Una vez pasadas las elecciones locales en Coahuila que le dieron un triunfo arrollador al Partido Revolucionario Institucional, vendrán los respectivos análisis para saber que fue lo que llevó a este resultado electoral. Definitivamente son varios factores y hay que irlos analizando despacio y con mucha atención.

Me referiré solo a uno en esta entrega: la reacción y el trabajo proactivo del gobernador Miguel Riquelme ante la crisis sanitaria y económica derivada de la aparición y desarrollo del virus Covid 19. En la aviación se dice que el buen piloto lo demuestra en el manejo de los incidentes y turbulencias; al gobernante se le conoce mejor en los momentos de crisis.

En la actual crisis, el estado de Coahuila, ha trabajado intensamente en el combate frontal contra la enfermedad de Covid-19 que aqueja al País y a la entidad, desde la declaratoria de emergencia a principios del mes de marzo.

Por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la secretará de salud estatal intensificó sus acciones y estrategias enfocadas principalmente en salvaguardar la vida de todos los coahuilenses, aumentando la capacidad médica en hospitales y el incremento en el número de pruebas para detectar a tiempo posibles brotes por Covid.

David Marcial Pérez, en el diario El País, describe lo sucedido en la pasada semana de la siguiente manera: “A trompicones, pero finalmente Morena ha logrado sacar adelante una de las medidas más polémicas de la austeridad impuesta por Andrés Manuel López Obrador. Pese a tratarse de una exigencia del propio presidente y pese a contar con mayoría absoluta en el Congreso, el partido en el poder ha tenido que arremangarse para conseguir la aprobación del decreto que elimina 109 fideicomisos públicos. Una medida que, desde que fue planteada en abril, ha encontrado un fuerte rechazo tanto entre los partidos de la oposición como entre los sectores científico, cultural, académico y deportivo, beneficiarios de esta vía de financiación segada definitivamente este martes en el pleno del Congreso.

La extinción de los fideicomisos, que contienen unos 68.000 millones de pesos (más de 3.000 millones de dólares), ha abierto grietas incluso en el seno de Morena y sus aliados parlamentarios. Tras la aprobación del dictamen en la comisión de presupuestos el jueves pasado no fue posible el refrendo en el pleno.

López Obrador ha dado prioridad a un pensamiento en donde la racionalidad política está por encima de cualquier otra racionalidad incluso la administrativa y económica.

Parte de la premisa de que el dinero proveniente de la corrupción se puede utilizar, en manos de sus enemigos, para luchar contra su proyecto político; por ello ha emprendido una gran batalla en la que el primer paso de su estrategia,  para mantenerse en el uso pleno del poder, es impedir que recursos económicos o de cualquier índole lleguen a las arcas de quien considera sus adversarios políticos.

Como parte de esa postura el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió la extinción de los fideicomisos públicos y mantener el control de los recursos que ahí se manejan.

El primer paso se dio el 2 de abril de este año, cuando el presidente ordenó, a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos.