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Con las infancias no

Rosy Orozco

Desde la 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos: “La Bangkok latinoamericana”. Así es como decenas de investigadores del delito de trata de personas llaman a México. Su referencia a nuestro país es todo menos un halago: no comparan nuestros destinos turísticos y cultura con la belleza de las playas de Tailandia ni a su maravillosa gastronomía, sino a un deshonroso cáncer común: la elevada prevalencia, aquí y en esa nación del Sudeste Asiático, de pornografía infantil y explotación sexual comercial contra menores de edad.

Sobre Tailandia, por ejemplo, hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo que calculan que hasta 12 por ciento de su Producto Interno Bruto estaría ligado al turismo sexual de millones de visitantes anuales; en México, la situación podría ser peor, ahora que la National Center for Missign and Exploited Children calculó que somos el país número uno en el mundo en emisión de pornografía infantil, un dato ratificado el año pasado por el propio Senado de la República.

Los números sugieren un drama que sucede en todo el país, pero que parece imposible de ver.

La pandemia multiplica a las víctimas y también dificulta su rescate.

Muchas personas, abrumadas por esta descomposición se preguntan cómo llegamos a este escenario.

Yo sostengo que esta es la expresión más dramática de un acto que todos, especialmente los adultos, hemos tolerado durante mucho tiempo: el acoso infantil. Y al normalizar el acoso, el ciberacoso y las humillaciones, en espacios físicos o virtuales, deshumanizamos a las infancias hasta convertirlas en víctimas de los actos más atroces.

El caso más emblemático de los últimos años es el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jesús Ernesto, hoy de 15 años, es un blanco recurrente de adultos violentos que muchas veces desde el anonimato son incapaces de expresar su desacuerdo con esta administración sin dar golpes bajos e injustos contra un adolescente que nada tiene que ver con el gobierno ni sus instituciones.

El odio contra Jesús Ernesto es cobarde, injusto y desmedido. Y, usualmente, quienes lo atacan lo hacen aludiendo a su cuerpo, lo cual me parece aún más inquietante: un hombre o mujer mayor de edad obsesionado desde las sombras con el físico de un adolescente es siempre una bomba de tiempo esperando a explotar.

Respetar a niñas y niños —especialmente su cuerpo— es un paso esencial para bajar a México de ese vergonzoso primer lugar de emisión de pornografía infantil. Pero hay que hacerlo desde el origen: desde las primeras acciones que ofenden a menores de edad y que manifiestan sus primeros pasos en el acoso escolar o cibernético.

El clamor en redes sociales de #ConLasNiñasNo y #ConLosNiñosNo no sólo es una bandera para mantener lejos a las infancias de las disputas de los adultos, sino que también es el punto de partida para construir una sociedad que cuide a sus niños. Un país al que nunca más se refieran como “la Bangkok latinoamericana”.

POR ROSI OROZCO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN UNIDOS CONTRA LA TRATA, A.C.
@ROSIOROZCO

 

10 años de la Ley General Antitrata

Rosi Orozco

Una frase lapidaria retumbó hace unos días en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington D.C. Cimbró por la honestidad poco acostumbrada en el combate al crimen organizado y también por el emisor, John Cotton Richmond, exembajador en Estados Unidos para el Combate al Tráfico de Personas: “En la batalla entre traficantes y autoridades, los primeros van ganando”.

La sincera concesión estaba ligada a los resultados recién publicados del Reporte del Tráfico de Personas 2022 del Departamento de Justicia: el año pasado apenas se identificaron 90 mil víctimas, una cifra que palidece con el cálculo de 90 millones de niñas, niños y adultos explotados actualmente en todo el mundo.

Esa cifra es el miedo anticipado hace dos años por expertos y sobrevivientes: la pandemia aumentaría el número de víctimas, pero no las haría más visibles. La brecha de desigualdad que abrió el coronavirus las empujaría a un pozo donde la ayuda difícilmente llega. Y si la identificación falla, jamás habría justicia ni reparación del daño.

Sin embargo, las palabras de Cotton Richmond no venían acompañadas de un llano pesimismo. Al contrario, durante la Segunda Cumbre Internacional sobre Trata de Personas en Washington D.C. y frente a importantes figuras como el canciller Marcelo Sánchez Sorondo del Vaticano, la senadora mexicana Cora Cecilia Pineda, la magistrada guatemalteca Delia Dávila y los alcaldes Adrián Rubalcava y Fernando Flores, entre 120 asistentes, el temblor sentido a kilómetros de la Casa Blanca fue un llamado a la acción.

