Rubén Aguilar Valenzuela 
Para la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro (62), que apenas semanas atrás asumió el cargo, el encarcelamiento del presidente Juan Orlando Hernández (53), que le antecedió, es una gran noticia para su gobierno.

Este lunes las autoridades de Estados Unidos, a través de su embajada en Tegucigalpa, solicitó al nuevo Ejecutivo, el arresto y la extradición de Hernández acusado de supuestos delitos relacionados con el narcotráfico.

Esa misma noche la policía rodeó la zona donde vive Hernández, que fue arrestado el martes por la policía al salir de su casa en la capital del país.

Antes de entregarse difundió un audio, en sus redes sociales, donde decía que colaboraría con la Justicia, para hacer frente a las acusaciones.

En las escenas difundidas por la televisión se ve cuando los agentes le ponen un chaleco antibalas y lo esposan de pies y manos, para trasladarlo a la policía y después ser presentado a un juez.

Hernández asumió la presidencia de Honduras en 2014, por un periodo de cuatro años, que terminaba en 2018. Sobornó a jueces de la Corte Suprema de Justicia de su país, para que hicieran una interpretación de la Constitución que le permitiera la reelección.

En Tegucigalpa, entonces, Jorge G Castañeda y yo hablamos con el presidente de la Corte Suprema que se oponía a la maniobra que iban a realizar los jueces de la Sala de lo Constitucional. Hernández logró lo que quería.

Gente muy allegada a él, con la que en ese tiempo yo tenía relación, nos dijo que el modelo a seguir era el de Daniel Ortega en Nicaragua. La argumentación jurídica que utilizó Hernández se la copió al nicaragüense, que sigue en el poder.

En 2017 se presentó una vez más a la elección, para gobernar el periodo de 2018 a 2022. Gana con escaso margen. Hubo protestas y manifestaciones. En esa ocasión murieron por lo menos 37 personas a manos de las fuerzas del orden público.

Hernández y los suyos, con muy pocas y honrosas excepciones, me tocó conocerlas, sentían que todo lo podían hacer. El país era suyo. No había límites. Desde el Poder Ejecutivo manejaban al Poder Legislativo y el Poder Judicial.

En 2014, al solo llegar al gobierno estableció una relación estrecha con los altos mandos del Ejército que mantuvo los ocho años de su gestión. Al final entendió que ya no podía reelegirse una vez más. El costo de intentarlo era enorme y no estaba garantizada la victoria.

Los fiscales de Nueva York, que en 2019 llevaron el juicio de un hermano del presidente acusado de hacer negocio con narcotraficantes, en diversas ocasiones implicaron a Hernández. Ahora su hermano está en una cárcel estadounidense.

Estoy seguro del abuso y la desmesura en el ejercicio del poder por parte del presidente Hernández. Se sentía superior y mejor que los demás.

Al tiempo que las autoridades hondureñas iniciaron el proceso judicial corre la solicitud de extradición, para también ser juzgado en Estados Unidos, donde tiene fincadas acusaciones.

En julio pasado, como lo dijo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, Hernández fue incluido en un listado de personas señaladas de corrupción y de haber socavado la democracia en Centroamérica.

No sé si Hernández irá a prisión, pero lo que ya es una realidad es el entusiasmo de amplios sectores de la sociedad hondureña que han salido a las calles a celebrar la detención. Ellas están seguras de que el presidente es un delincuente.

Estos días recibo llamadas desde Honduras, para contarme lo que sucede. Celebran la detención del presidente. Se reconcilian con su país. Recuerdan que la desmesura del poder siempre tiene tiempo y límite. Hernández cavó su tumba.

Rubén Aguilar Valenzuela

Pensé que era difícil superar la incapacidad con la que el presidente Peña Nieto intentó el control de daños, a través de la operación de una estrategia de situación de crisis, frente a los hechos de Ayotzinapa y la Casa Blanca. Me equivoqué. Se puede hacer todavía peor.

Así lo demuestra la estrategia adoptada por el presidente López Obrador, para enfrentar la crisis provocada en su imagen y gobierno por los resultados de la investigación de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre el posible conflicto de interés y tráfico de influencias de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

Al conocer el informe lo que hizo, en lugar de ofrecer documentos que probaran la inocencia de su hijo, fue recurrir al insulto y la descalificación de los investigadores y también a la violación de la Constitución al hacer pública información privada protegida por la ley, para desprestigiar al periodista Carlos Loret de Mola. La agresión no desmiente y más bien confirma las acusaciones.

