La exclusión social se asocia al acceso precario y, en los casos más graves, a la falta de acceso de los derechos y condiciones que constituyen la ciudadanía plena. Por ello, es el ultimo eslabón en el proceso de desafiliación social, económica y relacional.
Es un proceso e implica una trayectoria: en muchas ocasiones viene desencadenada por un acontecimiento, aunque en otras se haya adquirido la condición de excluido por transmisión ínter generacional. No se es excluido, sino que se está excluido.
Por supuesto que esta exclusión constituye un problema multidimensional, tanto en lo que se refiere a sus causas (desempleo, bajos ingresos, discapacidad, enfermedad, toxicomanías, entre otras) como a las políticas publicas a establecer para lograr su superación.
En México, a la transmisión ínter generacional, este año se ha agregado otro factor desencadenante: la crisis de sanidad y económica derivada de el surgimiento y expansión del virus Covid-19, que ha afectado de manera significativa al ritmo de generación de empleos.
En la mañanera del pasado 9 de junio, el presidente Manuel Andrés López Obrador hizo público un informe confidencial, que, según se dijo, llegó de manera anónima a Palacio Nacional.
Conocí al abogado Jorge Carpizo McGregor a mediados de 1992. Meses antes, en abril de ese mismo año, el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, había enviado al Senado una iniciativa de Ley Orgánica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su artículo 2o. se establecía que la Comisión Nacional sería un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objetivo esencial era la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos previstos en el orden jurídico mexicano.
