Xavier Díez de Urdanivia

Ha concluido un año azaroso y, contra todo deseo, cede el paso a uno nuevo que pinta para serlo otro tanto. En vez de haber “dejado hijos para el Año Nuevo”, como dice la tonadilla veracruzana tradicional en esta época, dejó problemas de no poca monta.

La herencia acumulada de desatinos es vasta: Inflación, inseguridad galopante, corrupción, descomposición estructural, engaños, y muchos más, a los que hay que agregar tres, destacadamente, que van dirigidos a asegurar la toma de la plaza electoral para hacerse fuertes en ella.

Las maniobras son claras y su naturaleza golpista evidente ¿Cómo justificar tanta torpeza, tanta decisión errada, tanta ineficiencia y tan notoria ineficacia? ¿Cómo hacerlo, sobre todo, con tal ausencia de moral y costumbres buenas como se ha mostrado?

Lo más reciente en esa constante de embates contra la razón, la ley y las buenas costumbres, es la imposición del “plan b” en la fracasada “reforma electoral”, pero hay que añadir la “reforma energética”, cuya resolución definitiva está pendiente en la Suprema Corte, instancia última del Poder Judicial que también ha sido puesta en jaque por la codicia, la torpeza y la ineptitud, aderezadas con altas dosis de muy desvergonzado tráfico de influencias. 

Las falacias no valen para ofrecer justificación alguna, pero siguen siendo sus armas preferidas en el debate. Ya su líder había dado muestras copiosas de sus preferencias sofísticas, por ejemplo, cuando evitaba replicar los argumentos de Fox, queriéndolos descalificar mediante réplicas claramente identificadas como “ad hominem”, porque sin referirse al argumento, sostenía que lo dicho por el entonces presidente era, por ese sólo hecho, indigno de tomarse en cuenta.

También cuando construía fantasmas a los que culpar por todos los males, incluso los yerros propios (la “mafia del poder”); cuando generaba “muñecos de paja” con los mismos fines, o daba vueltas como gaoneras para quitarle atención al meollo de las embestidas, mediante falacias de distracción múltiples. 

Lo sigue haciendo, y los protagonistas hoy son los “conservadores”, los “neoliberales”, los de antes, y la trama de su narrativa siempre, siempre, distractora.

Entre las maniobras de mayor importancia estratégica, y por consiguiente buscadas con mayor energía, está controlar el INE y el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, complementada por la que tiende a y la Suprema Corte misma, que tiene y tendrá en sus manos los temas clave para impedir que los obstáculos civilizados den al traste con la intención de perpetuarse en el poder y, por el contrario, puedan dar el espaldarazo de aparente legitimidad que de la convalidación judicial puedan obtener en los juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

Súmese el sainete en curso que afecta la sucesión en la presidencia de la Corte, tan desaseada como ha sido y tan reveladora, porque lo que dejó al descubierto fue que existía -¿existe?- un impedimento para que una de sus integrantes, propuesto e impulsado por AMLO, pueda ejercer el cargo, por dos razones: Carecer de título válido de licenciado en Derecho al momento de ser nominada, si es que la UNAM lo invalida, como debería ser, y no “gozar de buena reputación”, si por tal cosa se ha de entender el juicio o valoración, fama o concepto que pueden formarse respecto de alguien, que no puede ser bueno respecto de quien plagia una tesis y la presenta como propia para recibir un título profesional, lo cual está, por decir lo menos, bajo cuestionamiento en el caso, aunque las muestras exhibidas públicamente parecen probarlo mas allá de toda duda razonable, especialmente si se tienen en cuenta los términos de la fracción IV del artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo dicho: Va a requerirse de atención muy dedicada y de más activa presencia social en el control de la gestión pública, porque los plazos se agotan y quienes se empeñan en conservar el poder a toda costa se ven apremiados.

Construyamos un buen año, no nos quedemos con el deseo.

Xavier Díez de Urdanivia

El miércoles fue depuesto Pedro Castillo como Presidente del Perú, en respuesta a su acometida contra el parlamento de su país, acusado de los delitos de rebelión y conspiración.

Castillo había anunciado su decisión de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción, durante el cual habría de gobernar mediante decretos suyos, hasta que un parlamento nuevo, con calidad de constituyente, fuera instalado y expidiera una nueva Constitución.

La actitud de Castillo, precipitada y extrema como parece, fue tomada por él para adelantarse al Congreso, que ya había decidido reunirse para discutir una “moción de vacancia” tendiente a destituirlo.

Es ilustrativo que, en tanto que la Constitución peruana requiere del voto de dos tercios de los miembros del Congreso – esto es 130– la decisión tomada haya contado con una mayoría muy holgada de 101 votos, indicativo de un deterioro político que orilló a que incluso los congresistas de la misma filiación política del expresidente votaran en contra de él.

Ese evento repercute en el ámbito de la política y la gestión pública mexicanas, tanto al interior como al exterior, porque es una expresión extrema del sistema de frenos y contrapesos basado en la división de poderes, que en la estructura constitucional mexicana también está previsto, aunque con matices que lo hacen diferente, pues, mientras esas cosas pasaban allá, en México ocurrían otras que, lamentablemente, demuestran que ese sistema, en nuestro país, es letra muerta.

No solo se elaboran las leyes en las oficinas del Poder Ejecutivo, sino que se instruye a los legisladores para que no se les cambie ni una coma, y si se detecta un error o surge la conveniencia de modificar una iniciativa aprobada por una de las cámaras, se “pide” a la otra que la regrese a la de origen para que sea corregida, como acaba de ocurrir con el “Plan B” electoral.

Esa inaudita sumisión, contraria a la esencia del sistema de control de poder, no es nueva, pero si tan extrema y cínicamente exhibida, como regresiva. Si ya se habían avanzado unos pasos en la vía, siempre inconclusa, de la democratización del poder en México, el salto hacia atrás es portentoso y nos lleva a los tiempos premodernos, de corte imperial.

La facultad de declarar la “vacancia” con que cuenta el Congreso de Perú excede con mucho la capacidad del congreso mexicano para exigir, y sancionar, responsabilidades presidenciales, lo que en aras de la estabilidad y mantenimiento del orden es benéfico, pero se vuelve inconveniente en casos de contumacia en el incumplimiento de las normas jurídicas y los deberes cotidianos del quehacer político.

Componer esa deficiencia sistémica sigue siendo una materia pendiente para la democracia nuestra, pero hay cosas que solo el sentido del deber y la madurez cívica pueden aportar, como es el caso de los principios rectores de nuestra política exterior, que ancestralmente han acreditado valía de sobra para regular los equilibrios internacionales y, en el caso, refleja los barruntos inmediatos de la repercusión internacional de la reacción oficial mexicana frente a la circunstancia peruana del momento.

Los tradicionales mandatos de la doctrina Estrada –no intervención y autodeterminación de los pueblos– que son la base del conjunto de los principios normativos que rigen la política exterior mexicana, han sido desacatados, al grado de motivar que se haya convocado al Embajador de México, Pablo Monroy, al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano para “transmitirle la extrañeza que han generado… las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, respecto a los procesos políticos en el país”, según el comunicado de prensa expedido el viernes, en el que también se subraya que “las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú”.

Hay en el caso comportamientos políticos análogos, modelos de control esencialmente iguales, aunque con matices y contextos diferenciados ¿Podrán extraerse lecciones útiles?

Ojalá que así sea, siempre que sea para bien, que también para mal se aprende.

Xavier Díez de Urdanivia

Las presiones del secretario de Gobernación, cualesquiera que hayan sido sus “elementos de negociación, fueron eficaces y el oprobio de pasar un paquete de leyes con notorios vicios de inconstitucionalidad estuvo a punto de consumarse en la semana anterior, y sólo la voz mañanera del presidente motivó un cambio en el texto que hizo necesario regresar los bártulos a la Cámara de Diputados, introduciendo incertidumbre al proceso. 

Es temprano para calibrar la magnitud final de los cambios y para poder evaluar la capacidad efectiva del sistema judicial diseñado, precisamente, para contener los abusos de poder y los caprichos de quienes lo detentan, pero no para percibir que esta descomunal aberración acabará por sumarse a los agravios presidenciales y las ya significativas señales de resquebrajamiento en el seno de MORENA. 

Respecto del tema, Porfirio Muñoz Ledo, otrora ferviente lopezobradorista, se ha constituido en acre crítico del presidente por su iniciativa electoral, de la que dijo, literalmente, que “significa un golpe de estado”, y que el Senado no debe aprobar. El disenso llega al grado de que el antiguo promotor de AMLO afirma que “el Presidente (sic) debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional”, rematando su tuit del 11 de diciembre próximo pasado.

Por otra parte, el senador Ricardo Monreal, “motu proprio”, se ha infiltrado abruptamente en la lista morenista de aspirantes a la presidencia, cuando ya los tiempos electorales están encima y el presidente, sin recato alguno, ha mostrado sus preferencias, que no lo incluyen. Además, en un acto de clara rebeldía -aunque él lo niegue- ha adoptado la conocida actitud de oposición, razonable y razonada, a la voluntad manifiesta de AMLO relativa al malhadado “plan B”.

La actitud de Monreal puede poner en riesgo la solidez de la mayoría básica de soporte, no sólo legislativo, sino también electoral, que necesitará el líder del movimiento para que fructifiquen sus planes.

Adicionalmente, en el seno del senado mismo se ha generado un grupo opositor al presidente, integrado por legisladores que fueron simpatizantes -y no poco- de AMLO, como Germán Martínez, quien es su coordinador, y que a pesar de no tener un peso numérico suficiente para preocupar a nadie, son una voz crítica, y generalmente razonable, que supone resistencia a los designios palaciegos.

La temprana “voz de arranque” del presidente con la intención evidente de depurar la lista de pretendientes a sucederlo y tomar el control del proceso electoral, parece estar produciendo el efecto contrario: lejos de ello, lo que ha tenido lugar es un desgajamiento severo de la disciplina monolítica que López Obrador había conseguido construir y que, a la postre, constituyó un factor relevante para su triunfo en las urnas, y la operabilidad política de su gobierno posteriormente.

Ese llamado ha hecho surgir claros diferendos entre los propios aspirantes de ese partido a la presidencia de la república que tienen la venia presidencial para participar en la contienda, especialmente entre Sheinbaum y Ebrard. El antagonismo entre ellos crece y tiene visos de ser propicio para rupturas que podrían ser irreparables.

Todas esas son señales de resquebrajaduras que, me parece, serán agudizadas, no restauradas, por la imposición a los senadores del sentido de la votación en la claramente inconstitucional reforma electoral en curso, especialmente entre sus partidos aliados, que algunos llaman “satélites”.

Trascendió que numerosos senadores se oponían en su fuero interno, a pesar de lo cual cedieron a las presiones ejecutivas. Ese tipo de presiones no generan simpatías, sino, al contrario, fuerte aversión en quienes conserven un ápice de amor propio y auto respeto. 

La descomposición es obvia ¿Se convertirá en cisma? ¿Bastará para debilitar el liderazgo de AMLO y dificultarle los comicios próximos? ¿Será capaz la oposición de aprovechar la coyuntura para recuperar los espacios perdidos?

Veremos, pero la democracia requiere de cupo holgado para la reflexión y el debate, la participación abierta y el respeto pleno que sólo un marco jurídico adecuado puede proporcionar. Si sólo eso resulta, será para bien. 

Dice un antiguo refrán que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. En Coahuila estamos llegando al vencimiento del plazo sexenal gubernativo, mientras que en el país nos acercamos a él, señalado para un año después.

En una circunstancia semejante, hace cinco años escribí en este mismo espacio un comentario que empieza por destacar que los humanos se caracterizan y distinguen de otras especies por contemplar el futuro y, en el mejor de los casos, prepararse para él, en tanto que, en el peor, solo lamentarse mientras se depositan las esperanzas en factores ajenos o en seres iluminados, a quienes se supone capaces de resolver, como por arte de magia, todos los problemas, públicos o privados.

Eso, dije entonces y ratifico hoy, es perceptible con nitidez cada vez que se renueva la designación de los personeros del poder, ocasiones en las que, inexorablemente, se abren incógnitas y renuevan las esperanzas generalizadamente.

Hoy, a pesar de la contumaz presencia del factor incertidumbre en nuestra historia y de su natural existencia, las debilidades y amenazas que aquejan y acosan a la puesta en práctica del estado de derecho en nuestro país, hacen que se incrementen los márgenes de desconcierto.

En una democracia medianamente madura, no importa tanto quién gobierne, porque la estructura de normas, sistemáticamente construida y observada, está diseñada para aportar estabilidad y confianza razonables a la comunidad y los individuos, de casa y del extranjero.

En Coahuila ya se encuentra el ambiente en ebullición y, parece ser el signo de la casa, los “precandidatos” de Morena están ya, los tres, en plena campaña.

Falta más para la sucesión presidencial, pero también es el caso de que tres funcionarios cercanos al Presidente están desatados procurando apoyos, en tanto que su jefe hace notar su predilección por una de entre ellos, aunque, conociéndolo, bien podría ser que lo haga para proteger a su verdadero “caballo negro”, que tal vez sea otro.

En este momento, la incertidumbre preliminar que en el caso federal se dio no ha decaído porque, además de las garrafales pifias políticas, económicas, financieras y de política exterior, el desdén por las normas ha llegado a niveles que ningún sistema político puede aguantar.

Hay sobradas razones, a juicio de serios analistas y académicos, para suponer que ese puede ser el objetivo del régimen, que ha planteado reiteradamente que hay que “mandar al diablo las instituciones”.

Es evidente que la protesta cumplir y hacer cumplir las constituciones –la general y las estatales– y las leyes que de ellas emanen no ha bastado para proporcionar solidez a la perspectiva, porque, antes que el miedo a las sanciones por incumplimiento –riesgo muy menor en el reino de la impunidad– es el honor la garantía de la palabra, y quien de ello carece no se verá compelido a cumplir lo prometido.

Las experiencias vividas enseñan que no puede dejarse al azar la elección del presidente –o el Gobernador, en su caso– esperando, sin ninguna seguridad, que sea una gente honorable y responsable, que anteponga el interés general a los apetitos propios y los sectarios, y se conduzca –decían los romanos– como un “buen padre de familia” y sea así capaz de conducir legítimamente al equipo de trabajo de tal manera que se puedan prever los riesgos y amenazas, conocer las fuerzas y oportunidades, proveyendo lo necesario para contar con condiciones que permitan que la gente pueda vivir con dignidad.

La hora marca un momento de definiciones. No caben los titubeos ni las indecisiones. Si se quiere atisbar el futuro probable y actuar para que ocurra el deseable, habrá que considerar el que ofrecen los candidatos y los partidos que los postulan.

Si los ciudadanos ponderan bien sus antecedentes y su desempeño anterior, podrán diseñar el futuro que se necesita, al margen de las falsedades y engaños que la demagogia prohíja, y sin dejar nada al azar.