Mauricio Vega Luna
En Europa, Estados Unidos y América Latina, la vivienda se ha convertido en un tema central en el debate sobre la vida digna. Los precios cada vez más altos y los salarios más bajos han transformado el acceso a una vivienda propia en un lujo, haciendo de lo que debería ser un derecho fundamental, un privilegio al alcance de pocos.
La raíz del problema parece estar en la falta de rectoría de los gobiernos sobre el mercado de vivienda. Durante el periodo neoliberal, se priorizaron los intereses de unos cuantos sobre los de la mayoría, y las políticas de vivienda no fueron la excepción. Las instituciones responsables se enfocaron en enriquecer a los dueños de inmobiliarias y a los funcionarios corruptos, abandonando la visión social del servicio público. Ejemplos claros son la construcción de viviendas en sitios inadecuados, lo que llevó al abandono masivo de estas propiedades. Las personas que obtenían créditos para estas viviendas terminaban mudándose a lugares con mejores servicios y cercanos a sus trabajos.
Como muchas políticas neoliberales, estas también estuvieron marcadas por la corrupción: fraudes en la asignación de viviendas, construcciones incompletas o de mala calidad, y negligencia en la supervisión. Esto provocó que cada vez más familias se vieran excluidas del acceso a una vivienda digna.
Ante esta decadencia, las acciones a llevar a cabo deben ser transformadoras. Afortunadamente el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está yendo en esa dirección. Bajo el sello del segundo piso de la Cuarta Transformación, se ha propuesto retomar la rectoría del mercado de la vivienda con un ambicioso plan para construir más de un millón de viviendas. Estas estarán dirigidas a quienes ganan hasta dos salarios mínimos, priorizando a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores. La mitad de estas viviendas será para derechohabientes del INFONAVIT y la otra mitad para quienes no lo son.
Esta medida pone al país en la dirección de ejemplos internacionales exitosos, como los de Malasia, Canadá, Bélgica, Países Bajos y Cataluña, donde la inversión en vivienda pública ha servido para regular el mercado y reducir el precio de las rentas. Además, el plan incluye una innovadora estrategia de arrendamiento para derechohabientes del INFONAVIT, quienes podrán "rentar" viviendas con un costo no mayor al 30% de su salario. Este modelo permite que las rentas se conviertan en aportaciones para adquirir la vivienda, asegurando tanto el acceso inmediato a un hogar como la construcción de patrimonio a largo plazo.
Como era de esperarse, las críticas no han tardado en llegar. La oposición ha centrado sus argumentos en tres puntos principales:
- 1. Los riesgos de utilizar los ahorros de los trabajadores para financiar estas viviendas.
- 2. La necesidad de mantener el carácter tripartito del INFONAVIT (empresarios, sindicatos y gobierno).
- 3. La supuesta ineficiencia del gobierno en la construcción de vivienda.
Sin embargo, estos críticos parecen olvidar la legitimidad del proyecto de la presidenta Sheinbaum. Los 35 millones de personas que respaldaron su proyecto y su enorme aprobación demuestran que la gente no desconfía de los gobernantes en general, desconfía de ciertos gobernantes que abusaron de su poder. Pretender sembrar miedo entre los trabajadores con argumentos sobre "riesgos" pierde fuerza cuando provienen de quienes gestionaron las políticas fallidas del pasado. Además, el director del INFONAVIT ya ha explicado en detalle cómo los representantes tripartitos han sido cómplices de esquemas de corrupción, con sueldos exorbitantes que restan credibilidad a sus críticas.
Finalmente, respecto a la supuesta ineptitud del gobierno para gestionar proyectos de esta magnitud, conviene recordar las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador: “La política es tan noble que ni los más sucios políticos han logrado ensuciarla”. En las manos correctas, el gobierno es una herramienta poderosa para transformar el país y garantizar el acceso a derechos fundamentales como la vivienda. Este es un paso importante para devolver la dignidad a las familias mexicanas.
El autor estudió Relaciones Internacionales en el Tec de Monterrey e Ideología y Análisis del Discurso en la Universidad de Essex.