Flor Rentería

Queridos amigos, para el Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, así como para el Secretario de Educación Higinio González, la comunicación y sinergia con los colegios privados representa un eje fundamental del servicio educativo que se presta en el Estado; ya sea a través de supervisión académica, gestión política, y atención en general, el propósito del Gobierno de Coahuila es buscar unir fuerzas para hacer llegar la educación a todas y todos los niños de nuestra región.

En nuestro Estado reconocemos la inmensa labor de las instituciones de educación privada, y su carácter como aliados estratégicos clave para que el derecho a la educación se vea cumplido a cabalidad, y es por eso que siempre, en el marco del respeto y la legalidad, las autoridades educativas buscamos una correlación que permita velar por el interés general, tratando de afectar o modificar lo menos posible la dinámica particular de cada institución.

Dicho esto, el Gobernador del Estado ha expresado a los colegios, a las y los maestros de escuelas privadas y a sus directivos, su más profundo respeto, así como su solidaridad en estos tiempos de pandemia sanitaria, que indudablemente ha afectado a toda la población y, como era de esperarse, también a los colegios. Esperemos que esta crisis pase pronto, y puedan reincorporarse sus alumnas y alumnos a una normalidad educativa.

Y en efecto, amigas y amigos, los colegios de todo el país se han visto muy afectados por esta contingencia, pero sin duda alguna, en ninguna otra parte de México se les ha vulnerado como en el Estado de Puebla, donde el gobernador de Puebla propuso una reforma a la Ley de Educación para incorporar, sin explicar metodologías o supuestos, a todos los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación privada, al Sistema Estatal de Educación de su Estado, de esa manera, expropiando sin expropiar la propiedad de las escuelas y su titularidad efectiva.

¿Qué quiere decir esto, estimado lector? Quiere decir que Miguel Barbosa, el Gobernador sustituto de Puebla, podría en cualquier momento ingresar a las escuelas, confiscar bienes, auditar grupos, fiscalizar la caja chica, y hasta la tiendita de la escuela, puesto que la ambigüedad de su nueva reforma busca equiparar los bienes muebles e inmuebles del Estado con los de los particulares, efectivamente eliminando el derecho humano de la propiedad privada, y vulnerando a miles de alumnas, alumnos, docentes, administrativos y directivos de su Estado.

La ambigüedad de la reforma que Barbosa impulso, actúa en detrimento de la educación privada. ¿A que se refiere con integrar bienes privados al Sistema Estatal de Educación? Puesto que una cosa es hablar del servicio educativo, el cual naturalmente lleva una rectoría estatal, y otra hablar de los bienes muebles e inmuebles, los cuales son de particulares que deciden ponerlos al servicio de la educación, siendo este un empleo legítimo y digno, protegido por nuestra Carta Magna.

Queda muy claro, amigas y amigos lectores, que cada Estado tiene el derecho de determinar sus leyes locales y reformarlas conforme las necesidades de la población, pero nunca en menoscabo de los derechos fundamentales. En Coahuila, por instrucciones del Gobernador, refrendamos nuestro compromiso de trabajar unidos por la educación de las y los coahuilenses, respetando siempre la propiedad privada y el derecho fundamental al trabajo.