Xavier Díez de Urdanivia
Concluyó una semana agitada. Dentro del cúmulo de acontecimientos noticias y efemérides importantes, destaco una nota que trasciende el folclor político en que aparentemente podría inscribirse, porque se trata de un acto de taumaturgia retórica que quiso invertir los polos del control social del poder público: AMLO presentó, según él mismo afirmó en su cotidiana conferencia de prensa el 8 de febrero pasado, una queja ante la CNDH, relativa al bloqueo de las vías ferroviarias en Michoacán por personas pertenecientes a la CNTE.
Un reportero preguntó: “Oiga, hoy se cumplen 25 días de este bloqueo que mantiene la CNTE en Michoacán, la verdad es que un día bloquean una vía férrea, al siguiente lo desbloquean, pero vuelven a bloquear de nuevo una vía férrea… ¿Cómo está leyendo el Gobierno federal? Pareciera que la CNTE siempre se convierte en un problema para los gobiernos, sí, estatales, pero también para el Gobierno federal, ¿cómo lo están leyendo?”.
Tras un breve preámbulo para precisar su punto de vista acerca de la necesidad de distinguir entre la CNTE y el “grupo de maestros” de Michoacán, así como para expresar una breve referencia a su noción de democracia, dijo: “Entonces, yo vuelvo a hacerles un exhorto, un llamamiento, de que liberen las vías y también informarles que hace dos días tomamos la decisión de presentar una denuncia, una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos… Le instruí al consejero jurídico que presentara ante la Comisión de Derechos Humanos una queja por violación a derechos humanos, para que la Comisión de Derechos Humanos recomiende lo que deba de hacerse”.
No sólo eso. El reportero interlocutor siguió preguntando: “¿Esta queja se presentó contra los líderes o contra los que están bloqueando?”. La respuesta fue: “Contra quien resulte responsable y que la Comisión dé una recomendación, porque hay la costumbre o había la costumbre de que siempre la queja era a la autoridad. Y ahora lo que se va a hacer en estos casos es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos recomiende, o sea, ¿qué se hace en estos casos?”.
La respuesta no se hizo esperar. El mismo día, la CNDH publicó un comunicado de prensa en el que asienta: “Ante el anuncio hecho el día de hoy por la Presidencia de la República, en el sentido de que habría instruido al titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal para que presentara una queja ante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que la misma recomiende las acciones que se deban tomar en relación con los bloqueos de vías férreas que actualmente se llevan a cabo, este organismo nacional buscará un acercamiento con dichas autoridades para abordar el tema partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a las cuales sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos”.
La CNDH concluyó diciendo: “El que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos. Por el contrario, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas”.
Más claro, el agua. El intento de reversión argumentativa anticipada tuvo una respuesta adecuada y oportuna. Las autoridades y los entes públicos sólo pueden hacer aquello para lo que han sido creados y dotados de atribuciones. Esa facultad no es potestativa; si es límite, también es impulso; la atribución impele a cumplir con las funciones encomendadas, sin excusa ni pretexto.
Esa es la esencia del “estado de derecho”, no otra.