Para Dominique Walton la comunicación política “es el espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de sondeos.” (Walton. La comunicación política: construcción de un modelo. 1995)

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha optado por un modelo de comunicación encabezado por él en una exposición diaria. Con lo cual ha hecho de su política de comunicación una estrategia para reafirmar día a día su legitimidad, es decir, para ratificar el reconocimiento por parte de la población de que él es el idóneo titular del poder ejecutivo y en el que confían para ejercerlo.

Pues a su estrategia de comunicación ha agregado un elemento más: “Quién es quién en las mentiras”, que, de acuerdo a lo dicho por su presentadora, Ana Elizabeth García Vilchis, “será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario”. Su argumento es que “ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios; por el contrario, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbres”.

Ya pasada la euforia poselectoral, vale la pena reflexionar en alguno de los retos de la próxima legislatura que iniciará sus trabajos el próximo mes de septiembre. Como son muchos aquí les comento algunos de ellos. 

A fuerza de ser verdad, se convirtió en lugar común señalar que la Constitución de 1917 fue la primera en reconocer derechos sociales, particularmente el derecho a la educación, al trabajo, la seguridad social y a la tierra. 

El contenido social de la Constitución de 1917 se centraba en los artículos 3o (referido a la educación), 27 (referido al tema de la propiedad y recursos naturales) y 123 (referido al trabajo y la seguridad social). 

Pensar y analizar los derechos sociales que la constitución mexicana consagró desde hace más de cien años, les ayudará a nuestros nuevos legisladores a entender y hacer un reconocimiento a dicho proceso, no sólo como un proceso jurídico sino también político, económico y cultural. Lo que plantea retos metodológicos que obligan a buscar y combinar un enfoque multidisciplinario. 

Ahora deberán pensar y actuar para formular las nuevas reformas sociales que conduzcan a México a una nueva vida moderna y democrática. 

Al finalizar el 2020, año de la pandemia, nuestro país manifestaba un ambiente crítico en muchos sentidos y así se reflejaba en algunos analistas y medios: 

La pandemia del COVID ha provocado que la economía mexicana sufra su crisis más severa en un siglo con más de 10 millones de nuevos pobres y el cierre de al menos un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

"Nos deja una contracción económica de alrededor del 9%. Esta es la más severa en prácticamente los últimos 100 años", aseguraba la economista Jessica Roldán, directora de análisis de Finamex Casa de Bolsa.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé una caída del PIB del 8% en 2020 con un repunte de 4.6% en 2021, después de que durante el 2019 ya hubo una contracción económica de menos del 1% en el primer año en el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Incluso la caída de 2020 puede ser aun mayor según el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estima una contracción de al menos 9% este año, la caída "más pronunciada desde la Gran Depresión", con una recuperación posterior "modesta".