Rosi Orozco
Una frase lapidaria retumbó hace unos días en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington D.C. Cimbró por la honestidad poco acostumbrada en el combate al crimen organizado y también por el emisor, John Cotton Richmond, exembajador en Estados Unidos para el Combate al Tráfico de Personas: “En la batalla entre traficantes y autoridades, los primeros van ganando”.
La sincera concesión estaba ligada a los resultados recién publicados del Reporte del Tráfico de Personas 2022 del Departamento de Justicia: el año pasado apenas se identificaron 90 mil víctimas, una cifra que palidece con el cálculo de 90 millones de niñas, niños y adultos explotados actualmente en todo el mundo.
Esa cifra es el miedo anticipado hace dos años por expertos y sobrevivientes: la pandemia aumentaría el número de víctimas, pero no las haría más visibles. La brecha de desigualdad que abrió el coronavirus las empujaría a un pozo donde la ayuda difícilmente llega. Y si la identificación falla, jamás habría justicia ni reparación del daño.
Sin embargo, las palabras de Cotton Richmond no venían acompañadas de un llano pesimismo. Al contrario, durante la Segunda Cumbre Internacional sobre Trata de Personas en Washington D.C. y frente a importantes figuras como el canciller Marcelo Sánchez Sorondo del Vaticano, la senadora mexicana Cora Cecilia Pineda, la magistrada guatemalteca Delia Dávila y los alcaldes Adrián Rubalcava y Fernando Flores, entre 120 asistentes, el temblor sentido a kilómetros de la Casa Blanca fue un llamado a la acción.
Y es que a pesar del panorama negro que tenemos en frente, nunca antes la humanidad ha estado tan preparada para enfrentar este delito: jamás en la historia habíamos tenido tantos aliados, consejeros, activistas y sobrevivientes listos para dar una batalla. Y, especialmente, modelos para actuar poniendo al frente a las víctimas.
Uno de esos modelos es la actual Ley General Antitrata en México —aplaudida en los seis paneles del encuentro con representantes de 8 países— y que este año cumple 10 años.
Nuestra norma mexicana, promulgada en 2012 con el consenso de todos los partidos políticos, revolucionó nuestra mirada hacia este delito: por primera vez, la trata de personas debía ser perseguida por oficio, es decir, no se necesita la denuncia de una víctima, casi siempre amenazada o silenciada; podía ser investigada por autoridades locales, no sólo federales; su sanción llegaría hasta 60 años de cárcel y el Estado mexicano fue obligado a brindar a las víctimas una atención personalizada, que incluye el derecho a refugios especializados y la reparación integral del daño.
Además, nuestra ley ha acumulado en una década más de mil 13 resoluciones contra tratantes de personas, como lo indica un estudio del magistrado Juan José Olvera López basado en cifras del Poder Judicial de la Federación.
Tenemos un modelo de éxito de acción. Tenemos camino y caminantes. Y tenemos la voluntad para un día cimbrar al mundo con otra frase que pronto será realidad: “En la batalla entre traficantes y autoridades… los segundos vamos ganando”.
@RosiOrozco