Ahora el cuate del presidente, Daniel Chávez, cabeza del Grupo Vidanta, se presta, en solidaridad con el amigo, a que lo relacionen con un caso de conflicto de interés cuando la empresa KEI Partners, que se ubica en Houston, Texas, y es propiedad de sus hijos Erika e Iván Chávez, supuestamente contrataron al hijo del presidente como asesor jurídico.

Es una actividad, lo saben los Chávez que tienen años de vivir en Texas, que López Beltrán no puede ejercer porque no ha pasado los exámenes que se exigen para ser admitido en la Barra de Abogados de Texas. Sin ese aval nadie puede ejercer ninguna función de carácter jurídico en ese estado. ¿En realidad trabaja ahí? ¿Con qué puesto y tarea?

El hijo del presidente, que reacciona 17 días después, en un pequeño texto, dado a conocer el domingo pasado, al calor del Super Bowl, afirma que: "en el 2018, tomé la decisión de seguir ejerciendo mi profesión de abogado (...) En la actualidad y desde 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, empresa privada a través de la cuál recibí mi visa de trabajo". Miente. De acuerdo a las leyes de Texas no puede ser asesor legal de esa y de ninguna otra empresa. Quien le escribió el texto lo metió en un lío. Abrió el conflicto en lugar de cerrarlo.

El cuate del presidente, Daniel Chávez, compró 200 millones de boletos del avión presidencial. ¿Sólo por amor al arte? ¿Qué beneficio obtuvo? Además es, entre otras cosas, integrante del grupo asesor del presidente en materia económica, supervisor presidencial del Tren Maya y ha donado a la CFE en Puerto Peñasco, Sonora, un terreno para un parque solar. Ahí Grupo Vidanta tiene un enorme hotel y es dueño del aeropuerto de la localidad. Todos sin recibir honorarios y nada a cambio ha dicho el presidente. ¿Nada a cambio? ¿Solo por amor al proyecto de la 4T? La de Chávez es vocación franciscana y no de empresario.

El supuesto contrato del hijo del presidente, para trabajar con KEI Partners no lo libera, no hay relación alguna, con su posible conflicto de interés y tráfico de influencias con la empresa Baker Hughes. Ese es otro asunto. Ahora él y la empresa que supuestamente lo contrata, no se ha hecho público el documento que lo pruebe, tienen que explicar a las autoridades texanas como ejerce la abogacía sin tener el reconocimiento de la Barra de Abogados de Texas. Es un problema más.

Hay datos para pensar que Daniel Chávez, en apoyo a su cuate el presidente, para tratar de "limpiar" a su hijo mayor, está ya metido en un caso de conflicto de interés y tráfico de influencias. Las decisiones del presidente han ido de error en error. Se le ve y oye fuera de control y ganado por las pasiones. Todos los días agrede a los periodistas y viola la Constitución. El día que asumió su cargo juró guardarla. No tiene palabra. El presidente eligió la estrategia del pantano. Se va a hundir en él. El caso lo va a acompañar hasta el fin de su mandato. Los insultos no exoneran a su hijo. La corrupción está en el círculo cercano del presidente. Crece el grupo de la gente que lo sabe. Eso le duele.

Rubén Aguilar Valenzuela
Se sabe, quienes se dedican a las encuestas lo tienen muy medido, que cuando al presidente López Obrador se le impone la agenda de la discusión no sabe qué hacer. Se sale de sus casillas, cosa cada vez más común, y recurre sin más al insulto y la descalificación. No es capaz de razonar y solo tiene una reacción primaria y visceral.

En las tres últimas semanas, el presidente, a partir de que Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dieran a conocer una investigación, con documentos y datos sólidos, sobre el posible conflicto de interés y tráfico de influencias de José Ramón López Beltrán, su hijo mayor, no ha sido capaz de imponer la agenda.

Eso lo desespera y lo hace ver cada mañana como fuera de sí. Como alguien incapaz de asumir el conflicto, para trabajar en el control de daños. A los problemas objetivos no hay posibilidad de hacerles frente si no se asume su existencia. Negarlo solo los hace más grandes. Reconocerlos puede ser doloroso, pero es la única posibilidad de actuar sobre ellos.

Los datos que ofrecen Latinus y MCCI sobre el hijo del presidente están ahí. Es un trabajo de investigación cuidadoso y serio. Negarlo solo confirma sus resultados. Insultar y tratar de desacreditar a los investigadores, sin nunca presentar documentos o datos que los desmientan, ahonda el problema y fortalece lo que estos dicen. Los hace más creíbles.

El presidente no lo entiende. Solo se sabe comunicar cuando las cosas le favorecen y le salen bien. Cuando está en control de la agenda. Cuando pierde el control se desubica. Tiene pocos o nulos recursos para reaccionar. Solo sabe insultar. Confrontarse y agredir. Es un esquema conocido que repite una y otra vez. No tiene más repertorio. Cansa y aburre.

