Haidé Serrano
“La tolerancia es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre personas. Es aprender a escuchar a los demás, a comunicarse con ellos y entenderlos. Es el reconocimiento de la diversidad cultural.” UNESCO
Que las y los mexicanos seamos racistas no es novedad. Nuestra cultura está nutrida con expresiones, pensamientos y actitudes racistas desde hace cientos de años. Nuestro racismo está tan normalizado que en muchos casos no nos damos cuenta.
Este racismo como forma de poder y establecido en nuestro país a lo largo de los siglos, ha sido muy útil para grupos interesados en controlar, explotar y dominar a personas de diversas etnias. Especialmente a mujeres, niñas y adolescentes, quienes padecen el racismo como una forma más de desigualdad que se suma a otras.
El Estudio global sobre la situación de las mujeres y niñas indígenas estima que en el mundo hay 476 millones 600 mil indígenas, de los cuales 238 millones 400 mil son mujeres. En general, representan el 6.2 por ciento de la población mundial, pero constituyen el 15 por ciento de las personas más pobres del planeta.
No es lo mismo nacer niña (o con genitales femeninos) en una comunidad de la Zona Maya, de Quintana Roo, donde aún “los usos y costumbres” toleran el delito de venta de niñas, los matrimonios infantiles y las violaciones; a nacer niña (o con genitales femeninos) en la ciudad de Cancún, urbano y compuesto por personas de otras partes del país y del mundo; y con un acceso más fácil a los servicios de justicia, prevención de la violencia, entre otros.
En este sentido, el concepto de interseccionalidad, es necesario como una metodología para comprender las condiciones, exclusiones y diversas formas de discriminación que enfrentan las personas, pero especialmente los “grupos vulnerabilizados (Vilchis, Luz)”, en este caso, las mujeres, niñas y adolescentes.
La diversidad en México obliga a un análisis que tome en cuenta la interseccionalidad, en particular en las políticas públicas. Si no se cuentan con estudios, investigaciones, que consideren las condiciones diversas se corre el riesgo de generar más condiciones de exclusión y discriminación.
Identificar en primer lugar el racismo que perpetuamos con nuestras actitudes, pensamientos, lenguaje y acciones en lo cotidiano. Reconocer las actitudes racistas es una tarea que deberíamos tener presente para poderlas revertir. Esto parte de un autoanálisis permanente. Podría asemejarse a la metáfora de “ponerse las gafas violeta” del feminismo; es decir, “ponerse las gafas del racismo” para aceptar que somos racistas, porque formamos parte de un sistema económico, político y social que ha logrado invisibilizar el racismo a favor de las relaciones de poder.
En tanto se avance en la identificación, aceptación y análisis de nuestros racismos cotidianos, es que podremos irlos erradicando.
En el ámbito de la administración pública, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos de las personas indígenas son constantes. Y es frecuente que se piense a la administración pública como un ente sin vida o pensamiento o juicio, en este caso sin racismo; pero la administración pública está conformada por personas con cultura, valores, y desde luego por racismo.
No creo que se le haya dado el enfoque ni el abordaje sistemático para el conocimiento, entendimiento y erradicación del racismo en las personas que conforman la administración pública. Si bien, se han diseñado e implementado políticas públicas que tratan de identificar y combatir las consecuencias del racismo, es evidente que las manifestaciones de exclusión están muy vigentes en todo el país. Y tiene que ver en mucho con que las personas que dan servicio directo a la gente aún no han pasado por un proceso de deconstrucción de su racismo y de su discriminación. Por tanto, no tienen conciencia de que son parte del problema de la desigualdad estructural. Se asumen como “superiores” y ejercen la autoridad desde un lugar que minimiza a las personas que les parecen diferentes e inferiores.
Es muy relevante que las y los servidores públicos cuenten con el conocimiento esencial para entender el racismo, la etnicidad, los derechos humanos, la perspectiva de género, para dejar de perpetuar conductas que se traduzcan en discriminación, desde la administración pública, desde el propio Estado.
Esto requiere una capacitación constante, además de que se integre al proceso de contratación de todas las personas que ingresen a la administración pública.
Si contamos con una burocracia tolerante, con perspectiva de género, consciente, entonces las políticas públicas serán más efectivas e iremos avanzando en una sociedad menos violenta, más pacífica.