Rubén Aguilar Valenzuela 
En la historia de México, el crimen organizado nunca había tenido tanto control territorial y presencia en la vida pública como en los años que lleva el gobierno del presidente López Obrador.
 
La explicación es la estrategia adoptada por este gobierno, que se centra en dos grandes postulados que constantemente repite el presidente, para dar línea a su gobierno y para que escuche el crimen organizado.
 
El primero sostiene que no se debe de usar la violencia legítima del Estado, para combatir al crimen organizado, porque la violencia genera más violencia, y el segundo es que hay que "dar abrazos y no balazos".
 
De parte del presidente, detrás de estos grandes postulados que sustentan su estrategia de seguridad, pareciera estar el deseo de volver a los tiempos de la "pax narca" del PRI, partido en el que se formó y militó por 14 años.
 
La "pax narca" consistía básicamente en la existencia de un acuerdo implícito entre el crimen organizado y el gobierno que implicaba en que éste dejaba a los delincuentes un amplio espacio de acción a cambio de no utilizar la violencia de manera generalizada.
 
La "pax narca" se rompió el 10 de diciembre de 2006 con la de declaratoria de guerra del presidente Calderón y la situación cambia de tal manera que ya no existen condiciones para regresar a ella, como se lo propone López Obrador.
 
El pasado 30 de mayo en su comparecencia mañanera dijo que el crimen organizado, en los retenes que ponen en las carreteras del país, "respetaba" a los empleados de la Secretaría de Bienestar, conocidos como los Siervos de la Nación.
 
La afirmación del presidente implica el reconocimiento de que el crimen organizado controla espacios del territorio nacional, que incluye vías de comunicación, y es quien decide si se puede o no pasar por ese camino.
 
Lo dicho por el presidente tiene dos interpretaciones: que acepta la presencia creciente del crimen organizado como una realidad irremediable con la que debe vivir. Ante esta no hay nada que hacer.