Al inicio de la segunda mitad del mandato presidencial la autoridad y fuerza del presidente en turno tiende a disminuir. No hay como evitarlo. El fin del mandato está al frente. Un año antes ya hay candidato de su partido y de las otras fuerzas políticas. Los actores políticos y sociales, los medios y los propios militantes y seguidores empiezan a ver para otro lado. Se entra a una dinámica de salida que mes a mes se puede palpar. Me tocó verlo.

En la medida que pasen los meses los posibles conflictos tienden a multiplicarse. Se requiere, entonces, más que nunca de la inteligencia, para ubicar alternativas, para hacer frente a los conflictos. Solo el insulto revela incapacidad, pero además no resuelve nada y tiende a complicar los problemas. El presidente está obligado a lidiar con los conflictos y trabajar en el control de daños. Dudo que lo vaya a hacer en una racionalidad técnica-profesional.

Después de ver actuar al presidente de estas últimas tres semanas, de escuchar sus intervenciones y su andanada de insultos y descalificaciones, lo único que se puede pensar es que seguirá igual. Cada día peor. No tiene la capacidad de serenare. Se requiere de una inteligencia que no tiene. El mismo se retroalimenta con su discurso y declaraciones agresivas. Ahí se siente bien. Le gusta. Un día es peor que el otro. En lo que queda de su mandato su coraje e intolerancia seguirá creciendo.

La oposición, pero también todos los otros actores sociales, requieren de frialdad e inteligencia. No hay que confrontarse con el presidente. Hay que dejarlo solo con sus demonios. Ellos se encargarán de él. Los suyos le tienen pánico. Son incapaces de enfrentarlo, para ayudarlo y ayudarse poniéndole un alto. No lo harán y sí se asumirán como cómplices de su locura. Las últimas reacciones de gobernadores y legisladores morenistas anuncian tiempos difíciles. El fanatismo gana terreno. Se le ve como un ejercicio de lealtad y no de traición a la causa. Me ha tocado verlo en otros países. Pensé que en México no lo viviríamos. Me equivoqué.

Rubén Aguilar Valenzuela

En los 45 días que van de este año han sido asesinados cinco periodistas, que se añaden a los 52 que reconoce la Secretaría de Gobernación en los primeros tres años de gobierno. En total van 57.
 
Para un periodo semejante es el mayor número de periodistas asesinados en México, por lo menos en los últimos 50 años como lo señalan distintas organizaciones nacionales e internacionales.
 
Hoy en el mundo nuestro país es el más peligroso para ejercer el periodismo. En ese clima de violencia, el presidente López Obrador no disminuye, sino que aumenta su crítica e insultos a los periodistas. Lo hace todos los días en su comparecencia mañanera.
 
Su actitud hace todavía más denso el clima en el que los periodistas ejercen su trabajo. Sostiene de manera equivocada, como si fuera un ciudadano más, que él tiene derecho a criticar a quienes considera sus adversarios.
 
Argumenta que lo hace en ejercicio de su libertad de expresión. Se equivoca. Los gobernantes en las sociedades democráticas, no en las autoritarias y dictatoriales, respetan la crítica. Se sujetan a ella.
 
En las sociedades democráticas, México es una de ellas, los gobernantes no utilizan el poder del Estado, para descalificar a los medios y a los periodistas. Saben que en respeto irrestricto a la libertad de expresión no lo debe hacer.
 
Según el presidente "(...) si hay un bloque conservador, como existe en México, donde se unen todos y tienen su prensa, sus medios, sus comentaristas, sus intelectuales orgánicos, pues no nos vamos a cruzar de brazos, tenemos que confrontarnos políticamente (...)" (El Financiero, 08.02.22).
 
La posición del presidente es un caso único en una sociedad democrática donde el gobernante, en independencia de quiénes lo eligieron, gobierna para todos. Su responsabilidad es la unidad y la concordia. No fomentar la polarización y la división.
 
El presidente entiende su función de otra manera. Su actitud se asemeja a las de los gobernantes autoritarios. En sus propias palabras ante la crítica "no nos vamos a cruzar de brazos" y por eso "tenemos que confrontarnos".
 
Según el presidente ante la crítica de los medios y periodistas reacciona en su "derecho de réplica". Una vez más se vuele a equivocar. Él no es un ciudadano cualquiera, él no es otro periodista, él es quien representa al Estado.
 
En los hechos se niega a jugar ese papel, que es el central en su condición de presidente de la República. Él se ubica como un político faccioso con claros rasgos autoritarios. Es lo que le gusta. Comportarse como hombre de Estado le molesta.