La plantilla de profesores del Instituto Nacional de Administración Pública, en mi época de estudios de maestría, era realmente interesante: funcionarios públicos y Doctores de la UNAM y de la UAM, todos destacados sin lugar a duda. Recuerdo a Oscar De Lassé, Director General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, en la época de Manuel Bartlett como secretario.

Vestido de Englishman, el joven director se presentaba acompañado por una corte de subalternos encabezados por su secretario particular. Paseando por la tarima doctoral nadie paraba a De Lassé. Entre sus manos Staatslehre (empastado en piel, of course), el tratado de Teoría del Estado del riguroso alemán Hermann Heller. Caminaba de un lado a otro, mientras citaba y recitaba. Contrastaba la teoría con el ejercicio del poder, él tenía ejemplos de sobra de cómo el Estado mexicano y su gobierno se mantenían más campantes que Mr. Walker, a pesar de los pesares.

Partiendo de la premisa de que  “La generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional en suficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico”, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó un Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, ante la emergencia sanitaria que ha paralizado al país.

En tal virtud, a partir del 3 de mayo de 2020, Cenace suspendió las pruebas preoperativas de las plantas solares y eólicas en proceso de operación comercial, además de que negará la autorización para la realización de más pruebas. El Centro argumentó, además, que han existido múltiples fallas previas en líneas de transmisión, en pruebas anteriores a la operación comercial de plantas solares al noroeste del país. Citó como ejemplo que el 15 de abril ocurrió en dos ocasiones un fenómeno conocido como “oscilaciones electromagnéticas” en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que, en caso de repetirse, podrían tener “efectos devastadores” en la confiabilidad e integridad de dicho sistema.

En medio de la incertidumbre que ha generado la aparición y desarrollo de la COVID‑19, la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, el diseño de las políticas públicas coyunturales se ven inmersas en las disyuntivas e hipótesis que los lleven a explorar soluciones para lograr un equilibrio entre la salud y la economía de la población.

La pandemia de covid-19 está gestando una recesión a la que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya le ha puesto nombre: "El Gran Confinamiento". Lo que debería llevar al gobierno a hacer constantes revisiones respecto a la manera que las políticas de confinamiento afectan el lado de la oferta: la mano de obra, el capital y el crecimiento de la productividad del país, para ir tomando las desiciones pertinentes en cuanto a reactivar cuidadosamente la economía, siempre cuidando la variable salud pública.

Por supuesto que con el daño hecho ya a la economía ahora será necesaria la implementación de políticas económicas, fiscales y monetarias muy fuertes y que tengan como objetivo ayudar a la recuperación.