El pasado mes de septiembre, El Congreso de la Unión modificó cuatro leyes secundarias para permitir la entrega del control operativo, administrativo y financiero de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sin embargo, el Congreso, no modificó la Constitución lo que significó que en el texto fundamental continuó vigente el artículo 21, que define que la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles diferenciadas de las instituciones castrenses, encargadas estas últimas de la defensa de la soberanía nacional y de derrotar a los enemigos. El concepto de “adscripción”, contenida en la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso, no fue suficiente ante el precepto constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el martes 18, con el voto de ocho de los 11 ministros, el mínimo requerido para que el máximo tribunal mexicano declare la inconstitucionalidad de una norma, resolvió el regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y estableció de plazo hasta enero para el cumplimiento de dicha resolución.
En respuesta, López Obrador anunció que elaborará una iniciativa legislativa para modificar la Constitución y que la presentará el 1 de septiembre del año próximo, una vez que los mexicanos hayan ido a las urnas de nuevo. “Nosotros que hemos luchado tanto por la justicia no nos vamos a dar por vencidos”, fue su argumento.
Y agregó: “Yo espero que se tenga mayoría calificada, dos terceras partes del nuevo Congreso, para que antes de que me retire pueda yo dejar esta reforma constitucional, que es importantísima, porque es un blindaje para que no vaya a suceder lo que se padeció, de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia”.
El presidente, como depositario del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, puede hacerlo, y seguro recorrerá otra vez el camino, con una iniciativa tal vez más firme.