En el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado al compromiso y coordinación de todos los gobernadores y gobernadoras con el Gabinete de Seguridad.

Ante uno de los mayores retos que enfrenta el país, Sheinbaum planteó que juntos vamos a salir adelante, juntos y juntas. “No hay nada que nos vaya a detener; vamos a dar todavía más resultados en seguridad, estoy segura de ello, porque hay una enorme coordinación con todos los gobernadores y gobernadoras, y con el Gabinete de Seguridad.”

Sheinbaum describió que son dos brazos en la Estrategia de Seguridad:

El primero es la atención a las causas, ya que sin justicia no hay seguridad; o dicho de otra manera: la paz y la seguridad son fruto de la justicia. La tarea es evitar que cualquier joven se acerque a un grupo delictivo, y eso solo se puede dar con justicia social y atendiendo las causas profundas de la desigualdad de nuestro país.

Y la segunda tiene que ver con la cero impunidad. Como Estado mexicano, se tiene que lograr que el delito grave que se comete en nuestro país sea sancionado.

Esos son los dos brazos. Para ello, expuso, el ejecutivo federal ha desarrollado una estrategia establecida en cuatro ejes: 

La primera, que es justamente, atención a las causas; la segunda, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que atienda cada lugar de la República y que tenga la capacidad de coordinarse con las fuerzas estatales; la tercera es la inteligencia y la investigación. Y la cuarta, la coordinación.

Después de enunciar una serie de avances en dicha estrategia, la presidenta hizo una solicitud “muy respetuosa a todas y a todos los gobernadores: atiendan diario el Gabinete de Seguridad.”

“Si la autoridad, que ha sido elegida por el pueblo, no atiende personalmente el Gabinete todos los días, es difícil coordinar a todas las fuerzas.”

Aclaró que el Gabinete no solamente es una presentación del parte policíaco del día anterior, es la estrategia, es la coordinación general de la estrategia.

Y para que haya coordinación general de la estrategia, pues tiene que haber una cabeza; y no hay nadie mejor que los gobernadores y gobernadoras que conozca su estado. Y para eso están todas las fuerzas federales, para apoyarles, ayudar y, además, hacer lo propio, enfatizó.

Pero las y los gobernadores deben asumir esa responsabilidad, insistió. “Con todo respeto: ahí donde el gobernador o gobernadora está al frente, se nota; ahí donde no se atiende, siempre hay problemas.”

Desde la era del sistema de partido hegemónico, hasta incluso en los periodos gobernados por los partidos opositores al Revolucionario Institucional, la transición en el Poder Ejecutivo, es decir en el poder presidencial, se daba bajo un esquema de rompimiento con el sucesor inmediato.

Como si al iniciar el nuevo gobierno iniciara un nuevo país; dejando atrás planes, programas y proyectos, y reiniciando la vida pública desdeñando la experiencia acumulada por la anterior administración. Ejercicio que, entre otras cosas, no facilitaba la planeación a mediano y largo plazo, limitándose a un horizonte sexenal, en la mayoría de los casos.

En el arranque de la presente administración, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha dado señales que no seguirá con aquella tradición política administrativa.

Por ejemplo, en el evento de inauguración de la ampliación y modernización de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, la presidenta reiteró su postura al señalar: “Cuando estuve aquí en campaña dijimos siempre que se definían dos temas principales en la elección del 2024: El primero era la continuidad de la Transformación, de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Y el segundo dije: es Tiempo de ¡Mujeres!”

Y explicó que continuar con la Cuarta Transformación significa seguir con los principios de ese movimiento que viene desde hace muchos años, “los principios que nos llevaron a la lucha a que el Presidente López Obrador llegara en el 2018.”

En seguida, definió esos principios: El primero, “Por el bien de todos, primero los pobres”. Es un principio solidario, fraterno, que caracteriza al pueblo de México. “Nosotros no dejamos a nadie atrás, siempre le damos la mano al más humilde, al que sufre, eso hacemos las familias mexicanas y eso hacemos entre todos y entre todas.”

La Presidenta señaló que esa máxima del pueblo de México se llevó al gobierno; “el gobierno que encabezó López Obrador, con ese principio mostró, no solamente que es justicia social, sino que además da resultados: disminuyó la pobreza, disminuyeron las desigualdades, creció el país, aumentaron los empleos. Fíjense, somos de los países de todo el mundo con menos desempleo, y es que el presupuesto público se destina a apoyar al pueblo de México.”

Donald Trump anunció que el primer día de su gobierno, el 20 de enero próximo, iniciará con una ronda de nuevos aranceles a productos importados de México, Canadá y China.

El presidente electo de Estados Unidos dijo que el gravamen será del 25% a las importaciones que lleguen a su país desde Canadá y México. Y que impondrá un arancel adicional del 10% a los productos que tengan a China como origen.

La medida, expuso, será parte de su plan para combatir la migración indocumentada y el tráfico de drogas, en especial el fentanilo, dos de los temas en que fueron parte importante de su campaña.

"Tanto México como Canadá tienen el derecho absoluto y el poder para resolver fácilmente este problema que ha estado latente durante mucho tiempo. Por este medio exigimos que usen este poder (…) y hasta que lo hagan, es hora de que paguen un precio muy alto", afirmó.

La primer respuesta de los dos países norteamericanos fue la siguiente: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que para resolver problemas se requiere cooperación y no "intimidaciones".

Mientras en Canadá, el gobierno de Justin Trudeau dijo que está abierto a negociar.

China, por su parte, advirtió que "nadie ganará en una guerra comercial o arancelaria".

México ya ha vivido esta serie de presiones por parte del mismo personaje y las ha sabido resolver. Recordemos, por ejemplo, que a finales del 2019 el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera e imponer aranceles; exigía que el gobierno mexicano hiciera más por detener el flujo de migrantes que pasa a través de su territorio en camino hacia Estados Unidos.

Ante ello, a principios del 2020, el gobierno mexicano dio un giro en su política migratoria y desmanteló una caravana migratoria en la frontera sur, por medio de una combinación de recompensa y castigo: el atractivo de un posible empleo para los que eligieran entrar de forma legal, y gas pimienta, detenciones y deportaciones para los que no escogieran esa opción.

Para el 24 de enero del 2020, esa caravana conformada por, al menos, 4000 personas se redujo a varias decenas, y la mayoría de estos individuos languideció en Ciudad Tecún Umán, Guatemala, donde sopesaban sus esperanzas frustradas y sus próximos movimientos. Más de 1000 personas fueron enviadas de regreso a Honduras y unas 800 permanecieron detenidas en México, según las autoridades gubernamentales.

Dicha caravana tal vez haya sido la prueba más grande y dramática para México y su nueva resolución de endurecer su política hacia la migración ilegal.

Esos meses, la postura estricta del gobierno produjo escenas intensas en las que las fuerzas de seguridad mexicanas, vestidas con uniformes antidisturbios, repelieron o rodearon a migrantes centroamericanos que intentaban cruzar en masa la frontera sur de México.

La táctica generó críticas de parte de los defensores de los migrantes e incluso de algunos funcionarios mexicanos, quienes acusaron a las autoridades de haber cometido violaciones a los derechos humanos al hacer un uso excesivo de la fuerza. No obstante, el gobierno de Trump aplaudió los esfuerzos, y felicitó al gobierno mexicano por haber endurecido su postura en el tema de inmigración. (nytimes.com)