Y es que a pesar del panorama negro que tenemos en frente, nunca antes la humanidad ha estado tan preparada para enfrentar este delito: jamás en la historia habíamos tenido tantos aliados, consejeros, activistas y sobrevivientes listos para dar una batalla. Y, especialmente, modelos para actuar poniendo al frente a las víctimas.

Uno de esos modelos es la actual Ley General Antitrata en México —aplaudida en los seis paneles del encuentro con representantes de 8 países— y que este año cumple 10 años.

Nuestra norma mexicana, promulgada en 2012 con el consenso de todos los partidos políticos, revolucionó nuestra mirada hacia este delito: por primera vez, la trata de personas debía ser perseguida por oficio, es decir, no se necesita la denuncia de una víctima, casi siempre amenazada o silenciada; podía ser investigada por autoridades locales, no sólo federales; su sanción llegaría hasta 60 años de cárcel y el Estado mexicano fue obligado a brindar a las víctimas una atención personalizada, que incluye el derecho a refugios especializados y la reparación integral del daño.

Además, nuestra ley ha acumulado en una década más de mil 13 resoluciones contra tratantes de personas, como lo indica un estudio del magistrado Juan José Olvera López basado en cifras del Poder Judicial de la Federación.

Tenemos un modelo de éxito de acción. Tenemos camino y caminantes. Y tenemos la voluntad para un día cimbrar al mundo con otra frase que pronto será realidad: “En la batalla entre traficantes y autoridades… los segundos vamos ganando”.


@RosiOrozco

Un faro al sur de nuestra frontera

Rosi Orozco

A los cinco años, Isabel conoció la oscuridad: no la ausencia de luz, sino esas penumbras que se instalan en un lugar apretado en el pecho de una niña que tiembla entre el miedo y la desesperación.

Isabel no tenía edad ni para estudiar preescolar cuando entró a la fuerza a una red de trata de personas en Cancún, había llegado ahí sin saber hablar español porque en su natal San Mateo Ixtatan, Guatemala, la lengua materna es maya.

Ese pedazo del mundo donde Isabel nació parecía tener un destino manifiesto proclamado por voces cínicas que durante años aseguraron que nada cambiaría: San Mateo Ixtatan, junto con comunidades guatemaltecas como Huehuetenango, serían siempre el cunero de niñas que terminarían en las redes de explotación sexual.

Pero Isabel y un grupo de aliadas y aliados han probado que ninguna historia está redactada por adelantado y que las sobrevivientes tienen derecho a escribir su vida en una hoja en blanco. Hoy, para sorpresa de muchos, Guatemala es un ejemplo de lucha contra el crimen.

Una decidida transformación ocurre desde hace unos años en nuestro país vecino: capacitaciones masivas para policías y jueces, apertura de refugios especializados para víctimas, un nuevo modelo de justicia que sanciona a clientes, no a las víctimas.

El presidente Alejandro Giammattei, el vicepresidente Guillermo Reyes, la magistrada Delia Dávila —junto con más ministros y secretarios de Estado— y Sandy Recinos, titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), entre otros funcionarios, han puesto en marcha un plan nacional contra la trata de personas que es un modelo deseable para muchos países incluso en las latitudes más adineradas del mundo.

En marzo tuve el honor de ser testigo de ese plan y una escena, entre muchas, me llenó de esperanza: en las comunidades donde el Estado estuvo ausente por años ahora se pueden ver a las llamadas UNIVET, son unidades móviles que llegan hasta las calles más recónditas para hablar con niñas y adolescentes sobre violencia sexual y trata de personas.

Esos vehículos propagadores de información y esperanza ya recorren la comunidad donde nació Isabel, quien hace 14 años llegó a Fundación Camino a Casa para iniciar su recuperación. Un proceso que alcanzó una nueva meta hace unas semanas, cuando pudo reencontrarse con sus hermanas en el Malecón Tajamar en Cancún, tras pasar tantos años separadas.

Hoy Isabel puede contar que su historia fue escuchada atentamente por el canciller guatemalteco Mario Búcaro, quien ha hecho una promesa para ella y todas las niñas de su país: esta moderna estrategia contra la trata de personas no parará hasta saldar todas las deudas pendientes con víctimas y sobrevivientes.

