Mauricio Vega Luna
A más de un mes de la aprobación de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el Senado y tras su promulgación por la presidencia, seguimos debatiendo sus efectos. Recientemente, una jueza otorgó un amparo de manera cuestionable, intentando frenar la reforma. Ante esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: el 2 de junio, el pueblo dio un mandato para reformar la justicia, y este mandato debe respetarse.
Se ha hablado de una "crisis constitucional", de "desacatos", de "amparos ilegales", pero lo que vemos es simplemente un nuevo episodio de una confrontación política que lleva ya tiempo. Las tensiones entre la Cuarta Transformación y el poder judicial son antiguas, pero se han intensificado por la negativa de la Suprema Corte a reformarse y su resistencia a dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La cúpula del poder judicial no se adaptó a los cambios y confiaron en que el pueblo nunca apoyaría un cambio constitucional. Esta estrategia fracasó y ahora están desconcertados, esperando ser reemplazados. Olvidan que tienen una opción más digna: luchar por sus posiciones convenciendo al pueblo de su capacidad. Los actuales jueces, magistrados y ministros podrán participar en las próximas elecciones gracias a su pase directo, lo que les da la oportunidad de ser parte de este cambio.
Al no confiar en su habilidad para ganar una elección, la cúpula del poder judicial intenta llevar una disputa política al ámbito jurídico. Pero esta batalla política ya la perdieron el 2 de junio. Ahora, intentan recuperar lo que no pudieron proteger políticamente durante el sexenio anterior. Durante seis años, adoptaron una postura defensiva y no buscaron avanzar políticamente. Se creyeron inamovibles, pero en 2024 el pueblo les dio una lección de humildad, colocándolos en una minoría sin recursos políticos para defender su poder como antes.
Ante este panorama, buscan cambiar de estrategia y pelear en el ámbito jurídico lo que perdieron en el político. Sin embargo, esta táctica será inútil, porque en la práctica, lo político siempre precede a lo jurídico. Es importante entender que toda norma, ley o constitución refleja una relación de fuerzas que existía antes de su creación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su parte dogmática que el pueblo está por encima del estado y su constitución. Esto implica que hay algo más fundamental que debe ser reconocido. Por lo tanto, tener una visión que coloque a la constitución por encima del pueblo es, paradójicamente, anticonstitucional. Defender la constitución sin considerar la voluntad del pueblo es un fundamentalismo que prioriza intereses políticos sobre el derecho del pueblo a cambiar su gobierno, lo cual contradice el espíritu democrático de nuestra Constitución.
¿Qué hacer ahora que la confrontación sigue escalando? En mi opinión, lo mejor es esperar. La reforma ya es un hecho y pronto se aplicará en su totalidad. Para la oposición, mi consejo es prepararse para las elecciones de 2025. Deben reflexionar sobre por qué perdieron la última contienda electoral y trabajar en las mejoras necesarias para recuperar la confianza del pueblo.
¿Qué no deben hacer? Atrincherarse en sus doctrinas y seguir despreciando al pueblo. Si continúan convencidos de que tienen razón jurídica sin considerar la opinión de la mayoría, estarán desacatando tanto al poder legislativo como al ejecutivo, y, lo más importante, a la voluntad del pueblo. Ir a una contienda electoral en esas condiciones solo les augura otra derrota garrafal.
Ante los enormes retos que se avecinan en materia de inversión, seguirdad y cambio climático, es fundamental que la reforma avance de la manera más pacífica posible, inaugurando una nueva etapa en nuestra democracia. Quienes se resisten deben comprender que este país desea ser más democrático y que tenemos el derecho a ello, pues así lo votó masivamente el pueblo. La construcción de un sistema más justo y transparente es una responsabilidad compartida, y cada paso hacia adelante debe ser una victoria para todos.
El autor estudió Relaciones Internacionales en el Tec de Monterrey y Política en la Universidad de Essex.