Jaime Cleofas Martínez Veloz
En Tijuana las cosas irrumpen, como ráfagas de viento que levantan polvo y dejan expuesto lo que otros prefieren ocultar. La ciudad no avisa: te empuja, te prueba, te desnuda. Así llegó Tim Golden a mi departamento en agosto de 1994, cuando el país caminaba con el alma en vilo y el PRI se desmoronaba en silencio, como un animal viejo que no quiere que lo vean caer.

Ese departamento donde recibí a Tim —el mismo al que sigo llegando cada vez que regreso a Tijuana— no era un escenario preparado. Era, y sigue siendo, la única propiedad que he adquirido en esta ciudad, pagada con un crédito a 15 años que me mordía el sueldo como un perro flaco. Un departamento en la Zona Río, sí, pero no de esos que salen en revistas: uno de batalla, de madrugada, de café recalentado y papeles que nunca terminan de ordenarse. Con los años, ese espacio se volvió algo más: un pequeño territorio neutral, un refugio donde han cabido amigos, adversarios, políticos de todos los partidos y también los sin partido. Ahí se han discutido estrategias, se han roto silencios, se han curado derrotas y se han celebrado victorias que nunca salieron en los periódicos. Ese lugar ha visto más política real que muchos salones alfombrados del centro del país. Y ahí, en ese mismo sillón que todavía aguanta, fue donde Tim Golden se quedó dormido.

Tim llegó con la mirada de quien ha visto demasiadas versiones oficiales y muy pocas verdades. Tocó la puerta con la fatiga de los reporteros que ya no esperan sorpresas. Entró, dejó su libreta en la mesa y se dejó caer en el sillón como si la gravedad de Tijuana fuera distinta, más pesada, más honesta. Yo empecé a hablar como se habla aquí: sin adornos, sin reverencias, sin miedo. Le conté del Distrito Sexto, de las colonias donde la política no se teoriza: se padece. De los comités vecinales que levantamos con las uñas. De la violencia que se respiraba desde el asesinato de Colosio. De las tensiones internas del PRI, que ya no era un partido sino un archipiélago de islas que se miraban con recelo.

Y entonces ocurrió lo que sólo ocurre en la frontera.

Tim se recargó, cerró los ojos... y se quedó dormido.

No fue un pestañeo. Fue un sueño profundo, de esos que sólo llegan cuando uno ha cargado demasiadas mentiras ajenas. Lo dejé dormir. En Tijuana uno respeta el cansancio del otro: aquí todos cargamos algo, todos venimos huyendo de algo, todos buscamos algo que no siempre sabemos nombrar.

Mientras dormía, pensé en el país que teníamos encima. El PRI estaba partido en pedazos, aunque en el centro insistieran en la palabra "unidad". Los tecnócratas recién salidos de universidades extranjeras querían gobernar con gráficas y ecuaciones. Los viejos cuadros de las burocracias corporativas del PRI, acostumbrados a que nadie les moviera el plato, no aceptaban ser desplazados. Y los que veníamos del territorio —los que conocíamos la calle, el lodo, la colonia— sabíamos que la gente ya no obedecía por disciplina: obedecía por necesidad, y la necesidad estaba cambiando de dueño.

Esa fractura se sentía en cada pasillo, en cada reunión, en cada colonia. Los de arriba hablaban de estabilidad; los de abajo hablábamos de sobrevivencia. Y en Tijuana, esa contradicción se volvía más evidente que en cualquier otro lugar del país. Aquí la política no se maquilla: se ve con luz de neón, con olor a drenaje, con la crudeza de una ciudad que no perdona.

Cuando Tim despertó, abrió los ojos como si hubiera regresado de otro mundo. Se disculpó. Yo le ofrecí café. Le propuse caminar. Quería conocer el Distrito Sexto desde el polvo, no desde los informes.

Salimos. Caminamos por calles donde la gente me conocía no por discursos, sino por las obras que habíamos hecho juntos: drenajes, pavimentos, comités, pleitos, acuerdos. Tim observaba todo. Preguntaba poco, pero miraba mucho. Tenía ese estilo de reportero que no necesita interrogar: deja que el territorio hable.

Le conté cómo los mandones y cómplices de un viejo PRI, que por sus yerros, le habían entregado o perdido el Estado frente al PAN, intentaban frenarme, cómo algunos líderes del partido veían mi trabajo comunitario como una amenaza, cómo otros me apoyaban en silencio porque sabían que la ciudad estaba cambiando. Le hablé de los jaloneos internos, de los que querían mantener el viejo orden y de los que entendíamos que la frontera ya no obedecía a nadie.

Regresamos al departamento ya entrada la tarde. Él tenía que escribir. Yo tenía que seguir viviendo en esa frontera que no da tregua. Días después, su artículo apareció en The New York Times. No reproduzco aquí lo que escribió, pero sí recuerdo la sensación: por un instante, la frontera había sido contada sin caricaturas. Con dureza, sí, pero también con respeto.

Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que esa entrevista no fue sólo un episodio periodístico. Fue un espejo. Un retrato involuntario de un país que se estaba rompiendo y de una ciudad que, como siempre, iba un paso adelante en la ruptura. Tim vino a buscar una historia. Encontró un país en desvelo. Y, por un momento, se permitió dormir en medio de él.

En Tijuana, hasta el sueño es político.

 Jaime Martínez Veloz

En política, las palabras nunca viajan solas. Llevan consigo el peso de la investidura, la historia del cargo y la responsabilidad frente a la nación.

Por eso, cuando la Presidenta de la República opina sobre las aspiraciones de un senador de oposición —en este caso, Luis Donaldo Colosio Riojas— no estamos ante un comentario casual, sino ante un acto político que merece ser examinado con rigor.

La Presidenta calificó como "curioso" que un senador por Nuevo León aspirara a gobernar Sonora. Lo repitió varias veces, subrayando la supuesta incongruencia territorial.

Sin embargo, el argumento no resiste la prueba más elemental de la memoria histórica: Andrés Manuel López Obrador, líder fundador del movimiento que hoy gobierna, fue candidato a gobernador de Tabasco y años después candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, un territorio donde no nació ni construyó su carrera inicial.

Y lo hizo legítimamente, como parte de un proyecto político nacional.

La pregunta, entonces, no es si Colosio Riojas puede o no competir en Sonora —la Constitución es clara— sino desde dónde habla la Presidenta cuando cuestiona esa posibilidad.

Y ahí es donde aparece el verdadero problema: la confusión deliberada entre el rol de Jefa de Estado y el de dirigente partidaria.

En una democracia constitucional, la Presidencia no es un comité de campaña.

Tampoco es un vocero de partido. Es la institución que representa a toda la nación, incluso a quienes no votaron por el proyecto gobernante.

Esa neutralidad no es un adorno: es un pilar de la convivencia democrática. Cuando la Presidenta utiliza la plataforma institucional —la conferencia matutina, Palacio Nacional, la comunicación oficial del Estado— para opinar sobre candidaturas, procesos internos o aspiraciones de la oposición, se desplaza del terreno institucional al terreno partidario.

Y ese desplazamiento erosiona la frontera que separa al Estado del movimiento político que lo encabeza.

No se trata de censurar a la Presidenta.

Tiene derecho a tener opiniones políticas. El problema es el lugar desde donde las expresa. No es lo mismo que un dirigente partidario cuestione a un adversario, a que lo haga la Jefa de Estado desde un espacio financiado con recursos públicos y destinado, en teoría, a informar sobre asuntos de gobierno.

La investidura presidencial no es un micrófono más: es un instrumento de poder simbólico que debe usarse con responsabilidad.

El argumento del "arraigo" que la Presidenta utilizó contra Colosio Riojas tampoco es nuevo. Es un recurso retórico que la política mexicana ha empleado durante décadas para desacreditar adversarios sin entrar al fondo de sus propuestas.

Se invoca cuando conviene y se olvida cuando estorba. Todos los partidos lo han usado. Todos los partidos lo han ignorado. Es un arma discursiva, no un principio.

Pero en este caso, el uso del argumento revela algo más profundo: la creciente preocupación del gobierno federal por el ascenso de Movimiento Ciudadano y, en particular, por el potencial político de Colosio Riojas.

No es casual que la crítica venga desde la Presidencia. Tampoco es casual que se formule con un tono aparentemente ligero. En política, la ironía es una forma de marcar territorio. MC ha dejado de ser un partido testimonial. Las elecciones en Veracruz y Durango el año pasado, son prueba de ello

En ese contexto, Colosio Riojas representa un activo simbólico y generacional que podría crecer si gobierna un estado. La crítica presidencial, más que un comentario, es un mensaje preventivo y de clara autodefensa.

Sin embargo, el costo institucional de ese mensaje es alto. Cuando la Presidenta actúa como dirigente partidaria, la democracia pierde un árbitro y gana un jugador.

Y cuando el Estado se convierte en instrumento de disputa política, la equidad electoral se debilita.

México necesita una Presidencia que gobierne, no que compita.

Una Jefatura de Estado que represente a todos, no que intervenga en la vida interna de los partidos.

Una investidura que se mantenga por encima de la contienda, no dentro de ella. Porque si algo nos ha enseñado la historia reciente es que cuando el poder confunde sus límites, la democracia paga el precio.

Jaime Cleofas Martínez Veloz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el día de hoy que dio entrada formal a la Petición Individual presentada contra el Estado mexicano por las omisiones institucionales relacionadas con la inelegibilidad constitucional de Jaime Bonilla Valdez.

La CIDH confirmó la recepción y registro del expediente a través de su plataforma oficial, notificando que la documentación enviada fue recibida de manera completa y válida, y que el caso ha sido incorporado al sistema de análisis conforme al orden de llegada. La Comisión también remitió una copia íntegra del formulario de petición para constancia del peticionario.

La petición presentada expone:

La existencia de evidencia documental oficial que acredita la subsistencia de la ciudadanía estadounidense de Jaime Bonilla Valdez al momento de ocupar cargos públicos en México.
La omisión del Estado mexicano para verificar la nacionalidad extranjera en cargos de exclusividad constitucional.
La falta de recursos efectivos para corregir la inelegibilidad, pese a las pruebas presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La vulneración de los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la obligación general del Estado de garantizar derechos (artículo 1.1).
El expediente incluye:

Registros electorales del Condado de San Diego.
Evidencia de afiliación partidista en Estados Unidos.
Historial de ejercicio de derechos políticos exclusivos de ciudadanos estadounidenses.
Constancia de inexistencia de Certificate of Loss of Nationality (CLN).
Marco normativo aplicable en México y Estados Unidos.
Resoluciones y comunicaciones oficiales del TEPJF y la SRE.
Línea de tiempo documental del caso.
Notas periodísticas verificables.
Con la admisión de la petición, la CIDH iniciará el proceso de revisión preliminar y notificará cualquier cambio en el estatus del caso mediante comunicación electrónica oficial.

Este paso representa el inicio formal del procedimiento internacional para determinar la responsabilidad del Estado mexicano por las omisiones señaladas y por la afectación a la legalidad constitucional, la igualdad en la competencia electoral y la confianza pública en las instituciones democráticas.

Tijuana BC a 15 de abril del 2026

Jaime Martínez Veloz

La historia que se quiso silenciar regresa hoy con la fuerza de los hechos.

Hay momentos en que la política deja de ser un juego de discursos y se convierte en un espejo. Un espejo incómodo, implacable, que devuelve la imagen de lo que se hizo, de lo que se permitió y de lo que se calló. Hoy, con la vinculación a proceso de Jaime Bonilla por el caso Next Energy, Baja California se mira en ese espejo. Y lo que aparece no es nuevo: es lo mismo que algunos advertimos desde 2019, cuando la ética se sacrificó en nombre de la conveniencia.

Porque la verdad es esta: lo que hoy estalla en tribunales comenzó mucho antes. Comenzó cuando se decidió que la legalidad era un estorbo, que la militancia era un trámite y que la voluntad de un solo hombre valía más que los principios de un movimiento entero. Comenzó cuando se impuso una candidatura con una encuesta que jamás apareció, con un proceso interno manipulado y con un aparato estatal operando como si la democracia fuera un obstáculo.

En 2019 presenté una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. No para ganar una candidatura, sino para defender un principio. La CNHJ me dio la razón: ahí quedó escrito que se violaron los principios de certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad. Ahí quedó asentado que la cadena de custodia de la supuesta encuesta fue violada. Ahí quedó documentado que la autoridad responsable actuó fuera de sus facultades. Todo eso está en el expediente, con sello y firma.

Pero mientras la Comisión resolvía con argumentos, desde la dirigencia nacional se respondía con insultos. Se habló de "sabandijas", de "traidores", de infiltrados. Se usó el poder para aplastar la crítica, no para corregir el rumbo. Se cerraron filas, no alrededor de la verdad, sino alrededor de una imposición. Y quienes hoy se sorprenden de lo que ocurre deberían recordar que fueron ellos quienes aplaudieron, justificaron y blindaron ese estilo de ejercer el poder.

La vinculación a proceso de Jaime Bonilla por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones no es un accidente. Es la consecuencia natural de haber confundido el poder con impunidad. El contrato con Next Energy —sin licitación, sin sustento técnico, sin viabilidad jurídica— no fue un error administrativo: fue una forma de gobernar. Una forma que hoy tiene consecuencias judiciales, financieras y sociales para Baja California.

Y como si la incongruencia necesitara un capítulo adicional, el 25 de marzo del año pasado Jaime Bonilla Valdez se reafili ó al Partido Republicano de Donald Trump, justo cuando Morena sostenía una disputa política abierta con ese liderazgo en el ámbito binacional. Ese acto no solo exhibe una contradicción personal: exhibe la falta de criterio político de quienes lo impulsaron, lo defendieron y lo protegieron, incluyendo al propio expresidente Andrés Manuel López Obrador. La congruencia no puede ser opcional. O se tiene, o no se tiene.

La crisis de violencia e inseguridad que hoy vive Baja California tampoco es ajena a esta historia. La gobernabilidad no se construye con imposiciones, ni con encuestas fantasma, ni con decisiones tomadas desde la soberbia. Se construye con legalidad, con ética y con responsabilidad. Cuando esos pilares se abandonan, el deterioro social no tarda en aparecer. Y hoy lo estamos viviendo.

No escribo esto desde la revancha. La revancha es para quienes necesitan justificar su pasado. Yo escribo desde la coherencia. Desde la misma convicción que tuve en 2019, cuando dije: "Si Bonilla va como gobernador, yo no le entro". No era una frase contra una persona, sino contra un método. Contra una forma de ejercer el poder que tarde o temprano iba a pasar factura.

Esa factura llegó. Y no la está pagando un individuo: la está pagando Baja California.

La ética no es un adorno. No es un discurso. No es una pose. Es una línea que se sostiene incluso cuando cuesta, incluso cuando incomoda, incluso cuando se está solo.

En 2019 tomé esa línea.
Y la sostengo hoy, porque la historia —por más que se intente silenciar— siempre vuelve.