Rubén Aguilar

Del 21 al 23 de septiembre se celebró en el sede de la la Universidad Iberoamericana de Puebla, el Dialógo Nacional por la Paz, organizado por la Conferencia del Epsicopado Mexicano, la Confederación de Superiores Mayores de México, la Dimensión Episcopal para los Laicos y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.

En el evento se reunieron más de 1300 personas entre las que se encontraban: obispos, líderes religiones, representantes del gobierno, de organizaciones de la sociedad civil, de los campesinos, de los trabajadores, de los empresarios, del mundo de la academia y la investigación, de los medios de comunicación, de las víctimas y de las familias de víctimas de la violencia.

Esta iniciativa se nutre de los Conversatorios por la Paz que se realizaron en las parroquias, colegios, centros comunitarios y de las conclusiones de los Foros Justicia y Seguridad que tuvieron lugar en universidades y centros sociales del país, con la intención de construir una Agenda Nacional de Paz para articular iniciativas locales de paz.

Los organizadores plantearon que el objetivo central del encuentro era “generar un espacio de diálogo plural e incluyente en torno a la seguridad y la construcción de paz”. Los participantes en las distintas instancia y tiempos del proceso son conscientes que la inseguridad, la violencia y la ausencia de paz constituye algunos de los problemas más graves que ahora tiene el país.

El país está inmerso en la polarización y la confrontación social y los espacios de diálogo brillan por su ausencia. En el marco de esa dolorosa realidad el que la Iglesia, a través de distintas de sus expresiones, a lo largo de más de un año, de manera discreta, haya impulsado desde la base un proceso de diálogo en torno a la seguridad y la paz merece todo tipo de reconocimientos.

Se realizaron cientos de reuniones en todas las diócesis del país. Ha sido un intenso y callado proceso de abajo hacia arriba. El encuentro de Puebla socializa y pone sobre la mesa, como materia del diálogo, el resultado de eso proceso, que se recoge en el documento Agenda Nacional de Paz, que tiene 110 páginas y se divide en tres grandes partes.

La primera, ¿En dónde estamos?, es una diagnóstico de la realidad social del país desde la perspectiva de la inseguridad y la violencia que implica el estado que guardan las comunidades, las instituciones responsables de la seguridad en los tres niveles de gobierno, el sistema de justicia y el sistema penitenciario.

La segunda, ¿A dónde queremos ir?, propone, con detención, los cambios que deben de ocurrir en la vida de las comunidades, en las instituciones responsables de la seguridad en los tres niveles de gobierno, en el sistema de justicia y en el sistema penitenciario. Son propuestas realistas, que pueden ser asumidas e implementadas. Se requiere, sí, la voluntad política de los actores para que las cosas sucedan.

La tercera, La ruta que debemos seguir, a manera de una guía la acción se propone, la ruta de actividades que deben ser implementadas para resolver el problema de la inseguridad y regresar al camino de la paz. Hay un plan para las comunidades, para las las instituciones responsables de la seguridad en los tres niveles de gobierno, para el sistema de justicia y para el sistema penitenciario.

El proceso todo del Diálogo Nacional por la Paz, que culmina en esta etapa, la del diagnóstico y la construcción de la ruta a seguir, muestra la potencia que tiene el diálogo como instrumento, para comprender los fenómenos sociales y para trazar rutas, producto del acuerdo, que conduzcan, no sin dificultades, a la solución de los problemas.

La Agenda Nacional de Paz es una propuesta poderosa, que hace evidente que los problemas de inseguridad y violencia tienen solución y que el regreso a la ansiada paz es posible. Implica, eso sí, la acción, no solo el mirar los problemas. Y el actuar supone un compromiso con la transformación de la realidad, para hacerla mejor.

Rubén Aguilar Valenzuela

En Estados Unidos, al cierre del año fiscal 2022, fueron arrestados 808 339 mexicanos por las autoridades migratorias, de acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés.

Las detenciones en 2021 fueron 655 594, de manera que en 2022 se incrementó en 152 745 el número de los detenidos. Y de un año al otro el número de las deportaciones creció en 60.9%.

A partir de mayo de 2020 se multiplicó por cuatro el número de las y los mexicanos que emigran a Estados Unidos. Los especialistas señalan que son dos los factores que empujan la migración: la violencia y la economía nacional.

Y aseguran que después de la pandemia del COVID-19 se ha vuelto al patrón de años anteriores y es evidente que las autoridades no están haciendo nada para detener el flujo migratorio hacia el vecino del norte.

En el primer semestre de 2023 los mexicanos detenidos por la CBP fueron 208 111 y la suma de las otras nacionalidades suman 205 729 los arrestados. Así, nuestros compatriotas suman más de la mitad de todos los migrantes arrestados.

Esto hace que ahora México vuelva a ocupar el primer lugar entre los países que envían más migrantes a Estados Unidos. Los números muestran que se ha regresado 20 años atrás.

A pesar de la contundencia de los datos, el presidente en más de una de sus comparecencias mañaneras ha dicho que “afortunadamente ya no hay el número o la corriente migratoria que había hacia Estados Unidos durante el periodo neoliberal”.

Especialistas señalan que estas declaraciones sólo se explican si el presidente no ha sido informado del incremento creciente de la migración mexicana hacia Estados Unidos en los años de su gobierno.

Y plantean, de otros lados, la contradicción en la que éste cae porque, del otro lado, sí reconoce y aplaude el aumento de las remesas de los mexicanos en Estados Unidos, que claramente se asocia a que ha crecido el número de migrantes.

Recuerdan, para contextualizar lo que ahora ocurre, que antes hubo una década de tasa cero de migración. Esto significa que eran más los mexicanos que regresaban de Estados Unidos a México que los que se iban.

Si al cierre de 2023 se mantiene el número de detenciones que tuvieron lugar en el primer trimestre, el año terminaría con 832 444 mexicanos arrestados y deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Habrá que ver.

En los últimos días ha crecido la llegada de migrantes de diversos países a las fronteras sur y norte de México, que quieren cruzar hacia Estados Unidos, es sin duda un problema que se añade al de los mexicanos que dejan el país y son regresados por las autoridades estadounidenses.

Las dimensiones de la crisis migratoria ha rebasado a las autoridades de Estados Unidos y México y exige una nueva estrategia de ambos países para hacerle frente. Es evidente que el actual modelo fracasó.

@RubenAguilar

Rubén Aguilar Valenzuela

México no sale bien librado en el comparativo mundial de 30 países sobre las desapariciones forzadas, al obtener una puntuación de 3.0 sobre 10.0, según la Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos, HRM por sus siglas en inglés.

La organización, con sede en Nueva Zelanda, entregó al Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas una investigación, para que tome en cuenta en su valoración sobre México.

Nuestro país se sitúa entre aquellos que están en el rango “muy alto” de que sus habitantes pueden sufrir la desaparición forzada. En una situación peor solo están China y Bangladesh.

Y si el riesgo de desaparición forzada es general se agrava en el caso de defensores de los derechos humanos, indígenas, personas arrestadas y migrantes.

Desde 2017, las desapariciones forzadas se han incrementado de forma “significativa”, sostiene HRM. Esto muestra que el gobierno no toma las medidas necesarias, para que se reduzcan.

El Comité de Naciones Unidas ha realizado visitas a México en 2012, 2015, 2019 y en noviembre de 2021. En abril de 2022, de esta última, entregó al gobierno un análisis sobre la situación e hizo una serie de recomendaciones.

Como parte del análisis se dice que a nivel nacional hay “ausencia de una estrategia integral para el desarrollo de las búsquedas e investigaciones” de las desapariciones forzadas. Y entre las recomendaciones está “crear las condiciones mínimas necesarias para la instauración de una política nacional eficaz y efectiva de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”.

Y para ello hay que adoptar medidas específicas: fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación; garantizar la coordinación sistemática de las instituciones; remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada; atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio y facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data.

Y también atender la crisis forense; facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial; reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección; proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones; y registrar para establecer estrategias eficientes de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.

El informe subraya la gravedad en el caso de la desaparición de migrantes y afirma que en México no existe una cifra real al respecto, pero que en 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas incluía a 2522 ciudadanos extranjeros en esa condición.

En su reunión de Bruselas, el 14 de septiembre de 2023, el Comité de Naciones Unidas mostró su preocupación por el incremento “enorme” del número de menores que desaparecen en México.

Por la vía de los hechos, las desapariciones forzadas no ha sido un tema que preocupe al actual gobierno federal y en ningún momento ha hecho caso a las recomendaciones del Comité. Tendrá que venir otro gobierno, para dar al tema la importancia que merece.