Mauricio Vega Luna
La reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum todavía no se presenta formalmente y ya logró algo importante: cambiar el terreno del debate político.
Más allá de su contenido legal, la propuesta debe entenderse también como una estrategia para cambiar la conversación pública.
No se trata de modificar reglas electorales únicamente por cuestiones legislativas. Se trata de volver a poner en el centro del debate temas que conectan con amplios sectores de la población: el costo de la política, los privilegios de los partidos y el funcionamiento real de nuestra democracia.
En un momento en el que gran parte de los medios buscan que la discusión pública gire alrededor de diagnósticos negativos (bajo crecimiento económico, tensiones comerciales o inseguridad), la reforma desplaza la conversación hacia otra pregunta: ¿cómo mejorar nuestra democracia?
Los dos puntos más visibles de la reforma son claros: la forma en la que se eligen las diputaciones plurinominales y el financiamiento excesivo de los partidos.
No son temas nuevos, pero siguen siendo profundamente populares. Existe un sentido común muy extendido entre la ciudadanía: la política cuesta demasiado, los partidos están desconectados de la gente y hay privilegios difíciles de justificar.
Al colocar estos temas en el centro del debate, el gobierno se posiciona nuevamente del lado de quienes cuestionan a la clase política, incluso cuando esa crítica alcanza al propio sistema de partidos. De nuevo se coloca en un lugar transformador y ubica a sus opositores en una posición conservadora.
En ese sentido, la reforma no necesita aprobarse para tener impacto político. El simple hecho de abrir el debate ya redefine el tablero.
Las reacciones de la oposición han confirmado esa dinámica.
En lugar de presentar una propuesta alternativa clara, los principales partidos opositores se han limitado a advertir que la reforma podría ser autoritaria y antidemocrática, incluso antes de conocer su contenido definitivo. Predecibles como siempre.
Algo similar ha ocurrido con algunos grupos que se presentan como sociedad civil y que han impulsado sus propias iniciativas de reforma electoral. En ambos casos, las propuestas han surgido más como respuesta defensiva que como proyecto político propio.
Paradójicamente, esto ha producido una escena que en otro país sería curiosa pero que hemos visto repetirse ya durante 7 años: en México, la oposición defiende el status quo. Con ello, la oposición queda en el mejor de los casos en la irrelevancia, y en el peor, en la defensa abierta de privilegios.
Pero el elemento más interesante está dentro de la propia coalición gobernante.
Si los partidos aliados decidieran no respaldar la reforma, el mensaje político sería igualmente revelador.
Durante años se ha repetido que la llamada Cuarta Transformación concentra todo el poder y controla a sus aliados. Incluso se llegó a decir que la mayoría legislativa que hoy tiene la 4T era ilegal porque los tres partidos representaban a “la misma fuerza”.
Sin embargo, si una reforma constitucional no se aprueba precisamente porque esos aliados deciden no acompañarla, ese argumento pierde fuerza frente a los hechos.
Un poder verdaderamente autoritario no pierde votaciones dentro de su propia coalición. Con esto se derrumba el argumento de la sobrerrepresentación que tanto medios como partidos de oposición han traído de cantaleta desde que inició el sexenio.
La presidenta ya hizo su parte. Cumplió con una promesa de campaña, puso sobre la mesa una reforma electoral y abrió un debate que conecta con demandas populares ampliamente compartidas.
Ahora la decisión política recae en los partidos aliados. Serán ellos quienes deberán decidir si acompañan una reforma que cuestiona privilegios del sistema político o si prefieren alinearse, en los hechos, con los partidos de oposición en la defensa del modelo actual.
Por eso, más allá del resultado legislativo, el movimiento estratégico ya produjo sus efectos.
Si la reforma avanza, el gobierno habrá logrado modificar reglas que la gente considera injustas y poco democráticas.
Si no avanza, quedará claro quiénes decidieron bloquear cambios que, según prueban todas las encuestas, cuentan con amplio respaldo ciudadano.
En cualquiera de los dos escenarios, la presidenta ya logró lo esencial: marcar la agenda del debate político y colocarse del lado de una demanda popular de cambio.
Por eso, en este episodio político, ella ya ganó.
Y cuando digo “ella”, no hablo solo de la presidenta.
Porque en el terreno del debate público, también ganó la democracia.