SALTILLO, Coahuila. 21 de enero de 2020- Con el objetivo de explicar los señalamientos hechos por la Auditoría Superior del Estado, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, compareció este martes ante las y los integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Coahuila.

 

En su intervención, Hernández Vélez, expresó que la máxima casa de estudios es la institución de educación superior más importante del estado, pero también, la más compleja en su organización interna y financiamiento.

 

Señaló que como institución pública, se entiende la importancia del buen uso de los recursos que se reciben, de ser transparentes en la gestión de estos y de rendir cuentas, con resultados tangibles ante la sociedad.

 

"En ese contexto, quiero ser muy enfático y defender a nuestra Universidad de señalamientos de corrupción o desvíos, porque ello no se ajusta a la realidad. Por tal motivo, acudo a este recinto para expresar nuestro interés de generar los espacios, acuerdos y alianzas a favor de la Universidad y buscar salidas conjuntas a los problemas de la institución. Los universitarios podemos afirmar que los recursos que recibió la Universidad Autónoma de Coahuila en 2018, se utilizaron de forma íntegra en el cumplimiento de los fines de la máxima casa de estudios", dijo.

 

Recalcó la difícil situación financiera por la que atraviesan todas las universidades públicas del país, incluida la UAdeC, lo cual agrava estos problemas, porque el incumplimiento de algunos de los procesos, son consecuencia directa de factores ajenos a la Universidad, ya que existen inconsistencias importantes entre el flujo de recursos y las reglas para su ejercicio, que en muchas ocasiones obligan a tomar decisiones que se traducen en observaciones, pero que de no tomarse, generarían problemas mayores.

 

"Pongo algunos ejemplos para clarificar la inconsistencia entre reglas y administración de los recursos. Hace unos meses a cada uno de ustedes, le llegó una carta en donde les informábamos que la Universidad tenía pasivos no contemplados en presupuesto por más de 571 millones de pesos, para el pago de pensiones, contribuciones y mantenimientos urgentes. La Universidad gestionó dichos recursos en todas las instancias estatales y federales, y después de muchas solicitudes, logramos ser una de las cuatro universidades que apoyó la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior", señaló.

 

Comentó que el apoyo financiero se recibió gracias a los avances en el Plan de Austeridad y Ahorro y a que se ha logrado crecer la matrícula en educación superior en al menos el 4 por ciento.

 

"Derivado de estas gestiones, se firmó un convenio de entrega de recursos por 380 millones de pesos, de los cuales la federación se comprometió a liquidar 190 millones, antes del 13 de diciembre pasado. Sin embargo, el día 31 de diciembre en la tarde llegaron sólo 100 millones a las cuentas del Estado y, por ende, sólo pudieron ser transferidos hasta enero del presente año a la Universidad. Es importante recalcar, que el propio convenio establecía que los recursos debían ejercerse antes del 31 de diciembre y en caso contrario, serían regresados a más tardar el 15 de enero, es decir, hay una especie de pecado original, ya que la Universidad los recibió cuando el plazo legal para ejercerlos ya había concluido y utilizarlos en 2020, constituye ya una irregularidad y una posible observación por las instancias fiscalizadoras, pero no usarlos impediría a la Universidad hacer frente a los compromisos", puntualizó.

 

Recalcó que la Universidad optó por el camino más responsable entre las alternativas para evitar un daño mayor a la institución y a los trabajadores, por lo que cumplió con el pago a más de 2 mil pensionados, empleando recursos de otros rubros, que evidentemente generaron algunas de las inconsistencias observadas.

 

Agregó que algo similar sucedió con los aguinaldos del resto de los trabajadores, ya que los recursos no llegaron a tiempo y la falta de pago se traduciría en una observación, protestas de los trabajadores, mala imagen para la universidad, pero también pagarlo constituye una observación.

 

Señaló que los pasivos en pensiones es un problema que se debe enfrentar todos los años y se derivan del diseño original del sistema de pensiones, que se dio hace más de cinco décadas, que como la mayor parte de los sistemas pensionarios del sector público, no tomaron en cuenta su sostenibilidad futura.

 

Recalco que a pesar de ello, la UAdeC está mejor que la mayor parte de las universidades públicas del país, debido a que desde 1994 se realizaron cambios al esquema de pensiones y los nuevos trabajadores ya no están bajo el sistema de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, sino del IMSS.

 

Respecto al tema de las dobles plazas y la incompatibilidad de horarios, comentó que es importante aclarar que conforme se han ido detectando casos, se ha solicitado a dichos trabajadores que opten por un solo centro de trabajo, cuando existe incompatibilidad.

 

"Reconocemos que debemos hacer esfuerzos mayores en la materia, por ello, comenzamos con una revisión general de los casos que podrían encontrarse en este supuesto y estamos cruzando datos con la Narro, otras universidades, el Poder Judicial, el Gobierno del Estado y demás entes públicos", dijo.

 

Al finalizar de la comparecencia se llevó a cabo una ronda de preguntas y respuestas para ahondar en temas específicos.