Bien harían algunas autoridades en México distraídas en perseguir a defensores de derechos humanos en voltear hacia lo que pasa del otro lado del Río Suchiate. Hay un faro en nuestra frontera sur que puede inspirarnos para terminar con la oscuridad que padeció Isabel. Una luz que indica un mejor camino.

 

@RosiOrozco

- La autora es PRESIDENTA DE LA COMISIÓN UNIDOS CONTRA LA TRATA, A.C.

Es tiempo. Hagamos historia, senadora Sánchez Cordero

Rosi Orozco

Después de meses de estar fuera de la discusión nacional, finalmente el tema de cómo erradicar la trata de personas en México regresa al debate público.

La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Cámara Alta, presentó este 24 de abril una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, justo cuando el país se duele por el incremento de este crimen a partir de la pandemia.

La extitular de la Secretaría de Gobernación no se ha limitado en sus ambiciones legislativas: propone actualizar referencias al Código Nacional de Procedimientos Penales, definir como abuso de poder o daño grave las afectaciones a la familia de la víctima o a la persona a la que le tenga afecto y endurecer penas que, desde ahora, no dejan salir de prisión a tratantes.

Además, quien fuera la mano derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conducción de la política interior del país busca fortalecer estándares de seguridad, transparencia y disponibilidad de los procesos, reducir los tiempos de atención a víctimas, acelerar al acceso a la justicia y abonar al respeto del derecho a un ambiente sano.

Sus intenciones llegan en un momento crucial para el país: la sociedad se ha conmocionado con las desapariciones de niñas, adolescentes y jóvenes —como la regiomontana Debanhi Escobar, de 18 años, localizada sin vida en la cisterna de un motel de paso tras 13 días de búsqueda— y exige que, por fin, se concrete una estrategia nacional contra la violencia sexual.

Son tiempos aciagos: las autoridades mexicanas identificaron al menos a 550 víctimas de trata de personas en 2020, lo que representa un aumento del 43 por ciento con respecto a las 383 víctimas registradas en 2016, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El rostro de la explotación sexual es el de una niña o una mujer joven; el de la explotación tiene la tez de un niño o varón de entre 18 y 35 años. Y menores de edad entre 5 y 12 años están en un alto riesgo histórico de ser utilizados para prostitución forzada, pornografía, o mendicidad obligada.

En la curva ascendente de la trata de personas en México nadie está a salvo, pero el peligro es aún mayor para la población más vulnerable, como la comunidad LGBTQ+, madres solteras, indígenas y desplazados por la violencia, crisis económicas o cambio climático.

Además, urge erradicar las 15.4 millones de uniones forzadas que se realizan por dinero o coerción y que, al no ser formalmente matrimonios, son difíciles de tipificar.

Este escenario coloca a México en el tercer puesto a nivel mundial de trata con fines de explotación sexual y mendicidad de menores, sólo por debajo de Tailandia y Camboya, según A21, organización internacional que se dedica a luchar contra este delito.

A la iniciativa de ley de la senadora Sánchez Cordero no le faltan buenos deseos: se busca garantizar el acompañamiento especializado efectivo a las víctimas, resguardo de identidad, apoyo físico, psicológico y jurídico, así como la obligación a la autoridad de recibir las denuncias por cualquier medio, físico, electrónico.

Su redacción es una mejora a la ley, pero sólo podrá ser realidad si realmente se amplía el presupuesto para el combate a este delito y si hay voluntad política del actual gobierno federal y los gobiernos estatales. Sin el dinero suficiente ni una convicción enraizada en la dignidad humana, la iniciativa está destinada a quedarse en un plan de buenas intenciones.

Hace una década, la organización civil Comisión Unidos Vs. Trata hizo historia al dotar al Estado Mexicano con la legislación más avanzada en su tipo, ya que prevé una visión sobre la reparación del daño, medidas de protección integrales, oportunidad de obtener la reparación del daño a través de diversos medios, integralidad de los elementos que constituyen la reparación del daño, prevé la reinserción social de la víctima y demás derechos que permitirán a sobrevivientes y sus familias un empoderamiento efectivo.

Contiene también un  catálogo de delitos diseñado bajo un esquema totalmente novedoso, porque establece delitos precedentes o determinantes con el objetivo de que se sancione no solo la trata de personas, sino también las diversas formas de explotación, retomando con ello las observaciones y trabajos preparatorios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.

