Xavier Díez de Urdanivia

El lunes 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas informó que el número de personas desparecidas rebasó la cantidad de 100 mil, mientras el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU, en el reporte que dio a conocer en abril, revela que la tendencia es creciente.

Ahora se conoce, con mayor precisión, que el número de personas desaparecidas de manera forzada supera la cantidad de 100 mil, y que de ellos, más del 97% sucedió a partir de diciembre de 2006. Se sabe también que durante el sexenio de Felipe Calderón se dieron alrededor de 17 mil; 35 mil durante el de Peña Nieto, y 31 mil en lo que va del correspondiente a AMLO.

Toda esa información es útil y es debido reconocer el avance que representa haber logrado reunirla y sistematizarla, pero no es suficiente. Para empezar, el problema no es numérico, porque como bien dijera en otro tiempo Jorge Luis Borges, un solo congénere desaparecido será, siempre, un desaparecido de más.

Lo primero que hay que hacer es pensar el problema en términos humanitarios y, por lo tanto, superar la etapa de las cifras. Cada una de esas personas tiene nombre y apellidos, cara y cuerpo, ADN y familia; todas merecen respeto, consideración y solidaridad plena, no paliativos que a la larga solo consiguen prolongar el sufrimiento e impedir que en el ánimo de las victimas opere el cierre del corrosivo suspenso.

Es necesario diseñar y desarrollar amplios espacios de políticas públicas adecuadas para atenuar los impactos en las familias, que no son pocos, y paralelamente adoptar las medidas técnicas y administrativas que conduzcan a encontrar a quienes han desaparecido, con vida, como claman las familias de ellos, o sus restos, en caso de que el desenlace haya sido la pérdida de la vida, porque solo así las madres y padres, hermanas, hermanos, viudas, viudos y, en general, sus deudos, podrán “cerrar” esa fuente de angustias y estarán en una condición menos mala para reanudar sus vidas.

Dice el informe que hay en México “una impunidad casi absoluta”, como se desprende de la información proporcionada por el propio “estado parte”, es decir, México, que el informe reporta diciendo que, según ella, “al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido judicializados, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”

Hay impunidad, sin duda. Sin embargo, no puede perderse de vista que el remedio no es el castigo, sino solo un factor de reforzamiento, porque si hay algo que castigar, es porque el evento ya ha ocurrido y evitar eso es precisamente lo que se requiere para erradicar el mal.

Lo que urge son medidas preventivas y estrategias eficaces para remover las causas del mal, lo que no es fácil, pero no admite pesimismos obnubilantes que aniquilen todo esfuerzo.

Hay algo que, a toda costa, debe evitarse, porque ya ha acreditado su inutilidad, por un lado, y su proclividad, por otro, a convertirse en prácticas cómodas que solo pretenden “administrar la crisis”, que acaban siendo instrumentos para conculcar el dolor, sólo pretenden desactivar el problema político y acaban por conculcar los derechos de las víctimas a expresarlo y obtener la satisfacción de sus demandas de saber y poder cerrar los propios procesos de sufrimiento.

En suma, hay que decir que es bueno que se camine en el sentido correcto, pero que se camine mejor es indispensable. Esta lacra social debe ser expulsada del mundo, en los hechos, y eso solo sucederá cuando se ataquen sus verdaderas causas y no se pierda el tiempo en la verborrea vacua y contraproducente.

Eliseo Mendoza Berrueto.

En la semana también se fue don Eliseo Mendoza Berrueto, político comprometido, hombre congruente, que supo ser amigo cordial. Descanse en paz. Su recuerdo perdurará en su obra y sus enseñanzas.