Ahora que, aunque no oficialmente, ya iniciaron las campañas políticas con rumbo a la elección presidencial del 2024, vale la pena recordar que una campaña electoral es un proceso de persuasión intenso en el que a través de temas y mensajes cada partido político intenta demostrar que no solo cuenta con el mejor candidato o candidata, sino con el mejor proyecto de gobierno.

Para Dominique Walton la comunicación política “es el espacio en que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de sondeos.” (Walton, La comunicación política: construcción de un modelo 1995)

Lo que significa que todos los ciudadanos gozamos del derecho de analizar, opinar y expresar nuestros puntos de vista y posturas ante el acontecer de la vida colectiva.

Ante la avalancha de información y mensajes de los que seremos víctimas estos meses y con el afán de que estemos en una mejor disponibilidad de revisarlos y analizarlos, deseo en esta ocasión compartir algo de las enseñanzas que me dejó mi tutor académico Daniel Acosta Esparza.

El maestro me enseñó que la administración pública se define fundamentalmente por su carácter práctico; esto es, el conocer es hacer, o expresado en otros términos: el axioma del administrador público se sintetiza en la ecuación "objetivos = resultados", lo que implica:

1) La vinculación inseparable del conocimiento científico y posición política.
2) La necesidad de que lo científico fundamente lo político.
3) El proyecto político de democratizar la administración pública a la par democratizar el sistema político, de tal forma que, la democracia política se convierta en un medio para lograr la igualdad o democracia económica.

Este proyecto político de la administración pública es imposible si no se fundamenta en el conocimiento científico de la realidad social, a través de una crítica sistemática de la racionalidad política, de tal forma que el administrador no degenere en el desempeño de simple “mandarín” de las clases dominantes, sino que se convierta en un agente activo que, con el quehacer de su oficio, abra los espacios políticos a la democratización de los procesos públicos.

Ante la crisis de violencia, ocasionada por cárteles del narco, que se vive en frontera sur de Chiapas y la incursión del Cártel de Sinaloa en Chamic, kilómetros antes de Frontera Comalapa, el periodista chiapaneco Isaín Mandujano reflexionó: “Algunos periodistas hemos valorado o no informar de esta y otras acciones porque nuestra seguridad está en riesgo: ¿O estamos informando de lo que pasa o estamos prestándonos o siendo propagandistas del crimen organizado?”.

Para el periodista Julio Hernández, “Resulta estremecedor ver el desfile de vehículos y personal armado del crimen organizado. ¿Quién puede hablar de Estado de Derecho o gobernabilidad?”

“Resulta estremecedora la recepción que pobladores dan a esos criminales, entendidos como "salvadores". ¿Quién puede decirse gobernador, Rutilio Escandón? ¿Cuál excusa puede argüirse desde el gobierno federal, si a este y al estatal se les ha informado constantemente de lo que ha ido sucediendo?”

“Resultan estremecedores el abandono de las responsabilidades institucionales, la opción preferencial de los gobernantes por la politiquería, la cesión de la percepción social del "poder" a uno u otro de los bandos que "sí pueden garantizar orden, justicia" así sea mediante la barbarie.”

“Resulta estremecedor que los periodistas estén en riesgo grave por informar de lo que sucede y, al mismo tiempo, se pregunten si al informar hacen propaganda a esas acciones criminales.” (twitter.com)

En este escenario, si queremos entender la gravedad de los hechos, es imprescindible repasar lo dicho por el sociólogo alemán Max Weber respecto a la política, el Estado y el monopolio de la violencia legítima. Para él, la política es “la dirección o la influencia sobre la dirección de una asociación política”, es decir, en nuestro tiempo, de una comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama, con éxito, para sí el monopolio de la violencia física legítima. Este Estado como todas las asociaciones políticas es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de dicha violencia legítima. Para subsistir, es necesario que los dominados acaten la autoridad que pretende tener el dominante. (Weber, Max. El político y el Científico)

Existen tres tipos de justificación que fundamentan la legitimidad de dicha dominación. En primer lugar, la legitimidad de la costumbre, válida por la consuetudinaria orientación del hombre hacia el respeto. Esta es la legitimidad “tradicional”, ejercida por los patriarcas. En segundo término, la autoridad de la gracia personal que entraña la entrega y la confianza personal en la capacidad, el heroísmo, u otras cualidades. Esta es la autoridad “carismática” que tuvieron los profetas, jefes guerreros o jefes de partidos políticos. Por último, tenemos una legitimidad basada en la “legalidad”, aceptación de la validez de los preceptos legales, basada en la racionalidad y en la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas; tal es el caso del actual servidor de Estado.

Una vez definidas, por las principales corrientes políticas del país, quienes serán sus abanderadas para el proceso electoral presidencial, uno de los pasos siguientes en importancia sería que elaboraran el plan que le propondrán a la ciudadanía para combatir el crimen y reducir los índices de violencia e inseguridad, que no le permiten a la ciudadanía ejercer sus libertades a plenitud, y que, sobre todo, representan una amenaza constante a su vida y la de sus familias.

Para ello deberían partir de diagnósticos de cada una de las regiones y entidades federativas que conforman nuestra República.

Un ejemplo es el diagnóstico realizado por el periodista Carlos Cruz, que tiene como sustento el Índice de Paz en México (IPM), realizado por el Instituto para la Economía y la PAZ (IEP), el cual, en su estudio del 2022, informó que en el 2022 la paz en el país mejoró 0.9%; siendo este el cuarto año consecutivo en el que se obtienen mejores resultados que en el periodo anterior.

Sin embargo, señala el estudio, para muchos estados del país las noticias no fueron igual de buenas, pues si bien 17 estados presentaron mejoras en el índice de paz, los otros 15 se deterioraron en este aspecto.

Es importante señalar que México ha enfrentado desafíos en cuanto a seguridad en algunos lugares y sectores específicos del país, como resultado de problemas relacionados con el crimen organizado, la violencia relacionada con el narcotráfico y otros delitos, señala el análisis.

Si bien el gobierno mexicano ha implementado diversas medidas para abordar los desafíos de seguridad, como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la implementación de estrategias de combate al crimen y la cooperación internacional en materia de seguridad, sigue habiendo estados que sufren los estragos de la inseguridad en nuestro país.

Basado en resultados del IPM, el analista enumera los diez estados más inseguros de México revisando estos cinco indicadores:

• Homicidios
• Delitos con Violencia
• Crímenes de la delincuencia organizada
• Delitos cometidos con arma de fuego
• Cárcel sin sentencia