Por primera vez en México, a partir del 2012, la esclavitud, la servidumbre, la explotación sexual ajena, los matrimonios forzados y la explotación laboral serían sancionados como formas de explotación, desde la óptica de los derechos humanos.

La ley —votada unánimemente en la LXI legislatura por todas las bancadas— prevé una metodología y metas de investigación de los delitos en materia de trata de personas, a través de los cuales se busca la profesionalización del servicio y sobre todo la actuación con la debida diligencia, como lo recomiendan las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los mecanismos de seguimiento de las Convenciones de CEDAW-2 y Belem Do Pará.

La iniciativa de ley de la senadora Sánchez Cordero no sólo retoma la esencia de esta ley histórica, sino que la actualiza y le da la importancia merecida en plena ola de desapariciones, feminicidios y el movimiento de las mujeres por una vida libre de violencia.

Además, es el inicio para saldar una larga deuda de un Estado Mexicano que se preocupó muy tarde por este tema. A pesar de la existencia de una ley general contra la trata de personas, aún persisten pendientes que nos confirman lastimosamente que el gobierno federal debe tomarse más en serio este problema.

El gobierno federal no ha implementado un Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. La última de estas estrategias de largo plazo abarcó de 2014 a 2018 en el sexenio del exmandatario Enrique Peña Nieto.

Además, desde el 2019 no se publica el informe en materia de trata que el gobierno federal está obligado a presentar cada año. Sin ese diagnóstico es imposible trazar estrategias efectivas para frenar al crimen organizado.

No hay claridad de hacia dónde va la política pública, puesto que la trata tiene distintas aristas, modalidades y víctimas; tampoco hay un planteamiento de lo que hace México a nivel América Latina para frenar los distintos tipos de trata.

Lo que sí hay, lamentablemente, es un desinterés para lograr los 32 Refugios, Albergues y Casas de medio camino que los gobiernos tienen obligación de establecer en sus estados, vacío que la sociedad civil ha atendido con altruismo y arriesgando la vida.

Si hay un tiempo inmejorable para actuar es ahora, cuando México tiene una de las tasas más altas del mundo para trata de personas. Entre 2015 y abril de 2021, se denunciaron más de 2.800 casos de víctimas de trata. Y si los casos registrados durante los primeros cuatro meses de este año continúan al mismo ritmo, México terminará 2021 con un saldo superior a las 650 víctimas, más que en cualquier año del último sexenio.

Y esas cifras se quedan cortas. Muchos casos no son denunciados por diversas razones, como la falta de confianza en las autoridades, la falta de lugares donde puedan ser protegidas las víctimas y el miedo a ser asesinado por denunciar. Como muchos otros delitos de alto impacto, la impunidad en la trata de personas ronda el 95 por ciento.

Un análisis sobre trata de personas realizado en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que, entre 2012 y 2017, el 84 por ciento de las víctimas de trata de personas fueron ciudadanos mexicanos, y más de la mitad fueron sometidos a la trata en el mismo estado en el que residían. El confinamiento al que obligó la pandemia movió a los tratantes aún más cerca de nuestras casas.

Para colmo de males, el gobierno mexicano ha “incumplido repetidamente los estándares mínimos para eliminar la trata” desde el 2004, según el Informe TIP del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Ese reporte, en su versión del 2020, halló que el gobierno mexicano “no enjuició ni condenó a ningún funcionario por complicidad en delitos de trata”, a pesar de que la la CNDH ha confirmado que funcionarios gubernamentales colaboraron con redes de trata de personas a través de funcionarios de inmigración corruptos que han falsificado documentos o han aceptado sobornos para facilitar el ingreso ilegal de víctimas al país.

Iniciativas como la de la senadora Sánchez Cordero son necesarias más que nunca en este país, pero es aún más necesario que haya intenciones reales del gobierno federal para materializarlas con presupuestos suficientes y estrategias completas.

Desde la sociedad civil decimos a la ministra en retiro y aliados en el Poder Legislativo que cuentan con nuestro apoyo y nuestra experiencia para ponerle fin a este delito, pero que también cuenten con nuestra crítica honesta, si la voluntad se degrada a buenas intenciones.

Es tiempo: hagamos historia, todos y todas contra la trata de personas ¡Unidos Hacemos La Diferencia!