Una vez definidas, por las principales corrientes políticas del país, quienes serán sus abanderadas para el proceso electoral presidencial, uno de los pasos siguientes en importancia sería que elaboraran el plan que le propondrán a la ciudadanía para combatir el crimen y reducir los índices de violencia e inseguridad, que no le permiten a la ciudadanía ejercer sus libertades a plenitud, y que, sobre todo, representan una amenaza constante a su vida y la de sus familias.
Para ello deberían partir de diagnósticos de cada una de las regiones y entidades federativas que conforman nuestra República.
Un ejemplo es el diagnóstico realizado por el periodista Carlos Cruz, que tiene como sustento el Índice de Paz en México (IPM), realizado por el Instituto para la Economía y la PAZ (IEP), el cual, en su estudio del 2022, informó que en el 2022 la paz en el país mejoró 0.9%; siendo este el cuarto año consecutivo en el que se obtienen mejores resultados que en el periodo anterior.
Sin embargo, señala el estudio, para muchos estados del país las noticias no fueron igual de buenas, pues si bien 17 estados presentaron mejoras en el índice de paz, los otros 15 se deterioraron en este aspecto.
Es importante señalar que México ha enfrentado desafíos en cuanto a seguridad en algunos lugares y sectores específicos del país, como resultado de problemas relacionados con el crimen organizado, la violencia relacionada con el narcotráfico y otros delitos, señala el análisis.
Si bien el gobierno mexicano ha implementado diversas medidas para abordar los desafíos de seguridad, como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la implementación de estrategias de combate al crimen y la cooperación internacional en materia de seguridad, sigue habiendo estados que sufren los estragos de la inseguridad en nuestro país.
Basado en resultados del IPM, el analista enumera los diez estados más inseguros de México revisando estos cinco indicadores:
- Homicidios
- Delitos con Violencia
- Crímenes de la delincuencia organizada
- Delitos cometidos con arma de fuego
- Cárcel sin sentencia
- Estado de México
Con una calificación total de 2.948, el Estado de México es el décimo estado más inseguro del país, siendo los delitos con violencia los que más afectan a los habitantes, con una calificación de 5.
El Estado de México se mantuvo en la misma posición que el año pasado en este ranking, aunque experimentó el quinto deterioro más grande del país en 2022, marcando su sexto año consecutivo de deterioro en la calificación general.
- Quintana Roo
Los delitos con violencia también son el principal factor en contra de Quintana Roo, pues en este rubro tiene una calificación de 4.384 de 5.
Quintana Roo Presentó una calificación de 2.996, lo que lo posiciona en el lugar 24 del país, o lo que es lo mismo, el noveno estado más inseguro.
- Chihuahua
Chihuahua vive un contraste entre su resultado total y su comparación con el año pasado, pues si bien sigue siendo considerado uno de los estados más inseguros, también este año fue el estado con la mayor mejora en cuanto a calificación, marcando su segundo año consecutivo de mejora luego de cinco años de deterioro.
Con una calificación de 3.053, Chuihuahua mejoró en todos los indicadores del IPM, excepto en la cárcel sin sentencia, subiendo dos posiciones en la lista, pasando del estado número 27 en seguridad al 25.
- Nuevo León
Nuevo León fue el segundo estado con el mayor deterioro en la paz general en 2022. Cayó cinco lugares con respecto al año anterior para convertirse en el séptimo estado menos pacífico del país.
Nuevo León obtuvo una calificación de 3.083, siendo las tasas de delitos con armas de fuego y homicidios las que sufrieron deterioros más significativos, aumentando en un 33.3 y un 32 %, respectivamente.
- Sonora
Con una calificación de 3.176, Sonora vive una situación muy parecida a la de Chihuahua, pues tuvo la segunda mejora más grande en 2022, subiendo dos lugares, al 27, en las clasificaciones.
Cuatro de los cinco indicadores del IPM mejoraron. La mejora en la calificación de Sonora marca el final de una tendencia de deterioro de tres años.
- Morelos
Morelos obtuvo este año una calificación de 3.333, siendo los delitos con violencia los que más afectan a los habitantes, con una calificación de 4.193 de 5.
El estado de Morelos sufrió un deterioro de .065 en su calificación lo que lo hizo caer dos puestos en la lista de los estados pacíficos, dejándolo en el número 28.
