estrategia de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública.