Jaime Cleofas Martínez Veloz
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el día de hoy que dio entrada formal a la Petición Individual presentada contra el Estado mexicano por las omisiones institucionales relacionadas con la inelegibilidad constitucional de Jaime Bonilla Valdez.
La CIDH confirmó la recepción y registro del expediente a través de su plataforma oficial, notificando que la documentación enviada fue recibida de manera completa y válida, y que el caso ha sido incorporado al sistema de análisis conforme al orden de llegada. La Comisión también remitió una copia íntegra del formulario de petición para constancia del peticionario.
La petición presentada expone:
La existencia de evidencia documental oficial que acredita la subsistencia de la ciudadanía estadounidense de Jaime Bonilla Valdez al momento de ocupar cargos públicos en México.
La omisión del Estado mexicano para verificar la nacionalidad extranjera en cargos de exclusividad constitucional.
La falta de recursos efectivos para corregir la inelegibilidad, pese a las pruebas presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La vulneración de los artículos 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la obligación general del Estado de garantizar derechos (artículo 1.1).
El expediente incluye:
Registros electorales del Condado de San Diego.
Evidencia de afiliación partidista en Estados Unidos.
Historial de ejercicio de derechos políticos exclusivos de ciudadanos estadounidenses.
Constancia de inexistencia de Certificate of Loss of Nationality (CLN).
Marco normativo aplicable en México y Estados Unidos.
Resoluciones y comunicaciones oficiales del TEPJF y la SRE.
Línea de tiempo documental del caso.
Notas periodísticas verificables.
Con la admisión de la petición, la CIDH iniciará el proceso de revisión preliminar y notificará cualquier cambio en el estatus del caso mediante comunicación electrónica oficial.
Este paso representa el inicio formal del procedimiento internacional para determinar la responsabilidad del Estado mexicano por las omisiones señaladas y por la afectación a la legalidad constitucional, la igualdad en la competencia electoral y la confianza pública en las instituciones democráticas.
Tijuana BC a 15 de abril del 2026
