Rubén Aguilar Valenzuela
Estaba en Hermosillo, Sonora, cuando el pasado jueves se supo, minutos después de que ocurriera, del asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme.
Al término de un evento y al ser informado, la primera reacción del candidato Va por Sonora, Ernesto Gándara Camou, fue de sorpresa, incredulidad y mucho dolor ante la muerte de su amigo.
Él y su equipo más cercano, todos amigos de Murrieta, después manifestaron su coraje e indignación. ¿Qué está pasando en Sonora con la inseguridad? ¿Quién es el responsable? ¿Quién va a poner alto a lo que ahora sucede?
En ese momento en medio del dolor y desconcierto se toma la decisión de suspender los eventos de campaña y de citar a una reunión urgente del equipo, para analizar la situación y el camino a seguir.
El asesinato de Murrieta, que fue fiscal del Estado por ocho años, ocurre en Cajeme, hoy la cuarta ciudad más violenta del mundo. En lo que va del año son ya 200 los homicidios dolosos.
Cajeme es uno de los programas piloto en seguridad, propuesto como ejemplo nacional, por Alfonso Durazo, que fuera secretario de Seguridad del presidente López Obrador, y ahora es candidato de Morena a gobernador del estado.
A fines de 2019, Durazo, con bombo y platillo, instala el nuevo modelo de seguridad en Hermosillo, Cajeme, Guaymas y Empalme ciudades todas en el estado de Sonora. La policía municipal pasa a ser dirigida por un militar.
A partir de la propuesta, la inseguridad creció 192 % en Guaymas y Empalme, 72 % en Cajeme y en 22 % en Hermosillo. En promedio 65 %. Los datos hablan de la incapacidad de quien lo diseñó. En Coahuila, años atrás, la evidencia mostró que era un fracaso la policía municipal a cargo de militares.
Murrieta es otro de los 85,000 asesinados en los dos y medio años que lleva el gobierno de López Obrador, que son los más violentos en la historia de los últimos 60 años.
Son personas con nombre y apellido y no solo estadísticas. Son decenas de miles de personas que vieron frustrados sus proyectos de vida. Son decenas de miles de hogares enlutados.
En el marco de la actual estrategia de seguridad, diseñada por Durazo, en los primeros tres años del gobierno del presidente López Obrador habrá el mismo número de asesinatos que en los seis años de los presidentes Calderón y Peña Nieto.
De seguir lo que ahora ocurre, y no hay nada que indique pueda ser diferente, el actual sexenio terminará con 210,000 asesinatos dolosos. Prácticamente el doble que Calderón y Peña Nieto.
El fundador de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, y el presidente de ese partido, el senador Clemente Castañeda, responsabilizan de manera directa al presidente López Obrador del asesinato de Murrieta, su candidato.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) se ha comprometido a presentar ante la justicia a los asesinos de Murrieta, que era abogado de la familia LeBarón para llevar el caso del asesinato de nueve miembros de esa familia en 2019.
Hace 20 días Murrieta, al inicio de su campaña, dijo: "Hay que entrarle en serio a la inseguridad, sin miedo a la inseguridad, entrarle con experiencia a la inseguridad, con muchas ganas".
Y también "a los muertos inocentes les llaman víctimas colaterales, las madres o familias tienen que buscar a sus desaparecidos porque la autoridad no responde, donde en Ciudad Obregón la palabra miedo es la constante para ir al trabajo, ir a la escuela o encerrarnos en la noche, donde las actividades cotidianas las hemos tenido que cambiar".
¿Quién lo mandó asesinar? ¿Por qué?
Rubén Aguilar Valenzuela 