- Guanajuato
Si bien Guanajuato tuvo una mejora con respecto al año anterior, eso no le bastó y terminó cayendo un puesto en la lista.
Con una calificación de 3.472, apenas un 0.013 mejor que la del año pasado, Guanajuato es el cuarto estado menos pacífico del país.
- Baja California
Baja California obtuvo una calificación de 4.102, siendo así el tercer estado menos pacífico de México, pese a esto, se ubica un puesto más arriba que el año anterior, pues tuvo una mejora de 0.156 en su calificación.
Los indices que más afectan a Baja California son los homicidios y los delitos cometidos con arma de fuego, con una calificación de 4.523 y 4.336 respectivamente.
- Zacatecas
Zacatecas es el segundo estado más inseguro México, pues tiene una calificación de 4.226, alcanzado la calificación más alta en delitos cometidos con armas de fuego y los crímenes de la delincuencia organizada.
Pese a estos números tan alarmantes, Zacatecas subió un puesto con respecto al ranking anterior, pues tuvo una ligera mejora en su calificación de .059 puntos.
- Colima
Colima hoy en día es considerado el estado menos pacífico del país, con una calificación de 4.499 y el mayor deterioro de la paz en México, resultando así en la peor calificación de paz de cualquier estado desde el inicio del IPM.
Después de experimentar la mayor mejora en la paz en 2021, Colima experimentó el mayor deterioro en 2022. Cayendo del puesto 30 al 32, lo que lo convierte en el primer lugar de los estados más inseguros.
En 2022, las tasas de cuatro de cinco indicadores en Colima estuvieron en sus niveles más altos desde 2015, además registró la tasa general de homicidios más alta jamás registrada en el IPM, con 110 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Ante tal diagnóstico, mi insistencia es que quien pretenda gobernar México debería considerar en su planteamiento de solución a la crisis de seguridad pública que se trata de un reto que debe enfrentarse de manera coordinada, entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.
A su vez, tener claro que para entender al crimen y su lógica se requiere cercanía con la población y compromiso para generar acciones de gobierno.
Es fundamental realizar un análisis por cada municipio con el fin de identificar las particularidades sociales, económicas, culturales y geográficas, y la forma como influyen en la manera en que se manifiesta la inseguridad. Esto con el fin de establecer la estrategia adecuada para atacar las causas socioeconómicas y culturales del delito.
También es necesario entender la geografía del delito y además fortalecer la capacidad municipal en materia de seguridad. Lo que significa que no solo se tiene que invertir en proyectos de seguridad, sino en un plan que implique fortalecimiento de la estructura educativa, más escuelas y de fácil acceso en todos los niveles educativos, para lograr una mayor cobertura.
Invertir además en proyectos de infraestructura, es decir, que el gasto público se oriente hacia la inversión productiva en capital físico, tecnológico, cultural y humano. Esto como parte del fortalecimiento del tejido industrial y empresarial que se requiere para fomentar la generación de fuentes de empleo, acompañada de una agresiva política de fomento económico.
En el otro eje de la estrategia, es indispensable profesionalizar y depurar los cuerpos de seguridad pública. Para ello es necesario aplicar a todo el personal de seguridad exámenes de control y confianza y rechazar tajantemente a quien no los acredite.
Pero a su vez, establecer incentivos tales como incrementar y homologar los salarios de las policías, así como impulsar que en los municipios se les otorgue seguridad social a los elementos de las policías municipales.
Además de impulsar la mejora de la policía municipal, a través de capacitación y entrenamiento cotidiano.
Por otro lado, cerrar la pinza de la estrategia impidiendo el financiamiento del crimen organizado.
Para lograrlo será necesario fortalecer el marco jurídico para tipificar como delitos, entre otros, la contratación de personas en las áreas de seguridad pública que no aprueben los exámenes de control de confianza; corregir los vicios en la operación de establecimientos como yonkes, casinos y table dance; narcomenudeo; la circulación de vehículos con placas sobrepuestas; las peleas entre animales; la prestación de servicios privados de seguridad sin permisos; la desaparición forzada de personas; la facilitación delictiva (halconeo); la utilización de insignias o vehículos oficiales con fines ilícitos; la venta de alcohol sin permiso y fuera de los horarios permitidos; además de tipificar el feminicidio y perseguirlo.
Por supuesto que la seguridad pública también debe ser un compromiso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los ciudadanos, porque la gran solución solo se producirá con la participación de todos.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
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