Salvador Hernández Vélez
El Gobierno Federal ha convocado a las Instituciones de Educación Superior (IES) del País a una transformación en materia educativa. A las universidades públicas nos corresponde jugar un papel importante en esta transformación. Deberemos hacer sinergia con la federación y el Estado a fin de garantizar la calidad educativa que la sociedad demanda.
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) entiende que la educación superior, como bien público social, se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado mexicano. Nos sumamos al planteamiento que enarbola la federación para revertir esta tendencia y que los gobiernos garanticen el financiamiento adecuado de las IES públicas, pero a la par responder con una gestión transparente. En ese sentido la UAdeC se suma a la política de transparencia, austeridad y ahorro, como lo acordó el Consejo Universitario en su última sesión.
Pero recordemos la Declaración de la Conferencia Mundial de Educación Superior (París, 1998): “la educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y más concretamente sus actividades orientadas a la erradicación de la pobreza, de la violencia, del hambre, del analfabetismo funcional, de la intolerancia, del deterioro, del medio ambiente y de las enfermedades”. Por ello, además de atender los asuntos de austeridad, no olvidemos que las universidades públicas tienen una tarea pendiente, dado que en los últimos 30 años se enfocaron a atender principalmente a las llamadas clases medias, hoy corresponde también atender a las clases más desfavorecidas.
No olvidando que el problema nacional más importante es el bajo crecimiento económico de 1980 a la fecha, sin embargo, en el campo educativo a las universidades públicas nos falta atender sin duda el problema de la cobertura. En un estudio recientemente publicado por la ANUIES, intitulado “Cobertura de la Educación Superior en México. Tendencias, Retos y Perspectivas”, se proporciona información muy importante al respecto. De manera muy clara se manifiesta ahí que la notable asimetría en las tasas brutas de cobertura de educación superior, en las diversas entidades federativas de la República, representa al mismo tiempo un indicador de importantes desigualdades sociales entre los jóvenes mexicanos. “Ampliar la cobertura implica incluir y dar acceso a jóvenes, antes excluidos, a un bien público apreciado, importante y socialmente necesario. Ampliar la cobertura de educación superior es de una gran importancia nacional porque contribuye a reducir la enorme desigualdad social y la pobreza, y porque mejora los niveles de competitividad económica y de desarrollo sustentable”.
Veamos lo que sostiene el exrector Narro al respecto: “Con una visión introvertida, en buena medida basada en el falso dilema de cantidad versus calidad, el incremento de la cobertura de la educación superior pasó a segundo término. Durante varios años hubo al respecto una des¬atención de las políticas públicas. Las grandes asimetrías en la cobertura de educación superior afloraron particularmente con ocasión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como en la comparación con otros países, incluso de América Latina, al incorporarse México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.
“Para dimensionar la situación actual en el contexto internacional, se puede recurrir a datos de la matrícula en la educación terciaria de 2007, proporcionados por la UNESCO. Según esta fuente, mientras la cobertura de educación superior en el país era de 27 por ciento, en los Estados Unidos ascendió a 82 por ciento, en España al 69 por ciento y en Canadá al 62 por ciento. Países con nivel de desarrollo similar o menor al nuestro también tienen una cobertura mayor en sus sistemas de educación superior. Este es el caso de Argentina con 67 por ciento, de Uruguay con 64 por ciento y también el de Perú y Colombia con 35 y 32 por ciento, por sólo citar algunos (UNESCO, 2009)”.
En tanto que la educación superior ha de considerarse un servicio público y que ésta es un componente esencial del desarrollo cultural, social, económico y político, esto nos exige reflexionar este asunto de la cobertura y preguntarnos qué proyecto de universidad demanda nuestro estado para estar a la altura de lo que hoy requiere la sociedad.
@SalvadorHV
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