Francsico Tobías
Hace unos días la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo integrado por representantes tanto de trabajadores como de empresarios y del gobierno federal, dio a conocer el acuerdo para un incremento del 12 por ciento en el salario mínimo general para los trabajadores de nuestro país.
A partir del 1 de enero del próximo año el salario mínimo general para la zona fronteriza será de 419 pesos, mientras que para el resto del país será de 278 pesos diarios, lo que se convertirá e ingresos mensuales por 12,596 y 8,364 pesos.
El salario mínimo, en México, tiene su origen en la Constitución de 1917, como resultado de nuestra revolución, el cual se entiende como el ingreso suficiente con el cual un trabajador podrá satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Es cierto que aún con el incremento que se dará para el 2025, incluso con el aumento de más del 20 por ciento que se dio en los últimos años, el salario mínimo en nuestro país no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia pero, debemos de reconocer que aumento del salario mínimo, por lo menos en papel y con datos oficiales, ha sido mayor que la inflación que hemos experimentado, ocasionando así que en términos reales los salarios aumenten más que el precio de las mercancías.
Cuando en una economía los trabajadores, quienes generan el ingreso necesario para el consumo, experimentan aumentos mayores en sus salarios que la inflación se generará mayor actividad económica, ocasionando que el consumo, la inversión y la generación de empleos, haciendo crecer la economía.
A pesar de estar demasiado lejos del salario mínimo más alto del mundo, siendo el de Suiza, el cual es de poco más de 4,200 dólares norteamericanos al mes, los salarios mínimos en México se han incrementado, año tras año, sin ocasionar una presión inflacionaria.
Con los incrementos reales, es decir cuando el salario aumenta más que la inflación, se logra combatir la pobreza con trabajo y productividad, con un mejoramiento en el poder adquisitivo del trabajador, ocasionando que el trabajo formal sea más atractivo e incluso logra incrementar la recaudación de impuestos.